En entrevista con VerdadAbierta.com, el congresista Wilson Arias cuestiona duramente el Proyecto de Ley 03 de 2019 a través del cual se pretende reformar puntos sustanciales de la Ley 160 de 1994. A su juicio, considera que se beneficiarán los grandes capitales y se afectará a las comunidades más pobres del campo.
“La norma es prorrica y concentradora de la tierra”, advierte el senador Arias, del Polo Democrático, al referirse al Proyecto de Ley 03 que comenzaría a discutirse hoy en la Comisión Quinta del Senado, pero se postergó para mañana, mediante el cual se pretende modificar la Ley 160 de 1994, la más importante en materia agraria en el país y que a decir de los estudios del tema es la columna vertebral para favorecer a campesinos, afros e indígenas.
Arias, quien ha estudiado el tema agrario en el país por más de una década, ha lanzado sendas voces de alerta para evitar que ese proyecto sea aprobado, pues a su juicio, introducirá grandes cambios en materia de tenencia, propiedad y uso de la tierra, los cuales acabarán beneficiando a los grandes capitales agroindustriales, extranjeros y nacionales, que en el pasado se habrían apropiado de tierras de propiedad de la Nación de manera irregular.
El gobierno nacional, por su parte, argumenta que esa reforma es necesaria por cuanto se requiere “avanzar con medidas que permitan dar claridad, y en consecuencia mayor seguridad jurídica, sobre problemas de interpretación históricos, por un lado, sobre la tenencia de la tierra y por otro, sobre el cumplimiento de su función social”. (Descargar Proyecto de Ley 03)
La reforma que se comienza a discutir en la Comisión Quinta, presidida por José David Name, del partido Cambio Radical, y que necesitará cuatro debates para su aprobación, viene del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y es de los pocos asuntos al que le ha dado continuidad su sucesor, Iván Duque (2018-2022), pese a que bajo el anterior gobierno fue duramente cuestionada por la bancada del Centro Democrático, que hoy ha cambiado de opinión.
A juicio de Arias, este proyecto tiene dos grandes énfasis: de un lado, que el desarrollo rural no es sólo para producir alimentos, también interesa la megaminería, el fracking y el extractivismo; y de otro, sanear los baldíos que le han quitado a la Nación de manera irregular.
Por los posibles efectos adversos que tendría la reforma a la Ley 160, el senador ha hecho varios llamados a la ciudadanía para que se movilice y se exprese en contra de un proyecto que, a futuro, podría afectar la capacidad alimentaria del país.
“Este proyecto tiene todos los indicios para que sea aprobado casi que por la puerta de atrás y aparezca pupitreado justo cuando ya se está extinguiendo el periodo legislativo”, reitera Arias en conversación con VerdadAbierta.com.
¿Interés privados?
VerdadAbierta.com (VA): ¿Por qué hay tanto interés en reformar la Ley 160 de 1994?
Wilson Arias (WA): Esa reforma tiene que ver con dos fenómenos; uno, la tendencia general del capitalismo; y dos, una especie de esfuerzo de estrategias para afectar las fronteras agrícolas. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, por sus siglas en inglés) ha hablado de 2.600 millones de hectáreas de tierra fértiles en el mundo, de las cuales 1.700 millones en unos siete países, y más exactamente en tres del África y cuatro de América Latina que, en mi opinión, ya no son cuatro sino unos más.
Incluyo hay mapas del Fondo Monetario Internacional que indican dónde está, es más y activa y rentable la inversión. Aparece dos espacios del mundo: África Subsahariana y en América Latina varios países, Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia.
Con respecto a Colombia se señalan dos regiones particularmente, la Altillanura y la Amazonia, tal vez eso explique todo lo que está pasando en este momento en esas regiones. Simultáneamente, y además localizados en estas zonas, varios actores extranjeros, como Mónica Semillas, Cargill, Forrest fist y Poligrow, han venido por la tierra, pero también corporaciones nacionales y del sector financiero, como los de Luis Carlos Sarmiento Angulo y Julio Mario Santodomingo, muy activos en los ingenios de caña de azúcar, entre ellos Riopaila, Manuelita, la familia Holguín Godinez, que tiene relaciones con el ingenio Mayaguez, y muchos otros actores que, aprovechando esa especie de oportunidad, se fueron por tierras baldías (de propiedad de la Nación) hasta esas últimas fronteras agrícolas. Y entonces aparece el conflicto.
VA: ¿Y de dónde surge el interés por la tierra no sólo en Colombia sino en el mundo?
