Las formas en las que ellas podrán participar en la justicia transicional quedó bajo la potestad de los futuros magistrados, lo que incrementa las dudas de si tendrán muchos espacios o no.
Múltiples organizaciones de víctimas estuvieron presentes durante la plenaria del Senado en la que se debatió el Acto Legislativo sobre la JEP. Foto: María Clara Calle.Las víctimas son la columna vertebral del Acuerdo de paz. Así lo aseguraron los negociadores del gobierno nacional y las Farc durante los cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba, y lo reiteraron tras la firma del Acuerdo Final el 24 de noviembre del año pasado en el Teatro Colón, de Bogotá.
Su papel se suponía que debía ser esencial, especialmente en el mecanismo para acceder a la justicia de los crímenes que padecieron y conocer la verdad de los hechos. Sin embargo, en su paso por el Congreso de la República, los debates sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) se concentraron en otros temas, como la responsabilidad de mando de los militares, si los civiles financiadores iban de manera voluntaria o no, o los delitos que persisten a lo largo del tiempo de las Farc como narcotráfico o dineros ilícitos. Y muchos sectores consideran que no se precisó información importante sobre la participación de las víctimas.
Paula Robledo, la delegada de la Defensoría para Asuntos Constitucionales, expuso que no hay nada en el Acto Legislativo ni en la Ley de Amnistía e Indulto que precise cómo será la participación de las víctimas. El tema quedará en el reglamento que hagan los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz.
“Hubiese sido ideal que esto quedara mejor en la Ley Estatutaria que se construirá porque el hecho de ser elegido en Congreso significa más garantías, más representación. Pero quedó a potestad de los magistrados sin siquiera saber quiénes son”, precisó Robledo.
La Comisión Colombiana de Juristas se atrevió a ir un poco más allá y dedicó su más reciente informe, titulado ‘Participación de las víctimas en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición’, a precisar que los caminos podrían ser de manera directa o indirecta. Es decir, mediante desde lo que llaman un empoderamiento total en la construcción y en la implementación de la JEP hasta recibir únicamente notificaciones sobre las decisiones de los jueces, pasando por aportar información como testigo o hacer seguimiento real de lo que sucede en sus casos.
Pero existen ciertos temores pues aún no se conoce qué tan directa o indirecta será esa participación. María José Pizarro, hija del asesinado excomandante del M-19 Carlos Pizarro, planteó, por ejemplo, que una de las claves que se deben aclarar para la participación de las víctimas es que sus organizaciones cuenten con una financiación para que “no todo dependa de la gestión interna de cada organización y así podamos tener dientes en lo financiero”.
Incluso, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió en su más reciente informe sobre Colombia que se deberían contratar personas de comunidades afectadas por el conflicto para la implementación del Acuerdo de paz.
El mismo secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, aceptó durante la presentación del informe del CCJ, el pasado 15 de marzo en Bogotá, que será un reto solucionar tres tensiones que se presentarán una vez comiencen a operar los juzgados. A su juicio aún no es claro cómo se debe garantizar la participación de las víctimas sin restarle eficacia a la Jurisdicción Especial para la Paz “para que no sea eterna”.
También precisó que será necesario entender que se seleccionarán los casos graves y representativos del conflicto y que esto significaría que no todas las víctimas participarán de manera activa, en el sentido de que no todos los victimarios irán ante la JEP.
Por último, Correa señaló que hay que observar la “tensión” que existe entre el derecho de las víctimas a la participación y el reconocimiento de responsabilidades por parte de los autores de los crímenes. “Que no pase un estadio lleno con 10 mil víctimas y el autor mande una carta, mientras las víctimas se quedan esperándolo”, indicó.
Y es que precisamente todos estos detalles son los que quedaron a potestad del reglamento de los magistrados de la justicia transicional. Pese a estos vacíos que dejó el Acto Legislativo, Correa aseguró que las víctimas sí están antes, durante y después de la creación de la justicia transicional.
A su juicio, ellas pueden participar desde el momento en el que este mecanismo jurídico quede incorporado a la Constitución Política, a través de los informes que le podrán presentar a la JEP en los que se explique algún hecho del conflicto. Pero su papel será fundamental especialmente durante los juicios y una vez se conozcan las sanciones.
“Nuestra experiencia con los tribunales de tierras es que el posfallo es igual de intenso que el juicio y que el proceso no se acaba con la sentencia y ahí las víctimas deben ser veedoras del cumplimiento”, precisó Correa.
Pese a esas explicaciones, varias dudas flotan en el ambiente, entre ellas cómo será la participación de las víctimas yqué tanto se les tendrá en cuenta, por ejemplo, en las decisiones judiciales que tome la JEP. “No habría ningún sentido reparador si es por orden judicial y no por la petición de las víctimas. Por ejemplo, si ordenasen un monumento que las víctimas no piden sería, como dicen ellas, un monumento para que caguen las palomas”, dijo María José Pizarro.
Otra de las dudas está relacionada con el origen del dinero para la reparación. El Acto Legislativo que aprobó el Congreso especificó que las Farc deberán aportar las tierras que despojaron para la reparación material de las víctimas. En este sentido, el fiscal Néstor Humberto Martínez anunció que ya tienen 1.2 billones de pesos producto de las incautaciones que ha realizado el Ente Investigador.
Mientras que para los crímenes cometidos por funcionarios o miembros de la Fuerza Pública, el que responde es el Estado. “No debe ser la primera instancia de reparación militar o de funcionarios, sino que debería responder cuando se demuestre incapacidad económica de los victimarios pero que no sea automáticamente”, explicó el senador Juan Manuel Galán durante el debate de plenaria.
Otra de las críticas en lo financiero es que el Acto Legislativo señaló que las personas afectadas por el conflicto serán reparadas integralmente dependiendo de los recursos disponibles, lo cual “limita el derecho de las de víctimas porque dependerán de las cifras del Ministerio de Hacienda del momento”, según el senador Alexánder López.
Es por esto que las víctimas exigen que se precise cuáles serán los escenarios en los que podrán participar, cómo será su reparación y qué tanta incidencia tendrán desde la creación de la JEP hasta la implementación. Por ahora, las preguntas serán resueltas cuando los nuevos magistrados de este mecanismo transicional sean nombrados y se posesionen en sus cargos. La demora en su inicio de actividades genera incertidumbre y desde ahora se encienden las alertas para que no quede en el aire la promesa de que las víctimas son la columna vertebral del Acuerdo de paz con las Farc.
