Así quedó relatado en sentencia proferida por un juez especializado en restitución que les ordena a distintas entidades del Estado atender de manera integral a esa comunidad indígena, asentada en Unguía, Chocó, que, con fallo en mano, espera fortalecer la defensa de su territorio y de su cultura.
A los Guna-Dule, conocidos antes como Kuna-Tule, el conflicto armado casi los desaparece: durante 23 años sobrevivieron a la violencia de las Farc; a las masacres de los paramilitares; al reclutamiento de las bandas criminales; a la instalación en su territorio de entables para el procesamiento de clorhidrato de cocaína y a las aspersiones con glifosato.
Pero las afectaciones son aún más profundas: varios de sus sailas o líderes tradicionales fueron asesinados por grupos armados ilegales que, a su vez, les prohibieron cazar, pescar y mantenerse contacto con sus comunidades hermanas en Panamá; además, padecieron la contaminación del río Arquía y de la ciénaga de Unguía, así como la afectación a 23 sitios sagrados.
Por eso la sentencia proferida el pasado 19 de abril por el juez Mario José Lozano Madrid, del Juzgado Primero Especializado en Restitución de Quibdó, es un salvavidas para la supervivencia de esta comunidad indígena, compuesta por 129 familias asentadas en el Resguardo Arquía, del municipio de Unguía, Chocó. (Lea la sentencia aquí)
La decisión ordena no sólo restituirle sus derechos territoriales, sino ampliar el resguardo de 2.343 hectáreas en 479 hectáreas más, con ocho predios que ya había adquirido el antiguo Incora y dos que compró directamente la comunidad. En ese sentido, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) deberán actualizar linderos y definirlos claramente en la cartografía y el catastro.
Para fortalecer a los Guna-Dule, el juez Lozano impartió, además, 36 órdenes a través de las cuales les exige a diversas instituciones del Estado garantizar la restitución y formalización del territorio colectivo, la defensa del medio ambiente, la protección de sus prácticas culturales ancestrales y la reparación integral.
Entre las órdenes se destaca el llamado al Ministerio del Interior para que adelante los procesos de consulta previa a que tienen derecho las comunidades étnicas frente al desarrollo de proyectos de infraestructura que afectan su territorio, como la definición del trazado y construcción de la Autopista Panamericana y las propuestas de interconexión eléctrica.
La decisión también involucra a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), que tienen la tarea de “construir una línea base del estado ambiental actual del territorio indígena”, para desarrollar un plan de recuperación ecológico, social y cultural y deberá incluir a la ciénaga de Unguía y la zona de cativales, una especie de maderables propios de las regiones húmedas.
Por su parte, a la Unidad Nacional de Protección se le ordenó analizar el riesgo de los integrantes y líderes del resguardo, mientras que a la Unidad Nacional de Víctimas se le asignó la labor de formular y desarrollar, de forma concertada, el Plan de Reparación Colectiva, y al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) se le solicitó que les ofrezca cursos técnicos en formación agropecuaria. Adicional a ello, el Fondo de Restitución de Tierras, del Ministerio de Agricultura, deberá desarrollar proyectos productivos en esta comunidad indígena.
Otras medidas dictadas por el juez están relacionadas con la atención integral que deberá brindarle el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a la comunidad indígena; la investigación de la Fiscalía sobre los hechos que victimizaron a los Guna-Dule; y la documentación que queda a cargo del Centro Nacional de Memoria sobre la masacre de la Trocha de Arquía, perpetrada en 2003 por comandos paramilitares. (Leer más en: La trocha de Arquía: historia de un pueblo)
Esta sentencia es novedosa en su planteamiento metodológico para el posfallo por cuanto les ordena a las entidades estatales delegar funcionarios que en realidad puedan asumir compromisos para cumplir las medidas solicitadas por cuanto sólo tienen un mes para presentar una propuesta sobre la forma y tiempo en que actuarán. Para evitar lo que ha ocurrido con el cumplimiento de otras sentencias, el juez reiteró que se instalarán mesas de trabajo de seguimiento a esta sentencia. (Lea: Las promesas a medio cumplir a indígenas del Alto Andágueda)
En el proceso de formulación de la demanda, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) identificó que la Agencia Nacional de Minería aprobó en 2005 una solicitud minera a la empresa Wayuú S.O.M, que se traslapa con 93 por ciento del territorio étnico. Durante el juicio, la autoridad minera confirmó que aún siguen vigentes otras solicitudes de exploración y explotación minera por parte de las empresas Capricornio S.O.M. y Nacional de Minerales y Metales S.A.S.
