El caso de Mario Uribe, el primo del Presidente procesado por la para-política, se ha vuelto un lío para la Fiscalía. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra en el expediente?
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| Mario Uribe, ex senador de la República. |
Mario Uribe no es un primo cualquiera para el presidente Álvaro Uribe. Es más, a pesar de que en realidad son primos segundos, la vida política los ha convertido en hermanos de la vida pública. No sólo llegaron juntos al Congreso en 1986 –la fórmula era Álvaro al Senado y Mario a la Cámara–, sino que compartieron el mismo apartamento en Bogotá. Y, después, cuando Álvaro dejó su curul para lanzarse a la gobernación de Antioquia, Mario heredó toda su fuerza electoral.
El grado de cercanía de Mario Uribe con el Presidente más popular de la historia reciente hace que el caso del hoy ex senador sea el más complicado de las 51 investigaciones que están abiertas contra congresistas por el escándalo de la para-política. Hay todo tipo de interpretaciones mediáticas, simbólicas y políticas que van más allá de la órbita de la investigación judicial. Por eso, al fiscal Mario Iguarán se le ha convertido en una verdadera ‘papa caliente’. Con cara pierde y con sello, también.
Si decide precluir la investigación, de inmediato los opositores del gobierno o quienes, sin ser opositores, creen que hay razones para inculpar a Mario Uribe, dirán que no se podría esperar otra cosa de un fiscal que saltó de ser viceministro de Justicia del gobierno Uribe a investigador del primo del Presidente. No va a importar entonces lo que diga el expediente ni todas las muestras de independencia que Iguarán haya podido dar en los cuatro años de su gestión.
Pero, por el otro lado, si el Fiscal decide dictarle una medida de aseguramiento a Mario Uribe, lo cual indicaría que hay razones para seguir investigando, tendría también que mostrar pruebas sólidas para hacerlo o, de otra manera, el malestar en la Casa de Nariño podría tener dimensiones de hecatombe.
No es la primera vez que un fiscal general se ve enfrentado a casos parecidos. A Alfonso Gómez Méndez le tocó vivir una presión similar cuando tuvo a su cargo la investigación contra tres ministros del presidente Ernesto Samper por el proceso 8.000. Y ni qué decir de la época de Alfonso Valdivieso, cuando los congresistas también eran investigados a granel.
La tensión en el caso de Mario Uribe ha llegado a su momento culminante, pues en unos 15 días la Fiscalía podría tomar una decisión. En la Casa de Nariño, en la Corte Suprema, en la Fiscalía, en el Congreso, en las ONG, en la academia que le sigue el rastro a la para-política y hasta en La Picota, en el patio de los congresistas presos, los rumores son el pan de cada día.
Con toda razón al Fiscal General se le ha oído decir que, desde el punto de vista de las presiones, el caso de Jorge Noguera, ex director del DAS, es una pera en dulce al lado del de Mario Uribe.
La atmósfera de tensión empezó hace seis meses cuando, el 26 de septiembre del año pasado, la Corte Suprema llamó a indagatoria al entonces senador Mario Uribe. La noticia tomó por sorpresa al presidente Álvaro Uribe en Nueva York, donde participaba en la Asamblea de Naciones Unidas. Desde allí dijo: “Como Presidente, debo apoyar a la justicia. Como persona, siento tristeza”.
Un mes después se supo que la incomodidad del mandatario no paró allí. No esperó a llegar a Colombia para llamar directamente, ese mismo día, al entonces presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia. El contenido de la conversación no está claro, pues es la médula de una denuncia penal que interpuso el propio Álvaro Uribe contra el magistrado Valencia ante la Comisión de Acusación de la Cámara.
Como se recuerda, la chispa se encendió cuando el magistrado Valencia dijo en una entrevista en El Espectador que Uribe, cuando lo llamó desde Nueva York, le preguntó por el caso de su primo Mario. La Casa de Nariño ripostó de inmediato, señaló a Valencia de no decir la verdad y, a renglón seguido, instauró una denuncia en su contra.
