Al concluir la Segunda Mesa por la Protección de la Vida, Presidencia, Procuraduría, Defensoría y Fiscalía se comprometieron a trabajar conjuntamente con las organizaciones sociales en el diseño de protocolos de protección y en acciones eficaces que apunten a judicializar autores intelectuales y desmantelar organizaciones criminales que amenazan la vida de los líderes sociales.
“Lo positivo del encuentro fue que pudimos mostrarle al presidente Iván Duque que no somos dos o tres casos aislados, sino que somos cientos de campesinos que estamos reclamando un derecho que nos arrebataron”, declaró Carlos Páez, vocero de la Asociación Tierra y Paz, que agrupa a labriegos víctimas de despojo de predios como consecuencia del conflicto armado, tras finalizar el encuentro en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño.
La Segunda Mesa por la Protección de la Vida, realizada este jueves y convocada por la Procuraduría General de la Nación, tuvo un propósito fundamental: generar acciones concretas tendientes a proteger la vida de los líderes sociales, campesinos, afros e indígenas; los activistas que defienden y exigen toda clase de derechos; y las víctimas del conflicto armado de Antioquia y Chocó, quienes vienen afrontando una crítica situación de seguridad justo después de la firma del Acuerdo de Paz.
En Apartadó confluyeron más de un centenar de integrantes de las diferentes plataformas de derechos humanos de ambos departamentos y funcionarios del alto gobierno, encabezados por el presidente de la República, Iván Duque Márquez; la vicefiscal general, María Paulina Riveros; el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret y el ministro de Defensa, Guillermo Botero.
Durante el encuentro, líderes y defensores de derechos humanos expresaron sus preocupaciones por el dramático aumento de las agresiones, principalmente las amenazas y los asesinatos, de los que han sido objeto en los últimos tres años. Si bien persisten las diferencias en las cifras, pues mientras voceros de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular aseguran que entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de agosto de 2018 fueron asesinados en Colombia 412 líderes sociales, y la Defensoría detalla que el registro asciende a 347 asesinatos, sí quedó claro entre todos los asistentes que hay incrementos sostenidos en los homicidios de los dirigentes sociales. (Leer más en: Asesinato de líderes sociales: difieren las cifras, coinciden los contextos)
De acuerdo con lo expuesto por los defensores de derechos humanos, actualmente no existen ni las suficientes ni las adecuadas garantías de seguridad para el ejercicio de sus labores y no fueron pocas las críticas lanzadas a la Unidad Nacional de Protección (UNP) por la demora en los estudios de riesgo y los esquemas de protección que viene suministrando.
“A los líderes les están dando un celular, cuando ellos viven en zonas donde ni siquiera hay señal. La UNP dice que entrega chalecos, pero en el territorio eso es mucho más peligroso, porque los comienzan a señalar de ‘sapos’. Entonces, los líderes ya ni denuncian ni piden protección”, aseveraron funcionarios de la Alcaldía de Riosucio, Chocó, asistentes al encuentro.
Por su parte, voceros del Proceso Social de Garantías, plataforma que agrupa diversas organizaciones defensoras de derecho humanos de Antioquia, plantearon la necesidad de crear “un mecanismo público de selección del director de la UNP, que genere confianza y legitimidad en las acciones de esta institución”.
A esa sugerencia se unió el procurador general, Fernando Carrillo, y fue más allá en el análisis al detallar que la UNP no sólo colapsó, sino que también mantiene procedimientos caducos de protección: “Hay que cambiar los esquemas de protección. Pasar de esos esquemas urbanos, reactivos y que no tiene en cuenta la variable territorial a esquemas más colectivos, preventivos y territoriales. Y en eso debe comprometerse no sólo el gobierno nacional sino también los alcaldes y los gobernadores”.
La falta de acciones por parte de la justicia para castigar a los autores intelectuales y materiales de los crímenes, así como para desmantelar a los denominados grupos sucesores del paramilitarismo, quizás los principales responsables de las agresiones a los líderes sociales también fue puesta sobre la mesa por parte de los activistas.
“En ese sentido queremos dejar expresada nuestra preocupación por los escasos avances que se registran en el cumplimiento de los objetivos de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en especial el relativo a la adopción de un plan de acción y de una política de erradicación de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo”, expusieron voceros de la Mesa Nacional de Garantías.
A su juicio, “la impunidad sigue favoreciendo a los perpetradores de las agresiones” y si bien destacaron los avances en materia de investigación y judicialización realizados por la Fiscalía General de la Nación en el último año, señalaron que “en los casos ocurridos entre 2009 a 2017 el índice de impunidad es del 91.4 por ciento; a la fecha sólo hay 48 sentencias condenatorias y 362 casos siguen en indagación”. (Leer más en: Sabor agridulce dejan resultados de la Fiscalía en materia de líderes sociales)
Quienes más insistieron en este “funcionamiento paquidérmico de la justicia” fueron, justamente, los voceros de las víctimas de despojo de tierras en medio del conflicto armado. “Aquí en Urabá, en los más de cinco años que lleva la Ley de Restitución de Tierras, solo se han resuelto 212 casos, es decir, el 3.5 por ciento de las solicitudes de toda la región: 6.024. Lo preocupante es que muchos casos se encuentran suspendidos”, declaró Carlos Páez de Tierra y Paz, quien al finalizar la jornada dijo: “por lo menos hubo algo positivo y es la decisión del Presidente de la República de pedirle al nuevo comisionado de Paz (Miguel Ceballos) que convoque una mesa donde se analicen todos estos temas referentes a la restitución de tierras”.
