Lo que se viene después del acuerdo logrado en La Habana no es tarea fácil, se trata de “limpiar”, a largo plazo, por lo menos 688 municipios del país de estos artefactos explosivos. Comunidades serán protagonistas en estas labores de desminado.
El General (r) Rafael Colón, Director de Acción Integral Contra las Minas Antipersonal, durante un evento de la ONU contra las minas antipersonal.
“Con este gesto de paz, las minas antipersona son las primeras armas que se están desactivando antes que termine el conflicto”, reconoce el general (r) Rafael Colón, al referirse al acuerdo logrado en La Habana, Cuba, entre la guerrilla de las Farc y el gobierno nacional sobre la limpieza y descontaminación de la presencia de minas antipersonal y otra serie de artefactos explosivos en diversas regiones del país.
El acuerdo fue divulgado el pasado viernes en la isla del Caribe y de inmediato fue celebrado por diversos sectores del país y por la comunidad internacional, que ve en ello un paso concreto y tangible en el desescalamiento de la confrontación armada. Todos coincidieron en resaltar la decisión de la guerrilla de las Farc de no volver a recurrir a estas armas no convencionales, proscritas por la legislación internacional, y afirmaron que participar en el desminado es un avance para hacer más eficiente y segura esa labor. (Leer Acuerdo)
La decisión también refleja un cambio en la mentalidad de esta guerrilla, si se tiene en cuenta que en diciembre de 2012, uno de los voceros de esta guerrilla en La Habana le dijo a VerdadAbierta.com que “las minas antipersona son usadas por la guerrilla como arma popular defensiva que busca desequilibrar la gran potencia bélica del Estado que, en uso y abuso de su fuerza, no escatima ningún recurso, arma o explosivo en contra de la guerrilla y las comunidades”. (Leer “No tenemos alianzas con bacrim”: vocero de las Farc)
Colón, general retirado de la Armada, con gran experiencia en el tema, está al frente de la Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonal, entidad estatal que tendrá la mayor responsabilidad en coordinar las labores en terreno que se desprenden del acuerdo, consideró como histórico el paso dado por la guerrilla de las Farc y precisó que lo que viene será posible si hay información clara y detallada que permita ubicar los artefactos explosivos.
En entrevista con VerdadAbierta.com, el general (r) Colón indició que por lo menos 688 municipios del país están “contaminados” con minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados, munición sin explotar o restos explosivos de guerra. A continuación, presentamos el diálogo sostenido con él.
VerdadAbierta.com (VA): ¿Qué reflexión le genera la decisión en La Habana?
Rafael Colón (RC): Es un paso importante hacia un verdadero desescalamiento del conflicto. Quitar las minas antipersonas en la profundidad de los territorios donde más vulnerable ha sido la comunidad, la población campesina, es un indicativo de que Colombia está en el camino seguro a comenzar a construir la paz territorial. Y esa decisión que toma las Farc implícitamente envían un mensaje de que ellos seguramente no van a instalar más minas y van a ayudar con información, a construir mapas, a construir la geografía de las minas.
Foto: archivo Semana.
VA: ¿Qué información se tiene sobre estos artefactos explosivos en el país?
RC: La información que se tiene en el país está dada en términos de dónde han ocurrido los incidentes y los accidentes, pero necesitamos precisar la información. Nosotros pensamos en el gobierno que con las Farc ya cooperando vamos a construir mejores mapas para ser más precisos en la intervención que tendremos que desarrollar.
Esa información también nos permitirá conocer, de primera mano, cómo ha sido el sistema que han empleado las Farc para instalarlas, lo que nos va a permitir a usar esa información para la educación en el riesgo de las comunidades que hoy están amenazadas por minas antipersonas.
VA: ¿Dónde están esos sitios donde han ocurrido la mayoría de incidentes y accidentes con minas antipersonas?
RC: Los incidentes y los accidentes están directamente asociados con los territorios donde más intenso ha sido el conflicto. Tenemos un sistema de información que indica que hay 688 municipios, de los 1,122 del país, que presentan incidentes con minas y estos territorios están en los sitios donde más ha sido intenso el conflicto. Nosotros tenemos que los departamentos con más frecuencia de incidencia está Antioquia, le siguen Meta, Caquetá, Arauca, Norte de Santander y sur de Bolívar. ¿Y de donde hemos recogido esa información? De lo que nos dice la Fuerza Pública, las comunidades.
VA: ¿Cómo será la implementación del acuerdo entre gobierno y Farc?
RC: Hay que comenzar a trabajar en una hoja de ruta que defina los mecanismos, las estrategias, para establecer cómo desminar, dónde hacerlo, quién lo haría. El cuándo está implícito en el acuerdo, es un asunto que se debe hacer antes de que se lleguen a los acuerdos finales. Tendremos que establecer un equipo técnico en el que estén las Farc, nuestro gobierno, técnicos y expertos, todas las personas idóneas en la materia para establecer una ruta de trabajo y mostrarle al país que es una realidad y no una simple declaración.
VA: ¿Cuál ha sido la afectación de las minas antipersonal en el país en lo que va del año?
RC: Este año hemos tenido 36 accidentes y han muerto dos niños.
Foto: archivo Semana.
VA: ¿Y cómo está Colombia frente al mundo en este tema?
RC: Colombia es un país que tiene más de 11 mil víctimas. Y creo que esta es la oportunidad para comenzar a desmontar los primeros puestos que tenemos en el mundo con una acción más integral en la lucha contra las minas. Tenemos el primer puesto en el mundo por víctimas de militares por efecto de las minas; somos el segundo país en el mundo con mayor número de víctimas de menores de edad; y somos el tercer país en el mundo con mayores eventos históricos de minas, después de Camboya y Afganistán.
