Una serie de irregularidades cobijan al actual relleno sanitario de Riosucio, desde la compra del terreno en un territorio colectivo, la licencia ambiental provisional, hasta los daños ambientales, a la salud y en la economía a las familias que habitan dentro del Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó. Exigen que sea retirado de ese lugar.
No debería existir en ese territorio por malos manejos de los residuos y la contaminación de quebradas y ríos, el cual se le ordenó su cierre definitivo hace dos años. Sin embargo, 11,5 toneladas de basuras siguen llegando a diario, y la comunidad del Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (Cocolatu) sigue sufriendo.
A causa del botadero, que se construyó de forma irregular en terrenos colectivos, la comunidad ha registrado un incremento de enfermedades respiratorias y de piel, diarrea y fiebre. Algunos de sus cultivos de plátano cerca del relleno han perdido la certificación de exportación y unas comercializadoras amenazan con dejar de comprarles.
A pesar de la orden de 2022 de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) de cerrarlo, “el basurero sigue igual, no hacen nada”, dice Reimir Valencia Gamboa, el tesorero de Cocolatu.
El relleno sanitario está ubicado a diez kilómetros de Riosucio, cerca de la vía principal que conduce a Belén de Bajirá. Es utilizado para la recolección de la cabecera municipal de Riosucio y los corregimientos El Diez, El Siete, Los Manguitos y Playa Roja, además del municipio de Nuevo Belén de Bajirá.
La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios (Esprich S.A.) recibió en 2017 una licencia ambiental provisional para operar el relleno sanitario por tres años, para resolver temporalmente la crisis sanitaria que tenía el municipio de Riosucio en ese momento, mientras se construía un relleno definitivo.
Pero al intentar solucionar una crisis, el establecimiento del actual relleno creó otra.
La actual Junta Directiva de Cocolatu viene denunciando esta situación y ha intentado hablar con la Alcaldía, con Esprich y Codechocó, pero sus quejas no han sido atendidas. Con asesoría del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), quien lleva trabajando en esta comunidad hace diez años con el proceso de restitución de tierras, han acudido a derechos de petición, tutelas y hasta incidentes de desacato, para documentar las irregularidades que tiene la operación del relleno sanitario durante siete años y cómo se obtuvo el terreno para instalarlo.
Adquisición del terreno para el relleno sanitario
Desde el comienzo del proyecto del relleno provisional hubo anomalías.
Cocolatu es un consejo comunitario de comunidades negras conformado en 1999. Se benefició de una titulación colectiva en 2000 de 107.064 hectáreas ubicadas el Bajo Atrato chocoano. En la actualidad cuenta con 7.500 habitantes, conformados en 52 comunidades afro.
En el año 2010, el municipio de Riosucio le pagó 40.050.000 pesos a Godofredo Nardo de Jesús Úsuga Hoyos, miembro de Cocolatu, por el derecho de propiedad de un terreno de 8,9 hectáreas dentro del territorio colectivo para instalar el relleno sanitario municipal temporal. Sin embargo, por restricciones sobre los territorios étnicos esa compra no se debió dar.
El hecho de que el alcalde encargado para esa época, Jairo García Rodríguez, tenía conocimiento de la imposibilidad de adquirir el predio quedó plasmado en un acta manuscrita del 30 de abril de 2010 de una reunión entre funcionarios de la Alcaldía y el representante legal de Cocolatu. Allí reconoce que la compra no se podía hacer porque “son tierras de comunidades negras y (…) podemos solucionar más fácil la negociación de las mejoras con el señor Nardo”.
Según el contrato del 24 de mayo de 2010, que sirve de sustento al negocio, y que fue firmado por el alcalde, el representante legal de Cocolatu y Úsuga, se trata de “la compraventa de las mejoras en un terreno”. Los actuales miembros de la junta de Cocolatu no tienen muy claro cómo y porqué se realizó esa compraventa.
