En decisión fechada el 22 de septiembre pasado, el Juez Cuarto Civil Especializado en Restitución de Tierras de Montería amparó el derecho a la restitución de un campesino del municipio de Cáceres, quien fue víctima de desplazamiento forzado por parte de las denominadas ‘bandas criminales’ surgidas luego del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Las disputas territoriales protagonizadas por las estructuras criminales surgidas luego del proceso de desmovilización de las Auc representan el principal obstáculo para restituir tierras en el Bajo Cauca antioqueño. Foto: Juan Diego Restrepo E.
John Darío Jiménez Ocampo llegó como colono a la vereda Anará de Cáceres promediando los años noventa. Dos décadas antes, otros campesinos, al igual que él, llegaron hasta ese rincón del Bajo Cauca antioqueño con la esperanza de encontrar una tierra fértil para trabajar. Los labriegos tumbaron monte, levantaron ranchos y, con el paso de los años, formaron una comunidad.
Como sucede en muchas veredas de Cáceres, así como en otros municipios del Bajo Cauca antioqueño, los campesinos poco se preocuparon por formalizar su tenencia de la tierra. La garantía de todo negocio era la palabra empeñada y no había más títulos que las cartas de compra-venta. El caso de John Darío no fue la excepción. En Anará logró hacerse a un predio de 34 hectáreas que bautizó El Reposo y del que sólo contaba con una de esas cartas.
Desde que comenzaron a colonizar la vereda, los labriegos tuvieron que aprender a convivir con la guerra. Primero con los frentes José María Galán, María Cano y Compañero Tomás del Eln; luego, con los frentes 4 y 36 de las Farc; además, con los bloques Minero y Central Bolívar de las Auc. Pero fue justo después de la desmovilización de las estructuras paramilitares que comenzó el calvario para los habitantes de Anará.
Un puñado de lugartenientes de los temidos exjefes paramilitares Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, jefe del Bloque Mineros, y de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, máximo comandante del Bloque Central Bolívar, decidió continuar en armas y conformó nuevos grupos que se conocieron con los nombres de ‘Paisas’, ‘Águilas Negras’, ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’. Estas nuevas estructuras armadas terminaron desatando una cruenta guerra para quedarse con el control de lucrativos negocios ilegales como la minería ilegal y el narcotráfico.
En medio de esta sangrienta confrontación quedaron las comunidades campesinas, muchas de las cuales fueron obligadas a abandonar la región. Cifras de la Unidad para las Víctimas señalan que, sólo en Cáceres, fueron expulsadas 7.736 personas entre los años 2006 y 2012. John Darío fue uno de ellos. Cansado de los constantes enfrentamientos entre ‘Paisas’, ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’ que tenían lugar cerca de su finca, decidió, un día de finales de 2006, marcharse con su familia lejos de allí.
“Me fui dejando todo lo que tenía, porque eso se puso una cosa dura, muy difícil para vivirla. Querían que uno fuera razonero del uno, del otro, que uno diera informaciones, que para dónde cogió, que para dónde se fue. Y mucho enfrentamiento”, relató John Darío. Tras exponer su caso ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT) con sede en el municipio de Caucasia, la entidad estatal no sólo aceptó su demanda, sino que fue el primer caso de la vereda Anará en presentarse ante los jueces de tierras.
Tras evaluar las pruebas presentadas por la Unidad durante el proceso, el Juez reconoció que el labriego era víctima del conflicto armado en tanto estos nuevos grupos “obedecen al reagrupamiento de integrantes pertenecientes, en mayor o menor medida, a los grupos paramilitares o de Autodefensa” y que, contrario a lo manifestado por el gobierno nacional, la noción de conflicto armado no se limita a las confrontaciones militares o a un grupo específico de actores, sino que debe incluir toda su complejidad y evolución fáctica e histórica.
Así, tras acreditar su condición de víctima, el Juez le ordenó a la recién creada Unidad Nacional de Tierras (ANT) proferir, en un plazo no superior a tres meses, resolución de adjudicación del baldío de nombre El Reposo, ubicado en la vereda Anará de Cáceres, a favor de John Darío Jiménez Ocampo.
Retorno y nuevas sentencias
Según informaron funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, a la fecha se han restituido 703 hectáreas en todo el Bajo Cauca antioqueño. Foto: Juan Diego Restrepo E.La restitución de tierras, bajo la Ley 1448 de 2011, no ha sido un proceso fácil en el Bajo Cauca antioqueño. Desde que comenzó a implementarse la esa norma, los graves problemas de orden público han obstaculizado la verificación en terreno de las solicitudes de reclamación presentadas por los labriegos afectados. (Ver más en: Cómo restituir en el convulsionado Bajo Cauca antioqueño)
Yobani García, presidente de la Junta de Acción Comunal de Anará, admite que “el proceso ha sido lento, pero ya comienza a verse resultados. Esperemos que las otras sentencia salgan rápido”. En su caso particular, también debió abandonar su parcela justo después de un día de junio de 2006, cuando un hombre de nombre Albeiro Acevedo llegó a la vereda acompañado un reconocido exintegrante del Bloque Mineros conocido en la región como ‘La Zorra’.
El hombre reunió a los labriegos y les dijo que la tierra que habían trabajado y habitado por más de 35 años no era de ellos, que él tenía escrituras que lo acreditaban como propietario y que se tenía que ir, a las buenas o a las malas. ‘La Zorra’ lanzó amenazas a los campesinos y les dio plazo perentorio de abandonar la región. (Ver más en: El despojo de las Bacrim en Bajo Cauca)
Hoy, el caso de Yobani hacer parte de las 78 solicitudes recibidas por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), territorial Montería, que aún se encuentran en etapa administrativa. Al respecto, funcionarios de la entidad estatal señalaron que actualmente cursa trámite ante el Juzgado Tercero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Montería una demanda en que la están siendo reclamadas unas 400 hectáreas de tierra que, a su vez, beneficiaría a 18 familias de la vereda Anará.
Lo anterior también se suma al Plan Retorno que viene liderando la Unidad para las Víctimas, en asocio con la URT, la Fundación Pepe Breu y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para que unas 65 familias de esta vereda, que en el pasado reciente fueron víctimas del éxodo forzado generado por la guerra entre las llamadas ‘Bacrim’, regresen a sus parcelas, así sus procesos ante los jueces de tierra aún no se hayan resuelto.
En total son 2.037 solicitudes las que ha recibido la URT para restitución de tierras en los municipios de Caucasia El Bagre, Nechí y Cáceres. A la fecha han sido restituidas 703 hectáreas que benefician a 78 familias del Bajo Cauca antioqueño y hoy por hoy cursan trámite ante los diferentes juzgados civiles especializados en restitución de tierras unos 230 casos.