WA: El interés de modificar el régimen agrario colombiano corresponde a un problema mundial que tenemos de futura provisión de alimentos y la disputa por la tierra. Desde 2008, después de la crisis hipotecaria en Estados Unidos, grandes capitales se movilizaron en un proceso que llamaron ‘la fiebre por la tierra’, y esa fiebre, que se da en varias partes del mundo, condujo a la extranjerización de la tierra y cada vez más a la financiarización de la tierra. Eso explica que Luis Carlos Sarmiento Angulo sea uno de los más grandes ganadores en este momento de todo ese fenómeno de usurpación de tierras baldías que quiere ser legalizada.
VA: La Ley 160 está vigente desde hace 25 años; por tanto, algunos pensarán que sí requiere una reforma. ¿Usted qué cree al respecto?
WA: Esa ley actualmente favorece al campesino y no debería ser modificada. Eso se puede demostrar, y hay una completa literatura que reafirma eso. Todos los estudios dicen que es importante la redistribución de la tierra. En Colombia, el 1 por ciento de las unidades de explotación más grandes poseen el 81 por ciento del área cultivable en Colombia. Eso solo ocurre en nuestro país.
Tan dramática es la situación en Colombia que hay un mercado restringido de tierras. Hay estudios de los propios productores nacionales que dicen que los altos precios del arrendamiento de las tierras, por ejemplo, se producen por la concentración de la tierra, porque cuando hay una concentración tan grande, se pueden manipular muy fácilmente los precios.
Y no sólo se trata de asuntos económicos. Hay que tener en cuenta un aspecto: tener mucha tierra, da mucho poder. De modo que distribuir la tierra es distribuir el poder. De modo que, sectores sociales, no sólo terratenientes, sino del capital financiero y de otros segmentos de la agroindustria, que prefieren tener concentrada la tierra porque desconcentrarla también tiene un factor político democratizador.
VA: Cuando usted hace referencia al interés del capital financiero en este tema de la propiedad de la tierra, ¿específicamente a qué se refiere?
WA: Lo que llaman financiarización de la tierra tiene que ver con el acaparamiento de tierras, que, a su vez, tiene que ver también con la especulación de la tierra y los alimentos. Las crisis alimentarias son oportunidades cada vez más importantes para generar altas tasas de ganancias. El sector financiero ha estado muy activo en eso, no sólo en Colombia, también en el mundo. Y el fenómeno se ha disparado en los mercados de valores. Los derivados financieros puestos a disposición del mercado de los alimentos.
Hoy, por ejemplo, Luis Carlos Sarmiento Angulo compra tierras en Puerto Gaitán, y esas tierras que compra en Puerto Gaitán las presenta en los mercados de valores futuros en Estados Unidos al mil por ciento de su valor original. Es decir, no hay negocio hoy más rentable en Colombia, y probablemente en el mundo, que el de Luis Carlos Sarmiento Angulo con las tierras de Puerto Gaitán. Tanto que está creando una burbuja hipotecaria porque eso afecta el precio de la tierra y los verdaderos productores no sólo tenían sobreproducción y problemas climáticos, sino que también les estaban subiendo artificialmente el precio de la tierra y de los impuestos.
Algunos cuestionamientos
VA: ¿Cuáles son los puntos críticos del proyecto de ley que busca reformar la Ley 160 de 1994 y que afectará al campesino colombiano?
WA: Preocupa mucho un punto que hace referencia al reconocimiento de expectativas legítimas. ¿Qué significa esto? Que aquellas personas, por ejemplo, que hayan logrado mediante procesos judiciales muy irregulares la prescripción adquisitiva de dominio, pueden hacerse a esas tierras baldías de la Nación.
Los baldíos son, por definición, imprescriptibles, y esa definición de los baldíos ha sido violentada por jueces que extrañamente aparecen distribuidos de manera muy localizada. En Cesar, en Boyacá y en Tolima aparecen la mayoría. Y a veces un mismo despacho es muy activo en este tipo de procesos. Y entregan tierras, que son baldías, apelando a una norma que es del derecho privado. Una persona que tiene una tierra y la deja tirada no puede reclamar si alguien la pone a producir y demuestra que lo ha hecho por más de cinco años. Pero eso no se presenta en los baldíos porque entonces cualquier colombiano podría alegar ser propietario de toda la selva colombiana.
Y además se quiere convalidar la acumulación de tierras baldías de la Nación no sólo por la vía de la prescripción sino por la vía del mercado, de la compra, violando las disposiciones que dicen que nadie puede acumular baldíos de más de una Unidad Agrícola Familiar, que son sólo para campesinos pobres y que se deben entregar de manera gratuita. Pero poderosos en Colombia han comprado baldíos de la Nación sin observancia de esos tres criterios básicos y han acumulado muchos predios.
