El último informe del Programa Somos Defensores señala que los homicidios de personas defensoras de derechos humanos descendieron levemente al comparar los primeros semestres de 2022 y de 2023, pero los atentados aumentaron un 93 por ciento. A pesar de esa disminución, es alarmante que la proporción de mujeres activistas asesinadas aumentara.
Tal vez el gobierno nacional y los entes de seguridad del Estado sacarán pecho por la reducción del 14 por ciento de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en esos periodos de tiempo analizados. Sin embargo, que los asesinatos pasaran de 99 en los primeros seis meses de 2022 a 85 en los primeros seis meses de 2023, se debió, probablemente, más a factores externos que a políticas públicas o planes de protección efectivos.
La falta de puntería, el uso de sicarios inexpertos, el atascamiento de las armas, la respuesta de escoltas, la reacción de testigos, la destreza médica de quienes atendieron a los heridos o cuestiones de azar, habrían impedido que 52 lideresas y líderes sociales fueran asesinados entre enero y junio de este año.
De acuerdo con los registros históricos de Somos Defensores, esa es la cifra más alta de atentados documentados en la última década. De haberse consumado efectivamente 15 de esos ataques, el primer semestre de 2023 habría sido el más violento en los últimos diez años.
Al revisar los consolidados de información de Somos Defensores, se encuentra que el actual es el tercer semestre con más activistas asesinados; después del primer semestre de 2022 con 99, y del primero de 2020 con 95. En cada uno de los dos semestres con más asesinatos ocurrió casi la mitad de atentados de 2023. Lo anterior denota una relación inversamente proporcional entre atentados y asesinatos: a más atentados, menos homicidios.
Los atentados del primer semestre de este año se dirigieron a 40 hombres y 12 mujeres. Al respecto, esta organización no gubernamental, que desde 2012 documenta toda clase de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, señala que en 30 de ellos se produjeron lesiones físicas.
Y los desagrega de la siguiente manera: “En 34 hechos se utilizó arma de fuego, en 3 se utilizó arma blanca, en 2 se produjeron por mina antipersonal, en 1 se utilizó objeto contundente, y se registró 1 por quemadura química (ataque con ácido) en contra de una lideresa, en 11 casos se desconoce el tipo de arma utilizada”.
En el informe que Somos Defensores publica este jueves, titulado La Espera, haciendo alusión a la esperanza de lograr la paz y el cese de la violencia, resalta el aumento de asesinatos de lideresas sociales. Del total de víctimas, 70 fueron hombres y 15 mujeres. Lo anterior representa un aumento del 50 por ciento, comparado con las diez que fueron asesinadas en el primer semestre de 2022.
Al respecto, la publicación señala que ese incremento pone “en evidencia el riesgo que enfrentan los liderazgos de las mujeres en contextos de agudización de dinámicas de conflicto. Por el contrario, los casos de líderes y defensores registran una disminución del 21% (19 casos menos)”.
Asimismo, Somos Defensores puntualiza que esos 15 asesinatos ocurrieron en los departamentos de Cauca (3), Antioquia (2), Bolívar (2), Guaviare (2), Norte de Santander (2), Córdoba (1), Bogotá Distrito Capital (1), Nariño (1) y Valle del Cauca (1). Y compiló los casos según el tipo de liderazgo al que pertenecían cuatro eran lideresas comunales, tres comunitarias, tres de comunidades LGBTIQ+, dos indígenas, una de víctimas y otra sindical.
En cuanto a los presuntos responsables de esos feminicidios, en la mayoría de los casos se desconoce su identidad, dos fueron cometidos por personas sin vinculación a grupos armados, dos más por disidencias de las Farc, otro por las Autodefensas Gaetanitas de Colombia y el restante por una banda criminal sin identificar.
Los 85 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos se concentraron en los meses de abril y junio, cada uno con 17 casos cada uno. Le siguen marzo con 16, mayo con 14, enero con 13 y febrero con ocho.
Los liderazgos más golpeados en el primer semestre de este año fueron el comunal, el comunitario y el indígena.
El informe señala que, en 60 asesinatos se utilizaron armas de fuego; en 13, armas blancas; en dos, objetos contundentes; uno fue cometido a golpes; otro se produjo por una mina antipersonal; y en ocho casos se desconoce el tipo de arma utilizada.
Además, destaca que siete personas fueron víctimas de desaparición forzada previa al asesinato. Esos casos ocurrieron en Cauca (5), Arauca (1) y Córdoba (1). Además, en dos casos se cometieron actos de tortura; en siete, el homicidio fue cometido con sevicia; en 14, las víctimas fueron amenazadas previamente; y en 15 casos se produjeron afectaciones a otros. Ninguno de los asesinatos ocurrió en medio de masacres y cuatro de las víctimas contaban con medidas de protección.
Otras agresiones
Además de los asesinatos, el informe presenta una compilación y análisis de 381 casos de diferentes tipos de violencia que padecieron las personas defensoras de derechos humanos en los primeros seis meses de este año. Incluyendo los 85 homicidios, la cifra general de agresiones llega a 466.
Lo anterior representa un aumento del seis por ciento, comparado las 439 del primer semestre de 2022. El informe resalta que ambos periodos de tiempo tuvieron como punto en común coyunturas electorales: en el primero se realizaron las elecciones al Congreso y la Presidencia de la República; y en el segundo iniciaron las campañas para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.