Al respecto el juez indicó que como la URT no probó que estas solicitudes hayan ocurrido con ocasión del conflicto armado ni incluyó en las pretensiones de la demanda su suspensión o cancelación, determinó que “dicha situación debe ser reclamada por las vías ordinarias y no transicional”. Eso significa que ante una eventual intervención de dichas mineras en territorio, los Guna-Dule podrían acudir a la acción de tutela para frenarla.
Barbarie en Maggilagundiwala
El resguardo de Arquía tiene origen en el asentamiento Maggilagundiwala, que significa “cuenca del río que corre derecho” y es una de las dos comunidades del pueblo Guna-Dule en Colombia. Sumando a las familias del Resguardo Caimán Nuevo, asentadas en los municipios de Turbo y Necoclí, en el país sobreviven apenas 1.968 gunas, mientras en Panamá esta comunidad alcanza los 68 mil integrantes entre las comarcas Guna Yala o Archipiélago de San Blas, Madungandí y Wargandíla, en el Parque Nacional Darién, donde están los poblados Paya y Púcuru.
Los Guna están un territorio apetecido por todos los actores armados ilegales dada su ubicación estratégica. Maggilagundiwala está en Unguía, una zona que, junto a Acandí, Bajirá, Carmen del Darién y Riosucio, hace parte de El Darién, región selvática rica en minerales y de tierras productivas que limita al occidente con Panamá y al oriente con el Golfo de Urabá. Guerrilleros, paramilitares y bandas criminales encontraron en esta geografía espesa un lugar predilecto para traficar armas, personas y drogas ilegales.
Según lo documentó la URT, en 1936 el gobierno del entonces presidente Alfonso López Pumajero (1934-1938) les reconoció a los Guna 10 mil hectáreas, pero en menos de cuarenta años la colonización redujo su territorio en una cuarta parte.
Desesperados por la explotación ganadera y maderera, los indígenas lograron que en 1971 el antiguo Incora declarara la Reserva de Arquía y en 1982 que se les concediera el título de Resguardo. Sin embargo, en los siguientes 20 años su propiedad no fue más allá del papel. (Lea: Los kuna atrapados, buscando salida)
Desde comienzos de los años noventa estalló una guerra en su territorio que fue atizada por el narcotráfico, dejando a los indígenas en medio del fuego cruzado. En ella se enfrentaron el Frente 57 de las Farc y las entonces autodefensas de ‘Los guelengues’ o ‘el grupo de La 70’, que antecedieron a los paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas, comandados por Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’. (Lea: De los ‘guelengues’ al Bloque Élmer Cárdenas)
En esa cruenta disputa, que se intensificó entre 1995 y 1999, varios nativos perdieron la vida y varias familias fueron desplazadas. La comunidad recuerda en ese periodo el desplazamiento de Lucas Chovil, Riter Pérez, Solis Verde y Pablo Yabur. También la desaparición de Euclides Echeverry, Wilson Meléndez, Guillermo Padilla y Edison Morales, y los asesinatos de Ricardo Martínez y Tommy Andrade. En 1998 la comunidad vivió el primer desplazamiento masivo cuando 60 paramilitares quemaron 30 casas del caserío Arquía-El Limón.
La fractura de los Guna se profundizó en 2000 cuando alias ‘El Alemán’ restringió el ingreso de alimentos y el paso por la histórica Trocha de Arquía, que los conecta con las comunidades de Paya y Púcuru, en Panamá. Les quemaron, además, la bodega de alimentos y el bote de pesca.