Sin embargo, Milton Valencia, abogado del Cinep quien ha estudiado a fondo el caso, dice que en todos los antecedentes del negocio se establece que se trata de una venta de terreno. La Resolución 404 del 25 de mayo de 2010, de la Secretaría de Hacienda de Riosucio que ordena el pago a Úsuga, estipula que el objeto del dinero desembolsado fue lo por la compra de 8,9 hectáreas. Es decir que de un día para otro se cambió el tipo de compra.
La compra de mejoras se refiere al trabajo que se ha hecho en un terreno y la posesión que se ha ejercido sobre él, más no a la tierra en sí. Este tipo de contrato, aunque muy común del campesinado del país, no es posible en territorios étnicos. Al parecer el mismo representante de Cocolatu de la época desconocía esa prohibición.
En todo caso, dice el abogado Valencia que la venta de mejoras no incluye el usufructo, y de incluirlo contradice la Ley 70 y el Decreto 1745 de 1995, que disponen que sólo se podrán enajenar los derechos de usufructo sobre las áreas asignadas a familias, a otros miembros de la comunidad o del grupo étnico, pero no a entes territoriales.
En otro documento, firmado el 21 de mayo de 2010 por el entonces representante legal de Cocolatu, Borlin Valencia, y Úsuga, el consejo comunitario concede “al municipio de Riosucio Chocó, en calidad de tenencia y goce, el uso del suelo para la construcción del relleno sanitario del Municipio de Riosucio-Chocó, el cual venía siendo utilizado por el señor Godofredo Nardo de Jesús Úsuga Hoyos”.
“Este documento nunca fue registrado en el folio de matrícula inmobiliaria 180-19899 del terreno colectivo, o no se hizo escritura pública, por lo que ni siquiera se perfeccionó el pretendido derecho de usufructo por parte del municipio de Riosucio, Chocó”, dice Valencia.
Jhon Jairo Chaverra, miembro de la Junta Directiva de Cocolatu, cuenta que Úsuga vendió por falta de conocimiento. “Él antes de hacer esa venta, tenía que concertar con la junta que estaba en ese momento, pero no lo hizo. Muchas familias no tienen ese conocimiento de que las tierras colectivas no se pueden vender. Por falta de conocimiento cometió el error y ahora que se está dando cuenta, sabe que fue una falla”.
VerdadAbierta.com intentó contactar a Úsuga para conocer su perspectiva, pero no obtuvo respuesta.
Valencia Gamboa, el tesorero de Cocolatu, asegura que algunos miembros del consejo comunitario le intentaron explicar a Úsuga, años después, que estaba en un territorio colectivo y que por lo tanto esa tierra no se podía vender. “Él decía que venía ocupando esa tierra hace mucho rato y que él tenía el derecho de hacer con eso lo que le diera su gana. Hoy es uno de los más afectados porque está ahí colindando (con el botadero). Anda con las manos en la cabeza, poniendo quejas y llamándonos a nosotros para que resolvamos”.
Sobre la adquisición de ese predio, Luis Obando Martínez Caicedo, el representante legal de Esprich, dijo que es un terreno de la Alcaldía porque esta lo compró, refiriéndose a los documentos que constatan la compra.
Licencia ambiental provisional
Después de adquirir el terreno, Esprich se encargó del montaje del relleno sanitario, y el municipio delegó a la empresa para la prestación del servicio de recolección y disposición final de residuos. Se construyeron tres celdas para depositar allí los residuos que podían ser utilizadas en un tiempo máximo de tres años mientras se cimentaba el relleno definitivo para el municipio.
En junio de 2017 Codechocó expidió la licencia ambiental provisional 054 para el relleno sanitario y después de un año de funcionamiento, Codechocó realizó la primera visita. Encontró que no se había realizado una capacitación para el manejo de residuos sólidos y no habían realizado actividades de aprovechamiento o reciclaje, según el Auto 000144 de 2021, al referirse a los antecedentes de las visitas. No había señalización en el área y tampoco algún encargado de prestar seguridad al lugar.
El 10 de mayo de 2019, nuevamente funcionarios de Codechocó visitaron el relleno para hacerle seguimiento al manejo y disposición final de residuos sólidos. Encontraron una contaminación con líquidos propios de la descomposición de residuos en la quebrada Caracolí y el río Bajirá, producto del mal manejo de las basuras. Además, el botadero carecía de una puerta principal, facilitando el ingreso de ganado.