Esas agresiones se clasifican en amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, judicializaciones, desapariciones forzadas, secuestros, robos de información y desplazamientos forzados. Entre ellas, las amenazas, con 279 casos, continúan siendo el tipo de agresión más recurrente y presenta una reducción del dos por ciento en relación con el primer semestre de 2022.
Con 115 hechos, enero fue el mes con mayor número de agresiones. Ese mes “coincide con la temporada de vacaciones entre fin e inicio de año nuevo, momento en el que las personas se encuentran en sus lugares de origen y en sus casas, situación en la que son localizados de manera más fácil por parte de los presuntos agresores”, precisa el informe de Somos Defensores.
En cuanto a los presuntos responsables, el informe señala que en el 41 por ciento de los casos se desconoce su identidad; que el 24 por ciento de las agresiones fueron cometidas por grupos de origen paramilitar; el 16 por ciento por disidencias de las Farc; el ocho por ciento por la guerrilla de Eln; el cuatro por ciento por personas que no pertenecen a grupos armados; otro cuatro por ciento por agentes de la Fuerza Pública; un dos por ciento por bandas criminales; y el uno por ciento restante por alianzas entre varios.
La investigación encontró una significativa disminución del 43 por ciento (58 hechos menos) con respecto al primer semestre de 2022 en las agresiones cometidas por grupos de origen paramilitar. Considera que ese cambio de tendencia se pudo dar por el incremento del control y su afincamiento en territorios en los que antes estaban librando disputas territoriales, lo que provoca que no sea necesario el despliegue de todo el repertorio de la violencia.
“En los registros se encontraron 94 amenazas, 8 asesinatos, 10 desplazamientos forzados, 1 atentado y 1 desaparición forzada. Los departamentos más afectados fueron: Santander (40 hechos), Antioquia (22 hechos), Bolívar (13 hechos) y el Distrito Capital (12 hechos). En las 13 regiones afectadas por estos grupos armados, se identificaron las siguientes estructuras: Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC- que en algunas regiones operaron con este nombre en general y en otras bajo la Estructura Julio César Vargas, Estructura Luis Alfonso Peralta y el Bloque Aristides Meza; También se registraron agresiones por parte de las Águilas Negras, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y el Clan de Oriente”, detalla.
Situación contraria sucedió con grupos de origen subversivo, con los que el gobierno nacional adelanta negociaciones de paz: “Para los casos en los cuales los grupos postacuerdo de paz fueron responsables, se produjo un incremento del 27% (16 hechos más) y se encontraron 57 amenazas, 8 asesinatos, 7 desplazamientos forzados, 2 secuestros y 1 desaparición forzada”.
Y agrega “El departamento del Cauca se mantiene como el más afectado con 31 hechos, seguido del Valle del Cauca con 21 hechos, Nariño con 20 hechos, Bolívar con 2 hechos y Arauca con 1 hecho. El liderazgo indígena continúa siendo el más golpeado por estas estructuras. En las regiones afectadas se identificó la presencia de la Columna Móvil Dagoberto Ramos, la Columna Móvil Jaime Martínez y el Frente Carlos Patiño pertenecientes al Comando Coordinador de Occidente –CCO; el Frente 37 del Estado Mayor Central –EMC-; La Segunda Marquetalia y el Frente Oliver Sinisterra perteneciente a esta misma estructura”.
En cuanto a la guerrilla del Eln, el documento establece que sus agresiones aumentaron un 177 por ciento (26 hechos más), siendo responsable de 28 amenazas, seis asesinatos, un atentado y una desaparición forzada. Las regiones de ocurrencia fueron Cauca (26), Norte de Santander (5), Arauca (2), Antioquia (1), Nariño (1) y el Distrito Capital (1).
“Vale la pena hacer énfasis en el incremento significativo tanto en la presunta responsabilidad del ELN como de los grupos postacuerdo de paz, estructuras que se encuentran en procesos de negociación y acercamientos, respectivamente, con el Gobierno Nacional en el marco de la Paz Total. En ese orden de ideas, el incremento de agresiones que se les atribuye puede estar relacionado con la estrategia recurrentemente usada de demostrar su fuerza militar y capacidad de afectación en escenarios de negociación”, precisa la investigación.
A pesar de los contantes informes y denuncias de organizaciones sociales, de agencias del Estado y de la comunidad internacional, la violencia contra quienes se atreven a defender los derechos humanos continúa.
El nuevo gobierno nacional, bajo su política de Paz Total, ha emprendido negociaciones simultáneamente con grupos armados y estructuras del crimen organizado de diferente índole para tratar de ponerle freno a esa violencia, pero en su fase inicial parece que los actores armados han apelado a ella para mostrarse fuerte y quienes han padecido las consecuencias son las comunidades vulnerables y sus líderes y lideresas.
Este nuevo informe de Somos Defensores concluye que “la violencia selectiva persiste en el país con sus diferentes repertorios y formas de expresarse, generando profundas heridas en la democracia y en la sociedad colombiana. Mientras se procura avanzar en la Paz Total, las comunidades continúan a la espera de las garantías para sus vidas y para que den las condiciones para ejercer el derecho a defender los derechos humanos”.
