Se trata de una empresa de la Fundación Grupo Argos que adelanta procesos de siembra de especies maderables en el municipio de San Onofre. La paradoja es que dos de los restituidos afrontan ante Fiscalía una denuncia penal desde 2014 por sospechas de ser falsos reclamantes y con esa decisión se perderían 150 empleos y una inversión cercana a los 14 mil millones de pesos.
La conclusión de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena fue clara: “No es de recibo el argumento expuesto por parte de las sociedades opositoras al respecto del cual no tenían cómo saber que para la época en que la Reforestadora del Caribe (hoy Tekia) adquirió los predios objeto de reclamación todavía hubiera personas vendiendo por violencia”.
Basada en esa premisa, la magistrada ponente de la sentencia, Martha Patricia Campo Valero, decidió restituir a sus dueños anteriores doce predios, que en su conjunto suman 510 hectáreas, de las cuales 424 están sembradas con madera teca, situados en el corregimiento Palmira, del municipio de San Onofre, departamento de Bolívar, que fueron adquiridos por la Reforestadora del Caribe con fines de intervención ambiental a través de la siembra masiva de la especie teca.
Tras valorar las pruebas y los testimonios expuestos durante la etapa de juicio, la magistrada determinó que al proceso de compra de esas tierras le faltó mayor diligencia, “máxime porque la dinámica del conflicto de la zona obligaba a los interesados a tomar precauciones adicionales y no conformarse con el estudio de títulos”.
Esas adquisiciones fueron realizadas por representantes de la empresa en los años 2005, 2007 y 2008, cuando se suponía que la situación de inseguridad en la región de los Montes de María, que abarca 15 municipios de Sucre y Bolívar, se había superado. Y prueba de ello, argumentaron voceros de Tekia, es que llegaron a invertir en la región por invitación del gobierno nacional, en aquellos años bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), y amparados en documentos Conpes de la época.
En total, según le explicaron a este portal voceros de la compañía, se compraron 2.300 hectáreas en el corregimiento Palmira, de las cuales se sembraron 1.700 hectáreas con madera teca.
Los reclamantes, todos ellos de una larga tradición en la región, alegaron en su demanda, sustentada en la etapa administrativa y presentada ante los jueces especializados por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que no tuvieron más opción que vender sus tierras dado el grado de vulnerabilidad al que estaban expuestos por la acción de grupos armados ligados al paramilitarismo y a la subversión.
El fallo, fechado el 26 de noviembre de 2018, pero dado a conocer apenas hace dos semanas, beneficia a nueve familias, pero es adverso a los intereses de la empresa Tekia, llamada hasta el 2012 Reforestadora del Caribe, y de los socios del proyecto de reforestación. Desde que conocieron que los predios en litigio ingresaron al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas en febrero de 2014 y se presentaron las demandas en su contra, voceros de la empresa anunciaron que darían la pelea en los estrados judiciales.
Uno de los soportes para esa oposición fue que detrás de ese proceso de restitución habría falsos reclamantes, razón por la cual denunciaron ante la Fiscalía a los hermanos Teófilo y Edgar Martínez, quienes participaron en las negociaciones de los predios y, según voceros de Tekia, recibieron comisiones por la gestión en las ventas de las tierras, algunas de ellas de sus vecinos.
¿Había conflicto?
El debate central que plantea esta sentencia, que derivó en la restitución de los doce predios a quienes le vendieron a la Reforestadora del Caribe (hoy Tekia), es si esas transacciones se dieron de manera forzada en razón del conflicto armado que se vivía en la zona y que afectaba a la población civil o en medio de una negociación libre de toda presión ilegal.
El fallo acoge la versión de que, efectivamente, las familias que vendieron sus parcelas a esa empresa lo hicieron bajo la presión que generaba la presencia de grupos paramilitares y guerrilleros que operaban en San Onofre y, en general, en la región de los Montes de María, agobiada desde la década del ochenta por las guerrillas de las Farc y desde finales de la década del noventa e inicios del dos mil por las Autodefensas Unidas de Colombia a través del Bloque Héroes de los Montes de María.
Luego de escuchar a los reclamantes en la etapa de juicio, varios de ellos en condición de desplazados incluso desde finales de los noventa, y de valorar diversas fuentes documentales, la magistrada admitió que tras la desmovilización colectiva del Bloque Héroes de los Montes de María en julio de 2005 y el debilitamiento del Frente 35 de las Farc en 2008 como resultado de la acción de la Fuerza Pública, hubo “un mejoramiento en la situación de orden público en muchos de los municipios de Montes de María”, pero con el tiempo se fue deteriorando.
Para sustentar ese deterioro se amparó en la Resolución 001 del 11 de agosto de 2010, mediante la cual el Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia de San Onofre “declaró el desplazamiento forzado en el área rural de San Onofre, debido a que dicha zona se vio afectada por hechos violentos que atentaron contra la vida, integridad y bienes patrimoniales de sus habitantes”.
