En esta vereda del municipio de El Copey, noroccidente del departamento de Cesar, la comunidad no se reúne desde que fue asesinado uno de sus líderes comunales. La embarga el miedo y sus pobladores temen preguntarle al Estado por sus solicitudes de restitución.
A Edilberto Cantillo Meza, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Entre Ríos lo asesinaron al anochecer del 4 de febrero de 2017. Al parecer no pesaba amenaza alguna sobre él. Cuando estaba descansando en su casa, dos hombres llegaron en una motocicleta, preguntaron por su nombre y al responder, le dispararon sin mediar palabra. Para esa fecha, era el tercer líder social asesinado en Cesar en lo que iba de ese año.
Una de las últimas labores que realizó horas antes de su muerte fue atender a Alexander Rodríguez Contreras, investigador del Grupo de Investigación Oraloteca de la Universidad del Magdalena, quien lo buscó para hacerle una entrevista. Quería conocer detalles de su vida y de las vivencias de la comunidad de Entre Ríos, donde 17 familias campesinas reclaman sus predios, de los que fueron despojados en 2003 tras cruentas acciones de grupos paramilitares y bombardeos de la Fuerza Pública.
En ese diálogo, del que VerdadAbierta.com tiene su transcripción, cedida gentilmente por el investigador, Cantillo narró buena parte de su historia personal y también entregó detalles de las vivencias veredales, destacando la importancia de la vida campesina y la solidaridad comunal. Además, hizo referencia a los impactos que tendría la llegada de empresas a la región en busca de material para la construcción y, tal vez, carbón. (Leer apartes de la entrevista)
El crimen de Cantillo sembró tal terror que desde entonces la Junta de Acción Comunal de la vereda Entre Ríos no se reúne y mucho menos pregunta por el proceso de restitución de las tierras que el antiguo Incora les tituló en 1985 y la guerra les quitó a comienzos de la década del dos mil sin contemplación alguna, y del que Cantillo era testigo.
El miedo los ha acallado y para este reportaje sólo hablaron bajo la condición de que se les reservaran sus nombres. Su anonimato se sustenta en las cifras de violencia contra líderes, lideresas y autoridades étnicas asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz firmados con la guerrilla de las Farc en noviembre de 2016. En este periodo han sido asesinados 214 líderes en el país, de los cuales siete eran presidentes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos en el Cesar.
Tierra y muerte
Buena parte del municipio de El Copey hace parte del macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta, una ubicación estratégica que motivó la presencia de las guerrillas del Eln y las Farc desde la década del ochenta, hegemonía que fue disputada por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) desde finales de los noventa hasta comienzos del nuevo siglo.
Esa presencia armada insurgente tuvo como telón de fondo una profunda necesidad de tierra de los campesinos de la región. Razón por la cual numerosas familias, respaldadas por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), ocuparon diversos predios en El Copey con el fin de cultivar alimentos.
Varias de esas familias ingresaron a tierras abandonadas; otras, a algunas fincas sobre las que cursaban procesos de extinción por inexplotación económica; y unas más, a terrenos baldíos, es decir, tierras de la Nación.
Para aquellos años en El Copey proliferaron las reclamaciones de campesinos, pero también la violencia contra ellos, que fue sistemática durante las dos décadas siguientes 20. Algunos miembros de la comunidad recuerdan que el primer crimen, ocurrido el 2 de abril de 1981, segó la vida de David Antonio Mercado, quien exigía tierras para la comunidad.
Uno de los campesinos consultados rememora las 18 familias que entraron a las fincas Entre Ríos y La Arcadia, que sumaban 600 hectáreas, sabiendo que el Incora les había decretado extinción de dominio en 1978, lo que significaba que el Estado las podía entregar a labriegos que las necesitaran.
En abril de 1982, esas mismas familias denunciaron presiones de Roberto Puyana, quien alegaba ser el dueño, así como del coronel Alfonso Rodríguez, del Ejército, para que abandonaran los predios de la vereda Entre Ríos. Sin embargo, no cedieron, a pesar del asesinato del parcelero Miguel Jiménez, perpetrado el 30 de marzo de 1983. En su memoria, la comunidad decidió ponerle su nombre a la pequeña escuela del lugar.
“Nosotros cultivamos y logramos que en 1985 el Incora nos entregara títulos sobre Unidades Agrícolas Familiares de 36 hectáreas y media a cada uno”, recuerda uno de los campesinos.
