El primer punto del Acuerdo de Paz que se alcanzó con la extinta guerrilla de las Farc incluye ambiciosas propuestas para cerrar las brechas que hay en el campo colombiano. Para las comunidades étnicas de esa región del país, que participaron activamente en la construcción de su PDET, son una oportunidad de mejorar sus territorios ancestrales, pero aún no despegan.
“Acceso a tierras incluyendo el Fondo de Tierras. Se incluirá a los pueblos étnicos como beneficiarios de las diferentes medidas acordadas de acceso a tierras sin detrimento de los derechos adquiridos. La adjudicación de predios y procedimientos de formalización se hará con destino a la constitución, creación, saneamiento, ampliación, titulación, demarcación, restitución y resolución de conflictos de uso y tenencia de las tierras”.
Esa es, quizás, una de las salvaguardas más importantes que los pueblos afrodescendientes e indígenas lograron incluir, horas antes de que se firmara el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en su Capítulo Étnico. Compuesto por tan sólo cuatro de las 310 páginas de ese pacto de paz, dicho apartado busca proteger los derechos de los pueblos originarios y garantizar que la implementación tenga en cuenta sus perspectivas culturales. (Leer más en: Acuerdo con las Farc tiene Capítulo Étnico)
Por esa razón, la necesidad de que sus tierras ancestrales sean tituladas como territorios colectivos para blindarlas jurídicamente; y la de ampliar sus consejos comunitarios y sus resguardos, con el fin de desarrollar sus planes de vida, esperan respuesta en la aplicación del documento que le puso fin a una confrontación armada que duró más de medio siglo. Sin embargo, tres años después de su firma, los resultados no van al ritmo deseado.
“Nosotros y todas las comunidades hablamos de una gran necesidad de tierras. Los Nasa hacemos la siguiente operación: somos 29 mil familias; de las 125 mil personas censadas, tenemos 210 mil hectáreas que componen el territorio del norte de Cauca. De esas hectáreas, el 60 por ciento son de vocación forestal y estamos en la cordillera con altos grados de pendiente (de montaña). Por eso, la mayoría de las tierras no son aptas para desarrollar actividades agropecuarias o agrícolas”, explica Alfredo Campo, coordinador del Tejido Territorial, Económico y Ambiental de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin).
Y prosigue: “El 40 por ciento es apto y a cada familia le corresponderían 2,8 hectáreas. En la región, la UAF (Unidad Agrícola Familiar) es de diez a doce hectáreas por familia. Entonces tenemos un déficit de 160 mil hectáreas para cumplir y darle tierra a la gente”.
En términos similares se pronuncia Víctor Hugo Moreno, consejero Mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc): “Hemos recuperado 3.500 hectáreas de tierras, de 60 mil que se pretenden para más de 30 mil familias que viven en la zona rural. En esas 3.500 hectáreas están predios históricos como Pílamo, en el municipio de Guachené; y La Alsacia, en Buenos Aires, pero no hemos logrado que se titulen colectivamente. Tan sólo se han titulado 13 y el predio más pequeño está a nombre del consejo comunitario Bodega-Gualí, del municipio de Caloto”.
Por ello, Moreno asegura sin dudar que esa salvaguarda no ha avanzado efectivamente: “Las posturas del gobierno saliente y del entrante indican que no se quiere avanzar sobre la tenencia y recuperación de la tierra. Por ejemplo, como salvaguarda establecimos en el Capítulo Étnico que se avance en el proceso de titulación colectiva en los Valles Interandinos y en zonas diferentes del Andén Pacífico, como lo dice la misma Ley, pero no se ha logrado”.
Y sobre la ampliación y saneamiento de sus territorios colectivos, indica que hay predios que las comunidades han adquirido por sus propios medios y que deben ser incluidos dentro de sus consejos comunitarios. Situación similar plantea Campo.
“En ese tema hemos querido que las resoluciones de los resguardos se fueran ampliando para cubrir los nuevos predios. El gobierno no le ha puesto recursos ni interés. Sólo hasta 2018 salió la ampliación del resguardo de Guadualito y están haciendo cola ocho más. A Guadualito le reconocieron 200 hectáreas por la compra de unas fincas”, indica el coordinador del Tejido Territorial, Económico y Ambiental de los Nasa; quien también refiere problemas con la formalización de nuevos resguardos: “El año pasado hicimos dos constituciones: Cerro Tijeras y Pueblo Nuevo – Ceral. Ahora tenemos Sinaí y Playón Alto Naya, que el gobierno no ha querido constituir”.
