La Unidad de Restitución anunció ayer en rueda de prensa desde Bucaramanga que encontró presuntas falsas víctimas en la reclamación de tierras de una antigua hacienda en Cesar, donde los paramilitares desplazaron a campesinos en 1996. Las tierras están cultivadas con palma por una empresa cuyo principal accionista es Germán Efromovich, uno de los propietarios de la aerolínea Avianca.
La hacienda La Gloria, antigua Bellacruz, está marcada por un pasado violento y sigue en pleito por cuenta de dos procesos vigentes: uno de recuperación de baldíos, y otro de restitución de tierras. Foto suministrada Unidad de Restitución.
La Fiscalía será quien determine si hay falsas víctimas en las solicitudes de restitución de la Bellacruz, una antigua hacienda del departamento de Cesar donde, según documentó el Despacho 34 de la Unidad de Justicia y Paz, hubo violencia paramilitar. La situación fue puesta en conocimiento por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) tras identificar 40 casos de personas que, a su juicio, “se hicieron pasar por víctimas ante la Entidad para reclamar varias hectáreas de tierras, como suyas”. (Ver nota).
En el boletín de prensa, la URT indicó que uno de ellos es el líder de una Asociación, y más adelante precisa que es quien ganó una tutela en la Corte Constitucional. Aunque el comunicado no relaciona su nombre, es claro que se refiere a Fredy Antonio Rodríguez Corrales, presidente de la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (Asocol), integrada por 64 familias desplazadas de la antigua hacienda Bellacruz.
Mientras la Unidad de Restitución aseveró en su comunicado que “los reclamantes desenmascarados nunca explotaron terrenos de la hacienda Bellacruz y jamás han salido de la zona”, refiriéndose a los 40 casos reportados; Rodríguez Corrales explicó que está dispuesto a suministrarle toda la información al organismo investigador, pues durante dos décadas ha acopiado documentos que prueban el desplazamiento y evidencian cómo la familia Marulanda, dueña original de la hacienda, usó la violencia para apropiarse de baldíos [tierras de la Nación] e impedir la reforma agraria.
En la actualidad, existen dos procesos sobre la hacienda, uno de recuperación de baldíos y otro de restitución de tierras. Fue la Corte Constitucional quien puso a las instituciones a actuar con celeridad, cuando el 12 de mayo de 2016 profirió la Sentencia 235 a favor de una tutela interpuesta por Asocol desde abril de 2011. El fallo les da la razón a los campesinos sobre la existencia de 1.200 hectáreas de baldíos dentro de la hacienda, ordenando medidas a la Agencia Nacional de Tierras y a la Unidad de Restitución. (Lea: Bellacruz: un año sin que el Estado recupere los baldíos)
En una entrevista concedida a Semana, Efromovich expresó preocupación porque tras el fallo de la Corte, la Superintendencia de Notariado y Registro reversó los títulos de propiedad a nombre de los Marulanda, la familia que le vendió las tierras, y estos son el soporte de los créditos que tramitó en bancos.
VerdadAbierta.com presenta las versiones de cada una de las partes, en medio de la tensión que existe en la región porque las órdenes de la Corte afectan directamente al empresario, principal inversionista que explota con palma africana La Gloria, como fue rebautizada la Bellacruz.
Unidad: “Hicimos un trabajo de investigación”
Durante una rueda de prensa, el Director Nacional de la Unidad de Restitución aseguró que encontraron 40 casos de presuntos falsos reclamantes de la antigua hacienda Bellacruz. El funcionario indicó que estos ya están en conocimiento de la Fiscalía. Foto suministrada Unidad de Restitución.
Ricardo Sabogal, director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, explicó que la institución dispuso del mejor equipo profesional en terreno para documentar las reclamaciones de restitución sobre la antigua hacienda Bellacruz, y que tras encontrar situaciones “preocupantes”, cuyos detalles no puede revelar por la reserva sumarial, los notificaron a la Fiscalía para que sea esta entidad la que adelante la investigación judicial y constate si lo que dice la URT es cierto.