Ese episodio, que en otras circunstancias se habría resuelto con una simple llamada entre las dos partes para aclarar lo ocurrido, demuestra la sensibilidad del caso Mario Uribe. Pocas veces en la historia del alto poder en Colombia un rifirrafe entre tan altos dignatarios había llegado a los tribunales en términos de polígrafos.
Lo cierto es que una semana después de ser llamado a indagatoria por la justicia, Mario Uribe hizo lo que sus amigos le habían recomendado que hiciera mucho antes: renunciar a su calidad de congresista para evitar que la tenaza de la Corte Suprema lo siguiera apretando.
El ‘chicharrón’ le cayó entonces a la Fiscalía Delegada ante la Corte. Aunque nadie lo acepta públicamente, lo cierto es que prácticamente ninguno de los fiscales delegados quería echarse encima la investigación en contra del primo del Presidente. El turno le tocó entonces a Ángela Buitrago, la fiscal que desenterró la investigación sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia y que entre los pasillos del búnker es considerada como ‘de línea dura’. Sin embargo, unas horas después, el fiscal Mario Iguarán –para evitar sobrecargar a Buitrago con expedientes gordos, según dijo un alto vocero de la Fiscalía– le reasignó el caso a Ramiro Alonso Marín Vásquez, un fiscal que es reconocido por su seriedad, que está a punto de jubilarse y que es conocido por muchos fiscales del país como el maestro del nuevo sistema penal acusatorio.
En diciembre pasado, Mario Uribe rindió indagatoria ante la Fiscalía. De ahí en adelante todo ha sido un verdadero calvario para el investigado y para los investigadores. Cuanto papel se mueve en ese expediente, de inmediato queda en el ojo del huracán. Desde luego que las presiones para la decisión final en el expediente número 11499 no son públicas, pero por debajo de la mesa la cosa es en serio. Es decir, presionan los amigos y los enemigos del Presidente de la República. En sectores de la Corte y de columnistas de prensa, por ejemplo, el jalón de orejas que Álvaro Uribe Vélez les pegó –el 8 de octubre– a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se interpretó como una respuesta al llamamiento a indagatoria de su primo.
Ese día, el primer mandatario, a través de un comunicado de prensa, denunció que la Corte estaba tratando de conseguir testigos en su contra y se refirió concretamente a ‘Tasmania’, un paramilitar del suroeste antioqueño, hoy preso. Al día siguiente se supo que la queja del Presidente estaba conectada con el caso Mario Uribe, pues el abogado de ‘Tasmania’ precisó que al testigo le habrían pedido que declarara también en su contra. En ese momento, el jefe deEstado acusó como responsable de este hecho al que para muchos es la piedra angular de la investigación de la para-política: el magistrado auxiliar Iván Velásquez Gómez. La denuncia del Presidente sigue en investigación.
Pero la Corte Suprema de Justicia tampoco se ha quedado quieta. Algunos magistrados, sobre todo los de la sala penal, aún no se reponen de la andanada de Uribe Vélez contra ellos, el 8 y el 9 de octubre. No parece haber otra explicación para que los magistrados, haciendo caso omiso de la autonomía de la Fiscalía, se hayan dedicado a regañar al fiscal Mario Iguarán y, en dos comunicados públicos, darle a entender que la institución a su cargo no ha mostrado la celeridad que ellos quisieran en el tema de la para-política. El llamado de atención de la Corte a Iguarán por la supuesta lentitud en el proceso contra el ex senador Jorge Castro Pacheco también parecería llevar entre líneas un mensaje sobre el caso de Mario Uribe, que lleva seis meses de investigación sin tomar una decisión de fondo. Tampoco parece gratuito el hecho de que la Corte Suprema haya empezado la redada contra los congresistas antioqueños en el momento mismo en que la Fiscalía está a punto de pronunciarse sobre el expediente de Mario Uribe. Es más, personas cercanas al fiscal Mario Iguarán han comentado que desde la Corte Suprema le han llegado voces que le dicen que “para-política sin Mario Uribe no es para-política”.
Y como si fuera poca la tensión, el asesor presidencial José Obdulio Gaviria enredó más la pita hace dos semanas, al decir en el programa Hora 20 que el tema de Mario Uribe iba por buen camino en la Fiscalía. La pregunta inmediata que suscitó fue: ¿Cómo podía saber la Presidencia en qué iba el proceso? Frente a ese comentario del vocero informal de la Casa de Nariño, el propio Fiscal dijo a la revista Cambio que la actitud de José Obdulio era “perversa”.
No se había acallado el eco de esta polémica cuando se desató otra crisis por cuenta de la columnista María Elvira Samper, quien dijo que Mario Uribe había ayudado a llegar a la Fiscalía al que hoy en día es el encargado de conocer su caso por la para-política, el fiscal Ramiro Marín.
El propio Marín, que nació en Segovia (Antioquia) hace 54 años y llegó en 1992 a la Fiscalía de Medellín, le contó a SEMANA cómo lo reclutaron para la Fiscalía en Bogotá. “A mediados de 2001, en Pereira, conocí al doctor Luis Camilo Osorio. En ese momento yo era magistrado auxiliar de la Corte Suprema. Creo que en Pereira, el doctor Osorio se llevó una buena impresión mía. Después de eso, él fue elegido por la Corte como fiscal general y entonces les pidió referencias mías a varios magistrados. Así fue como, a principios de 2002, el doctor Luis Camilo me invitó a trabajar con él como fiscal delegado ante la Corte”.
En síntesis, el proceso de Mario Uribe está como una olla a presión. Y el vapor político contenido no ha dejado ver los argumentos jurídicos en pro y en contra, que finalmente son aquellos sobre los cuales podrá hacer su valoración la Fiscalía, y la opinión pública su juicio.
¿Qué es lo que hay?
¿Qué tiene el expediente contra Mario Uribe? SEMANA tuvo acceso al informe y básicamente son dos los líos por los cuales se investiga al primo del presidente Uribe.
El primero parte de un testimonio de Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’, el ex paramilitar que trabajó con congresistas como Álvaro García y que se convirtió en el ‘ventilador’ de la para-política en Sucre. Algo parecido a lo que representó Guillermo Pallomari en el proceso 8000. ‘Pitirri’ le dijo a una comisión de la Corte Suprema –que fue a Canadá a tomarle la declaración– que en alguna oportunidad vio a Mario Uribe con paramilitares tratando de hacerse a tierras baratas en Caucasia (Antioquia) y en otra ocasión en reunión en Sahagún (Córdoba), para comprar terrenos en Sucre.
En su defensa, el primo del Presidente ha dicho que no tiene tierras en Caucasia ni en Sucre. Que su única finca queda entre Sahagún y Ciénaga de Oro (Córdoba), que la compró en 1991 y que con el paso de los años lo que ha hecho es comprar otras tierras aledañas. Así mismo, los testigos de esas reuniones han declarado a favor del primo del Presidente. Los informes del CTI dirán si en efecto hay títulos a nombre de Mario Uribe en Caucasia o en Sucre.
El segundo punto de la investigación contra Mario Uribe surgió por el testimonio dado el 15 de mayo del año pasado por el ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, en Medellín. En esa ocasión, el jefe de las Autodefensas se despachó contra figuras clave para el gobierno de Uribe: dijo que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, había conspirado con los paras para tumbar al entonces presidente Samper –la Fiscalía ya dictó auto inhibitorio en su favor por este caso–, acusó al vicepresidente Francisco Santos de haber tenido que ver con la creación de un grupo de autodefensas en Bogotá y aseguró que el entonces senador Mario Uribe se había reunido con él –Mancuso– en dos oportunidades y que en una de ellas hablaron de una eventual coalición política con la ex congresista Eleonora Pineda, hoy en prisión.
