La inmensa finca al sur de Cesar ha sido objeto de disputa judicial entre familias desplazadas por la violencia paramilitar y empresas de palma africana controladas por el empresario Germán Efromovich. La semana pasada, a 150 familias les otorgaron provisionalmente predios de extinción de dominio, mientras el proceso de restitución sigue cursándose lentamente en los tribunales.
Unas 175 familias llevan décadas luchando por tierras en el sur de Cesar que hacen parte de la finca conocida como Hacienda Bellacruz. Dos veces han ganado sus reclamos ante instituciones del Estado. Pero a pesar de haber ganado en papel, no han podido disfrutar las victorias en el terreno.
A mediados de los años 90, las autoridades de tierras les adjudicaron una sección de la inmensa hacienda que estaba en las manos de la familia del exministro y exembajador Carlos Arturo Marulanda, al descubrir que una parte eran baldíos de la Nación. Poco tiempo después, el 14 de febrero de 1996, paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) desplazaron al centenar de familias que ocupaban el predio e instalaron allí una base de operaciones que funcionó hasta su desmovilización en 2006.
En 2008, esas tierras fueron adquiridas por varias empresas que cultivan palma de aceite africana y cuyo socio mayoritario es German Efromovich, anterior dueño de la aerolínea Avianca. La compañía rebautizó el predio bajo el nombre de La Gloria. (Leer más en: Tierra prometida en Bellacruz)
Desde entonces las víctimas han librado disputas judiciales por la restitución de la parte de esas tierras que les había sido adjudicada en los noventa. En 2016, parecía que habían ganado nuevamente: la Corte Constitucional falló a favor de los campesinos y ordenó activar acciones de restitución, lo que derivó en que la disputa se trasladara a tribunales de restitución de tierras.
Desde hace seis años el reclamo de los campesinos en contra de las empresas yace ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja.
Nury Martínez, coordinadora de tierras y derechos territoriales de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa a 40 de los solicitantes, explica que la restitución ha atravesado muchas dificultades para integrar a todas las familias desplazadas y fallar colectivamente. Esto incluye que dentro del proceso se caracterizaron familias que no fueron víctimas directas del desplazamiento de Bellacruz, pero sufrieron los estragos del paramilitarismo en la región.
“Han sido víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos —cuenta Martínez de la CCJ—, y por ello, actualmente son demandantes en un proceso de restitución de tierras que les repare integralmente los daños causados.”
Pero el proceso ha sido largo y, las maniobras legales de las empresas de Efromovich lo han alargado aún más. A inicios de 2024, la sociedad M.R. de Inversiones S.A.S., contraparte en el proceso, instauró una tutela contra el juzgado de restitución de Barrancabermeja que tiene el caso, argumentando que se había omitido la práctica de algunas pruebas. El 6 de febrero, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta denegó el mecanismo judicial. (Lea la sentencia sobre la tutela)
La CCJ considera que la tutela interpuesta por M.R. de Inversiones demuestra su interés en dilatar el proceso y truncar la reparación de las víctimas. “La comunidad campesina de la Hacienda Bellacruz (…) exige celeridad en su proceso de restitución después de seis años de litigio”, señaló la organización en un comunicado.
Así lo manifiesta Isaí Cañizares Navarro, líder de la Fundación Tierra y Vida que representa a 90 familias desplazadas por los paramilitares de Hacienda Bellacruz: “Esa es una forma de dilatar y que la gente se canse. Todos estamos cansados con este proceso”, asegura.
Las empresas M.R. de Inversiones, Frigorífico La Gloria S.A.S, la Dolce Vista Estate Inc., y el Grupo Agroindustrial Hacienda la Gloria S.A. —todas controladas por la misma casa matriz— mantienen las tierras de la Hacienda Bellacruz cultivadas con palma de aceite. (Leer más en Campesinos de la Hacienda Bellacruz, esperanzados en la justicia)
“Empezaron a cambiar el paisaje de esas tierras, la transformaron para poder sembrar palma de aceite africano”, recuerda Adelfo Segundo Rodríguez, líder de una de las organizaciones de víctimas de este caso que, extenuada de la larga lucha, busca dialogar con el gremio palmero y encontrar soluciones.
Por su parte, Hubernel Palencia, representante legal de Asobellacruz, organización que representa a 37 familias desplazadas de la hacienda, resalta el abandono institucional en el que se encuentran las familias reclamantes. “La restitución de Bellacruz ha venido caminando lentamente. Hoy es un día muy importante para nosotros, se cumplen 28 años de haber sido desplazados”, recuerda.
Por eso, tras años de lucha, varias víctimas han buscado soluciones para su situación, incluso buscando acceder a tierras por otros lados.
