Víctimas de sendas incursiones paramilitares, varias familias campesinas de esta vereda del municipio de San Diego, en Cesar, abandonaron sus predios. En su intento de volver, han enfrentado varios obstáculos, entre ellos decisiones administrativas y judiciales que les han negado el derecho a la tierra y desarticulado el tejido social. Además, hay intereses económicos de por medio.
Alberto Cutt Meza es un campesino de 77 años. Sus manos denotan los años de trabajo en el campo, cuando cultivaba algodón, sorgo y alimentos para el sostenimiento de su familia. Ahora carga un sobre de papel en el que guarda una docena de documentos que demostrarían que es víctima del conflicto armado y que el Estado le falló. Similar a los pacientes que acopian fórmulas médicas y exámenes para ser atendidos en el sistema de salud público, conserva copias de cartas, resoluciones y decisiones judiciales sobre su parcela en El Toco.
“Cada vez que me acuerdo me duele la cabeza por tanta injusticia. Mis papeles no llegaron a los jueces”, se lamenta al evocar la decisión que tomaron las magistradas del Tribunal de Restitución de Tierras de Cartagena el 26 de abril de 2016, cuando le negaron la restitución a él y a otros cuatro parceleros que ellos mismos llaman “inicialistas”, los primeros que entraron a la finca El Toco en 1991 buscando que el antiguo Incora les titulara tierras como parte del proceso de reforma agraria. (Lea la sentencia aquí)
El Toco es una hacienda de 1.593 hectáreas que perteneció a Alfonso Murgas, de la empresa Palmeras del Cesar Ltda., conocida por iniciar la agroindustria de la palma de aceite en el país. En total, fueron 81 familias las que ocuparon al predio, pero tras la compra por parte del Incora, el 12 de marzo de 1997, sólo tuvo en cuenta para titulación a 55 familias; a las restantes 26 se les dijo que tendrían predios de la finca El Irán, pero nunca se concretó la transacción.
A la par de la compra de El Toco comenzó una tragedia que aún no cesa: primero fue la violencia paramilitar, que dejó 10 parceleros asesinados y generó el desplazamiento de la comunidad; y luego, la falta de celeridad del Estado en restituir a la comunidad y repararla de forma integral. (Ver cartas y solicitudes de los campesinos)
La historia de El Toco es similiar a otras parcelaciones de Cesar, uno de los departamentos priorizados para adelantar en su momento la reforma agraria, así como la aplicación de las normas de justicia transicional, entre ellas la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011): son pocos los restituidos y el grueso de los parceleros aún espera una sentencia definitiva.
La difícil situación de los parceleros reclamantes en esta zona del nororiente del país contradice el discurso de que la “restitución está resuelta” difundido desde comienzos de este año por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la entidad creada por esa ley para restituir a las víctimas que abandonaron o les fueron despojadas las tierras durante el conflicto: la mayoría sobreviven en condiciones de desplazamiento y los que ya pudieron volver pasan dificultades esperando que el Estado les cumpla con proyectos productivos, la adecuación de la carretera y la construcción de depósitos de agua. A quienes les negaron la restitución, confían en que sus reclamaciones sean revisadas.
Los labriegos de El Toco sienten que tampoco ha habido verdad y justicia. No comprenden por qué el Estado es ineficaz en investigar la participación en el despojo de tierras de funcionarios y ganaderos, entre ellos Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, conocido como ‘La Barbie’, condenado por patrocinar el paramilitarismo en el departamento y prófugo de la justicia, pese a las pruebas testimoniales entregadas por desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) ante los tribunales de Justicia y Paz. (Lea: Hugues Rodríguez, ¿el eslabón perdido del paramilitarismo en el Cesar?)
Varios parceleros cuentan que ‘Barbie’ explotó una treintena de parcelas desde el año 2000 hasta 2006 con mil cabezas de ganado. La Superintendencia de Notariado y Registro lo confirmó en agosto de 2012, cuando en un diagnóstico sobre la situación registral de predios rurales de Cesar encontró que 33 parcelas de El Toco “tuvieron inscrito embargo ejecutivo del Juzgado Primero Civil del circuito de Valledupar, desde el mes de marzo de 2004, siendo el único acreedor el señor Rodríguez Fuentes Hugues Manuel, quien se encuentra vinculado al delito de lavado de activos”. (Lea página 16 del informe de la Superintendencia)
“¿Qué tendrán las tierras de El Toco?”, se preguntan algunos campesinos tras reflexionar sobre la forma cómo los desplazaron y el tiempo que ha pasado sin que la mayoría pueda volver. Detrás de esa pregunta se esconde una gran preocupación por los proyectos de exploración de gas natural no convencional en la Cuenca Cesar-Ranchería por parte de Drummond en el Bloque La Loma.