Este portal intentó contactar a Emilio Archila, consejero para la Estabilización, quien está encargado de coordinar la implementación del Acuerdo de Paz, pero no fue posible acceder a una entrevista porque, según afirmaron sus asesores, no tenía espacio en su agenda. Sin embargo, su equipo de prensa solicitó un cuestionario para atender las inquietudes, pero restringido a cinco preguntas solamente, de las cuales se recibió respuesta.
De acuerdo con la contestación oficial, hasta el pasado 31 de octubre, el Fondo de Tierras contaba con 915.982 hectáreas, de las cuales se entregaron 208,56 al resguardo de Guadualito, ubicado en el municipio de Santander de Quilichao.
En cuanto a adjudicación y formalización, los registros para el norte de Cauca equivalen a 740 hectáreas en beneficio de 822 familias campesinas en los municipios de Buenos Aires, Caloto, Guachené, Miranda, Padilla, Santander De Quilichao y Suárez. Y “para resguardos indígenas se ha formalizado 615 hectáreas en beneficio de 1.819 familias en los municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suárez”.
A nivel nacional, la Oficina para la Estabilización indicó que “desde la implementación del acuerdo de paz hasta la fecha (31/10/2019) se han reportado 1.942.317 hectáreas formalizadas y adjudicadas (de 7 millones de hectáreas presupuestadas), beneficiando a un total de 47.909 familias”.
Al respecto, el primer punto del Acuerdo de Paz fijó que el Fondo de Tierras deberá contar con tres millones de hectáreas y realizar una formalización masiva de la propiedad rural hasta alcanzar siete millones de hectáreas. De esa manera, se acordó que “durante los próximos 12 años habrá una extensión objeto de la Reforma Rural Integral de 10 millones de hectáreas. En todo caso la meta de formalización se cumplirá dentro de los primeros 10 años y la formalización en los PDET dentro de los próximos 7 años”.
¿Y el PDET?
Además del acceso a tierras, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son el segundo pilar sobre el que se sustenta la Reforma Rural Integral. Sobre estos últimos, las comunidades señalan que la implementación no marcha a buen ritmo, que se encuentran en medio de trámites burocráticos y que faltan recursos para la ejecución de las iniciativas acordadas, pero el gobierno nacional refiere avances y la inversión de importantes recursos.
Para la región, el 11 de diciembre de 2018 se firmó el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), que hace parte del PDET Alto Patía – Norte del Cauca, el cual fue compuesto con las 4.364 iniciativas que las comunidades plantearon en diferentes fases: veredal, municipal y regional. Ese es el PDET más grande del país pues abarca a 24 de los 170 municipios que fueron seleccionados para recibir recursos del proceso de paz; incluye localidades de los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca; y en sus tres fases de estructuración participaron alrededor de 32 mil personas.
Para tal fin, el Capítulo Étnico consignó la siguiente salvaguarda: “Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuya realización esté proyectada para hacerse en territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas, deberán contemplar un mecanismo especial de consulta para su implementación, con el fin de incorporar la perspectiva étnica y cultural en el enfoque territorial, orientados a la implementación de los planes de vida, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial o sus equivalentes de los pueblos étnicos”.
Su cumplimiento dejó un sinsabor en las comunidades. “Nos llamaron a la participación y fuimos, pero siempre planteamos que se tuvieran en cuenta las metodologías y las herramientas que tenemos como pueblos indígenas, pero el PDET ya venía con metodología y unos pilares que ellos (gobierno nacional) habían identificado. Ahí nomás vimos cómo llega otra vez la imposición, aunque ellos digan que es muy bueno”, señala Campo.
Tal situación también pasó con el pueblo afrodescendiente. “Desde ese momento fue muy complejo el trabajo con los funcionarios de la ART (Agencia de Renovación del Territorio), porque, aunque se generaron todos los espacios de diálogo y de coordinación posibles, se dejaba ver que no había una sana intención de que las comunidades consignáramos todas nuestras aspiraciones. Siempre nos dijeron que determinada propuesta no podía ir o que no se podía plantear como queríamos: hubo muchas barreras. Sin embargo, se insistió permanentemente y se generaron espacios de diálogo”, explica Clemencia Carabalí, reconocida lideresa social, que junto con la Asociación de Mujeres del Norte del Cauca (Asom), impulsaron la participación de las comunidades en la construcción del PDET.
Y añade: “Hicimos una apuesta fuerte y un trabajo arduo por buscar la garantía de que nuestras propuestas quedaran. Sin embargo, cuando hicimos la primera presentación de las actas y barridos que tenían para subir a la plataforma que diseñaron (para la construcción del PDET), con sorpresa vimos que muchas de las cosas que se habían discutido, que se habían trabajado y que son clave para los cambios que necesitamos en los territorios, no estaban”.
