El Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) ya ha empezado a dar sus primeros frutos al haberle hecho los primeros pagos a alrededor de 3.500 familias a finales de agosto. En Guaviare, cerca del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de las Farc en Colinas, ya han hecho más de un pago, y los campesinos han arrancado su hoja de coca. Pero en otras partes del departamento, tal como por el río Inírida, el avance de la sustitución voluntaria se ha complicado.
El río Inírida corre a través del corazón de los departamentos de Guainía y Guaviare, y en el segundo sirve de límite entre San José del Guaviare y el municipio de El Retorno. En sus riberas viven cerca de 1.150 familias cocaleras en la pobreza absoluta. La economía del río en Guaviare gira alrededor de una sola cosa: la coca. En pueblos como La Paz, que de alguna forma es la puerta para poder entrar a navegar ese afluente, la pasta de coca es la moneda principal: el gramo vale 2.000 pesos y se intercambia por cerveza, comida e, incluso, por el servicio de llamadas en uno de los cuatro teléfonos fijos que sirven para todo el pueblo. Los números marcados son registrados y cuando entra una llamada, con un parlante colgado en un palo en el cruce de las dos únicas calles del caserío se anuncia que un miembro de la comunidad tiene “comunicación”.
El control del pueblo lo tiene la disidencia del Frente 1 de las Farc. En meses anteriores, al llegar a La Paz, con un pasacalle, la disidencia daba “la bienvenida” al caserío, y sobre el río recordaba con una valla a los viejos comandantes de la guerrilla; ambos ya no aparecen, pero una vieja bandera de la guerrilla aún ondea sobre la torre de comunicación. Con un ojo cuidadoso se puede distinguir a los miembros de la disidencia que se mueven en pequeños grupos, manteniendo el control del pueblo. En general, en Guaviare se camuflan vestidos de civil entre la población. Aquí se ve un primer reto para el Estado: cómo identificar y golpear a las disidencias sin afectar a la población civil, obligada a aceptar la autoridad de la guerrilla que no se entregó después de la firma del acuerdo de paz.
Este desafío se ve en múltiples formas en la zona. Por ejemplo, algunas comunidades ribereñas llevan más de dos meses en paro, otras más de tres, enfrentándose con la Policía Antinarcóticos y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) por la erradicación forzosa de hoja de coca que estos intentan realizar. Hay denuncias por abusos de autoridad, entre ellos una casa completamente quemada, otra saqueada y el uso de gas lacrimógenos contra campesinos cuando estaban dentro de algunas lanchas llegando a una vereda.
El paro no ha estado exento de actos de violencia: en julio pasado, cuando los cocaleros retuvieron a un miembro de la Policía Antinarcóticos, llevó a que ésta detuviera a nueve miembros de la comunidad. Hacia finales de octubre, la disidencia atacó a los policías que estaban erradicando cultivos de hoja de coca en la zona del paro. Luego, en enfrentamientos, cuatro campesinos resultaron heridos. Ellos culparon a la Policía y al Esmad, mientras éstos culparon a la disidencia, semejante a lo que ocurrió en Tumaco. (Leer más en: Tumaco, atrapado entre sustitución y erradicación de cultivos ilícitos)
Las comunidades quieren concertar un programa de sustitución acorde las condiciones de la región. Foto: Suricata Films.Aunque hay un interés económico claro de la disidencia en mantener la producción de coca en la zona, al erradicar forzosamente los cultivos e intentar debilitar sus finanzas, el gobierno nacional termina reforzándola políticamente. El discurso de la disidencia de que el Estado es abusivo, que no cumplirá con el acuerdo de paz, que no va a cumplir con el PNIS y que únicamente ellos pueden proteger a las comunidades, se vuelve más creíble para algunas personas. Varios miembros de la comunidad argumentan que si no fuera por la disidencia, el Estado con la ayuda de los paramilitares ya hubiera desplazado a los campesinos. Lo importante no es si esto sea cierto o no; lo importante es que la gente ve la situación así. Con el paro, varios miembros de las comunidades ribereñas están más convencidos que antes que efectivamente esa es la estrategia estatal en la región.
Hacer realidad el acuerdo de paz es la manera como el Estado realmente puede minar el poder de la disidencia de las Farc. Pero implementar el PNIS en lugares como el río Inírida es arduo. Sectores del Estado quieren erradicar de manera forzada en esta región porque hay cultivos industriales de coca de varias hectáreas. Estos existen más hacia Guainía, mientras hay otros de pequeños cultivadores cerca de La Paz. La meta del gobierno nacional es erradicar 50 mil hectáreas de hoja de coca de lotes industriales en todo el territorio nacional en 2017. Sin embargo, según un oficial del PNIS en la zona, de las personas cuyas matas de hoja de coca fueron erradicadas forzosamente en Guaviare, el 42 por ciento ha vuelto a sembrar. Finalmente, las comunidades a lo largo del río Inírida no se han acogido al PNIS por varias razones, aunque dicen que quieren acabar voluntariamente con su coca.