VA: Si bien las Farc han hecho ese compromiso, quedan el Eln y las bandas criminales (bacrim), que dicen en las áreas rurales que también siembran minas. ¿Qué hacer al respecto?
RC: Es evidente que el Eln ha puesto minas, no tengo referencias exactas de las bacrim. Pero lo cierto es que algunas organizaciones criminales si protegen algunos cultivos ilícitos. Y este tema de los cultivos ilícitos es un dato importante porque la mayor parte de estos cultivos son vigilados por gruposarmados ilegales y muchas de las víctimas por minas han sido erradicadores, tanto de los grupos civiles como de la Fuerza Pública.
Entonces el asunto es que si se quita un actor como las Farc, vamos a tener mucho más margen de maniobra para hacer los desminados en zonas donde hay coca y también vamos a tener espacios más liberados en los territorios más densamente poblados con víctimas y más vulnerados, para hacer una mejor intervención. Si el Eln se suma a todo esto, será más sencillo eliminar la amenaza total de las minas.
VA: En el 2021 se cumple el plazo dado por la Convención de Ottawa para acabar con las minas en Colombia. ¿Cómo va el país con ese compromiso?
RC: Hemos construido un plan de alistamiento, que es en el que estamos, para que durante este año podamos intervenir en por lo menos 15 municipios para liberarlos de las amenazas de minas. Si se llegan a firmar los acuerdos, empezamos a tener una rata de 25 municipios y esperamos que en el año 2021 hayamos liberado 102 municipios, que son los que hemos focalizado, antes de que se nos venza el plazo dado por la Convención de Ottawa.
VA: En consonancia con la Convención de Ottawa, ¿ya las Fuerzas Militares abandonaron el uso de minas antipersonas para proteger sus bases militares?
RC: Las Fuerzas Militares hicieron labores de desminado en 35 bases militares. Esa operación empezó en 2005 terminó en 2011. Ya no hay minas sembradas por las Fuerzas Militares para proteger sus bases militares. Y en ese sentido se cumplió con lo suscrito.
Foto: archivo Semana.
VA: Para este tipo de tareas se creó el Batallón de Desminado Humanitario. ¿Desde cuándo opera y en qué está hoy?
Este batallón comenzó trabajos en el país en el 2007 y hoy tiene diez pelotones operando en 9 municipios de Antioquia, Caldas y Santander. Y la Infantería de Marina está actuando en cuatro municipios de Montes de María.
VA: ¿En esas tareas también hay organizaciones civiles en el país?
RC: La organización civil que hay en estos momentos desminando empezó a trabajar en septiembre de 2013, tiene 125 civiles en esas tareas y casi todos son víctimas del conflicto.
VA: En un escenario de posconflicto, ¿qué se requiere para ser más efectivo en estas labores de desminado?
RC: En un escenario de posconflicto, nosotros tenemos que lograr mayor capacidad. Estamos calculando en crecer a cerca de diez mil hombres en el Ejército, unos 150 hombres en la Armada, y unos 150 hombres en la Policía. Hoy el Batallón de Desminado tiene en cobertura 50 hombres en seis municipios; la Armada apenas 84 hombres en cuatro municipios. Y la organización civil que tiene 130 hombres en cinco municipios. Lo que nos han dicho en Presidencia y en el Ministerio de Defensa es que crezcamos en capacidad.
VA: ¿Y la organización civil debe también crecer?
RC: No es suficiente con una organización civil. En este momento hay cinco organizaciones que están haciendo trámites para acreditarse en Colombia. Organizaciones de Noruega, de Suiza, hay colombianas también. Nosotros como gobierno les estamos permitiendo que lleguen porque eso nos facilitaría el trabajo, y la ventaja que tienen esas organizaciones civiles es que emplean ciudadanos que han sido golpeados por la violencia, y se hace un componente más sicosocial, de reconstrucción y reparación.
Foto: archivo Semana.
VA: ¿Estas organizaciones trabajan con recursos propios o el gobierno nacional les financia sus labores?
RC: Generalmente reciben recursos de países donantes para que contraten sus desminadores y cumplan una función social.
VA: ¿A qué tipo de artefactos explosivos se enfrenta un desminador en Colombia? ¿Son modernos? ¿Son artesanales?
RC: Esos artefactos son generalmente improvisados que hieren, mutilan, matan. Y son fabricados de manera rudimentaria con materiales como pvc, madera, plástico, icopor, pero hacen mucho daño. Esas minas están camufladas en un tarro, en una olla, en un balón, en un radio, en una botella. Hay otro peligro y es a otro riesgo que nos estamos enfrentando y es que hay munición sin explotar, que no se activaron después de ser lanzadas o que fueron abandonados por descuido, como granadas, morteros, municiones. Todo eso lo tenemos que localizar, remover, limpiar y destruir.
VA: En este nuevo escenario que plantea el acuerdo de desminado, ¿qué papel pueden cumplir las comunidades que están en áreas sembradas de minas o posiblemente contaminadas con munición sin explorar?
RC: Los equipos de desminado humanitario tienen que incluir comunidades en los estudios no técnicos que vamos a desarrollar en las veredas. Esos estudios no técnicos son los que nos permiten a nosotros conocer información precisa de dónde están las minas. Tenemos pues tres responsabilidades con las comunidades: una, incorporarlas en los planes de desminado, que sean actores activos; dos, educarlas en el riesgo, para que entiendan que esas minas pueden estar en las cercas de sus fincas, en los senderos de sus cultivos; y tres, tenemos que reparar a las víctimas de manera integral.
Estamos haciendo equipo con los ministerios de Salud y Educación, y con la Unidad de Atención a Víctimas. Lo que queremos es darle una atención integral a esas víctimas y a esos territorios para que no sea solamente ir a sacar las minas.
