En este departamento, comunidades negras y pueblos indígenas son quienes más han instaurado solicitudes de restitución de tierras, de ahí que sean un proceso fundamentalmente étnico. Las particularidades propias de estos casos, sumados a la persistencia del conflicto armado y la débil presencia institucional, se han convertido en obstáculos que han impedido mayor avance en la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz

Complejos han sido los obstáculos que ha enfrentado la restitución de tierras en el departamento de Chocó. La confrontación entre grupos legales e ilegales, que ha disparado todas las vulneraciones a los derechos humanos de comunidades negras y pueblos indígenas; la debilidad del aparato estatal, incapaz de hacer cumplir órdenes judiciales, imponer orden y brindar atención digna a las víctimas del despojo y abandono forzado; sumado a las características propias del territorio, agreste, extenso y de difícil acceso, se han convertido en verdaderas talanqueras.

A ello se suman las particularidades que encierra restituir tierras a pueblos étnicos, que constituyen el 70 por ciento de la población chocoana. Según estadísticas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el 96 por ciento de la superficie de Chocó está constituida por territorios colectivos de 600 comunidades negras, agrupadas en 70 consejos comunitarios; y 125 resguardos indígenas en 24 de los 30 municipios que conforman este departamento.

Para atender estos casos, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) expidió en 2011 los Decretos Ley 4633 y 4635, que permiten que comunidades indígenas y afrodescendientes, respectivamente, puedan solicitar la restitución de derechos territoriales sobre aquellos resguardos y consejos comunitarios de los que fueron desplazados o afectados por el conflicto armado, pues estos procesos encierran diferencias profundas con las de un parcelero.

Mientras un campesino exige que le restituyan su finca que tuvo que abandonar o le despojaron en razón de la guerra; las comunidades étnicas exigen, además, respeto por su territorio, al que consideran un espacio colectivo donde les violentaron su autonomía, impidiendo la celebración de ceremonias y la protección de sitios sagrados, así como las actividades ancestrales de pesca, caza y agricultura.

Ello significa que la restitución de tierras, la formalización o la ampliación del territorio colectivo para un pueblo étnico es tan sólo una entre un conjunto de medidas, incluso de carácter simbólico, tendientes a resarcir los daños sociales, culturales, medioambientales que causó el conflicto armado.

Así, de los 18 casos étnicos que los jueces de tierras han resuelto hasta el momento mediante sentencias en todo el país, beneficiando a dos consejos comunitarios y 16 resguardos indígenas con la restitución de 214 mil hectáreas, siete de ellos se encuentran en Chocó. Se trata de decisiones judiciales a favor de igual número de resguardos, a través de las cuales se han restituido unas 150 mil hectáreas en los municipios de Bagadó, Tadó, Ungía y Juradó.

A la fecha, además, cursan 34 demandas de restitución de derechos territoriales instauras por pueblos étnicos chocoanos ante los jueces y magistrados de la jurisdicción especial de tierras. En ellas se solicita la restitución de poco más de un millón de hectáreas. De estas, 20 corresponden a resguardos indígenas y 14 a comunidades negras.

Asimismo, ya fueron radicadas ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT) 51 solicitudes étnicas, mientras que 219 procesos se encuentran en etapa administrativa. Según la URT, 29 resguardos indígenas y 12 comunidades negras se encuentran en fase de estudio previo, mientras que cinco pueblos indígenas y 12 comunidades negras ya se encuentran en etapa de caracterización. Por otro lado, unas 2.251 solicitudes individuales cursan trámite ante esta entidad; de estas, 222 fueron inscritas y 672 rechazadas.

Dada la magnitud de la tarea de atender a los reclamantes en esta región del país, la URT anunció que estudia la propuesta de reabrir “una oficina en Quibdó para articular las acciones en el departamento del Chocó, con el fin de mejorar la articulación y comunicación con las entidades y la Fuerza Pública. También se espera que la Unidad sea gestora en espacios de concertación para el cumplimiento a las víctimas”. (Leer más en: ¿Por qué ‘desmontaron’ la Unidad de Restitución de Tierras en Chocó?)