Pacto por la Vida
Tras expresar su compromiso de trabajar articuladamente con todos los organismos del Estado para brindar todas las garantías de seguridad y protección suficientes para quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos, el presidente Duque estampó su firma en el “Pacto por la vida y la protección de los líderes y defensores de derechos humanos”. El documento también fue suscrito por el Procurador General de la Nación, la Vicefiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los gobernadores de Antioquia, Córdoba y Chocó. (Descargue el documento aquí)
Se espera que el documento sea la hoja de ruta para que el actual gobierno, conjuntamente con las organizaciones y el Ministerio Público, diseñe y promulgue una política pública de protección de líderes sociales, de acción eficaz de la justicia y garantías para la labor de los defensores de derechos humanos.
Entre los puntos que contiene se destaca la solicitud al gobierno nacional para que realice una reingeniería a la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que esta entidad pueda avanzar a medidas de protección más colectivas y ajustadas a las realidades territoriales, contando para ello de mayores recursos financieros.
También se le hace un llamado al gobierno nacional para que “garantice el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad”, instancia surgida luego de la firma del Acuerdo de Paz, “convocando a sus miembros para que se cumpla el plan de acción dirigido a combatir y desmantelar a las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo que atentan contra los líderes sociales, autoridades étnicas y personas defensoras de derechos humanos”.
En el documento suscrito se le pide a la Fiscalía General de la Nación que continúe priorizando los crímenes y atentados contra defensores de derechos humanos, “incrementando sus resultados con mayores imputaciones a los responsables, el juzgamiento de los mismos y en el impacto de organizaciones criminales”.
Otro punto que se destaca en el Pacto es el referente al papel de la Defensoría del Pueblo. Allí se consigna la posibilidad de que esta Agencia pueda convocar audiencias públicas para que las autoridades locales y regionales expliquen las acciones llevadas a cabo en materia de protección a líderes y dirigentes sociales. Además, destaca que esta agencia del Ministerio Público “dispondrá de una línea 24 horas en cada una de las 38 defensorías regionales para gestionar los trámites de emergencia ante amenazas o atentados contra líderes, autoridades étnicas o personas defensoras de derechos humanos”.
En el documento se le hace un llamado a alcaldes y gobernadores para que asuman un rol más protagónico en la defensa y protección de los activistas y se pide a las organizaciones defensoras de derechos humanos que realicen campañas de sensibilización donde se muestra la importancia de la labor de los líderes sociales.
Sensación agridulce
Para Margarita Restrepo, integrante de la Asociación de Mujeres Caminando por la Verdad de la Comuna 13 de Medellín, quien viajó hasta Apartadó para asistir al encuentro, el Pacto apunta a recuperar la confianza de los líderes en las instituciones del Estado, tan resquebrajada y venida a menos, aunque para ello, se deben ver verdaderas transformaciones: “Si se avanza en ese reto de atacar la corrupción en la Policía, pues será mucho lo que se logre. Muchos de los peligros de los líderes provienen precisamente de los sectores corruptos de la fuerza pública”.
A su vez, Fernando Quijano, director de Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), organización dedicada al estudio y análisis del crimen organizado y la defensa de los derechos humanos, conceptúa que el pacto “pareciera mostrar un Estado fuerte, organizado y unificado. Pareciera mostrarse comprometido con la protección de los líderes sociales. Las apuestas que se plantean para la UNP y la Defensoría del Pueblo son interesantes. Y siempre será importante ver al presidente Duque pronunciándose sobre este tema”.
Quienes quedaron insatisfechos fueron los reclamantes de tierras despojadas en desarrollo del conflicto armado en esta región agroindustrial de Antioquia. Carlos Páez, su vocero, se lamenta porque “no hubo una postura contundente del Presidente Duque frente a este tema, muy tibia a mi parecer, sin ningún compromiso efectivo”. El hecho anecdótico de esta jornada la protagonizaron precisamente las víctimas de despojo de tierras, pues lograron que el propio jefe de Estado los escuchara cuando no se trataba de un punto incluido en la agenda.
“Los reclamantes iban a viajar desde las veredas a realizar una movilización hasta el sitio del encuentro, porque querían que los escucharan, pues en el orden del día solo iba hablar una persona en representación de toda la región. Pero los organizadores pidieron que no se hiciera y como solución salomónica, desde Presidencia se aceptó que se hiciera una reunión de 30 minutos entre el Presidente y voceros de los reclamantes”, detalla Páez, pero el tema no tuvo repercusiones en las declaraciones del mandatario al final del evento.
* Foto apertura tomada de la cuenta de Twitter @marluciape
