Cientos de memorandos internos de la multinacional bananera Chiquita Brands, desclasificados por el National Security Archive, muestran que la empresa hizo pagos a guerrilleros, paramilitares y miembros del Ejército a cambio de seguridad.
Memorandos confidenciales internos de Chiquita Brands International revelan que el gigante del banano se benefició de sus pagos a grupos paramilitares colombianos y la guerrilla, contradiciendo el acuerdo de culpabilidad (plea agreement) que firmó con fiscales de Estados Unidos de 2007, en el que alegó que nunca había recibido “ningún servicio de seguridad o equipos de seguridad a cambio de los pagos”. Chiquita había tildado estos pagos como una “extorsión”.
Chiquita entregó miles de documentos al Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de un acuerdo de sentencia, en el que admitió años de pagos ilegales a las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, grupo que el Departamento de Estado había señalado como “organización terrorista extranjera” y con el que acordó pagar una multa de 25 millones de dólares.
El National Security Archive obtuvo más de 5.500 páginas de documentos internos de Chiquita del Departamento de Justicia bajo un derecho de petición en EE.UU (Freedom of Information Act) y publica en línea varios de estos documentos que están incluídos en la colección: Colombia y los Estados Unidos: Violencia Política, Narcotráfico y Derechos Humanos, 1948-2010.
Los papeles proporcionan evidencia de “transacciones” de beneficio mutuo entre las filiales colombianas de Chiquita y varios grupos armados ilegales en Colombia y arroja claridad sobre más de una década de pagos relacionados con la seguridad a la guerrilla, los paramilitares, las fuerzas colombianas de seguridad y las cooperativas privadas Convivir, grupos armados auspiciados por el gobierno.
La colección de documentos también detalla los esfuerzos de la compañía por ocultar lo que denominaron pagos “delicados” en las cuentas de gastos de los directivos de la empresa y a través de diferentes trucos contables (Ver documento).
La investigación del Departamento de Justicia concluyó que muchos de los pagos de Chiquita a las Auc (también llamadas como “Autodefensas” en muchos de los documentos) se realizaron a través de organizaciones legales Convivir supervisadas por el ejército colombiano.
Estas nuevas pruebas de que Chiquita se benefició de los pagos ilícitos pueden aumentar su exposición a demandas de las víctimas de grupos armados ilegales de Colombia. La colección es el resultado de una colaboración National Security Archive con la Universidad de Georgetown, su Escuela de Leyes y Derechos Humanos y la Clínica de Abogados y Justicia Pública, y se ha utilizado en apoyo de una demanda civil contra Chiquita encabezado por Earth Rights International a nombre de cientos de víctimas colombianas de los paramilitares.
“Estos registros extraordinarios son las pruebas más detalladas hasta la fecha del verdadero costo de hacer negocios en Colombia”, dijo Michael Evans, director del proyecto de documentación de Colombia del National Security Archive. “El aparente acuerdo de Chiquita con las guerrillas y paramilitares es responsable de los incontables asesinatos, desmiente el acuerdo de culpabilidad firmado por la empresa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos”.
El esfuerzo de la compañía para ocultar los indicios de sus nexos con grupos armados ilegales en Colombia es evidente en un par de memorandos legales de enero de 1994. El primero de ellos indica que las guerrillas le prestaban seguridad en algunas de las plantaciones de Chiquita.
El director general de operaciones de Chiquita en Turbo dijo a abogados de la compañía que los guerrilleros fueron “utilizados para suministrar el personal de seguridad en diferentes granjas”.
Una anotación manuscrita en un documento membreteado de la compañía, clasificado como confidencial, se pregunta: “¿Por qué es relevante?” y, “¿Por qué está siendo escrito?”. En el documento los abogados han tachado la palabra “transacciones” – lo que sugiere un acuerdo de canje- y lo sustituyeron por el término más neutro de “pagos”. Los contables de la empresa incluyeron los gastos como “pagos de extorsión de guerrillas”, pero los registraron en los libros como “seguridad ciudadana”, de acuerdo con estas notas.
Otro documento muestra que Chiquita también pagó a paramilitares por servicios de seguridad -incluyendo información de inteligencia sobre las operaciones de la guerrilla- después de que las Auc arrebataron el control de la región a la guerrilla, a mediados de la década de 1990.
En marzo de 2000, el abogado senior de Chiquita, Robert Thomas, escribió un memo (ver) de una conversación con los directores de la filial en Colombia de Chiquita, Banadex, en la que indican que los paramilitares de Santa Marta crearon una empresa ficticia, Inversiones Manglar, para ocultar “el verdadero propósito de garantizar la seguridad”.
Inversiones Manglar se presentaba como una empresa de exportación agrícola, pero producía “información sobre los movimientos guerrilleros”, según la nota. Según Thomas, funcionarios de Banadex le dijeron que “todas las compañías bananeras están contribuyendo en Santa Marta” y que Chiquita “debe continuar haciendo los pagos”, ya que “no se puede obtener el mismo nivel de apoyo (seguridad) de los militares”.
Los papeles de Chiquita también destacan el papel de los militares colombianos para presionar a la empresa a financiar a las Auc a través de las Convivir y para facilitar los pagos ilegales.
