Fallo de Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras anuló la compra de una parcela que esta empresa, que tiene en su junta directiva a Guillermo Gaviria Echeverri, había hecho en los Montes de María y ordenó se le restituyera a sus dueños originales.
La decisión de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena marca un precedente en el proceso de restitución en la región de los Montes de María: a través de sentencia ordenó la devolución de una finca de 24 hectáreas a una familia y no reconoció que la empresa Agropecuaria Carmen de Bolívar S.A. que la había comprado actuó de buena fe.
La junta directiva de la Agropecuaria tiene entre sus integrantes principales y suplentes a Guillermo Gaviria Echeverri (padre del actual alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa), y a sus hijos Irene, León Toné y Jorge Julián Gaviria Correa.
La historia de esta parcela comenzó en 1987, cuando el antiguo Incora le compró unos terrenos a Fidel Jacobo Marún para distribuirlos entre campesinos sin tierra. Uno de esos predios le correspondió a Reinaldo*, quien cosechó la tierra junto a sus hijos hasta finales de los años noventa, cuando una mina antipersonal lo dejó inhabilitado para seguir trabajando en el campo.
La familia de Reinaldo, como otras miles en los Montes de María, sufrieron por la violencia de las guerrillas de las Farc, el Eln y el Erp, y después por narcotraficantes y paramilitares del Frente Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), comandado por Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, luego desaparecido.
En su relato ante el tribunal, la familia de Reinaldo contó que se desplazaron por la violencia de las Auc. El 12 de abril de 2000, los paramilitares masacraron a varios habitantes del corregimiento de Hato Nuevo en Carmen de Bolívar, donde vivía con su familia y esto los forzó a salir huyendo. Esta masacre fue de una de las muchas que cometió este grupo armado en los Montes de María (región entre los departamentos de Bolívar y Sucre) entre 2000 y 2002. Tan sólo de ese municipio, en este período, salieron desplazados por la violencia 23 mil personas, según el Registro Único de Población Desplazada (Rupd).
A partir de archivos históricos, VerdadAbierta.com documentó que en Hato Nuevo los paramilitares asesinaron a 13 campesinos, la mayoría de ellos integrantes de una iglesia evangélica. En las denuncias que presentaron ante las autoridades, los integrantes de la comunidad contaron que ese día los paramilitares tumbaron la puerta de la casa de unos esposos, los asesinaron a piedras y martillazos en presencia de sus hijos, de cuatro y ocho años. Lo mismo hicieron con otra familia y después asesinaron alpastor de la iglesia, Juan Benítez, y varios de sus feligreses. Por último incineraron los cuerpos de la mayoría de las víctimas.
El 24 de octubre de 2000, Reinaldo y su familia abandonaron las tierras, pero su tragedia continuó en 2002 cuando uno de sus hijos fue desaparecido por los paramilitares.
Reinaldo murió en 2004 por complicaciones de salud derivadas de la explosión de una mina antipersona, contó un familiar durante el juicio de restitución de tierras.
Cuando la familia de este campesino se registró como víctima ante la Unidad de Restitución de Tierras y reclamó las 24 hectáreas narró que no habían podido volver a su tierra porque firmaron una promesa de venta en 2008 con Manuel Medina Muñetón, representante suplente de la Agropecuaria Carmen de Bolívar S.A., dedicada a la ganadería.
En efecto, según lo documentó la Unidad de Restitución, el 4 de marzo de 2008 una hija de Reinaldo firmó el documento con Medina Muñetón en el que se comprometía a vender la finca por 14 millones de pesos; recibirían el 20 por ciento a la firma de la promesa y 80 por ciento restante cuando la compra quedara registrada en la notaría.
No obstante, el 3 de octubre de 2008 el Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada de Bolívar emitió la Resolución N. 01 solicitando a las oficinas de instrumentos públicos proteger las tierras del Carmen de Bolívar por las constantes de denuncias de ventas masivas en el pueblo.
Según ese documento, “… se resolvió declarar la inminencia de riesgo de nuevos fenómenos de desplazamiento por las tensiones interiores originadas por la compraventa masiva e indiscriminada de tierras en la zona baja del municipio de Carmen de Bolívar: 22 veredas y corregimientos del municipio…”.
Dicha resolución se emitió “con el fin de que se identificaran los inmuebles y efectuara las anotaciones de declaratoria y la correspondiente abstención de inscribir actos de enajenación o transferencia de cualquier título”, señaló la Unidad de Tierras en la contextualización del caso.
Según la sentencia, pese a la restricción para continuar con la compra de la parcela, Manuel Medina Muñetón intentó legalizar la compra de la tierra en el registro público, pero el 5 de agosto de 2009 el Comité de Atención a la Población Desplazada negó la autorización a la familia de Reinaldo para que pudiera vender la parcela de 24 hectáreas.
Durante el juicio Medina Muñetón juró que había actuado de buena fe porque la promesa de venta se realizó ocho años después de la ola de violencia en la región, acordó pagar un buen precio (600 mil pesos la hectárea) y la tierra siguió protegida por el Comité. “El ganadero dice que fue falta de gestión de la familia lograr el permiso del Comité para que se terminara el negocio jurídico”, resume la sentencia en relación con la presentación del representante de Agropecuaria Montes de María. La sentencia no deja en claro si esta empresa pagó parte o todo el dinero a la familia de Reinaldo, según quedó establecido en la promesa de compraventa.