Esa multinacional, por medio de su contratista Petroseismic Services S.A., ejecutó el “Programa de adquisición sísmico Cesar Ranchería 2D 2015”, en predios localizados en el corregimiento Los Brasiles, a poco más de 30 minutos de El Toco.
Y es que el municipio de San Diego tiene un alto potencial para la explotación de hidrocarburos y gas metano, además de que sus tierras son altamente productivas y su ubicación es estratégica, en el tránsito hacia la frontera con Venezuela y el Caribe. Quizás ahí esté la respuesta a la pregunta de los labriegos.
De las 55 familias que fueron reconocidas por el Incora, sólo 19 recibieron el título; a las restantes 36, funcionarios regionales de esa entidad les embolataron el documento. Y ante las circunstancias de su desplazamiento y despojo, apenas 15 familias presentaron solicitudes de restitución ante la URT, alegando que fueron afectadas por las constantes incursiones paramilitares.
Pero lo que se pensaba que era un camino expedito para recuperar sus predios, se convirtió en un drama para los reclamantes porque la justicia no decidió de manera homogénea en este caso: a nueve familias les restituyeron; a cinco les negaron la restitución mediante sentencia; y a una no le admitieron la solicitud.
No obstante, ni la decisión de los jueces a favor de los reclamantes ha sido una garantía para que la restitución se haya dado de manera integral. Varios padecen la negligencia del Estado en atender sus necesidades, lo que evidencia que la restitución solo es de papel.
Ni casa ni agua
Escuchar los relatos de los campesinos es un viaje surrealista. Hay parceleros que no han podido regresar pese a que cuentan con una sentencia de restitución. Y los pocos que volvieron, trabajan las tierras con dificultad, pues no cuentan con condiciones idóneas para hacerlas productivas.
Es el caso de Blanca Rodríguez, una de las restituidas. Yuliana Camargo, una de sus hijas, cuenta que el 14 de septiembre de 2016 recibieron una llamada de Ervin Orozco Suárez, abogado de la URT, informándoles sobre la fecha de entrega del predio y que para ese día sólo podían asistir dos personas. Los Rodríguez se negaron y fueron varios, pero cuando llegaron, quien ocupaba la tierra no les permitió entrar. Un mes después, la Unidad los volvió a convocar para entregarles la resolución de restitución y una placa con el nombre de “Las cuatro Y”, como se llama la parcela. “Tenemos la placa debajo de la cama, esperando una solución”, dice Camargo.
A Rafael Daniel Cogollo le restituyeron su parcela en noviembre de 2016, con un proyecto productivo de 27 millones de pesos. Con la emoción de volver a la tierra, el campesino compró alambre, madera, herramienta, grapa y seis novillas que ya tiene en producción, pero trabaja al rayo del sol porque no tiene casa ni depósito de agua: “La empresa encargada no lo ha construido porque no hay vía”.
Lo mismo le ocurre a Martín Payares Yanes. En septiembre de 2015 supo la buena noticia que el Tribunal había fallado a su favor, pero la URT le entregó la finca casi un año después, en noviembre de 2016: “En la actualidad todavía me deben 5 millones 800 mil pesos del proyecto productivo. La tierra está sola, sin casa, y el Banco Agrario no resuelve. No hay cómo vivir allá. El estado de las vías es impenetrable. Yo tengo 70 años y uno con problemas de salud, ¿cómo sale?”.
Máximo Ávila Claro también fue restituido, pero se ha llevado varias sorpresas. Presentó su solicitud en 2012 y cuando fue a averiguar a la URT qué había pasado con su proceso, vio en un cuadro que señalaba “compensación”. Ávila reclamó porque su deseo siempre ha sido volver a su predio, pero unos abogados le contestaron que mejor dejara así, que “esas tierras tenían problemas”. Apeló la decisión y los jueces fallaron a su favor en octubre de 2015, pero sólo se hizo efectiva en abril de 2018.