Luces y sombras

Comité Operativo Local de Restitución Quibdó. Foto: URT.

No han sido pocos los problemas con que se han topado los jueces de tierras en los casos de restitución étnica. De las 18 sentencias sobre afros e indígenas proferidas en el país hasta ahora, nueve presentaron casos de traslape entre el respectivo territorio y una concesión o titulo minero, “situación muy compleja, dado que se desconoció por parte del Estado, obligaciones y garantías específicas, particularmente el derecho fundamental a la consulta previa”, asevera Juan Pablo Guerrero, coordinador del programa Estado, Paz y Conflicto del Cinep, organización que acompaña comunidades étnicas en Chocó, principalmente en el Bajo Atrato.

Si bien en dos de ellas los jueces ordenaron la suspensión de la actividad minera, como fue en el caso de la sentencia a favor del pueblo Emberá-Dobida del resguardo Alto Andágueda, municipio de Bagadó, “en casos recientes con problemáticas similares, las pretensiones para la suspensión de títulos mineros no han tenido el mismo respaldo por parte de la URT, como el caso del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca) y el Consejo Comunitario La Larga Tumaradó, situación que ha sido motivo de descontento de muchos líderes frente a la interpretación que se le está dando a algunos elementos de los Decretos Ley”, consignó el académico Camilo Ramírez en su artículo Balance de la aplicación de la política pública de restitución de tierras en el Pacífico colombiano.

En una comunicación dirigida a este portal del 26 de diciembre, la URT hizo cuatro aclaraciones con respecto a este caso:

«El trabajo de la Unidad de Restitución de Tierras no se limitó a la presentación de la demanda que fue radicada el 1 de diciembre de 2017. En alianza con la Defensoría del Pueblo se presentaron solicitudes de medidas cautelares a favor del Consejo Comunitario de Los Ríos La Larga y Tumaradó – Cocolatu, las cuales fueron resueltas mediante el Auto 181 de 12 de diciembre de 2014 por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó.

La demanda para recuperar el territorio ancestral del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato – COCOMOPOCA se adelantó el 19 de diciembre de 2014 y dentro de sus pretensiones están la suspensión de títulos mineros de algunas multinacionales entre ellas Anglogold, exploraciones Chocó S.A y Continental Gold.

El proceso de restitución de derechos territoriales étnicos inicialmente inició en el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, pero en virtud de las oposiciones presentadas por los titulares de títulos mineros, el juzgado perdió competencia y remitió el proceso a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal de Antioquia, donde se encuentra pendiente de fallo.

Además es importante señalar que el territorio de COCOMOPOCA se encuentra protegido en virtud de medidas cautelares otorgadas por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, mediante Auto 086 de 2014″.

Pese a que cerca del 40 por ciento de las sentencias de tierras proferidas en favor de pueblos étnicos en Colombia beneficien a comunidades indígenas de Chocó, las decisiones judiciales no se han traducido en mejoramientos en la calidad de vida de los restituidos, el fortalecimiento de su autonomía o el respeto de sus territorios por parte de otros actores, principalmente armados.

“Si bien se generó una entrega simbólica y formal de los territorios indígenas restituidos, para nosotros siguen siendo territorios de papel, ya que aún existen terceros ajenos que usufructúan el mismo, generando control social y territorial en connivencia con grupos armados de distinta índole”, agrega Guerrero.

A ello se suma que el nivel de cumplimiento de las órdenes consignadas en las sentencias es casi nulo. Ejemplo de ello son los casos de los resguardos indígenas Eyáquera, del pueblo Emberá-Dobida-Dogibi; y Arquía, del pueblo Tule, ambos ubicados en el municipio de Ungía.

En ambas providencias, los jueces de tierras consignaron órdenes específicas dirigidas a entidades como la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó); la Dirección de Parques Nacionales Naturales; la Unidad Nacional de Atención y Reparación para las Víctimas; la Agencia Nacional de Minería; el Ministerio de Cultura; el Centro Nacional de Memoria Histórica; el Ministerio del Interior; la Fiscalía General de la Nación; y diversas secretarias de la Alcaldía de Ungía.