Poco a poco llegaron más familias a El Copey y ese mismo año, por ejemplo, once de ellas se tomaron tierras que Clímaco Torres alegaba como propias, pero de las que no pudo acreditar títulos, dando origen a la vereda Nueva Orleans.
En agosto de 1986 hicieron lo mismo otras diez familias en una finca de 150 hectáreas que Luis Granobles también reclamaba, pero de las que no presentó títulos, de donde surgió la vereda La Victoria.
Pero a medida que los campesinos se iban asentando en los predios, la seguridad se fue deteriorando. “El año 86 fue muy difícil”, evoca uno de los labriegos consultados. “Las guerrillas, tanto el Eln como las Farc, entraron y comenzaron las muertes y desapariciones. El Copey se convirtió en un cruce estratégico”.
Según recuerda este labriego, las guerrillas se movían entre la zona montañosa del corregimiento de Chimila, en límites con Pueblo Bello y Valledupar, pasando por la Serranía de Perijá; de allí bajaban a la carretera, donde cometían secuestros, atentados a la infraestructura y robos a la población.
Los paramilitares llegaron al departamento de Cesar en 1996, después de que ganaderos y terratenientes llamaron a los hermanos Carlos y Vicente Castaño, jefes de las Autodefensas de Córdoba y Urabá (Accu) y, posteriormente, las caras más visibles de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
La comunidad recuerda que ese año asesinaron a Eloy García, Wilson Teherán y Nerio Rojas, campesinos de veredas aledañas a Entre Ríos. Era recurrente que comandos paramilitares esperaran en Caracolicito los carros que veían de Chimila para atacar a sus víctimas.
“Primeramente vino un grupo que le decían los paracos, Las Avispas, y bueno, las Auc. Ellos entraban en carro por la vía, allá mataban a unos y salían, pero cuando comenzaron la primera vez se metieron a Chimila y mataron a unos guerrilleros que había ahí. Qué culpa teníamos nosotros de que a la zona llegara la guerrilla y los paracos enseguida cogieron la vereda de que todos éramos guerrilleros… mataron familias enteras, hasta los niños…”, recordó Edilberto Cantillo Meza en la entrevista que concedió al investigador de la Universidad del Magdalena.
Documentos estatales revelan que en El Copey la violencia se recrudeció por cuenta de las acciones del Frente Juan Andrés Álvarez de las Auc, que perpetró múltiples asesinatos y masacres en el municipio.
En mayo de 1997, miembros de este grupo paramilitar torturaron y mataron al profesor Arnulfo Córdoba frente a sus estudiantes, así como a cinco habitantes más de la vereda Las Cumbres. Al año siguiente, en la vereda La Victoria, fueron asesinados Lauterio Serrano y Eloy García, presidente de la Junta de Acción Comunal, y desaparecieron a Norberto Palmera, de quien aún no se sabe nada.
“En 1999 los paramilitares instalaron tres bases, una en la vereda San Miguel, otra en Puente Quemado y una más en San Francisco”, recuerda un labriego. Y ya en el nuevo siglo continuaron las masacres y los desplazamientos forzados.
Según el Registro Único de Víctimas, los desplazamientos en El Copey pasaron de 874 en el año 1999 a 2.290 en 2000, sólo contando los reportes oficiales. La situación se agravó entre 2002 y 2003, cuando se registró el desplazamiento de un número superior a las 10 mil personas, principalmente de las veredas San Miguel, Entre Ríos, Piedras Blancas, Sierra Negra y El Indio.
En su relato, Cantillo describió la zozobra de esa época: “A uno le daba miedo de estar en la casa. Cuando yo vivía allí, una vez, llegaron como a las tres de la mañana… Ya con esos sustos uno no duerme bien, a los pocos días que iban a hacer una ‘limpieza’, que me iban a matar… Mi mujer empezó a sufrir de esa taticardia de los sustos y nos tuvimos que ir para Fundación, allá duramos tres años…”.
Pese a la crudeza de la guerra, varias familias campesinas de la vereda Entre Ríos resistieron hasta el año 2003, año en el cual el Ejército bombardeó la zona. La comunidad no tuvo otra opción que abandonar los predios y protegerse en poblaciones vecinas. (Leer más en: El Copey: tierra de desapariciones, despojo y muerte).