Tierra sí, pero sin restitución
Hoy, luego de décadas de espera, el sueño de los campesinos de tener tierra para trabajar se ha hecho realidad para algunos, aunque no de la forma esperada.
A mediados de diciembre de 2023, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) le entregó provisionalmente, mediante la Resolución 720, a la Asociación Campesina de Desplazados al Retorno (Asocadar), tres lotes que suman más de mil hectáreas que habían sido confiscados en procesos de extinción de dominio. Paradójicamente, están junto a la Hacienda Bellacruz.
La solicitud a la SAE la realizaron las 150 familias que conforman la asociación, que no sólo reúne familias desplazadas del predio Bellacruz, sino a otras familias que son aspirantes de tierras en la región.
La entrega se dio oficialmente el pasado jueves 8 de febrero. Rodríguez, líder de Asocadar, habla con emoción de este capítulo en la lucha por acceso a la tierra que han llevado. La apuesta de su organización es cuidar los predios, hacer empresa y, si la oportunidad se da, que la restitución sea ahí mismo y puedan terminar su lucha con las empresas de palma. (Leer más En La Bellacruz hay 1.200 hectáreas de baldíos y deben restituirse)
“Las tierras que nos entregó la SAE son muy adecuadas a nuestras pretensiones: óptimas y con vías de comunicación. Lo único que se necesitaría es legalizarla, tanto para las familias que están en proceso de restitución, como aquellas que están en proceso de acceso a tierras con la ANT (Agencia Nacional de Tierras)”, expresó Rodríguez. Pero saben que no será fácil.
Campesinos que ya ocupaban esos predios de la SAE, así como otros labriegos del corregimiento de Ayacucho (La Gloria, Cesar) y Guamalito (El Carmen, Norte de Santander) se oponen a que los miembros de Asocadar tomen tenencia de esas tierras. Menos de una semana después de la entrega por parte de la SAE, los de Asocadar ya han sido amenazados.
“No nos hemos dejado provocar, ni nada por el estilo, pero sí nos están haciendo muchos desmanes y han utilizado medidas muy amenazantes”, cuenta Rodríguez. “Lo más absurdo es que entre los campesinos haya confrontación”, cuenta. El vocero de la organización de víctimas lamenta que no respeten su derecho a la tierra y asegura que su organización no busca más tensiones con ningún sector.
“Si nos legalizan acá —las tierras entregadas provisionalmente por la SAE—, quedaríamos muy satisfechos. Eso sí, no sería el mismo número de hectáreas de las que teníamos antes del desplazamiento”, señala Rodríguez.
Las familias de la Fundación Tierra y Vida también le han solicitado tierra a la SAE, pero no por ello quieren dejar la disputa de restitución: “Eso es legitimar que la tierra siga en la manos de los terratenientes que despojaron a las familias, porque ya con eso muere la lucha de nosotros y no se hace justicia social con lo que pasó en Bellacruz”, dice Isaí Cañizares, líder de la organización.
Por eso, varias de las organizaciones de víctimas de este caso están planeando realizar un plantón, en los próximos meses, en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en Bogotá para presionar al Estado a que les dé respuestas en el proceso de restitución.
Años de lucha
En agosto de 2011, VerdadAbierta.com documentó la reclamación de los campesinos desplazados de la hacienda, después de que en versión libre Alfredo Ballena, alias ‘Rancho’, desmovilizado del Frente Héctor Julio Peinado de las Auc, le confesara al Fiscal 34 de Justicia y Paz su participación en el desplazamiento de los labriegos. (Leer más en El pistolero de los paramilitares en Aguachica)
Según reveló Ballena, en audiencia del 3 de abril de 2010 ante el Fiscal de Justicia y Paz en Bucaramanga, Francisco Alberto Marulanda, quien argumentaba la propiedad de esas tierras, y el administrador general de la finca, en 1996 contrataron al jefe paramilitar Manuel Alfredo Rincón, alias ‘Paso’ o ‘Manaure’, para que el Frente Héctor Julio Peinado de las Auc desplazara a las familias que ocupaban una parte del predio.