Estas entidades, según lo ordenado por los jueces, tienen la responsabilidad de diseñar e implementar medidas de protección ambiental, adelantar estudios de los impactos causados por procesos de deforestación, aspersión área de glifosato para combatir cultivos ilícitos y minería ilegal desarrollada al interior de los resguardos; investigar las amenazas y los hechos de violencia cometidos contra autoridades indígenas; adelantar planes de reparación colectiva y simbólica; llevar a cabo estrategias de protección cultural de los pueblos indígenas y adelantar ante empresas mineras y responsables de megaproyectos los respectivos procesos de consulta previa.

Sin embargo, a juicio de Guerrero, “no hay avances significativos o son casi nulos, ya que están pendientes acciones por parte del Ministerio del Medio Ambiente, Codechocó y la ANM. No se ha avanzado en definir las zonas que fueron afectadas por la aspersión de glifosato, así como sus impactos en el medio ambiente y en la comunidad; no se han implementado estrategias para la recuperación de capas boscosas que fueron taladas ni tampoco se ha llevado a cabo, en el caso del resguardo de Arquía, la consulta previa frente al megaproyecto de Autopista Panamericana y la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia”.

Consejos comunitarios: saldo en rojo

Las comunidades afro están a la espera de que sus derechos territoriales vulnerados les sean reconocidos. Foto: Juan Diego Restrepo.

Si en los casos fallados por los jueces de tierras a favor de pueblos indígenas persisten factores que impiden el goce efectivo de la restitución territorial, el panorama para las comunidades negras es aún más complejo. Hasta la fecha, ninguna de las 14 demandas instauradas por este pueblo étnico ante los jueces de tierras ha sido fallada.

Por el contrario, varios de estos casos ajustarán tres y hasta cuatro años aguardando una decisión de fondo por parte de jueces y magistrados, “con el agravante que, entre más se demoren las decisiones de los jueces, más complejas se vuelven las dinámicas al interior de los territorios, donde todavía están los opositores y donde se presentan casos de violencia contra los reclamantes”, explica Julio Caustumal, de la Fundación Forjando Futuros.

El caso del consejo comunitario La Larga Tumaradó es paradigmático al respecto. Luego de un dispendioso proceso de caracterización y documentación, que se extendió por poco más de tres años, el 1 de diciembre de 2017, la URT radicó ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó la solicitud de restitución colectiva de 107 mil hectáreas a este consejo comunitario, conformado por 44 comunidades negras asentadas en el municipio de Riosucio, en límites con el Urabá antioqueño.

El recuento de hechos señala que, finalizando la década de los noventa, grupos paramilitares irrumpieron violentamente en este territorio colectivo con la intención de cortar corredores de movilidad de la guerrilla de las Farc en el Bajo Atrato chocoano. La crudeza de las confrontaciones armadas derivó en el éxodo masivo de comunidades negras y familias campesinas.

Esa situación fue aprovechada por un grupo de empresarios que adquirieron grandes extensiones de tierra en La Larga – Tumaradó, presuntamente recurriendo a prácticas fraudulentas para dedicarlas a la ganadería extensiva, principalmente de búfalos, así como a la siembra de palma aceitera. (Leer más en: En La Larga-Tumaradó temen aumento de violencia contra reclamantes)

Buena parte de la población desplazada se asentó en los municipios del Urabá antioqueño y cordobés, así como en ciudades de la costa Atlántica. Muchos de ellos, alegando lentitud de la justicia para devolverles las tierras despojadas, decidieron regresar a los predios que consideran como propios bajo su cuenta y riesgo. Así, finalizando el 2013, inició lo que los reclamantes denominaron “retornos sin acompañamiento estatal”, pero que los actuales poseedores de tierras de la región llamaron “invasiones ilegales de tierras”.