La responsabilidad de la Unidad es documentar cada reclamación y buscar los elementos que darán soporte a la formulación de demandas que radican ante los jueces especializados. En ese proceso, dijo, encontraron 40 casos de personas que solicitaban la restitución, pero “que no habían estado en las tierras en la fecha en que ocurrió el desplazamiento, habían vendido sus parcelas o nunca salieron de allí”.
La nota de prensa señaló que el líder de la Asociación convocó en 2010 “a los pobladores de varios predios y les propuso iniciar acciones ante el Estado, para obtener ampliación legal de sus tierras. Bajo esta expectativa, muchos de los parceleros le entregaron poderes, autorizándolo para adelantar distintas gestiones; y dineros, para hacer parte de la asociación que él conformó para este fin”, agregando que “el líder que convenció a estas personas no estuvo en su predio, San Antonio, el día del desplazamiento forzado; para ese entonces, ya lo había vendido”.
Sabogal reconoció que la Unidad comenzó a documentar el caso Bellacruz sólo cuando la Corte Constitucional profirió la Sentencia 235 y que antes no lo habían hecho “porque la zona no estaba microfocalizada y porque el Cesar es una región que tiene muchas reclamaciones”. En el boletín de prensa, la Unidad precisó que fue en agosto de 2016 que comenzó a estudiar dichas solicitudes.
Sobre cómo ha sido la relación con Efromovich, el principal afectado si los jueces determinan que no actuó con “buena fe exenta de culpa” al comprar la Bellacruz, Sabogal indicó que la Unidad ha realizado un trabajo de “profundidad, de hablar con las comunidades, de cartografía social y de documentar la victimización”. En ese sentido, negó que el empresario les haya propuesto crear una cooperativa que acoja a futuros restituidos para acordar con ellos un pago por el arriendo de las tierras, a cambio de permitir el avance del cultivo. “En la Dirección no hemos recibido ese tipo de propuestas; la Unidad no es dueña del interés económico de la víctima. Nuestro trabajo es documentar los casos aplicando la Ley, porque el Juez es quien decide”, dijo.
Asocol: “Lo de la Unidad es una contradicción”
Los lotes coloreados fueron los que la familia Marulanda le vendió al antiguo Incora, en 1995, para parcelarlas y titularlas a campesinos. Lo que la Unidad tendrá que verificar fue qué sucedió con los títulos en cada uno de estos predios. Archivo particular.
Fredy Rodríguez, representante de Asocol, aseguró que el pronunciamiento de la URT carece de argumentos, cuando indica que “no soy víctima o creé una Asociación pensando en el proceso de restitución”. Rodríguez explicó que es sobrino de Eloísa Corrales, la mujer que impulsó los procesos de reforma agraria en el sur de Cesar en el 70, y que, tras el desplazamiento generado por las acciones paramilitares en 1996, denunció lo ocurrido en la Personería Distrital de Bogotá, en 1997. “Mi declaración data de 20 años”, apuntó.
Rodríguez precisó que Asocol fue creada en febrero de 2004 y se registró un mes después en Cámara de Comercio, siete años de que apareciera la Ley 1448 o Ley de Víctimas, y que durante estas dos décadas lideraron un proceso en “solitario”, documentando la violencia que los expulsó de las tierras y haciéndole ver al Estado que tenía baldíos por recuperar.
Por lo anterior, Rodríguez se preguntó por qué la Unidad sólo comenzó a documentar el caso de la Bellacruz en agosto de 2016, si “en julio de 2011, un mes después de que el Presidente anunció que las víctimas podíamos reclamar las tierras despojadas, nos presentamos ante la Personería de Aguachica y llevamos como soporte la Resolución 01551 de 1994 del Incora, que dice quiénes estábamos en las tierras antes del desplazamiento”. (Lea la Resolución aquí)
El representante de Asocol contó que una vez la Corte Constitucional falló a su favor, le hicieron saber a la Unidad que solicitaban ser retirados del Registro Único de Predios y Territorios Abandonados, pues su objetivo de reclamar los baldíos había sido positivo ante el Alto Tribunal. Rodríguez indicó que el reciente pronunciamiento de la Unidad “se basa en los testimonios de tres personas que denunciamos penalmente, porque participaban en el cobro de ‘vacunas’ a los miembros de la Junta de Acción Comunal en la parcelación San Alonso. También en los testimonios de seis de nuestros asociados, a quienes la Unidad les dijo que tenían que retractarse, decir que no había habido violencia”.