Pero fue el propio Mancuso quien se encargó posteriormente de dejar sin piso, o por lo menos sin fuerza, esta segunda acusación. En otra de sus declaraciones, el 23 de agosto, es decir tres meses después de la primera arremetida, Mancuso bajó el tono y recordó ante una comisión de la Corte Suprema cómo fue el encuentro con el primo del Presidente: “Eleonora me dice: hice un pacto político con el senador Mario Uribe. Yo le voy a ayudar a él en unos municipios y él me va a ayudar a mí también en algunas zonas del departamento donde él tiene un caudal electoral disponible. Eleonora, ¿por qué no me haces un favor? Preséntame al senador Mario Uribe. Yo quiero hablar con él. Quiero que él entienda el proceso que estamos haciendo de contactos políticos, de avanzar buscando abrir caminos”.
Y agregó que no podía precisar la fecha del encuentro: “Eleonora se presentó con él (…) Yo lo que quería hablar con él era el tema del apoyo político a nuestras aspiraciones de lanzar un proceso de negociación”. Pocos días después, Eleonora Pineda también declaró ante la Corte que la reunión Mancuso-Mario Uribe sí existió, pero después de las elecciones del 10 de marzo de 2002. Es decir, una fecha en la que Mario Uribe no habría podido pedirle votos a Mancuso.
Así las cosas, queda en manos del Fiscal valorar estas pruebas. Pero desde ya, y sobre todo después de la mención hecha por José Obdulio sobre el caso, se escuchan comentarios entre sectores críticos del gobierno, que consideran que la Fiscalía no se ha detenido a investigar posibles testaferratos y a averiguar si en las reuniones con los ganaderos se discutió cómo desplazar campesinos para comprar tierras más baratas. Pero todo esto es especulación, pues hasta ahora no se conoce ni el informe final de la Fiscalía, ni el testimonio del primer desplazado que haya hecho una denuncia en ese sentido que involucre a Mario Uribe.
Más allá del tire y afloje político, e independientemente de si es asegurado o exonerado, la imagen del senador Mario Uribe ha quedado seriamente deteriorada. Desde cuando fundó el partido Colombia Democrática, en 2003, algunos de sus actos han sido muy controvertidos. Recibió en su partido, para las elecciones de 2006, a las polémicas Rocío Arias y Eleonora Pineda, a las que luego tuvo que sacar de sus listas al parecer por presiones de la Embajada de Estados Unidos. Y de los otros cuatro congresistas que salieron elegidos bajo sus banderas, dos están condenados por el escándalo de la para-política (Miguel de la Espriella y Eric Morris), uno más detenido (el senador Álvaro García) y sólo el representante antioqueño William Vélez no se ha visto salpicado.
Todo este calvario se refleja hoy en la figura de Mario Uribe. A sus 58 años, tal vez no había vivido momentos de tanto estrés como estos. En los últimos seis meses ha rebajado siete kilos. Es consciente de que lo que está en juego no sólo es su prestigio, sino también el de su primo el Presidente de la República.
En todo caso, el proceso es muy complicado porque aunque existe la posibilidad de que no haya pruebas contundentes sino simples testimonios interesados, varios parlamentarios están en la cárcel por circunstancias comparables. En el escándalo de la para-política, como sucedió en el proceso 8000, no están todos los que son ni son todos los que están.
La Fiscalía ante tal ‘papa caliente’ no tiene una salida fácil. Si absuelve, los antiuribistas le caerán encima, y si condena, lo harán los furibistas. No es de descartar una fórmula intermedia: ni dictar medida de aseguramiento que ponga tras las rejas al primo del Presidente, ni archivar de un tajo la investigación, sino abstenerse de dictar la medida de aseguramiento pero dejar abierta la investigación hasta su calificación.
Frente a esta encrucijada, el fiscal Ramiro Marín le dijo a esta revista: “Mi vida es muy elemental. Yo, con este proceso, no aspiro ni a que me reciban en clubes, ni a mejorar mi estrato social. Por eso no tengo que lagartearle nada a nadie”. Y agregó: “El país puede saber que en el proceso del doctor Mario Uribe, la decisión que tome será con base en la legalidad, la prueba y la racionalidad”.
Publicado en Semana.com 04/12/08