Despojo y reclamación
“Las tierras quedaron solas”, asegura uno de los campesinos afectados. “Al poco tiempo un terrateniente, Alfonso Acevedo, nos dijo que nos podía ayudar, que nos daba de a 500 mil por cada finca. Más del 80 por ciento de las tierras quedaron en sus manos, pero a través de otras personas. Nada de eso se registró porque lo hizo mediante el mecanismo de arriendo. Se aprovechó también de que la gente no sabía leer”.
Mientras los parceleros permanecían en municipios cercanos en condición de desplazados, el naciente Incoder, que reemplazó al Incora en 2003, declaró la caducidad administrativa de las 18 parcelas que había titulado en 1985. “Sólo supimos de eso cuando fuimos a reclamar, casi diez años después”, dice unas las mujeres víctimas del despojo.
Y aunque las 18 familias intentaron retornar en 2010, no pudieron volver a las tierras porque estaban siendo explotadas por otras personas que alegan haberlas comprado.
Pero un año después sería aprobada la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011), norma que le abría una ventana de esperanza a todos aquellos campesinos que consideraban que habían sido víctimas de despojo en razón del conflicto armado.
17 de las 18 familias campesinas afectadas de Entre Ríos vieron en esa ley un respaldo, por ello se reencontraron con el fin de iniciar la reclamación de sus predios porque consideran que fueron injustamente despojados y se presentaron a la Unidad de Restitución de Tierras (URT), creada para atender este tipo de requerimientos.
“Pedimos a la URT que nos socializara la ley, nos hicieron varios talleres y recibimos apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y del Consejo Noruego. Al comienzo llegaron 200 personas, la gente se fue animando y terminaron inscribiéndose 700 víctimas”, recuerda uno de los labriegos afectados.
En 2012, con la Resolución 004 del 1 de octubre de 2012, la URT confirmó que el municipio había sido microfocalizado, es decir, que existían las condiciones de seguridad para recibir las solicitudes de restitución, documentarlas y luego presentarlas ante un juez especializado.
Desde ese año y hasta el 1 de septiembre de 2018 se registran 694 reclamaciones de predios en El Copey. Entre esas solicitudes están las de las 17 familias de la vereda Entre Ríos, de las cuales solo tres están en etapa judicial, es decir, en manos de jueces especializados en restitución. De las demás no se sabe qué ha pasado.
En lo poco que han averiguado, la comunidad ha determinado que los opositores son personas que alegan haber comprado, así como “una empresa constructora que quiere extraer piedra del cerro”, comenta uno de los solicitantes, quien recuerda que cuando iniciaron el proceso de reclamación recibieron amenazas.
La llegada de compañías extractoras de material para construcción a varias veredas de El Copey y al parecer la exploración de algunas más en busca de carbón atemorizaban a Cantillo: “Todas esas empresas han cometido asesinatos y despojos […] ya nos están rodeando y eso va a ser un peligro para nosotros; donde esa gente llegue a descubrir esa mina acá nos van a destruir todo y el que no quiera vender lo van a mandar a matar y estamos corriendo un grave peligro”, le dijo al investigador de la Universidad del Magdalena. Horas más tarde fue asesinado en su casa.
Los campesinos quieren que les restituyan en grupo para cultivar maíz y ahuyama, y que puedan comercializar las cosechas con rendimientos, pero para lograrlo es urgente que el Estado intervenga electrificando la vereda y adecuando las vías de acceso que permitan sacar sus productos agrícolas hacia Valledupar y otras regiones del norte del país.
El problema que observan en su proceso de restitución es que la URT abordó sus casos de manera individual, cuando lo ideal hubiese sido de manera colectiva. “Y es que volver solos a las tierras es muy difícil porque no hay condiciones. Necesitamos soluciones del Estado”, exige una de las víctimas de despojo de Entre Ríos.
Otra más indica que quieren “retomar un proyecto de vida que quedó inconcluso” y con ello “mantener el sueño de que nuestros hijos puedan estudiar, retribuir el conocimiento y hacer progresar a la región. Pero vemos un futuro incierto”.
Estas 17 familias reclamantes, que aún permanecen en condiciones de desplazamiento, le exigen a la URT y a las autoridades judiciales celeridad en su proceso teniendo en cuenta que el 2021 termina la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. “Nos organizamos para reclamar, pero este ha sido un proceso lento y sin respuestas”, se lamenta otro de los solicitantes.