También encontraron que la compactación de los residuos sólidos no se hacía oportunamente. El sistema de drenaje perimetral y el pozo séptico no funcionaban. La tercera celda de disposición de residuos permanecía llena de agua, lo que lo convertía en un foco más de contaminación. No se realizaba el manejo de gases y líquidos, según el Auto 000144 de 2021.
Adicionalmente, encontraron desechos abandonados antes de llegar a la disposición final lo que atrae aves de rapiña, roedores, y moscas.
Ante este panorama, los funcionarios de Codechocó formularon recomendaciones, que son de cumplimiento obligatorio, para corregir los problemas detectados y que debían implementarse en un término de tres meses. También se recomendó abrir proceso sancionatorio contra la administración municipal y Esprich. El 26 de diciembre de 2020, Codechocó realizó una nueva inspección técnica, luego de la cual reiteraron los hallazgos de la visita anterior y se constató que no se había implementado ninguna recomendación.
Con los informes de ambas visitas, se expidió la Resolución 0105 del 4 de febrero de 2021 que impuso la suspensión de las actividades en la celda de contingencia y ordenó el inicio de un proceso sancionatorio ambiental, medida que se cumplió con el Auto 000144 de 2021 expedido por el director general de Codechocó. Posteriormente, el Auto 470 del 30 de diciembre de 2021 formula pliego de cargos contra el Municipio de Riosucio, Chocó, y Esprich S.A. E.S.P.
En este auto, se resalta que la única celda que estaba funcionando en ese momento estaba filtrando líquidos nocivos a la quebrada Caracolí que rodea todo el botadero y pasa por un sembradío de plátano que pertenece a la comunidad de la vereda Caracolí.
Finalmente, con el Auto 0243 del 9 de marzo de 2022 Codechocó declaró el cierre definitivo del botadero y se sancionó al municipio y a la empresa, que debían sembrar y mantener por un año 625 árboles en un área equivalente a diez veces la afectada por la mala disposición de residuos sólidos. El auto les dio 30 días para cumplir. Pero no lo hicieron.
Hoy el relleno sanitario sigue operando, sin cumplir lo dispuesto por Codechocó y sin contar con una licencia ambiental, según la corporación.
En respuesta al derecho de petición del 11 de octubre de 2023, el municipio de Riosucio confirmó que para ese momento no contaba con un plan de gestión integral de residuos sólidos actualizado porque “no se encuentra aprobado por Codechocó”.
Todas esas irregularidades han generado graves afectaciones para los habitantes del territorio colectivo de Cocolatu, tanto en la salud y la contaminación ambiental, como en la pérdida de certificados y afiliaciones con empresas compradoras de plátano para su exportación.
Codechocó deja en evidencia ese último punto en la formulación de cargos contra el municipio y Esprich: “Manifiestan los pobladores de la región que además de la problemática ambiental generada por el mal manejo de los residuos sólidos en el botadero, están bajo amenaza de las empresas comerciales de exportación (Uniban y Banacol), quienes están pronosticando que si la situación persiste en las actuales condiciones no recibirán la producción del plátano vecina al botadero”.
Chaverra, de la Junta Directiva de Cocolatu, dice que por lo menos unos doce certificados de exportación fueron retirados de algunos cultivos por estar cerca al basurero, porque la fruta se contamina. “Es una pérdida económica que han sufrido los campesinos, los han puesto a aguantar hambre, porque las empresas plataneras certifican, pero con una situación de ese relleno ahí, no lo hacen o quitan los que ya existen, porque ellos quieren una fruta impecable, limpia y… ese basurero no tiene un control”, dice.
En cuanto a las afectaciones a la salud, los integrantes de Cocolatu coinciden en que los niños son los que más sufren de alergias, gripas, sarpullidos, incluso dicen que los hijos de Úsuga, quien vendió las mejoras, son los que más enfermedades tienen. Los adultos también sufren de piquiñas en el cuerpo, enfermedades respiratorias, diarrea y fiebre. Lo que piden dentro del consejo comunitario es que retiren el basurero del territorio, porque saben que son tierras que no podrán usar en muchos años.