Esa medida, según la magistrada, se respaldó, a su vez, en el Informe de Riesgo 029-09 del 30 de noviembre de 2009, emitido por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, en el que se advierten potenciales riesgos para población civil de Coveñas, Santiago de Tolú y San Onofre debido, entre otras razones, a que “las estructuras armadas ilegales […] son atraídas por las ventajas que brinda la zona costera […] primordialmente para los procesos de bodegaje y embarque de cocaína”.
Los reclamantes también describieron, durante la etapa de juicio, la situación de riesgo que habrían padecido entre el 2005 y el 2008, justo cuando vendieron sus predios. Uno de ellos fue Policarpo Arroyo Contreras, quien vendió su predio Monterrey a la Reforestadora del Caribe en 2007 porque al parecer lo iban a asesinar. “La guerrilla pedía la cabeza de Poli Arroyo, que me iban a matar”, contó en una de las audiencias. Y explicó que lo supo por un amigo suyo quien le dijo: “Te van a matar, te van a matar, deja de ir a la finca”.
Otro de los reclamantes, Francisco Siolo, describió las razones por las que vendió su predio, llamado Los Negros: […] desde el 98 yo abandoné la finca, y dije: ‘no voy más por allá, porque yo quedo resentido porque se llevaron mi ganado. Y en el 2002 fue que el hijo mío se fue, que tampoco fue más nunca a la finca […]”. El negocio con la reforestadora lo hizo en 2005: “Cuando estaban midiendo la tierra del vecino mío, Atilano Escudero, que lo mataron, ellos preguntaron que la finca de al lado de quién era”.
Por su parte Bertha Durán Castro, hija de Jorge Durán y María Dolores Castro, propietarios de la finca La Holanda, aseguró que se vendió este predio en 2005 por la situación de violencia que padecían: “Se nos comunicó que había mucha violencia, las extorsiones que había, entonces por eso tomaron la decisión de venderse, porque estaba muy malo eso por ahí”.
Pero estos y otros argumentos expuestos por los reclamantes fueron rebatidos por los representantes de Tekia (antes Reforestadora del Caribe) quienes también comparecieron al juicio en calidad de opositores en este proceso.
De acuerdo con el fallo, los apoderados de Tekia explicaron que la Reforestadora del Caribe “no tenía cómo conocer las circunstancias personales y familiares de cada uno de los vendedores, debido a que los hoy reclamantes no se las dieron a conocer, así como tampoco pusieron de presente las cifras de los propietarios de predios (incluso familiares de los hoy reclamantes) que estando en las mismas circunstancias, decidieron no vender y optaron por conservar sus predios, apostando al inicio del posconflicto y de la recuperación de la tranquilidad”.
Además, alegaron que habían llegado a la región en el 2005 convocados por el gobierno nacional para invertir en Montes de María, considerada por las autoridades como una región que avanzaba en una disminución del conflicto armado y, por tanto, propicia para recibir inversiones de empresas foráneas.
Durante el litigio, los apoderados de Tekia expusieron que cuando la Reforestadora del Caribe anunció la posibilidad de adelantar en San Onofre un proyecto forestal, varios propietarios de predios “tomaron la iniciativa de ofrecer en venta sus fundos, advirtiendo que tal Sociedad no acudió a estrategia alguna para difundir entre los propietarios la idea de que les convenía vender, o que era su única oportunidad de deshacerse de predios inútiles, o para difundir amenazas veladas o rumores sobre la agravación del conflicto o que ya no había esperanza de poder regresar a explotar sus tierras”.
Los representantes de Tekia también expusieron que los reclamantes, beneficiados con la decisión de restituirles sus predios, no dieron a conocer durante las negociaciones las circunstancias personales y familiares ligadas al conflicto armado que los llevaron a vender sus predios, por lo que concluyeron que lo hacían libres de toda presión y bajo consentimiento libre y pleno.
De hecho, según lo constató VerdadAbierta.com, los hermanos Teófilo y Edgar Martínez aparecen en documentos de la firma alemana TÜV SÜD Industrie Service GmbH, que validó los procesos de Mecanismo de Desarrollo Limpio que se aplicarían en los predios a reforestar con maderables de uso comercial en los predios solicitados en reclamación.
“En el período del 8 al 15 de noviembre de 2008, TÜV SÜD realizó entrevistas e inspección física del sitio con las partes interesadas del proyecto para confirmar la información relevante y resolver los problemas identificados en la primera revisión del documento”, se lee en el documento de la firma germana y en una lista de 19 personas convocadas para ese diálogo aparecen registrados los hermanos Martínez, lo que llevó a los voceros de Tekia a reforzar la idea que ninguna de sus compras se hizo bajo presión.