Un indicio de esto se encuentra en otro documento escrito por Thomas, en septiembre de 2000, que describe una reunión en 1997, con el líder de las Auc, Carlos Castaño, quien sugirió por primera vez a los directores de Banadex apoyar la creación de la Convivir llamada La Tagua del Darién.
Según la nota, los funcionarios de Banadex adujeron que “no tenían más remedio que asistir a la reunión” porque no hacerlo sería “antagonizar con los militares de Colombia, funcionarios locales y estatales, y las Autodefensas”.
Entre los funcionarios que más apoyaron las Convivir durante este tiempo se encontraba Álvaro Uribe, entonces gobernador de Antioquia, en el que tenía su centro de operaciones Chiquita en Colombia. En el memo de septiembre de 2000, Thomas señala: “Es bien conocido en el momento en que oficiales de alto rango del ejército colombiano y el Gobernador del Departamento de Antioquia estaban haciendo campaña para el establecimiento de una organización Convivir de Urabá”.
Un memorando de 1995 indica que, tanto Uribe como otro político de la región, Alfonso Núñez, recibieron donaciones de otra de las filiales en Colombia de Chiquita, la Compañía Frutera de Sevilla. Uribe fue presidente de Colombia desde 2002 hasta 2010.
Más tarde, un memo legal de agosto de 1997 escrito en papel membretado de Chiquita, dice que la empresa era “miembro de una Convivir llamada Puntepiedra, SA”, que el autor clasifica como “una persona jurídica en la que participamos con otros exportadores de banano en la región de Turbo”. La nota dice que la “única función” de las Convivir era “proporcionar información sobre los movimientos guerrilleros.”
La compañía había estado haciendo pagos sensibles de seguridad durante años – primero en forma directa a militares y grupos guerrilleros, y luego, a través de organizaciones comerciales locales y Convivir-. Para 1991, unos 15 mil dólares de “pagos delicados” para las diversas unidades del ejército colombiano se muestran junto a un desembolso de más de 31 dólares a “guerrilla” (Ver documento).
Una versión diferente del mismo documento no solo omite los nombres de los beneficiarios de pagos, sino que incluye una anotación manuscrita junto a la “guerrilla”. Una entrada dice:”Pago extorsión.” Otra anotación dice: “Sobre todo no son pagos ilegales – estos son legales – gasolina, el ejército, la policía, los políticos . El pago no ofrece nada, ni beneficios”.
Registros contables de 1997-1998 también señalan el papel de las fuerzas de seguridad colombianas en el fomento de pagos de la empresa a paramilitares.
A partir del segundo trimestre de 1997 y hasta el segundo trimestre de 1998, Banamex realizó pagos a cooperativas “Convivir”, que registraron como “donación al grupo de ciudadanos de reconocimiento a petición del Ejército.” En 2002(ver documento) y 2003(ver documento), la empresa realizó pagos similares a cooperativas Convivir junto con desembolsos a “funcionarios militares y de Policía” para “pagos de servicios de seguridad.”
Otro documento escrito a mano de 1999 revela un aparente esfuerzo por un general del Ejército de Colombia para establecerse como un intermediario en los pagos de los paramilitares. El documento describe a un “general que ha estado en la zona desde hace varios años” que había sido acusado por el alcalde de San José de Apartadó de ser parte de “[un] escuadrón de la muerte” y que había sido “suspendido del Ejército”.
El documento señala que el general “nos ha ayudado personalmente” con “seguridad” y con “información que impidió secuestros”. Las notas hacen referencia indirecta a un pago de 9 mil dólares, agregando que “otras compañías están poniendo en sus…”
“Los papeles de Chiquita refuerzan la idea de que, en 1997, las Auc crecieron en las regiones bananeras del norte de Colombia, y que los funcionarios del gobierno local, oficiales militares y líderes empresariales apoyaron a sus operaciones paramilitares”, dijo Evans.
“Estas revelaciones son más que académicas”, dijo el profesor Arturo Carrillo, Director de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad Georgetown. “Los documentos refuerzan la media docena de demandas federales pendientes en contra de Chiquita, que la empresa fue cómplice, y por lo tanto responsable de las atrocidades cometidas por las Auc en Urabá. Uno sólo puede esperar que revelando la información obtenida y publicada por el National Security Archive se dará lugar a una mayor responsabilidad por las acciones criminales de Chiquita en Colombia, ya que con el acuerdo de la empresa con el Departamento de Justicia, este se ha negado a procesar a los ejecutivos de Chiquita por su mal accionar“.
“La publicación de estos documentos es sólo el comienzo”, agregó Evans. “Las miles de páginas de registros financieros y jurídicos incluidos en esta colección son las semillas de futuros proyectos de investigación para los que estén dispuestos a reconstruir la compleja red de legales, pseudo-legales, y las entidades ilegales que participaron en operaciones de seguridad de Chiquita, incluyendo oficiales militares, la guerrilla, los paramilitares, empresarios prominentes, las asociaciones comerciales y las milicias Convivir”.
* Michael Evans es director del Proyecto Documental de Colombia del National Security Archive.