Comenzaron entonces las diligencias de desalojo ordenadas por los inspectores de Policía de Mutatá y Turbo, Urabá antioqueño; y Riosucio, Chocó. Muchos de estos procedimientos terminaron convertidos en batallas campales entre reclamantes y agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional. (Leer más en: Con búfalos ocupan tierras reclamadas por labriegos de la Larga-Tumaradó)

Para proteger los derechos de los reclamantes, el Juez Primero del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó profirió el Auto Interlocutorio 181 del 12 de diciembre de 2014, donde impuso medidas cautelares tendientes a proteger a 39 familias afro y mestizas que ocuparon predios ubicados en la comunidad La Madre, una de las 48 que integra el territorio colectivo de La Larga Tumaradó.

El Auto Interlocutorio fue objeto de varias prórrogas que aún están vigentes. Sin embargo, ello no evitó que fueran asesinados dos reclamantes de este consejo comunitario: Porfirio Jaramillo (enero de 2017) y Mario Castaño Bravo (octubre de 2017). Tampoco apaciguó el convulsionado clima social que generaron los retornos de los reclamantes por su propia cuenta y riesgo. Los opositores a la restitución continúan en el territorio.

Como si fuera poco, este consejo comunitario, como todo el Bajo Atrato en general, registra fuerte presencia de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), grupo armado ilegal, surgido a mediados de 2006 tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Esta organización criminal impone restricciones a la movilidad y normas de conducta a los pobladores; además, profiere amenazas contra quienes lideran el proceso de restitución, situación que aumenta la tensión y zozobra entre comunidades negras y mestizas.

Lo preocupante es que no se advierte una decisión judicial pronta para este consejo comunitario, pues la presencia de cientos de segundos y terceros ocupantes, muchos de ellos con resoluciones de adjudicación otorgadas por el Incora, con diez y más años de posesión de los predios, sumado a los 442 opositores declarados, varios de ellos relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo, hacen de este proceso judicial un trámite lento, dispendioso y riesgoso.

“Estamos hablando de un trámite absolutamente complejo. Si llegan a ordenar inspecciones judiciales, si llegan a ordenar todos los testimonios que están pidiendo los opositores, estamos hablando de por lo menos un año como mínimo, solo en escuchar testigos”, asegura el abogado de Forjando Futuros.

Problemas interétnicos

Comunidades indígenas del Chocó en reunión con funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras. Foto: URT

Si algo ha dejado al descubierto el proceso de restitución de tierras en Chocó son los líos en materia de linderos, amojonamiento y límites entre consejos comunitarios y resguardos indígenas. Muchos de estos problemas fueron generados por el propio Estado, pues al momento de otorgar los títulos colectivos para unos y otros no se clarificaron linderos ni se hicieron los respectivos alinderamientos. Sucede en el municipio de Bagadó, donde existe, desde hace varios años, una controversia entre el resguardo indígena Alto Andágueda, del pueblo Emberá-Dobida y Cocomopoca.

Según consignó Ramírez en su artículo, “el resguardo fue titulado en 1979 y aunque para entonces ya vi­vía allí población negra, la formalización del Consejo Comunitario solo se logró hasta el año 2011. La delimitación cartográfica y física de es­tos territorios no se hizo correctamente en su momento por el Incora e Incoder. Dentro de un área de más de cinco mil hectáreas se dio un po­blamiento mixto entre afros e indígenas (ANT, 2017). Con el tiempo, fa­milias pobladoras realizaron transacciones informales de predios entre ellas, y poco después se generaron distintas iniciativas de explotación del territorio como la minería y explotación de madera. Hay un sector de los líderes indígenas que rechazan la presencia de familias afrodescen­dientes en este territorio”.

VerdadAbierta.com conoció también casos similares en el Bajo Atrato chocoano, particularmente en el municipio de Riosucio. Allí, la controversia interétnica entre el resguardo Peña Blanca-Rio Truandó y el consejo comunitario Truandó Medio también radica en un problema de linderos que no fueron aclarados en su momento por el Incora ni el Incoder. Situación similar presentan los ocho resguardos indígenas agrupados en el Cabildo Mayor Indígena de la Zona del Bajo Atrato (Camizba). Según su presidente, Francisco Jumi, “todos tienen problemas de linderos, de límites, principalmente con los consejos comunitarios”.