Frente a la situación, Martínez, el representante legal de Esprich, se limitó a decir que están trabajando por mejorar y que pidieron a Codechocó un “tiempito más para empezar con el plan de manejo ambiental” y para cumplir con las sanciones impuestas en 2022. Además, dice que están trabajando para obtener la licencia ambiental definitiva. Frente a las basuras fuera de las celdas, dijo que tenían la retroexcavadora dañada, pero que ya la arreglaron y van a limpiar toda la zona. “Antes todo funcionaba mal con el botadero, pero ahora estamos haciendo esfuerzos para mejorarlo”, dice.
Lo que argumentan los integrantes de Cocolatu es que, entre la Alcaldía, Esprich y Codechocó no reconocen responsabilidades y el uno señala al otro sobre lo que tienen qué hacer, pero no hay respuestas concretas ni información clara a las comunidades.
“Cuando se menciona sobre el basurero, ellos dicen que van a tomar control sobre el asunto, pero el basurero sigue igual, no hacen nada”, dice Valencia, el tesorero de Cocolatu.
Cocolatu, víctima del conflicto armado
Todo esto ha logrado que alrededor de diez familias prefirieran irse del territorio colectivo dejando sus tierras abandonadas para cuidar la salud y para buscar otras oportunidades de trabajo, enfrentándose de nuevo a un nuevo desplazamiento forzado como lo vivieron a final de los noventa.
Cuando Cocolatu obtuvo la titulación del territorio comunitario, en el año 2000, el 76 por ciento de la población que habitaba esas tierras había sido desplazada entre 1996 y 2002, cuando paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) ejecutaron la Operación Cacarica en conjunto con la Operación Génesis, realizada por la brigada XVII del Ejército. Más de 70 mil personas salieron desplazadas de Riosucio sólo en el año 1997, según el Registro Único de Víctimas.
Muchos empresarios aprovecharan la arremetida paramilitar y compraron parte de esas tierras. Con la titulación colectiva lograron detener esas compras masivas, pero ya habían perdido gran parte del territorio. Según el Cinep, de las 107.064 hectáreas del consejo comunitario, el 95 por ciento se encuentra en manos de unos pocos empresarios (alrededor de diez), de las que el 40 por ciento no son productivas porque son inundables quedando así para las comunidades alrededor del 5 por ciento del territorio.
Cuando las personas desplazadas decidieron retornar a esas tierras, después de 2008, todo lo encontraron distinto. Parte de la selva había sido arrasada por los empresarios de palma de aceite y teca, y por la ganadería, se habían secado algunos ríos, además fueron desalojados o dañados sus cultivos de pancoger por los supuestos nuevos dueños del territorio. En 2014 el Juzgado de Restitución de Tierras de Quibdó decretó medidas cautelares para suspender todo operativo de desalojo y para proteger a las familias que estaban iniciando el proceso de restitución de tierras.
En 2017 fue presentada la demanda de restitución sin que hasta ahora se dé fallo alguno a favor de Cocolatu. Ese mismo año tres de los reclamantes de tierras fueron asesinados: Jesús Alberto Sánchez, Mario Castaño y Porfirio Jaramillo.
El 8 de mayo de 2020 la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) acreditó a integrantes de Cocolatu, representados por el Cinep, como víctimas colectivas en el marco del Macrocaso 04, sobre la situación territorial derivada del conflicto armado ocurrida en la región de Urabá, y que cobija a los territorios del Bajo Atrato y Darién, particularmente en el periodo de 1996 a 1998 con la entrada de las Auc coordinadas con el Ejército.
Hoy además de la persecución y amenaza constante que siguen viviendo los habitantes de este consejo comunitario por parte de grupos armados, se enfrentan a problema del botadero y la comunidad dice que no descansarán hasta que se solucione.
“El basurero hay que quitarlo de allí”, dice Valencia Gamboa de Cocolatu.
* Este reportaje fue realizado con el apoyo del Cinep.
