En este departamento del norte del país se evidencia un abismo entre la promesa estatal y su cumplimiento. Cientos de víctimas, en condición de desplazamiento desde hace poco más de 20 años, padecen las demoras administrativas y judiciales de sus procesos de reclamación. Algunas, incluso, han muerto esperando decisiones favorables.
Han pasado seis años desde que decenas de campesinos cesarenses presentaron sus solicitudes de restitución ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la entidad estatal encargada desde el 2012 de tramitar las reclamaciones de predios que, según denuncian los afectados, los perdieron como consecuencia de la guerra. Y en la mayoría de los casos aún no se han tomado decisiones.
Esa es la realidad de parceleros de las veredas El Toco en el municipio de San Diego; El Caimán, en Becerril; El Topacio y Entre Ríos, en El Copey; Platanal, en Agustín Codazzi; y Pacho Prieto, en Chiriguaná.
Se trata de familias campesinas que, tras largas luchas por el acceso a la tierra, fueron beneficiarias, en la década del ochenta, del programa de Reforma Agraria, que les otorgó parcelas para trabajar y mejorar su calidad de vida.
Pero el bienestar que traería esa titulación fue ilusorio. Grupos insurgentes que llegaron a mediados de los ochenta; luego la ofensiva paramilitar en los noventa; y la dura respuesta de las fuerzas militares, afectaron a las comunidades y ocasionaron sendos desplazamientos forzados que, poco a poco vaciaron las tierras. Detrás de ellas llegaron supuestos compradores, quienes, según denuncian los labriegos, se aprovecharon de su desarraigo y adquirieron cientos de predios a precios irrisorios, varios de los cuales acabaron en manos de empresas multinacionales del carbón.
Con la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el 1 de enero de 2012, los campesinos que alegan que fueron despojados de sus predios vieron en esa norma una oportunidad para volver a sus fundos y poseer lo que, según ellos, les perteneció y se los arrebató la guerra.
Pero esa solución legal, contrario al optimista discurso oficial, no ha pasado del papel. No sólo por la cantidad de documentos que se han visto obligados a recoger y que atesoran en carpetas, como antiguas resoluciones del Incora, escrituras y derechos de petición, con los cuales pretenden demostrar la propiedad de lo que reclaman; sino porque varias de las decisiones judiciales que se han tomado a favor de algunos reclamantes no se cumplen.
VerdadAbierta.com estuvo en la región y recogió numerosos testimonios que retratan el drama de los reclamantes. Varios de quienes le hablaron a este portal son campesinos de avanzada edad, algunos con problemas de salud, que sueñan con volver a sus terruños para que sus hijos y nietos prosperen, pero temen no sobrevivir a tanta lentitud estatal, los angustia ver cómo varios de sus compañeros han fallecido esperando noticias.
Casi todos viven en áreas urbanas, y sus casas, donde sobrellevan el desplazamiento, son un reflejo de esa añoranza: en escasos metros cuadrados siembran todavía su mata de plátano y crían gallinas. Son labriegos y quieren hacer productivas las tierras que en el pasado les otorgó el Incora.
Los pocos restituidos por decisiones de jueces especializados trabajan con las “uñas” en sus predios. Pese a que se han dictado órdenes a diversas entidades estatales para que otorguen proyectos productivos, algunos no tienen vivienda, pozos, servicio de energía eléctrica ni vías adecuadas para sacar sus cosechas a mercados regionales.
A los que ya pudieron retornar, y a los que no, les preocupa la seguridad: en Cesar han sido asesinados seis líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz, entre ellos, el Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Entre Ríos, en El Copey, en febrero de 2017.
Quienes aún tienen procesos de reclamación en los escritorios de funcionarios judiciales, también le temen al poco tiempo de vigencia que le queda a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que concluye en 2021, dado que es una norma transicional y así se dispuso cuando se aprobó en el Congreso de la República. Restan apenas tres años para que sus solicitudes superen la etapa administrativa, lleguen a juzgados especializados y, en caso de que se falle a su favor, diversas entidades del Estado los reparen integralmente.
La llegada de Iván Duque a la Presidencia de la República genera incertidumbre entre los labriegos, pues hace parte del Centro Democrático, un partido que ha cuestionado la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y que pretende introducirle cambios que, según conocedores del tema, favorecerían a quienes compraron predios de manera irregular, entre ellos a varios empresarios. (Leer más en: Proyecto de modificación de Ley de Tierras ataca la “médula” de la restitución)
El cuestionado proceso de restitución en Cesar es un reflejo de lo que sucede en otros departamentos del país donde la acción del Estado, a juicio de las víctimas, se concentró en la formalización de la propiedad rural y resolver casos sin mayor oposición, dilatando la resolución de solicitudes complejas, como aquellas que implican comercialización de tierras en las que tendrían que ver políticos, empresarios y multinacionales.
A continuación, VerdadAbierta.com presenta de manera agrupada el resultado de tres meses de investigación sobre lo que les ocurre a reclamantes de tierra en los municipios de San Diego, Becerril, El Copey, Agustín Codazzi y Chiriguaná.
Seis casos fallidos
Restitución en El Toco no pasa del papel y la desatención estatal
La larga espera de los reclamantes de El Caimán
El Topacio, la “piedra preciosa” que reclaman en Becerril
Reclamar tierras en Entre Ríos: proceso lento y sin respuestas
Campesinos de Platanal, sin un centímetro de tierra