Varios resguardos del Bajo Atrato ya iniciaron procesos de documentación para llevar sus casos ante la URT. Precisamente, el municipio de Riosucio concentra el 31 por ciento de las solicitudes de restitución de Chocó. Allí existen 10 procesos de restitución étnica liderados por la URT, siete casos indígenas que suman alrededor de 68.000 hectáreas y tres de comunidades negras que suman alrededor de 259.000 hectáreas a restituir.

Por esta razón, la URT contempla abrir oficina en este municipio. “Con el fin de brindar una mayor proximidad y eficiencia en el trámite a la ciudadanía chocoana, se estudia la posibilidad de habilitar nuevo punto de atención en el municipio de Riosucio, municipio localizado al norte del departamento del Chocó”, informó esta entidad estatal.

Dicha medida, aseguran Julio Caustumal, abogado de Forjando Futuros, podría mejorar lo servicio de atención a las víctimas de despojo si se tiene en cuenta que, en 2017, mediante Resoluciones 00945 y 00946, el entonces director de la URT, Ricardo Sabogal, ordenó el cierre de la Dirección Territorial Chocó, con sede en Quibdó. Ello obligó a trasladar los procesos a las oficinas territoriales de Valle del Cauca (Cali); Antioquia (Medellín) y Urabá (Apartadó), lo que generó traumatismos para los reclamantes en materia de traslados, documentación de los casos, caracterizaciones y mediciones topográficas, entre otros.

Sin embargo, analistas consultados por VerdadAbierta.com señalan que, mientras siga viva la confrontación armada en Chocó, pocos serán los avances en materia de restitución. En efecto, desde 2014, regiones de este departamento como el Bajo y Medio Atrato, las cuencas de los ríos Baudó y San Juan, y la Costa Pacífica son escenarios de fuertes confrontaciones armadas sostenidas entre la guerrilla del Eln, las Agc y el Ejército Nacional, lo que ha disparado todas las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, así como las vulneraciones a los derechos humanos de pueblos indígenas y comunidades negras.

Solo entre 2017 y 2019, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo emitió 19 alertas e informes de riesgo mediante las cuales advirtió a las autoridades nacionales, regionales y locales de la difícil situación de orden público en municipios como Riosucio, Juradó, Carmen del Darién, Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Acandí y Bahía Solano, entre otros. Leer más en: (Comunidades de Chocó, violentadas y sin ser escuchadas)

Esta entidad estatal documentó la grave crisis humanitaria que padecen tanto indígenas como negros por cuenta de los constantes enfrentamientos, la instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, las retenciones ilegales, los asesinatos selectivos, los desplazamientos masivos forzados y los confinamientos.

Esas alertas han sido complementadas por informes detallados que las mismas comunidades han contribuido a construir a través de las organizaciones que hacen parte del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISH) que lidera desde agosto de 2017 la iniciativa Acuerdo Humanitario Ya en el Chocó y que pretende revelar las graves afectaciones que padecen los chochoanos y exigirle al Estado acciones integrales para evitarlas. (Leer más en: Implementación del Capítulo Étnico de Acuerdo de Paz aún no llega a Chocó)

Por lo pronto, la restitución de tierras también se enfrenta a esos obstáculos, por esa razón es un programa que avanza a marchas forzadas y su cumplimiento, como parte de la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc, está en veremos.

Es así como este aparte, que le costó tanto esfuerzo a las comunidades afros e indígenas incluir en el pacto de paz, no deja de ser letra muerta sobre el papel: “En la interpretación e implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, con enfoque étnico se tendrá en cuenta entre otros los siguientes principios a la libre determinación, la autonomía y el gobierno propio, a la participación, la consulta y el consentimiento previo libre e informado; a la identidad e integridad social, económica y cultural, a los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos, que implican el reconocimiento de sus prácticas territoriales ancestrales, el derecho a la restitución y fortalecimiento de su territorialidad, los mecanismos vigentes para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente”.

Investigación realizada con el apoyo de: