Guerrilleros y paramilitares azotaron este departamento durante los últimos treinta años, desplazando a 126 mil personas. Varias comunidades le piden al gobierno que las repare de forma colectiva por los daños que les dejó la guerra.
Organizaciones campesinas de diez municipios en Santander le solicitan al gobierno la reparación colectiva para poder superar el conflicto y trabajar las tierras. Foto: archivo Semana.Málaga es un municipio a 153 kilómetros de Bucaramanga, la capital santandereana, al cual se llega por una vía serpenteada y en mal estado. Un recorrido en carro hasta allí puede tardar ocho horas, casi el mismo tiempo que a Santa Marta, que queda mucho más lejos. Este pueblo en el suroriente del departamento vivió una de las más cruentas guerras hasta ahora poco documentadas.
“Cuando llegaron los paramilitares arrasaron con el pueblo. Entre 2001 y 2003 la gente se desplazó. Hemos vuelto muy pocos. Ya uno ni conoce la gente que vive aquí”, dice Ester Suárez*.
El relato de esta mujer hace parte de la historia de por lo menos 500 malagueños que se desplazaron tras la llegada de un grupo de paramilitares del Frente Patriotas de Málaga, una facción del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Pobladores de los municipios de Málaga, Simacota, Charalá, El Peñón, Landázuri, Bolívar, Cimitarra, Sucre y La Belleza, donde tiene su sede la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (Atcc), le pidieron al gobierno que les dé maquinaria para trabajar la tierra, acceso a proyectos productivos y que mejoramiento de la infraestructura, tanto en vías como en servicios públicos. Además, solicitaron que el Estado garantice la no repetición del conflicto que tuvieron que soportar y que se adecúe un plan eficaz de retorno para aquellas familias que aún continúan en condición de desplazadas.
De acuerdo con Juan Manuel Galvis, coordinador de casos de reparación de la Unidad de Víctimas para la zona centro del país, estos planes de reparación colectiva, que están consignados en la Ley 1448 de 2011, ya fueron aprobados para los casos de la Atcc y Málaga. Para el resto de los municipios, están en proceso de aprobación para su ejecución.
Las peticiones fueron planteadas por representantes santandereanos en Bogotá durante el Encuentro Nacional de Reparación Colectiva, convocado por la Unidad de Víctimas y en el que coincidieron voceros de comunidades de varias regiones del país. VerdadAbierta.com conversó con varios de ellos. Vea algunos testimonios en el siguiente video:
La reparación colectiva busca resarcir los daños que sufrieron las comunidades a causa de la violencia. Según datos de esa dependencia estatal, el gobierno adelanta 303 procesos de reparación colectiva en todo el país, de los cuales 14 corresponden a organizaciones de víctimas como casos de género, periodistas amenazados, integrantes de sindicatos o movimientos políticos, además de 134 procesos con comunidades campesinas y 155 más con comunidades afros e indígenas. (Ver mapa)
La tragedia de Málaga
El caso de este municipio refleja lo que sucedió en varios de los 87 municipios del departamento que tuvieron como primer actor armado a la guerrilla y después los paramilitares. La Unidad Especializada de Justicia Transicional (anteriormente llamada de Justicia y Paz) documentó que en este pueblo hizo presencia desde los años ochenta el Frente Efraín Pabón Pabón del Ejército de Liberación Nacional (Eln), una guerrilla que nació en los años sesenta en el municipio de San Vicente de Chucurí y que luego se propagó por el departamento y el país.
Rosalba Cáceres*, habitante de Málaga, cuenta que ese grupo guerrillero extorsionaba y secuestraba, y las familias perdieron la tranquilidad a tal punto que la gente no volvió a hacer paseos a las zonas rurales. Como en otros pueblos, los insurgentes comenzaron a cobrar ‘vacuna’ para financiar sus actividades bélicas.
La gente también temía que sus hijos terminaran reclutados. El Frente Efraín Pabón del Eln venía incrementando su tropa tras su nacimiento en el municipio de Cubará, Boyacá, como un brazo del Frente Domingo Laín Sáenz, según documentó la Unidad de Justicia Transicional.
Por más de veinte años, la guerrilla fue el único actor armado en la región hasta la llegada de los paramilitares en 2000. Ese año, los hermanos Vicente y Carlos Castaño, voceros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), ordenaron la creación del Bloque Central Bolívar (Bcb) y dejaron a cargo de ese nuevo grupo armado al narcotraficante Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; a Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’; y a Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’.
Esta facción de las Auc apareció durante el contexto de varias protestas que se realizaron en el sur de Bolívar entre 1999 y 2001 para frenar la propuesta del gobierno de Andrés Pastrana de negociar la paz con el Eln en un territorio despejado, siguiendo el modelo que para esos años tenían las Farc en el suroriente del país. (Lea: Los tentáculos del Bloque Central Bolívar).
La Unidad de Justicia Transicional documentó que durante los siguientes años no solo hubo un frente en el sur de Bolívar sino que el Bcb creó ramificaciones de las Auc en cada una de las seis provincias de Santander. La provincia de García Rovira, de la que hace parte Málaga, no fue la excepción.
“Cuando llegaron los paramilitares, todos los días había un muerto. Asesinaron a transportadores, a comerciantes, a tenderos, a profesores… porque supuestamente colaboraban con la guerrilla. A mí me mataron a mi esposo y a mi hijo, y no tenían nada que ver con esa guerra”, cuenta Rosalba Cáceres. A Ester Suárez también le asesinaron un familiar. “No tuvimos otra opción que desplazarnos y dejar todo abandonado”, recuerda.
En el año 2000 el número de personas que se desplazó según los registros oficiales fueron 59 personas. En 2001 esta cifra llegó a 251. Cáceres y Suárez recuerdan que Málaga era un pueblo de viudas. “Nadiedenunciaba nada porque al que contaba algo lo amenazaban”, dice Cáceres. Las pequeñas fincas y las casas del pueblo fueron quedando vacías. Muchas familias se desplazaron a Bogotá, otras a Cúcuta o a Bucaramanga. “Hay veredas donde vivían 30 familias y ahora usted no encuentra más que seis. La gente no ha querido volver”, cuenta Suárez.
Los paramilitares aparecieron con el nombre de Frente Patriotas de Málaga asesinando y desplazando a los campesinos de los también municipios vecinos de Capitanejo, Enciso, Macarativa, Guaca, Cerrito, Concepción, San Miguel, Carcasí, San José de Miranda, San Andrés, Molagavita, Covarachía (Boyacá) y Chitagá (Norte de Santander).
Alias ‘Julián Bolívar’ le dijo a la Fiscalía que el jefe del Frente Patriotas fue Gustavo Jaimes, alias ‘Mauricio’ (ya fallecido), quien fue el responsable del terror en este municipio (Lea: ‘Julián Bolívar’ reconoce que Auc cometieron 20 masacres en Santander).
La Fiscalía documentó que a mediados de 2002 los paramilitares que estaban en Málaga fueron trasladados al corregimiento de Cincelada, en el municipio de Coromoro, para unirse al Frente Comunero Cacique Guanentá de las Auc, otro brazo del Bcb.
Esta fecha coincide con los relatos de Ester Suárez y Rosalba Cáceres, quienes bajo su propio riesgo decidieron volver al pueblo después de dos años de desplazamiento. Lo hicieron porque en las ciudades a donde llegaron pasaron hambre y sus casas en Málaga eran su único patrimonio económico. “Es difícil ver que todavía hay muchas veredas vacías. La gente no ha retornado y los daños son incalculables. Las familias quedaron incompletas y divididas”, reitera Suárez.
Simacota, golpeada
En este pueblo, el tercer más extenso del departamento, los habitantes de las 50 veredas también pasaron de una violencia provocada primero por la guerrilla y luego por los paramilitares del Bcb. Los habitantes del Bajo y Alto Simacota recuerdan que entre los años ochenta y noventa la región fue azotada por guerrilleros de las Farc y el Eln.
Darío Pérez* cuenta que cuando tenía 14 años guerrilleros de las Farc llegaron hasta la escuela del pueblo a reclutar niños. “Se imaginará que las armas y la plata terminaron convenciendo a muchos. Varios compañeros de clase se fueron para esa guerra”, dice Pérez.
La Unidad de Justicia Transicional documentó que desde 1981 hizo presencia en esta zona el Frente 12 de las Farc, conocido también como Frente José Antonio Galán. Cinco años más tarde apareció en la zona el Frente Capitán Parmenio del Eln, que además tenía hombres en San Vicente de Chucurí, Zapatoca, Galán, El Hato, El Palmar, La Fuente y Guamayo. Igual que las Farc, el Eln comenzó a reclutar niños en la zona, a secuestrar, a asesinar y a cobrar las ‘vacunas’ a los agricultores y ganaderos.
Hacia finales de los ochenta llegaron a la región varios hombres armados que la gente comenzó a identificar como ‘Masetos’ en referencia a la sigla Mas, Muerte a Secuestradores, un grupo creado por el Cartel de Medellín para perseguir a quienes plagiaron a Marta Nieves Ochoa, una de las hermanas del Clan Ochoa.
Aunque no todos los ‘Masetos’ pertenecían a esta organización criminal, estos grupos se propagaron por todo el país asesinando a supuestos colaboradores de la guerrilla. Al tiempo, también llegaron las Autodefensas del Magdalena Medio que, entrenadas por el mercenario israelí Yair Klein y sus socios, y apoyadas por ganaderos y militares, asesinaron a todo lo que les oliera a subversión (Lea: El entrenamiento de Yair Klein a las Autodefensas del Magdalena Medio).
Simacota fue epicentro de las primeras masacres que se registraron en el departamento. Una de las más conocidas ocurrió en La Rochela el 18 de enero de 1989, cuando un grupo de paramilitares bajo el mando de Alonso de Jesús Baquero, alias ‘Vladimir’, exalumno de Klein, asesinó a 12 de los 15 funcionarios judiciales que iban en comisión para investigar los crímenes que estaban cometiendo las Autodefensas del Magdalena Medio en la región, entre ellos, el asesinato de 19 comerciantes en 1987 (Lea: La Rochela: parábola de la injusticia).
Pedro Torres* dice que en Simacota la gente vivía atemorizada. Cuando no era la guerrilla eran los paramilitares los que llegaban a extorsionarlos o tildarlos de colaborar con uno u otro bando. En medio de esa disputa territorial, muchos campesinos fueron desplazados. Según datos oficiales, Simacota registró picos de desplazamiento entre 1998 y 2008 con la expulsión de 3 mil personas, justo el periodo en el que hubo mayor presencia paramilitar.
En el año 2000, así como ocurrió en Málaga, llegó a Simacota el Frente Comuneros Cacique Guanentá de las Auc, una facción del Bcb que operó en la región comunera y guanentina. La Unidad de Justicia Transicional documentó que los asesinatos fueron ordenados por alias ‘Gato’ o ‘Enrique’, así como por alias ‘J’ o Víctor’, jefe del comando especial.
Este grupo paramilitar se reforzó en 2002 con paramilitares provenientes de Málaga. En versiones libres, varios desmovilizados contaron que el Frente Comuneros Cacique Guanentá instaló entonces una ‘escuela de entrenamiento’ en una finca en Coromoro, para aumentar el número de hombres que no sólo sembraron el terror en Simacota sino en un total de 33 municipios y ocho corregimientos.
Mientras los habitantes del Bajo Simacota aseguran que lograron resistir a esa violencia y permanecer en sus fincas; los del Alto Simacota, divididas estas dos subregiones por la serranía de Los Yariguíes, señalan que muchos no pudieron volver. En esta última zona 14 de las 50 veredas que componen el municipio siguen en gran parte abandonadas.
Qué exigen las comunidades
Para el caso de Málaga, las víctimas le piden al gobierno garantías de no repetición, que la violencia no vuelva a tocar sus puertas y que, además de repararles la vía, haya un plan de retorno para los malagueños que no volvieron al pueblo. También claman por un reconocimiento de la verdad.
“Sentirse reparado es muy difícil porque cuando uno pierde a un ser querido no hay nada ni nadie quien lo reemplace… El gobierno nos debe apoyar para lograr la estabilidad de las familias”, dice Ester Suárez.
En el Alto Simacota los habitantes le piden al gobierno maquinaria para mejorar la producción de los cultivos de cacao y aguacate que tienen en sus fincas. También el arreglo de las vías para la comercialización. “No sabemos qué tan fácil sea eso porque darle la herramienta al campesino es quitarle la promesa electoral a los políticos, que se eligen diciendo que van a pavimentar”, señala Darío Pérez.
En el Bajo Simacota, al igual que en Málaga, la gente solicita que haya un acompañamiento del gobierno para retornar y hacer productivas las fincas, y que exista un plan para mejorar el alcantarillado, las vías y la escuela que quedaron afectadas por la violencia. “Nosotros confiamos en que estos planes de reparación colectiva que llevamos meses planeando y conversando con la Unidad se cumplan”, dice Pedro Torres.
(*) Los nombres fueron modificados a solicitud de las personas entrevistadas