“Tuve que escribirle al Presidente para que me cumplieran. La URT me llama y me ofrece un predio en El Retén, Magdalena, pero les digo que no. Entonces me dicen que tengo un mes para buscar un predio. Para mayo de 2017 había encontrado uno y con toda la documentación. La Unidad abrió una fiducia y así se pagó, pero la sentencia ordenó un proyecto productivo por 31 millones 269 mil, que en siete meses no se ha podido ejecutar”, cuenta el campesino.
Ávila explica que, con la emoción de tener la tierra, pidió prestado dinero y con esfuerzo construyó un corral y un pozo, pero cuando Fundicoop, el operador contratado por la URT para ejecutar el proyecto productivo vio esa infraestructura, no se la quisieron reconocer. El labriego cuestiona cómo puede suceder esto, cuando tuvo que esperar dos décadas para ser restituido, ni siquiera en su predio original y haciendo todas las gestiones para cultivar la tierra. “También hay problemas con la vivienda”, apunta.
El problema de falta de vivienda también lo sufre Jorge Octavio Osuna Polo y su familia. Junto a su esposa María del Pilar Camacho Campo, fueron los terceros restituidos de El Toco, en julio de 2013. Él cuenta que no le quieren construir la casa “porque me dicen que yo ya tengo todo. La Unidad me utilizó, porque en un evento me pidieron el favor de tomarme una foto y me pararon en la parcela de Juan Manuel Rodríguez, que sí tiene casa”, se queja.
En cinco años, a punta de sudor y azadón, la familia ha logrado sembrar yuca, papaya, plátano, maíz, 70 árboles frutales, además de criar gallinas, ovejos y ganado. Para poder vivir allí improvisaron un cambuche donde ya tuvieron una mala pasada. “Un día llovió y se nos mojó la sentencia”, cuenta el campesino. Gracias a la generosidad de su vecino Luis Calderón obtienen agua para regar las cosechas, pero no tienen vía para comercializar los alimentos. “La otra vez se me perdió una cosecha de 7 toneladas de ahuyama porque no tenía cómo sacarla”, explica Osuna.
Los negados, a la espera
Otro grupo de parceleros, varias de ellas mujeres, continúa en condiciones de desplazamiento, en el municipio de Agustín Codazzi. Aunque también reclamaron desde 2012 y fueron testigos de sus compañeros durante los juicios de restitución, el Tribunal no falló a su favor. La mayoría no sabe leer ni escribir, son de avanzada edad y sus condiciones de salud se han ido deteriorando.
Angélica Barrios Cantillo es una de ellas. Recuerda que cuando entraron a El Toco se dividieron por frentes de trabajo para cultivar la tierra, pero cuando el Incora midió los predios todo fue confusión, los funcionarios lo hicieron mal.
Por ejemplo, la parcela de Barrios Cantillo fue delimitada en el frente de trabajo de Gloria Patricia Gómez y Darío Parada Ortega, asesinado en la masacre perpetrada por los paramilitares el 23 de abril de 1997.
Ambas familias solicitaron la restitución, pero se las negaron. “El abogado Ervin Orozo le hizo firmar un documento a mi esposo, diciendo que renunciaba a la tierra. Cuando supe, en el año 2014, empeñé la plancha para ir a la Unidad. Le escribí al Presidente sobre las irregularidades. El abogado Orozco no envió los documentos al Tribunal de Cartagena”, dice Barrios.
Gloria Patricia Gómez, la otra parcelera, expresa angustia porque le hayan negado la restitución, máxime cuando su esposo fue masacrado y es madre cabeza de familia: “No entiendo por qué me niegan y me piden pruebas que no tengo. Si el Gobierno dijo que tenían prioridad las viudas… cuando la masacre, que a mi esposo se lo llevaron con Daniel Cogollo, abandoné la finca con mi niño de cuatro meses… En el fallo dice que yo no conviví con él… mi testimonio no sale”.
La parcela de Luis Mariano López tuvo el mismo problema de los frentes de trabajo, aunque por fortuna lo restituyeron, pero a Elvia Hernández Palacio, no, ni siquiera la compensaron, como sí lo hizo la justicia con el opositor que ocupa su predio, siendo ella una “inicialista”.
Con angustia, esta mujer cuenta que la URT ha medido tres veces la tierra y que ella ha pasado una vida muy dura, tratando de sostener el hogar vendiendo chatarra y trabajando en casas de familia, porque su esposo Antonio María Barrios está en condiciones de discapacidad: “Tengo 57 años, pero estoy mal de salud”.
El caso de Angélica Isabel Zapata Guzmán es bien particular. Según relata, cuando fue a averiguar por su proceso en la URT le informaron que su solicitud no aparecía en el registro y que su carpeta había desaparecido. “Hay un documento como si me hubieran notificado personalmente de la decisión, cuando yo no sabía nada. De mi parcela hay como tres escrituras falsas y un supuesto contrato de arrendamiento para ganadería… Soy madre cabeza de familia y es injusto que un ganadero explote la tierra”, reitera Zapata.
A otros cinco campesinos, el Tribunal de Cartagena les negó la restitución, pero ordenó que se estudiaran los requisitos para ser aspirantes al Subsidio Integral Directo de Reforma Agraria (Sidra), que consiste en un mecanismo para la compra de tierras e implementación de un proyecto productivo. La decisión afectó a Miguel Ricardo Serna, Alberto Cutt Meza, Magaly Esther Hinojosa Manjarrez y Gabriel Darío Serna Gómez, y Aída Edith Soto.
Cuando Miguel Ricardo Serna, el primer profesor y promotor de salud de El Toco supo la noticia, quedó con un dolor en el alma que no se le va. Su hija María Mónica, de 31 años, falleció el 14 de diciembre de 2016 a causa de un infarto, que Miguel le atribuye a la tristeza, la misma que le ocasionó a él una dolencia cardíaca en marzo del siguiente año: “Recibí amenazas por estar en el proceso. Fui testigo de todos mis compañeros en el juicio. Las magistradas no me tuvieron en cuenta. Yo le serví a la URT y me siento usado. Me siento humillado”.
Lo mismo le sucede a Alberto Cutt, un hombre que se pregunta por qué la justicia le hizo eso, si en todos los documentos aparece su nombre. Ha acopiado tantos que guarda las copias de las cuentas de la producción de algodón que tenía en su finca, certificada por la Corporación Algodonera del Litoral; documentos del Incoder; derechos de petición; copias de las versiones libres del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla y denuncias penales. “La restitución está mintiendo. El problema no se resolvió”, reitera el campesino. (Ver documentos de Alberto Cutt)
Magaly Hinojosa explica que a ella y a Gabriel Darío Serna no los restituyeron, pero a los opositores los compensaron económicamente. “¿Cómo es que nos ponen como aspirantes a tierra si ésta nos pertenece? La Unidad Nacional de Víctimas en la resolución nos reconoció como desplazados”, afirma. Cuando se le pregunta si ha solicitado la revisión del fallo contesta que no “porque el Estado dijo que no necesitábamos abogados, pero en realidad no nos apoyaron. Hasta mi expediente se perdió, que se traspapeló, pero yo tengo todos los documentos”.
Jorge Luis y Joan Muñoz son hijos de Aída Edith Soto, a quien también le negaron la restitución. Tenían 4 y 3 años cuando se desplazaron, porque los paramilitares estaban buscándola para matarla, sabían que era la presidenta de la Junta de Acción Comunal de El Toco y de la Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas. En el desplazamiento, perdieron a su papá, que fue arrastrado por el río Cauca. “Somos seis hermanos. Los funcionarios no saben lo que nos ha tocado vivir… Esto es una injusticia”, dice Jorge.
Los campesinos de El Toco insisten en que además de la falta de restitución, no ha habido verdad ni justicia. Sobre todo, sobre la participación de funcionarios y ganaderos en su despojo. Creen que protestar, como lo hicieron a mediados de 2015 en la sede de la Unidad de Restitución de Tierras de Valledupar, les valió que sus pruebas y testimonios no fueran incluidas en las demandas y que por eso el Tribunal falló como falló.
Este es el primero de una serie de artículos sobre cómo se ha aplicado la Ley 1448 de 2011 en el departamento de Cesar