Casos como el de Cargill, que compra muchos predios, cada uno de una Unidad Agrícola Familiar, y se queda con 52 mil hectáreas; Riopaila se queda con miles de hectáreas con el mismo procedimiento, y más aún, los compra a través de testaferros, como Francisco Uribe Noguera y la firma Brigard y Urrutia, dirigida en su momento por quien fuera embajador de Colombia en Estados Unidos, Carlos Urrutia, y lleva esos predios a un paraíso fiscal como Luxemburgo y allá engloba, con el propósito de borrar el acaparamiento y presentar esas adquisiciones como si fueran inversión extranjera. (Leer más en: Polémica por tierras explotadas por agroindustrias y mineras)
VA: ¿Ha identificado algún tipo de gestiones externas, de abogados, empresarios, que le estén poniendo presión a la aprobación de la esta reforma a la Ley 160 de 1994?
WA: Sí, sí. Los acaparadores, los acumuladores irregulares de tierras están permanentemente haciendo fuerza. Y lo están haciendo cada vez de manera más abierta. Lo último que ocurrió fueron reuniones de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia) para presionar porque este proceso, a su juicio, está muy lento. Y entonces conminan al Congreso de la República y al gobierno nacional para que se dé la aprobación en la Comisión Quinta del Senado.
VA: Uno de los artículos que inquietan es el que hace referencia a la extinción de dominio agrario que se aplicaría a “predios rurales aptos para el desarrollo de actividades productivas que no se exploten o aprovechen económicamente por más de 3 años continuos, salvo que existan circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su aprovechamiento o explotación económica”. ¿Se verán afectadas las comunidades indígenas y afros con esa norma y que tienen una concepción de la tierra distinta a la del mundo occidental?
WA: Si se acepta en esta oportunidad que puede haber extinción de dominio de esas tierras, los potenciales perdedores serán esas comunidades, porque tienen una relación con la tierra distinta que ha sido legada por su ancestralidad y que, en gran medida, es la que ha beneficiado a Colombia en materia ambiental. Si no fuera por esa concepción, que nosotros no entendemos con frecuencia, la nación no se hubiera podido preservar durante tanto tiempo.
Ahora, con la salida de la Farc de varias zonas y de la propia legislación agraria y del cuidado del medio ambiente que aplicaban, se están presentando decenas de incendios en los departamentos de la Amazonía y se está presentando el 75 por ciento de una acelerada deforestación, precisamente en esa zona del país.
Si se hubiera aprendido de esa ‘legislación agraria’ de las Farc o de las costumbres que la ancestralidad indígena y negra les han legado a los connacionales, no estaríamos tan afrontando una deforestación tan grave en este momento.
VA: ¿Usted cree que este proyecto va en contravía de la Reforma Agraria Integral pactada en el Acuerdo de Paz con las Farc?
WA: El banco de tierras para la paz está conformado por las tierras en extinción de dominio, que eran del narcotráfico; otra fuente son las que pueda comprar el Estado, que no ha comprado nada, por lo menos no a gran escala; y, fundamentalmente, las tierras baldías de la Nación. Si le quitan el factor más importante a ese banco de tierras no van a cumplirse los acuerdos de La Habana.
VA: Uno de los graves problemas que tiene el Estado colombiano es que ha sido incapaz de identificar los baldíos que posee. En se sentido, ¿qué puede ocurrir con la reforma a la Ley 160?
WA: Es cierto, no ha identificado sus baldíos y esa falta de voluntad política es muy sintomática, no se produce de manera casual ni espontánea. Hay factores detentadores del poder real en Colombia que no quieren que se haga el inventario de tierras baldías porque el casos con esas tierras permite que los ricos se beneficien.
Si las tierras baldías de la Nación van a manos de campesinos, es lo deseable, lo constitucional y lo legal, pero a quienes le conviene lo contrario, es a los ricos.
VA: ¿Cuál es el llamado que usted viene haciendo a través de redes sociales con respecto a este proyecto de ley que, a su juicio, es tan grave para el futuro del agro colombiano?
WA: Mi llamado, en primer lugar, es al presidente Iván Duque y al ponente del proyecto para que no le produzca al país este asalto y este inminente daño; a la Comisión Quinta, para que atienda el clamor de las organizaciones sociales que se oponen a esta reforma; y a la ciudadanía, columnistas, académicos, para que se manifiesten, porque el problema no es sólo de campesinos, es de la soberanía alimentaria.
Nota: Finalmente el Proyecto de Ley fue archivado porque no surtió su primer debate en la Comisión Quinta del Senado antes de que terminara la actual legislatura, la cual concluyó el 20 de junio. No obstante, podrá ser presentado nuevamente a partir del próximo 20 de julio, cuando los congresistas retomen sus funciones legislativas.
