A una semana de concluir el gobierno que impulsó la Ley de Víctimas, los llamados sujetos de reparación colectiva manifiestan que hubo mucha demagogia y muy pocas acciones concretas por parte de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas en sus procesos. Lo que más cuestionan voceros de organizaciones y comunidades es el papel de los operadores logísticos.
“Ninguno de los 17 casos nacionales ni mucho menos los más 650 casos territoriales de reparación colectiva reconocidos e incluidos en el Registro Único de Víctimas ha finalizado con éxito su ruta de reparación, entre otras razones, porque se ha priorizado la reparación individual sobre la colectiva cuando es ésta la que busca fortalecer y recuperar el tejido social”.
La aseveración aparece consignada en un comunicado público suscrito por los sujetos de reparación colectiva de carácter nacional reconocidos por la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas y que hoy conforman la llamada Coordinación Nacional de Sujetos de Reparación Colectiva (Cnsrc), instancia que nació hace poco más de dos años y que desde entonces ha venido desarrollando labores de coordinación, seguimiento a los planes de reparación, fortalecimiento de los procesos sociales y labores de incidencia ante la opinión pública.
Justamente, en el marco de dichas labores, los integrantes de la Coordinación se reunieron en la ciudad de Santa Marta para evaluar lo que ha sido la política de reparación colectiva por parte de la Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas, actualmente bajo la dirección de Yolanda Pinto de Gaviria. La conclusión, general y contundente por parte de todos los asistentes y que quedó plasmada en un documento divulgado recientemente, es que la entidad estatal les ha incumplido.
Dichos incumplimientos obedecen, de acuerdo con la Cnsrc, a las falencias que el programa de reparación colectiva ha mostrado en su fase de implementación, lo que dejaría en evidencia una falta de articulación entre la Unidad y las entidades del orden nacional que tienen relación, directa o indirecta, con el restablecimiento de derechos a las víctimas.
A ello se suma, según la Cnsrc que los planes dirigidos a reparar comunidades, colectivos, procesos y organizaciones no han contado con un presupuesto claro y definido, “además de las dificultades en la contratación oportuna de los operadores logísticos, lo que ha conllevado al atraso e incumplimiento de las agendas y cronogramas acordados con las organizaciones”.
“En la mayoría de los casos no se ha logrado sentar la base de los diagnósticos del daño y planes de reparación”, consigna la Coordinación en su comunicado, y que “la mayoría de los procesos se detuvo, dando paso a eternas revisiones y ajustes recurrentes y estados de estancamiento que alcanzan los ocho meses. A ello se suma las interinidades administrativas, la falta de comprensión de principios y desarrollos jurisprudenciales e internacionales sobre la materia; la dimensión colectiva de los derechos a tutelar y, en muchos casos, la falta de operadores y funcionarios comprometidos y conocedores de los procesos en cada uno de los casos”.
Entre los sujetos de reparación colectiva de carácter nacional se encuentran las centrales sindicales obreras (CUT, CGT, CTC y Fecode); la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper); la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc); la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes); la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Negras e Indígenas (Anmucic); la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia; la Organización Femenina Popular (OFP); y la Federación Nacional de Concejos, entre otros.
También figuran como sujetos de reparación colectiva organizaciones defensoras de derechos humanos como el Instituto Popular de Capacitación (IPC) de Medellín; la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz); y la Corporación Nuevo Arco Iris.
Otros sujetos de reparación colectiva son las comunidades que fueron seriamente victimizadas por todos los actores del conflicto armado como Bojayá, Chocó; el corregimiento La Encarnación del municipio de Urrao, Antioquia; y las comunidades de Caraballo y Las Piedras del municipio de Pivijay, Magdalena.
La deuda no es nueva. Desde la administración de Alan Jara, quien antecedió a Pinto de Gaviria, las organizaciones sociales cuestionaron su gestión y pusieron en foco en el mismo tema: los planes de reparación colectiva. (Leermás en: Reparación colectiva, la deuda que dejó Alan Jara en la Unidad de Víctimas)
¿Por qué contratar operadores?