“Asevera que la buena fe con la que han actuado los empresarios que han llegado a la zona ha generado confianza en los campesinos de la región para habitar nuevamente el campo. Comenta que en los Montes de María se había logrado una reducción importante en el número de homicidios… Insistió muchas veces que los campesinos no vendieron al momento del desplazamiento sino ocho o diez años después de ocurrencia de los hechos”, indica la sentencia en relación con la presentación de la defensa del empresario.
El argumento del representante de la Agropecuaria Carmen de Bolívar fue rechazado por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras que determinó que “no es de recibo el argumento de la parte opositora según el cual para la fecha de la celebración del contrato de promesa, la violencia había disminuido en la zona, pues la expedición dedicha resolución en el año 2008 claramente vislumbra un panorama muy distinto al planteado desde la perspectiva de la oposición”.
Lo dicho por el alto tribunal coincide con la postura de la Procuraduría, que advirtió que la Agropecuaria Carmen de Bolívar S.A. no actuó de buena fe. “La génesis del daño no solo proviene del desplazamiento forzado y posterior abandono del predio que tuvo que sufrir la familia, sino del negocio jurídico celebrado con la parte opositora…”, señaló esta agencia del Ministerio Público, que además consideró que el precio acordado no fue justo.
Tras escuchar los testimonios de las víctimas y de la defensa de la Agropecuaria, la Sala decidió “declarar no probados los fundamentos de la oposición planteados por Manuel Medina Muñetón y la Agropecuaria Carmen de Bolívar, ni acreditar la buena fe exenta de culpa”.
El Tribunal ordenó entonces la restitución de la parcela a la familia de Reinaldo y garantías para que puedan retornar al predio con la compañía de la fuerza pública. A la vez negó la compensación que solicitaba la Agropecuaria en caso de que el fallo fuera en su contra.
“Medina Muñetón actuó a título personal, pero tenía abogados que lo asesoraban en la compra de los predios, además del conocimiento adquirido a través de los medios, que avistaba de la situación de conflicto que ocurría en la zona y que los negocios allí generados no correspondían a un mercado normal de tierras en donde el miedo era muy seguramente la génesis de las ventas… insistió en una compra prohibida por el ordenamiento jurídico tal y como se le comunicó al momento en que se le expidió la negativa de autorización para comprar el predio objeto”, concluyeron las jueces.
Álvaro Tapia, director de la Unidad de Restitución de Tierras en Bolívar, dijo que la entidad documenta varias reclamaciones y ya presentó varias de ellas ante jueces especializados en restitución de tierras relacionadas con la Agropecuaria Carmen de Bolívar y otras agropecuarias que compraron predios que están siendo solicitados en restitución por varias víctimas de la violencia.
Según un estudio de la Superintendencia para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras, que analizó los folios de matrícula registrados en las oficinas de instrumentos públicos de Montes de María, la Agropecuaria Carmen de Bolívar compró por lo menos 87 predios que suman 4.500 hectáreas. Para esta entidad, eso significa que violaron la Ley 160 de 1994, conocida como Ley de Baldíos, que impide que una persona o sociedad acumule tierras que originalmente eran de la nación y se supone deben ser para campesinos pobres.
En ese estudio se estableció que quien realizó las compraventas de tierras fue Manuel Medina Muñetón, la misma persona que representó a la Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar como opositora durante el juicio de restitución relacionado con el predio conocido como El Cocuelo 2.
Medina Muñetón también fue identificado por la Superintendencia como comprador y representante de otras agropecuarias, entre ellas El Génesis, que compró otros 70 predios que suman 4 mil hectáreas en el Carmen de Bolívar. El diagnóstico de esta entidad encontró que entre 2009 y 2010 se crearon nuevas sociedades para comprar más predios en común y proindiviso con personas particulares, entre ellas la empresa Agroservicios San Simón S.A., en la que según el registro de Supersociedades el representante es Jorge Julián Gaviria Correa, hijo del empresario Guillermo Gaviria Echeverri.
La Superintendencia, el organismo encargado de vigilar la inscripción de las propiedades en el registro público, encontró que estas compras de tierras realizadas en los Montes de María entre 2008, 2009 y 2010 implicó una sofisticada red de sociedades y fideicomisos para transferirse los predios, que en los años ochenta habían sido titulados a campesinos por el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incorahoy Incoder).
En Carmen de Bolívar, según la Resolución 041 de 1996 del Incora que determinó las extensiones de las adjudicaciones de tierras por reforma agraria, la Unidad Agrícola Familiar (UAF) varía entre 35 a 48 hectáreas pro familia. Según la Ley, ninguna de las sociedades anteriores podía acumular más de una unidad agrícola. Mientras el estudio de la Superintendencia indica que se excedieron en por lo menos 8 mil hectáreas, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Cartagena advierte que estas sociedades, además, compraron tierras en un contexto de violencia.
El reto de la Unidad de Tierras y de los Jueces Especializados de Restitución será presentar estos casos de forma colectiva, pues en Montes de María como ha ocurrido en otras regiones del César las familias no se atreven a retornar solas mientras no haya un proceso que les garantice seguridad y permanencia en las tierras.
