Arranca en Bogotá el congreso que creará el nuevo movimiento de la organización insurgente. Discusiones políticas internas, quiénes coordinarán los departamentos del partido, cuáles son los retos de la colectividad en sus regiones de influencia histórica y en qué van la implementación y la reparación de las víctimas, ambientan este evento.
En los próximos seis días las Farc dejarán de existir oficialmente como grupo armado y surgirán como movimiento político. Foto: tomada de la cuenta de Twitter de ‘Timochenko’.Desde este domingo y hasta el próximo viernes, las Farc tomarán decisiones trascendentales para su futuro político. En el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, de Bogotá, 1.200 delegados, entre exguerrilleros, exmilicianos y exintegrantes de las redes urbanas, se reunirán para definir el carácter y los estatutos del nuevo partido. Las determinaciones que alcancen mostrarán la ruta para posibles alianzas de cara a los comicios de 2018 y develarán el papel que jugará la organización, sin armas, en la política legal.
Es la segunda vez que las Farc le apuestan a participar abiertamente en política como resultado de unos diálogos de paz. El primer experimento fracasó en la década del ochenta, cuando la negociación con el presidente Belisario Betancur (1982-1986) permitió la creación de la Unión Patriótica (UP). Hoy, más de 20 años después, cuando el exterminio violento de ese movimiento gravita como un fantasma, la organización se lanzará nuevamente al ruedo electoral. (Leer más en: El saldo rojo de la Unión Patriótica)
La instalación del congreso, a cargo de Rodrigo Londoño o ‘Timochenko’, su máximo líder, dará paso a discusiones por mesas de trabajo en las que participarán centenares de delegados, uno por cada 15 integrantes de la organización, que llegaron a Bogotá desde diversas regiones del país. Entre todos deberán resolver las distintas discusiones políticas internas que se han desatado y delinear la estructura del nuevo partido. (Leer más: Las Farc aún no resuelven sus discusiones políticas internas)
A este evento se llegó en medio de un ambiente caldeado, que atizó el pasado miércoles, a través de una carta, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien cuestionó el listado de bienes que las Farc entregarán para reparar a las víctimas y contribuir a la reincorporación social y económica de sus excombatientes.
En la misiva, dirigida al ministro del Interior, Guillermo Rivera, el alto funcionario cuestionó que las tierras, semovientes y vehículos reportados no estuvieran plenamente identificados, así como que se hubiesen incluido algunos bienes imposibles de monetizar. Entre ellos, carreteras, “bienes confiscados a la mafia”, cirugías, armas, utensilios y material de intendencia. En el listado, según el titular del Ente Investigador, aparecen escobas, traperos, botas, platos, exprimidores y sal de frutas, entre otros ítems.
La inclusión de esos artículos en el listado de bienes expuesto por Martínez generó polémica y fue calificado como “una burla a las víctimas” por el propio ministro Rivera. Ante las críticas, el grupo insurgente emitió un comunicado en el que calificó la carta del Fiscal General como un intento por “ridiculizar” el inventario. Para demostrar que sí reportaron bienes significativos, las Farc precisaron que entre los bienes enunciados figuran 20.724 de cabezas de ganado, 2.500 millones de pesos, 450 mil dólares, más de 327 mil gramos de oro. Reconocieron, además, que el reporte deberá surtir un proceso de depuración basado en criterios técnicos y que la organización deberá contribuir a la identificación de las fincas y los automotores.
Pese a las explicaciones, el debate golpeó la credibilidad del proceso de entrega de bienes, inédito en la historia de los procesos de paz con las guerrillas en Colombia. Con ese cuestionamiento a cuestas, las Farc intentarán posicionar la importancia del congreso constitutivo, que culminará con un concierto en la Plaza de Bolívar, de Bogotá, el próximo 1 de septiembre.
Las decisiones que tomen las Farc esta semana serán cruciales para enfrentar los desafíos de la implementación del acuerdo, la cohesión de todas las estructuras de la guerrilla y su acoplamiento en el partido, y la articulación del nuevo movimiento con otras organizaciones políticas y sociales, sobre todo de cara a las próximas elecciones.