Si bien en la sentencia se descarta que Reforestadora del Caribe (hoy Tekia) haya tenido alianzas con grupos armados ilegales, así como también la comisión de algún delito para hacerse a las tierras en litigio, la magistrada no aceptó que fueran compradores de buena fe exentos de culpa.
“[…] aun cuando las sociedades opositoras adujeran en su defensa la normalización del orden público de la zona, lo cierto es que la administración pública advertía otro fenómeno de alteración y alerta frente al cambio de las dinámicas y actores del conflicto armado que igualmente suponía la imposibilidad del retorno de la población desplazada en condiciones de seguridad y estabilización socioeconómica”, conceptuó la togada.
Y, además, les recriminó que no bastaba con realizar estudios de títulos, que la situación de orden público exigía “tomar precauciones adicionales”, por lo que dictaminó que “no se encuentra acreditada la buena fe exenta de culpa”, lo que implica la devolución de los predios a sus dueños anteriores.
Otras decisiones
Además de ordenar la restitución a los reclamantes y de prohibir su venta en los próximos dos años, la sentencia planteó que el proyecto productivo de cultivo de madera teca que hay sembradas le sea entregado a la Unidad de Restitución de Tierras de la Territorial Sucre “para que lo explote a través de terceros y se destine su producido a programas de reparación colectiva de víctimas que sean vecinos del predio, incluido los beneficiarios de la restitución, entrega que está supeditada al consentimiento de la víctima restituida”.
El fallo también les ordenó a distintas agencias del Estado que realicen un acompañamiento integral a los restituidos “para que el proceso sea exitoso y se restablezca el ejercicio efectivo de sus derechos”, entre ellas a las Fuerzas Militares y de Policía, para que coordinen “las actividades y gestiones que sean necesarias para que brinden la seguridad que se requiera para el efectivo retorno y permanencia de las víctimas restituidas en esta sentencia y su grupo familiar en el predio que se ha ordenado restituir”.
Según lo dispuesto, la entrega “real y efectiva de los inmuebles a restituir” se hará “a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras de Sucre, a favor de las víctimas amparadas en esta sentencia y su respectivo grupo familiar”.
Pérdidas para Tekia
De los 13 procesos de restitución que han sido fallados por jueces de tierras en contra del Grupo Argos en la región de los Montes de María, este es el primero en el que una de sus filiales se declara opositora en la reclamación. (Leer más en: A Argos le faltó mayor diligencia en compra de tierras)
Voceros de la empresa reforestadora le expresaron a VerdadAbierta.com su inconformidad con el fallo, puesto que, a su criterio, no se valoraron de la mejor manera los argumentos expuestos durante la etapa de juicio, entre ellos que los vendedores compraron libres de toda presión “y no eran precisamente minifundistas”; recibieron por sus parcelas precios superiores a los del mercado en aquellos años; y varios de ellos se quedaron en la zona e, incluso, compraron más tierra con lo recibido y a menor precio.
Además, precisaron que las comunidades del corregimiento Palmira fueron informadas del proyecto de reforestación que se adelantaría en las aquellas tierras, que contó con el aval del gobierno nacional y, tras ser evaluado por firmas internacionales, fue certificado por Naciones Unidas como un proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio.
Con la devolución de las tierras y la entrega del proyecto productivo no sólo pierde Tekia. En esa iniciativa también invirtieron los fondos de pensiones Protección, Porvenir y Old Mutual, así como Seguros Bolívar y la estatal Finagro. En total, pusieron cerca de 14 mil millones de pesos para impulsar esa apuesta por el medio ambiente que ahora quedaron en veremos, lo mismo que por lo menos 150 empleos directos que se generaban.
Ante lo que calificaron como una “expropiación”, voceros de la Fundación Grupo Argos analizan distintas alternativas para buscar por las vías legales la anulación de la sentencia en su contra, la que consideran lesiva por cuanto no fortalece la seguridad jurídica ni la confianza inversionista.
“Es una contradicción lo ocurrido con esa sentencia”, afirmaron los consultados y para sustentarla alegan que fue el Estado el que impulsó la inversión en zonas como San Onofre y, a su vez, es el mismo Estado, a través de la Unidad de Restitución de Tierras, el que incentivó la reclamación que hoy afecta los intereses de Tekia.
Pero el problema no acaba aquí. Resulta que ante la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena hay un segundo proceso de reclamación sobre otras 500 hectáreas del proyecto de Tekia que está por decidirse. Dado el antecedente, es muy probable que la Fundación Grupo Argos pierda de nuevo y se cercene una iniciativa ambiental a la que le apostaron por invitación de un gobierno que promovió la idea de que el posconflicto había llegado a la región de los Montes de María.