Las comunidades aspiran negociar para cambiar algunos detalles del PNIS, argumentando que un millón de pesos más no les sirve dados los costos de vida comparativamente altos en la región, donde hay que moverse por río. “Un tambor de gasolina vale 800 mil o 900 mil pesos,” según un líder de la zona. El otro problema es el acceso a mercados, que es extremadamente difícil. “Aquí nos pueden traer cualquier clase de cultivo, pero si no hay una vía, ¿dónde vamos a sacar este cultivo? Es que nosotros estamos en una parte muy alejada”, dice otra persona. Sin embargo, quieren concertar el PNIS, afirmando que el acuerdo de paz les garantiza participar en el diseño del programa en su comunidad. (Leer más en: Campesinos cocaleros de Guaviare, inconformes con el gobierno nacional)
No están del todo equivocados. Aquí se ve la brecha entre lo que dice textualmente el acuerdo de paz y la estrategia del PNIS: en lugar de un proceso de concertación, el gobierno nacional y las Farc actualmente les ofrecen un paquete preestablecido de ayudas a las comunidades, que pueden a su vez aceptarlo o rechazarlo. Muchas comunidades lo aceptan porque quieren dejar la hoja de coca y realmente un millón de pesos al mes sí les sirve. Otras tienen ganas, pero los cálculos económicos no son alentadores. Como dice un líder que ha venido promoviendo el PNIS en la zona, “los sectores más cercanos a San José, El Retorno o Calamar… usted se anima a producir algo pues y medianamente las vías están medianamente bien arregladas. Pero estos sectores como el río Inírida es muy difícil porque usted siembra plátano o yuca, ¿y cómo lo va a sacar? Esas comunidades no se acogieron al programa (por eso) pero tampoco han cerrado la puerta”.
La tierra, otro obstáculo
La pasta de coca funciona como moneda local. Foto: Suricata Films.El ordenamiento territorial es complejo también. Hay una zona de reserva forestal donde viven las comunidades del río. También hay personas en la Reserva Nacional Natural Nukak, y más hacia el norte, campesinos cocaleros dentro del resguardo indígena Nukak Makú. En partes de la zona de reserva forestal se permiten ciertas actividades productivas para proteger al medioambiente, lo cual puede proveer una solución para sustituir los cultivos en estos lugares. Los campesinos proponen exactamente eso más la reforestación, pero los detalles de su propuesta tienen que afinarse.
En la reserva natural, la mayoría de las personas simplemente no pueden quedarse, pues algunos pocos habitantes tienen derecho a trabajar allí como guías. Los colonos que están dentro del resguardo Nukak no pueden estar ahí, aunque algunos argumentan que llegaron antes de que fuera declarada resguardo. Muchos habitantes tendrán que ser reubicadas en lugares donde pueden tener una vida productiva digna, con tierra titulada. Aunque algunos líderes dicen que la gente no quiere irse, hay otros que señalan que algunos sí se irían.
Ha habido intentos de reuniones sobre la sustitución de cultivos de hoja de coca con las comunidades del río Inírida, pero el día anterior a una de ellas, llegó la Policía Antinarcóticos a erradicar de manera forzada, llevando a la primera manifestación de los campesinos y la reunión no se materializó. Sin embargo, líderes de la zona han estado en Bogotá para discutir su situación con algunas instituciones del Estado, pero una solución a la confrontación aún se ve lejos.
Es común escuchar que el Estado tiene que llegar a las zonas donde las comunidades solamente lo han conocido a través de su aparato militar o policial. El PNIS, hasta cierto punto, es un esfuerzo para llegar de otra manera y preparar el terreno para la entrada de los planes de desarrollo con enfoque territorial, estrategia que está consignada en los acuerdos pactados con las Farc.
La implementación de la sustitución de hoja de coca a lo largo del río Inírida, a su paso por el Guaviare, es compleja, y requerirá paciencia por parte de todos los involucrados. La estrategia hasta ahora de enviar escuadrones de la Policía Antinarcóticos a erradicar con la protección de unidades del Esmad y enfrentarse con la población local asegura que las comunidades sigan viendo solamente la cara coercitiva del Estado. Así el conflicto seguirá, con una disidencia políticamente fortalecida y una historia repetida.
*Cedido a VerdadAbierta.com por Kyle Johnson, analista para Colombia de International Crisis Group