Por ello, Carabalí, quien este año fue distinguida con el Premio Nacional de Derechos Humanos, concluye que se abrió un espacio de participación muy cerrado: “Nosotros pusimos nuestra inconformidad, pero finalmente no nos tocaba más; no sólo porque desde el principio tuvimos que pelearnos el espacio y abrirnos campo, sino por ver cómo el ejercicio que se había construido de manera autónoma y en espacios orientados por ellos, no se veía reflejado en los insumos que iban consolidando”.
Esa situación fue referida en el último informe del Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz de la Universidad de Notre Dame, entidad a la que se le encomendó realizar periódicos informes sobre la implementación del Acuerdo de Paz. (Descargar documento)
“El aumento en la representación étnica se contrasta con la disminución gradual de la tasa de iniciativas étnicas incluidas en los documentos finales de cada fase (de los PDET). Mientras la fase veredal concluyó con 31% de iniciativas étnicas, los PATR incorporan un poco menos de la mitad de eso (14.7%). Varios actores también resaltan que la falta de herramientas metodológicas y pedagógicas con enfoque étnico, así como la ausencia de soluciones logísticas diferenciales, afectó de forma negativa la calidad de la participación”, indica en su evaluación sobre el Capítulo Étnico.
Y concluye: “Es importante honrar la confianza y las expectativas creadas con la elaboración de estos planes y programas para evitar una acción con daño y, en este sentido, garantizar la implementación efectiva de estos planes incluyendo garantías presupuestales y con participación de las comunidades étnicas, especialmente en el seguimiento y evaluación. No obstante la experiencia positiva inicial en el proceso con los PDET, en términos generales, la falta de información transparente y accesible sobre la implementación ha afectado la participación de las comunidades étnicas en el proceso de implementación”.
Poca ejecución y plata
La puesta en marcha del PDET y su PATR también deja cuestionamientos un año después de su firma. “La implementación no ha pasado más allá de reuniones. Hay algunas obras PIC (del programa Pequeñas Infraestructuras Comunitarias) que hicieron, pero eran obras rápidas en las comunidades para reparar escuelas, vías, salones comunales, cosas pequeñas. Pero en lo general, en lo integral, porque el PDET tiene ocho ejes, en los territorios de la gente negra no se ha avanzado: no hay un proyecto que uno pueda mostrar”, lamenta Moreno, cabeza de Aconc.
De manera similar se expresa Campo, de la Acin: “Hay pocos recursos que los han venido ejecutando los municipios. Se ve que han empezado con infraestructura a nivel municipal, pero a nivel de nuestros territorios no; ni ha salido algún proyecto de cien millones, que es muy poco a lo consagrado en los PDET. Y es por falta de los recursos económicos, que no hay plata para el desarrollo de la implementación de los PDET”.
Las comunidades también cuestionan que por ahora los mayores avances son obras PIC y pequeñas ejecuciones viales del Plan 50/51, las cuales fueron diseñadas en primera medida para generar confianza entre las comunidades mientras se construían los PDET. Sin embargo, tras la firma de los PATR, el discurso del gobierno nacional cambió, pues incluye a esas pequeñas obras como si fueran parte de los PDET y no como un preámbulo.
“Pensábamos que ese ejercicio sería el abrebocas para seguir avanzando en temas de obras, pero nuevamente con frustración hemos visto cómo los recursos para la implementación de los PDET para nosotros están de manera virtual porque nos mandan a buscar los planes de desarrollo de la Gobernación y de las Alcaldías. Lo que se tenía en ese momento destinado desde el nivel nacional para la implantación no era mucho y se aspiraba a recoger recursos de varias fuentes. Por ahora, lo poco que se ha podido avanzar, en su gran mayoría, ha sido por parte de la cooperación internacional”, indica al respecto la lideresa de Asom.
En esa línea, Juanita Goebertus, representante a la Cámara por el Partido Verde y quien fue parte del equipo del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) que negoció el Acuerdo de Paz con las Farc en Cuba, advierte que el próximo año, recursos del Estado destinados a inversión social y de gasto en los diferentes niveles del Ejecutivo en el país, se presentarán como inversiones del proceso de paz.