“El hambre fue una estrategia de guerra”, se lee en la sentencia. La barbarie continuó el 17 de enero de 2003, cuando 150 paramilitares llegaron a la comunidad Guna de Paya, en la provincia de Darién-Panamá, y masacraron a seis autoridades tradicionales, en medio de la surba-inna, la ceremonia que celebra el paso de la niñez a la adultez de las mujeres de esta comunidad.
La masacre sembró el terror para que los gunas no utilizaran más la trocha de Arquía, desplazando ese año a unos 600 indígenas, la población que en la actualidad compone el Resguardo. Los gunas, dispersos, ya no podían intercambiar saberes para elaborar sus tradicionales hamacas en algodón ni las molas, los coloridos textiles artesanales. Tampoco realizar los cantos sagrados ni recibir la visita de los neles, equivalentes a chamanes o jaibanás. En 2003, ‘El Alemán’ instaló un campamento paramilitar llamado La Torre, contiguo al resguardo, que terminó por expulsar a la comunidad.
“Las presiones ejercidas por la comandancia del Bloque Elmer Cárdenas sobre las autoridades tradicionales del Resguardo Arquía, particularmente sobre el saila primero de la época, Ánibal Padilla Pérez, conllevó a que en el año 2006 este se viera obligado a desplazarse forzosamente hacia Panamá con su familia. Las presiones iban orientadas a imponer al siembra extensiva de pastos para ganado, monocultivos de palma africana y en general, las dinámicas del despojo paramilitar sobre los territorios”, señala el fallo.
Recuperar el territorio
La desmovilización de los paramilitares en abril de 2006 no significó el fin del conflicto en Arquía. Los Frentes 18, 47 y 57 de las Farc quisieron recuperar el ‘negocio’ del narcotráfico, en cuya puja entró otro actor: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, llamadas por el gobierno nacional como ‘Clan del Golfo’, una organización criminal reciclada desde agosto de 2006, tras el fin de la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En la región proliferaron los laboratorios para la producción de clorhidrado de cocaína y, con ello, continuó el desplazamiento de los Guna-Dule.
La URT documentó, por ejemplo, que el 20 de noviembre de 2010 por lo menos 200 guerrilleros del Frente 57 de las Farc ingresaron a Arquía e instalaron minas antipersonal; asimismo, que entre 2012 y 2013 las bandas criminales intentaron reclutar indígenas para engrosar sus filas; y en agosto de 2013 el territorio fue afectado por aspersiones con glifosato con lo que se buscaba destruir los sembradíos de hoja de coca para uso ilícito.
Con la sentencia en la mano, los Guna esperan que el Estado garantice su permanencia en el territorio, pero también adelante acciones para subsanar los daños ambientales. En los informes presentados por Codechocó, la autoridad ambiental indicó que los cultivos ilícitos en la parte alta del río Arquía acabaron con 1.5 kilómetros del cauce de esta fuente hídrica; la ganadería sedimentó los cuerpos de agua; la explotación maderera acabó con la variedad de bálsamo, abarco, almendro, polvillo y aceite maría; y la colonización puso en riesgo la desaparición del puerco de monte, ñeque, guagua, danta, venado y los monos negro y tití.
El reto de los Guna-Tule será defender su territorio de los intereses económicos que persisten sobre Arquía. En la demanda, la URT documentó la proyección de obras de infraestructura como la interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, a cargo de la empresa Interconexión Eléctrica S.A.; la Interconexión Regional Unguía-Acandí, impulsada por Instituto de Planificación de Soluciones Energética (Ipse); y el proyecto Arquímedes o Carretera Panamericana, a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invias). Sobre estos casos, el juez reiteró la necesidad de que las instituciones apliquen la consulta previa, como lo establece el Convenio 169 de la OIT.
Sin embargo, sobre Arquía hay también intereses mineros para explotar oro, plata y platino, como lo confirmó la Agencia Nacional de Minería durante el juicio. Para los Guna-Dule esta quizá sea su próxima lucha. Mientras tanto, el fallo de restitución es un ‘salvavidas’ para recuperar uno de los dos bastiones que existen de este pueblo indígena en territorio colombiano.