¿Pero cómo llega la guerrilla, desaparecida en la práctica, al congreso constitutivo de la nueva organización que intentará constituirse como una opción de poder político en Colombia?
Identidad del Partido
Hasta esta semana persistían varios debates entre las estructuras de las Farc de cara a la creación del partido. Como ya lo había contado este portal, entre ellos se destacaban la continuidad del carácter clandestino de algunos de los miembros de la guerrilla, que aún siguen activos en empresas públicas y privadas, y el carácter del nuevo partido, que oscilaba entre marxista-leninista o movimiento de movimientos.
VerdadAbierta.com conoció que, en las reuniones del Estado Mayor Central, previas a la instalación del congreso constitutivo, varias discusiones se fueron depurando. Por ejemplo, quedó a discreción de los militantes del extinto Partido Comunista Colombiano Clandestino (PC3) si saldrán a la luz pública o no. Esa decisión “dependerá de cada quien y de sus intereses particulares: si reconocerse en lo inmediato o esperar un tiempo y luego adherirse a la colectividad una vez avance más la implementación de lo acordado. Hay quienes definitivamente no lo harán”, le aseguró a este portal un integrante del Secretariado de las Farc.
En cuanto al carácter del Partido, la discusión sigue abierta, pero los militantes urbanos han cambiado la balanza del debate, inclinándolo hacia la opción de un movimiento político amplio en el que converjan diversos sectores sociales.
“El debate lo damos todos y bajo las reglas del centralismo democrático que hasta ahora ha regido a la organización. En esta oportunidad somos más quienes proyectamos un partido amplio y de cara a la coyuntura política que atraviesa el país. Necesitamos una sola colectividad donde quepan todas esas expresiones que no han tenido voto y a las que no les han escuchado sus reclamos históricos. No necesitamos ser marxistas para pretender un nuevo orden social y político”, aseveró ‘Tomás’, un integrante del PC3.
Según datos conocidos por este portal, la nueva composición del partido político ampliará el número de integrantes de lo que hasta ahora se conoce como Estado Mayor Central de 61 a 92. Los nuevos miembros provendrían de las estructuras y redes urbanas. Con ello quedaría saldada la deuda de representación de las ciudades en los espacios de dirección del nuevo partido.
Las 16 instancias, de carácter nacional, que dinamizarán la nueva colectividad estarán a cargo los siguientes integrantes del Estado Mayor Central:
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Panorama político regional
Desde el pasado 16 de agosto, cuando las 26 Zonas Veredales (ZVTN) y Puntos Transitorios de Normalización (PTN) se convirtieron en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, las Farc decidieron realizar un balance sobre su posicionamiento político en cada una de las regiones donde realizó la dejación de armas.
Tanto las ZVTN como los PTN se convirtieron en puntos de encuentro para resolver viejas disputas políticas, hacer nuevas alianzas, planear proyectos productivos asociados a la cooperativa Ecomun y trazar hojas de ruta en cada municipio. (Leer más: En vereda Tierra Grata, las Farc despejan dudas sobre proceso de paz)
En este mapa presentamos algunos de los territorios donde el desarrollo programático y político de la colectividad naciente puede llegar a tener mayor incidencia según su presencia histórica, nuevas alianzas y posibles coaliciones.
La deuda con las víctimas
Aunque durante los diálogos entre el gobierno nacional y las Farc las partes insistieron en que las víctimas estaban en el centro del proceso de paz, ese protagonismo se ha ido diluyendo en la etapa de implementación del acuerdo.
Mientras la guerrilla está a punto de convertirse en partido político, inició el camino de la reincorporación yha obtenido paulatinamente las excarcelaciones contempladas en el Acuerdo Final, las víctimas apenas se han beneficiado de la no repetición, uno de los cuatro pilares del sistema de justicia transicional pactado en Cuba. Prueba de ello es que, según el Centro para el Análisis de Conflictos (Cerac), el proceso de paz con esta guerrilla evitó la muerte de 688 civiles.
Sin embargo, el cumplimiento de los compromisos a la verdad, la justicia y la reparación, los otros tres pilares del punto de víctimas, sigue atado a los tiempos de la puesta en marcha del Tribunal para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Y, aunque el Comité de Escogencia anunciará los nombres de quienes integrarán esas instancias entre el 26 de septiembre y el 14 de noviembre próximos, para entonces todavía deberán movilizarse los recursos administrativos, financieros y logísticos que se requieren para iniciar labores.
Ajenas a esas decisiones, las Farc cuentan con otros recursos para continuar abonando el camino de la reconciliación. Uno de ellos es la realización de actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad. A la fecha solamente han realizado cuatro actos de ese tipo desde diciembre de 2015, aún les falta reconocer públicamente su participación en hechos que impactaron gravemente a colectivos sociales y políticos, así como a toda la sociedad.
Entre ellos están graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario reseñados en el informe ¡Basta ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica, como la masacre de 34 personas en La Gabarra, Norte de Santander, en 2004; los crímenes contra los desmovilizados y las bases sociales del Ejército Popular de Liberación (Epl) cometidos a mediados de los años noventa en el Urabá antioqueño; los 8.578 secuestros realizados entre 1996 y 2002; el reclutamiento de 3.060 menores desvinculados entre noviembre de 1999 y 2013; y los 854 ataques a poblaciones ejecutados entre 1988 y 2012.
El pasado 10 de agosto, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), la Corporación Excelencia en la Justicia, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Dejusticia y la Misión de Observación Electoral, junto a otras entidades y personas, le hicieron un llamado al gobierno nacional, a las Farc, al Congreso de la República y a varios entes encargados de la implementación del Acuerdo Final para que contribuyan a ejecutar de “manera pronta, oportuna y coordinada” el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
Para los firmantes del comunicado, “existe un desfase delicado” entre los tiempos de la puesta en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los del otorgamiento de beneficios para los miembros de las Farc y de la Fuerza Pública. Así, por ejemplo, la comunicación resalta que mientras “en el escenario más optimista” la JEP empezaría a funcionar después de marzo 2018, en la actualidad cientos de guerrilleros y militares están siendo excarcelados masivamente en virtud del acuerdo.
Ese escenario, dicen los investigadores, “profundiza la ideade que los acuerdos privilegian las expectativas de los victimarios”. Por ello, solicitaron “que de manera inmediata se adopten y visibilicen las medidas (…) que vuelvan a poner en el centro del proceso a las víctimas”.
En lo que tiene que ver específicamente con las Farc, los firmantes pidieron reactivar los actos de reconocimiento de responsabilidad, avanzar en el proceso de reincorporación para garantizar la no repetición y abstenerse de presentar a las elecciones de 2018 candidatos que hayan sido condenados por delitos no amnistiables, lo que incluye a todo el Secretariado. La razón para ello es que, “al no haber iniciado el proceso formal de juzgamiento y sanción en el momento de la contienda electoral, someter a votación a responsables de estos delitos generaría una duda legítima de la ciudadanía a propósito del auténtico compromiso con la verdad, la justicia y la reparación”, según establece el documento.
El pasado 9 de abril, Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el máximo líder de las Farc, ‘Timochenko’, escribió en un editorial que las Farc no tienen “el menor resquemor en que salgan a flote todas las verdades sobre lo acaecido en nuestro país durante las décadas pasadas, como tampoco vacilamos para pedir perdón a todos aquellos que hubieran sido afectados por nuestras conductas”.
No será una semana fácil para la organización insurgente que está semana rubricará su decisión de hacer política sin armas y emprenderá el duro camino de ganar legitimidad en la opinión pública. Si bien hay un ambiente de optimismo entre quienes han liderado a las Farc durante varias décadas y un convencimiento de ser fieles a lo acordado, los cuestionamientos de diversos sectores sociales y políticos, que se han opuesto a este proceso con la guerrilla más antigua del país, arreciarán y tratarán de minar la credibilidad del nuevo partido político. La tensión entre esas dos concepciones será la constante durante los próximos meses.