“Nosotros metimos una disposición dentro del Plan de Desarrollo Nacional para crear un trazado presupuestal de paz y se establecieron 9,8 billones para 2020. Pero el grave problema es que al ver qué hay en esos 9,8 billones, se encuentra que sólo seis por ciento de esos recursos irían para municipios PDET y que por lo menos 40 por ciento de esos recursos, que en realidad son política social general, no tienen ninguna focalización territorial ni relación con el Acuerdo”, explica.
Y enfatiza: “Para decirlo, en otros términos, están legalizando como recursos de paz, gastos de educación, salud, entre otros que son importantes, pero que no están focalizados territorialmente para el cierre de brecha entre campo y ciudad, ni están relacionados directamente con puntos del Acuerdo de Paz”.
Avances y recursos
Para tener la versión del gobierno nacional y contrastar los anteriores planteamientos, este portal también intentó hablar con el Consejero para la Estabilización, pero a través de su equipo de prensa recibió respuesta de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad que respondió algunas respuestas sobre la implementación y la financiación del PDET Alto Patía y Norte de Cauca.
La respuesta oficial indica que la ART ha avanzado en la identificación de 4.466 proyectos PDET y que se han ejecutado 49 mil millones de pesos en obras PDET, en los municipios de Buenos Aires, Caldono, El Tambo, Leiva, Los Andes, Miranda y Policarpa. Sobre proyectos productivos, sin especificar si abarcan comunidades étnicas, refiere que se están llevando a cabo 16, que suman un valor de 9.244 millones de pesos, los cuales se están ejecutando Caldono, Caloto, El Tambo, Morales y Toribío (este último en su gran mayoría es conformado por tres resguardos indígenas y en los otros habitan comunidades afros e indígenas).
Resalta que “como resultado del compromiso de esta región PDET, el departamento del Cauca hizo del PDET una ordenanza. De esta manera, el PDET cuenta con mayores herramientas para perdurar en el tiempo. Y los 24 municipios de esa subregión ya hicieron de los PDET acuerdos en los concejos municipales”. Asimismo, recalca que éstos son un instrumento de planeación a 10 y 15 años, que “requiere de los esfuerzos mancomunados del gobierno nacional, gobiernos departamentales y municipales, sector privado y cooperación internacional”.
Sobre las Obras PDET, que anteriormente eran de Pequeña Infraestructura Comunitaria (PIC) y se hicieron para generar confianza en las comunidades mientras se construían los planes para los 170 municipios seleccionados, la ART refiere que con esa estrategia busca implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades.
“Las obras PDET, una vez firmados los pactos municipales y el PATR, responden a la implementación de las iniciativas que fueron propuestas por las comunidades en el proceso de planeación participativa, y tienen un componente de fortalecimiento organizativo y de control social para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios”, agrega y detalla que para ello se fortalecieron a 136 organizaciones comunitarias para cerca de 180 proyectos.
Y reporta que su complemento está en desarrollo, el cual “se encuentra en proceso de contratación a través del Fondo Colombia en Paz, la estructuración y ejecución de aproximadamente 218 proyectos más, con sus respectivas organizaciones comunitarias, en 22 municipios de la Subregión”.
La respuesta también se refiere a la estructuración de proyectos de mediana y baja complejidad para incentivar intervenciones estratégicas y el desarrollo de Obras PDET y proyectos productivos. Al respecto, indica que “el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) para la paz que hace parte integral del PND 2018-2022, prioriza recursos para la población más afectada en términos de pobreza extrema, economías ilegales, debilidad institucional y violencia. La asignación de recursos es de $37,1 billones para la Reforma Rural Integral (vigencias 2019 a 2022) y con focalización especial en los 170 municipios PDET del Decreto Ley 893 de 2017, atendiendo al cumplimiento de las metas fiscales del Gobierno y siendo consistente con las proyecciones previstas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo”.
Finalmente, ante las críticas de las comunidades sobre la falta de claridad de las fuentes de financiación de las iniciativas, de los procedimientos para seleccionarlas y de la falta de información de las que están en marcha, la ART reconoce que es necesario crear canales de socialización, por lo cual está diseñando una estrategia, “que consiste en devolver, a través de diálogos y encuentros regionales y municipales, el resultado del proceso de planeación participativa y los pasos siguientes en la implementación de los PDET. La agenda de estos encuentros se encuentra en programación con los actores locales a través de nuestra regional, las estaremos difundiendo próximamente”.
Mientras tanto, afros e indígenas esperan que su participación encuentre eco en la institucionalidad y que se brinden las condiciones para cerrar las brechas de la desigualdad social del campo colombiano, para tener las herramientas con las que puedan ejecutar sus planes de vida y buen vivir.
Investigación realizada con el apoyo de:
