Un informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz sugiere que en este nuevo escenario de justicia transicional se saquen adelante los procesos penales contra varios empresarios de este sector productivo, señalados de atizar el conflicto armado en el Urabá antioqueño y chocoano.
Según los datos recopilados por el informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, durante 2015 Colombia ocupó el quinto lugar en exportación de banano después de Ecuador, Filipinas, Guatemala y Costa Rica. Foto: archivo Semana.“Hay una coincidencia entre estas acciones militares bajo estrategias paramilitares y la redefinición de las dinámicas de deforestación y desertización como fase previa para el desarrollo de agronegocios palmeros, bananeros y ganaderos, pero también de propósitos de contrainsurgencia”, se lee en el informe Empresas bananeras, vulneración de derechos humanos y narcotráfico en el Bajo Atrato, realizado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz a través del cual se pretende demostrar la responsabilidad del Estado y de algunas compañías exportadoras de la fruta en la violación de derechos humanos. (Lea el informe aquí)
El documento establece que desde los años noventa las tierras de las comunidades étnicas del Bajo Atrato han sido usurpadas y explotadas por cultivos de banano y ganadería extensiva; que aún no hay respuestas judiciales frente a las diversas empresas bananeras involucradas o relacionadas con la violación de los derechos humano, siendo incluso estas señaladas por varios exparamilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz; y que la compañía multinacional Chiquita Brands sigue participando en el mercado del banano colombiano a través de otras empresas, pese a ser sancionada en Estados Unidos por sus contribuciones económicas a grupos armados ilegales en el Urabá antioqueño y al reciente anuncio de un nuevo juicio en esepaís. (Lea: Chiquita Brands podrá ser juzgada en Estados Unidos)
Los investigadores también advierten que los resultados de restitución de tierras definidos por la Corte Constitucional y la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras “son muy limitados en el Bajo Atrato”, teniendo en cuenta los intereses económicos que persisten sobre los territorios, la presencia de actores armados ilegales, principalmente de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (también conocidas como ‘Clan del Golfo’), así como la reaparición desde 2011 de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito.
El informe indica, además, que el gobierno nacional ha incumplido con los distintos autos de seguimiento proferidos por la Corte Constitucional, sobre todo aquellos relacionados con las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó. (Lea: La barbarie que rodeó la siembra de palma en Chocó)
La construcción del documento, realizado entre los meses de junio y octubre de este año, coincidió con la firma del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc. En él se contempla la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, un mecanismo de justicia transicional integrado al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a través del cual se pretende investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos en razón del conflicto armado por parte de miembros de esta organización insurgente, pero también de la Fuerza Pública y de terceros civiles que hayan patrocinado y financiado grupos armados ilegales.
Bajo ese nuevo marco normativo transicional, los directivos de las empresas involucradas en la guerra a través de sus aportes a grupos armados ilegales podrían ser juzgados en los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz; asimismo, allí se remitirían las investigaciones que actualmente reposan en los anaqueles de la justicia ordinaria contra algunas de las firmas exportadoras del banano.
Comercializadoras, entre ojos
La Región del Bajo Atrato es el enclave más importa del país. Su territorio además de productivo es estratégico por ser fronterizo con Panamá y por su acceso al Océano Pacífico y al Mar Caribe. Foto: archivo Semana.El informe de la Comisión Intereclesial asegura que por lo menos siete comercializadoras internacionales de banano estarían involucradas en la financiación de grupos paramilitares y en la apropiación irregular de tierras de comunidades étnicas. El documento agrega que Proban, Uniban, Banacol, Banafrut, Tropical y Conserva han sido mencionadas por exparamilitares durante las versiones libres rendidas ante jueces y fiscales en aplicación a la Ley de Justicia y Paz; asimismo, se advierte que la comercializadora Coindex también es señalada de haber invadido tierras de las comunidades en Curvaradó y Jiguamiandó. (Leer páginas del informe de la 34 a la 47)
El informe desglosa la composición societaria de cada comercializadora. Sobre la comercializadora Unión de Bananeros, por ejemplo, se precisa que se compone de varias empresas, entre lasque está Unibán, que a su vez tiene entre sus accionistas a la Agrícola Santamaría.
“Al Grupo Uniban pertenece la compañía Proban. Esta es una de las empresas nombradas por paramilitares desmovilizados como Salvatore Mancuso y Hasbún [Raúl], quienes afirmaron que les financiaron en el Urabá. En el listado de financiadores revelado por el paramilitar Raúl Hasbún el 25 de enero de 2011 y entregado a las autoridades colombianas aparece Proban”, indica el informe.
Como lo documentó VerdadAbierta.com, tras un análisis de uno de los comités que financiaron la campaña por el ‘No’ para el plebiscito del 2 de octubre, el nombre de la Agrícola Santamaría está asociado a los hermanos Jaime y Guillermo [fallecido] Henríquez Gallo. Según los listados que Hasbún le entregó a la Fiscalía, la Agrícola aportó dinero de 14 fincas explotadas por la empresa a las cuestionadas cooperativas de vigilancia y seguridad privada conocidas Convivir (Lea: Los cuestionamientos a bananeros detrás del No).
Entre los principales accionistas de Uniban está la familia Gaviria Correa, también relacionada en una sentencia de tierras proferida por el Tribunal de Cartagena, que determinó que Agropecuaria Carmen de Bolívar no probó “la buena fe exenta de culpa” en un caso de compra de tierras en la región de los Montes de María. A esta familia pertenecen el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín Aníbal Gaviria Correa y Sofía Gaviria Correa, actual Senadora de la República por el Partido Liberal. (Lea: “Agropecuaria Carmen de Bolívar no actuó de buena fe”: Tribunal de Cartagena)
Sobre la comercializadora Banacol, el informe señala que Invesmar es su principal accionista y que ésta, a su vez, junto a Olinsa, son las sociedades a través de las cuales Chiquita Brands permanece en el país. Como lo documentó VerdadAbierta.com, en 2007 la multinacional se declaró culpable de financiar grupos armados ilegales en Colombia y se comprometió a pagar una multa de 25 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos. En la actualidad sigue en curso una Acción de Clase, un tipo de demanda presentada por las víctimas, quienes exigen reparación por el asesinato de sus familiares. (Lea: Chiquita Brands podrá ser juzgada en Estados Unidos)
La investigación de la Comisión Intereclesial indica que el presidente de Banacol, Víctor Manuel Henríquez Velásquez, “en la actualidad es investigado por la Fiscalía General de la Nación por la financiación de grupos paramilitares”.
Sobre la comercializadora Banafrut, el documento precisa que tiene 33 fincas en el Urabá antioqueño, que suman 3 mil 500 hectáreas, y de cuya junta directiva hace parte Nicolás Echavarría Mesa. Ésta fue una de las empresas que financió uno de los comités por la campaña del ‘No’ del plebiscito que buscaba refrendar el Acuerdo de Paz con las Farc. Asimismo, Echavarría gerenció la recta final de la campaña a la Presidencia de la República de Óscar Iván Zuluaga en 2014 y fue embajador de Colombia en Bélgica, uno de los países que más importa banano colombiano.
Las otras tres comercializadoras a las que se refiere el informe son Tropical, Coindex y Conserva. Sobre Tropical, el documento indica que Javier Francisco Girona y Yolanda Restrepo Girona son propietarios de 40 por ciento de la empresa y quienes además son directivos de Recife S.A.S. Esta última sociedad ha sido denunciada por sembrar palma de aceite en territorios colectivos de Curvaradó, así como en Pedeguita y Mancilla. Sin embargo, la empresa se ha defendido asegurando que todo lo han hecho “bajo la más rigurosa legalidad”. Este consejo comunitario, integrado por 850 familias, espera que su demanda de restitución étnica llegue pronto a un juez especializado para recuperar las 49 mil 741 hectáreas que le pertenecen. (Lea: Campesinos y afros se enfrentan por la tierra en Riosucio, Chocó)
Sobre la comercializadora Coindex, el informe documenta que está integrada por varias sociedades, entre ellas Agropecuaria Bananeras, de la cual hace parte la familia Argote. Algunos integrantes de esta familia han sido vinculados al “acaparamiento irregular de 1.236 hectáreas de territorios colectivos de comunidades negras a través de la empresa ganadera inversiones La Tukeka”. Respecto a la comercializadora Conserva el estudio explica que esta es la filial en Colombia de la multinacional Fresh del Monte, “denunciada por contribuir con la financiación del paramilitarismo”.
Luces para investigar
Foto: archivo Semana.En su informe la Comisión Intereclesial advierte que en la región del Bajo Atrato “no existe una línea divisoria entre la actividad económica de agroindustriales y ganaderos. Las empresas realizan una o varias actividades al mismo tiempo, utilizando el territorio sin distinción para cultivos de banano, plátano, palma aceitera o ganadería extensiva”, como queda evidenciado en la composición societaria de las compañías cuestionadas.
El estudio cuestiona la falta de voluntad política para profundizar en las investigaciones, que deberían derivarse de los por lo menos 12 mil folios que aguardan en la Fiscalía y que contienen las pistas y la información sobre las empresas relacionadas con el conflicto armado. Este será, por ejemplo, uno de los retos de la implementación de la Comisión de la Verdad, relacionada con la apertura de archivos. (Lea: “El ocultamiento de la verdad no le da seguridad al país”)
“Diversas empresas bananeras se han visto involucradas o relacionadas con violaciones de derechos humanos de las comunidades y delitos de narcotráfico relacionados con el despojo y usurpación del territorio, pero todavía no hay respuestas judiciales sobre estos crímenes. Se requieren investigaciones que aclaren estas responsabilidades y comporten las correspondientes sanciones”, sugiere la Comisión Intereclesial a través de su investigación.
Para esta organización no gubernamental, uno de los retos en la garantía de los derechos de las comunidades no es solo que se investigue quiénes fueron los responsables o cómplices del conflicto armado y del despojo de tierras, sino cortar de raíz losmales vigentes, como la proliferación de cultivos ilícitos en Caño Clarito, que hace parte de la cuenca del río Curvaradó, y la presencia de bandascriminales.
En el informe se pregunta por qué, después de tantos años en que las comunidades y los órganos de justicia han reconocido las violaciones contra las poblaciones de la región, el Estado ha incumplido gran parte de las órdenes proferidas por la Corte Constitucional.
“Los desplazamientos, asesinatos y permanentes agresiones son una prueba de ello. El Estado Colombiano no ha cumplido con su deber de diligencia debida (investigación y castigo), ya que la mayoría de asesinatos y agresiones en los territorios del Bajo Atrato siguen en total impunidad. Esa falta de investigación tiene también como consecuencia que el Estado no cumple con su deber de reparación a las víctimas de esas graves vulneraciones de derechos humanos”, advierte el documento.
Finalmente, la investigación también concluye que las empresas involucradas en las afectaciones a las comunidades no están cumpliendo con los llamados Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas: “Los indicios presentes en este informe sobre una posible alianza entre las empresas palmeras y bananeras con la criminalidad (particularmente las declaraciones de los paramilitares en sus versiones libres) así como las sentencias judiciales en contra de empresas, muestran que en las cuencas del Curbaradó y Jiguamiandó este principio básico no ha sido respetado por las empresas”.