Una de las principales críticas que lanzan los miembros de la Coordinación está dirigida contra la contratación de operadores logísticos por parte de la Unidad para la ejecución de los planes de reparación, pues, aducen, “se ha convertido en el medio para ejecutar y justificar dinero que no es empleado totalmente en la reparación de los sujetos o que, incluso, los mismos muchas veces desconocen su inversión”. (Leer más en: Cuestionan dudoso contrato de la Unidad para las Víctimas con político antioqueño)
Diego Herrera, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), organización defensora de derechos humanos con sede en Medellín, reconocida como sujeto de reparación colectiva de carácter nacional por parte de la Unidad, lo que hay detrás de la contratación de operadores logísticos es una tercerización de la reparación en donde está quedando una tajada muy grande para ellos y poco para las víctimas.
“Cuando los planes de reparación colectiva se ponen en conocimiento de la Unidad, responden que no hay recursos o que hay unas expectativas muy altas para las víctimas. Lo otro que alegan es que deben contratar con operadores los planes de reparación y la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿Quiénes son los operadores y porque ellos se ganan un dinero en esa intermediación sabiendo que las mismas organizaciones tienen la capacidad y deberían tener la oportunidad de operar esos recursos?”, señala Herrera.
Según ese activista, para los sujetos de reparación colectiva no es claro el papel de los operadores logísticos en los planes de reparación y persisten serias dudas en el manejo dado por estos a los recursos públicos destinados a las víctimas, inquietudes que la Unidad tampoco ha sabido esclarecer.
“Nosotros hemos identificado que los operadores generan sobrecostos en la operación. Por ejemplo, una actividad que puede valer cinco millones de pesos, el operador la cotiza en 20 millones de pesos. Pasa en temas de auditorios, materiales, tiquetes aéreos. El discurso de que no hay plata para la reparación se cae por su propio peso porque toda se la está llevando el operador logístico, pero la Unidad no es clara en responder por qué se tienen que contratar operadores logísticos”, manifiesta Herrera.
El problema de los operadores fue abordado por este portal en mayo del año pasado tras visitar la ciudad de Quibdó, Chocó. En ese momento ese departamento, uno de los más pobres del país y fuertemente golpeado por la confrontación armada, afrontaba problemas en la atención a víctimas, entre otras razones por el asunto de los operadores. (Leer más en: En Chocó falla el sistema de atención a desplazados)
Pero más allá de los operadores, lo que advierte el activista es la falta de voluntad política para ejecutar los planes de reparación colectiva sumado a una intención de generar un impacto mediático por parte de la Unidad. “En los últimos dos años se duplicó en más del 100 por ciento el registro de sujetos de reparación colectiva. Se pasó de poco menos de 300 a más de 650. Para la Unidad eso será un indicador a destacar, pero si revisamos, ningún proceso ha culminado con éxito. En esto ha habido mucha demagogia y mucha falta de voluntad política”, refiere.
Su opinión es compartida por Fabio Arias, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien señala que, pese a ser reconocidos como sujetos de reparación colectiva en 2013, a la fecha, el proceso no ha mostrado avance alguno: “Nos inscribimos ante la Unidad, presentamos la documentación que nos pidieron, logramos que el gobierno nacional creara una mesa de alto nivel con presencia del Alto gobierno y la centrales sindicales para tratar el tema de reparación al sindicalismo. Eso fue hace dos años y ni siquiera se ha instalado. No nos hemos reunido la primera vez”.
Para Arias, “no se ha avanzado en absolutamente en nada y lo que uno ve es una desatención y una falta de voluntad política por parte del gobierno”, situación que, a su juicio, atenta contra la memoria de los poco más de 3.200 sindicalistas asesinados en los últimos 20 años, “sin contar los compañeros que han sido amenazados, los que han sido víctimas de desplazamiento, los que han tenido que salir del país a pedir asilo. Estamos hablando de por lo menos un millón de sindicalistas que esperan que se haga efectiva esa reparación colectiva”.
Reparación que las agremiaciones sindicalistas tienen clara: “tenemos propuestas consensuadas y el gobierno las conoce. Pero lo principal es que el gobierno nacional reivindique el papel del sindicalismo como un actor fundamental en la democracia. Nosotros no estamos pidiendo plata, no estamos pidiendo nada material. Pedimos que el gobierno y el Estado colombiano haga una campaña pública donde destaque la labor del sindicalismo”.