Según precisa la Comisión Colombia de Juristas en su informe Silencio e impunidad del despojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) describe la Hacienda Bellacruz como un latifundio que en 1934 se constituyó con una extensión de 7.106 hectáreas. “Fue incrementándose en las siguientes décadas hasta alcanzar las 23.000 hectáreas en 1969”, llegando a abarcar tierras de los de Pelaya, Pailitas, La Gloria y Tamalameque. Las familias campesinas que se habían posesionado de una parte de esas tierras señalaban que buena parte era baldíos de la Nación apropiados por los Marulanda. (Consulte línea de tiempo)
El 20 de abril 1994 el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) emitió el resultado de una inspección ocular sobre la inmensa hacienda, concluyendo que los Marulanda no tenían cómo acreditar la propiedad de 1.500 hectáras; entre ellas los predios Los Bajos, Caño Negro, San Simón, Venecia, Potosí, María Isidra y San Miguel, ubicados dentro de la Hacienda Bellacruz. En ese momento, los campesinos le recordaron al gobierno nacional lo que venían advirtiendo desde finales de los años ochenta, pidiendo la titulación de esos baldíos. (Ver Resolución del Incora sobre baldíos)
Sin embargo, en 1995, el Incora decidió no recuperar esas tierras sino comprarles a los Marulanda 2.060 hectáreas. Justo cuando las tierras ya estaban listas para la adjudicación, paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado ingresaron a los predios y el 14 de febrero de 1996 desplazaron a los campesinos, después de violar a varias mujeres, robarles sus pertenencias y quemarles los ranchos y los cultivos de pancoger.
Según contaron varios de los labriegos, los paramilitares instalaron una base en Rompedero, que hacía parte del predio San Carlos y otra en la casa principal de la hacienda. Las tierras fueron ocupadas por los paramilitares hasta su desmovilización el 4 de marzo de 2006, cuando 251 de sus integrantes entregaron sus armas en el municipio de San Martín, Cesar.
Incluso antes de la desmovilización, en julio de 2003, la justicia ordinaria condenó en primera instancia, a 18 años de prisión a Francisco Alberto Marulanda; a Édgar Rodríguez, alias ‘Caballito’; y a Martín Velasco Galvis, alias ‘Jimmy’, por la conformación de grupos paramilitares.
En una carta enviada a este medio en el 2011 como respuesta a una investigación sobre ese caso, Carlos Arturo Marulanda —exministro de Desarrollo del gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y hermano de Francisco—, explicó que la familia apeló dicha decisión y que el Tribunal de Cartagena absolvió a su hermano en segunda instancia. (Ver Carta de Carlos Arturo Marulanda)
Como lo documentó este portal, en 2008 La Dolce Vista Estate Inc. compró a los Marulanda sus firmas M.R. Inversiones Ltda. y Frigorífico La Gloria S.A., que tenían propiedad sobre la Hacienda Bellacruz. La Dolce Vista, registrada en Panamá, había sido creada en febrero de 2006.
“Después del desplazamiento y del despojo de tierras en la Hacienda Bellacruz, la sociedad M.R. Inversiones S.A.S realizó la transferencia del dominio de la hacienda al Fideicomiso Dolce Vista y con esto se inicia la implementación del proyecto agroindustrial de palma de aceite, creando la firma extractora La Gloria S.A.S e iniciando la construcción de una planta extractora, así como la puesta en marcha de una zona franca para la producción y exportación de aceite de palma”, precisa sobre este caso la CCJ en su informe.
En 2009, la Dolce Vista registró la finca que compró a los Marulanda y la rebautizó como Hacienda La Gloria, con 5.833 hectáreas, donde desarrolla un cultivo de palma de aceite. En una entrevista con este medio en 2011, Germán Efromovich aseguró que la inversión para el proyecto de palma estaba proyectada en 160 millones de dólares y que compró la Bellacruz después de haber contratado un estudio de títulos, sin identificar problemas. (Leer más en: “La tierra no violó los derechos humanos”)
Los campesinos siguieron en su reclamación e interpusieron una acción de tutela, esperando avances de la justicia. En abril de 2013 el entonces Incoder emitió una resolución que confirmó el pronunciamiento del Incora de 1994, indicando que dentro de la antigua Bellacruz hay 1.200 hectáreas de predios baldíos y que debían recuperarse. El 12 mayo de 2016, la Corte Constitucional resolvió la acción de tutela, presentada por las familias, a su favor.
El alto tribunal les dio la razón a las víctimas en la Sentencia SU-235 y ordenó a la Agencia Nacional de Tierras terminar el proceso de recuperación de baldíos que quedó frenado en el Incoder, así como estudiar los beneficiarios de su posible adjudicación. A la Unidad de Restitución de Tierras le ordenó comenzar los procesos para “microfocalizar la zona”, es decir, que esta tuviera los avales de seguridad necesarios para adelantar procesos de restitución. (Lea: Campesinos ganan la ‘batalla’ por la Bellacruz en la Corte)
Ocho años después las víctimas del despojo de la Hacienda Bellacruz siguen esperando. “¡Camina más un morrocoy que la restitución!”, asegura Hubernel Palencia que le ha dicho a las instituciones del Estado encargadas de devolverles sus tierras.