Rodríguez coincidió con la Unidad en que la Fiscalía tendrá la última palabra: “Cuando vean los documentos encontrarán quién tiene la razón”.
El laberinto de la Bellacruz
Los predios en verde corresponden a los baldíos de la Nación que identificó el antiguo Incoder en una inspección ocular a la hacienda. Archivo particular.
La Sentencia 235 de la Corte Constitucional solicitó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) identificar a los solicitantes de baldíos que fueron despojadas de la Bellacruz y determinar cuáles cumplen con los requisitos para ser adjudicados allí. Al respecto, la Agencia ha insistido que quien puede determinar el despojo es un juez de tierras, por lo que han trabajado junto a la Unidad de Restitución para caracterizar los casos y encontrar todos los posibles titulares. El líder de Asocol dijo que la postura de la asociación es no continuar con los cultivos de palma, por lo que cree que el anuncio de la Unidad pueda estar relacionado con una forma de restarle legitimidad al fallo de la Corte (Lea: Campesinos ganan la ‘batalla’ por la Bellacruz en la Corte).
La antigua Bellacruz perteneció a Alberto Marulanda Grillo, quien echó cercas sobre 25.500 hectáreas en los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque, en el sur de Cesar. En los años 70, Eloísa Corrales, tía de Fredy Rodríguez, logró que el Gobierno impulsara allí un proceso de reforma agraria, es decir, la titulación de tierras a familias carentes de ella. En los 80, los campesinos le advirtieron al antiguo Incora que Marulanda se había apropiado de baldíos, exigieron al Estado su recuperación y en los 90 el Instituto comenzó un proceso de clarificación de la propiedad (Lea: Las trampas de Bellacruz).
Aunque en 1994 el Incora concluyó que Marulanda no pudo acreditar propiedad sobre unas 1.500 hectáreas, en 1995 prefirió no recuperar los baldíos sino por el contrario, comprar 2.060 hectáreas de propiedad privada. Por ellos, el Estado le pagó a Marulanda unos 700 millones de la época.
El Incora se disponía a entregar los títulos de las parcelaciones realizadas en los predios comprados, correspondientes a San Carlos, San Antonio, Los Cacaos y Santa Helena, cuando paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado desplazaron a los campesinos en febrero de 1996. El desplazamiento fue confesado primero, en 2010, por Alfredo Ballena alias ‘Rancho’ y cuatro años más tarde por Manuel Alfredo Rincón a alias ‘Paso’ o ‘Manaure’. Este último le dijo a la Fiscalía que los hermanos Carlos Arturo y Francisco Alberto lo contrataron para desplazar a los campesinos de La Bellacruz (Lea: La historia sin fin de La Bellacruz).
Los paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado se desmovilizaron en 2006. Tres años más tarde la empresa La Dolce Vista, que tiene como principal accionista a Germán Efromovich, compró dos empresas de los Marulanda, propietarias de la hacienda. Así fue como el empresario comenzó a desarrollar un proyecto de palma africana de 5.500 hectáreas proyectado en 160 millones de dólares (Lea: Tierra prometida en La Bellacruz).
En la actualidad, la solución frente a las tierras de la antigua Bellacruz sigue en una especie de ‘limbo’. Mientras los miembros de Asocol esperan que las instituciones acaten el fallo de la Corte; las instituciones argumentan que ellas no pueden determinar el despojo, por lo que la decisión final recaerá en los jueces de restitución.
