Varios conocedores del caso de Las Pavas aseguran que sí hubo intimidación armada a campesinos. Aparentemente se intenta manipular a los testigos para restarle legitimidad a su reclamo.
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| La Fiscal General replicó la decisión de una fiscal de Cartagena, que asegura que no hubo desplazamiento en Las Pavas. Sin embargo, no tuvo en cuenta que los campesinos habían denunciado dos desplazamientos ocurridos en 2003 y 2006, de forma respectiva, en esta zona del sur de Bolívar. Foto archivo El Espectador |
Una fiscal de Cartagena, Myriam Martínez Palomino, es la autora de una inusitada versión del caso de la finca Las Pavas, ubicada en San Martín de Loba en el Sur de Bolívar. Los nuevos argumentos de la fiscal ponen en entredicho la decisión de la Corte Constitucional en la que ya se había dictaminado que se debía reabrir la investigación para extinguir el dominio y titular la tierra a 123 familias víctimas del conflicto.
Como primera medida, la fiscal Martínez estudió la denuncia de desplazamiento sobre hechos ocurridos el 14 de julio de 2009, cuando los palmeros con el apoyo de un inspector de policía de El Peñón, Bolívar, intentaron desalojar a los campesinos de las tierras que reclamaban como suyas.
La fiscal no analizó las denuncias de desplazamiento hechas por los labriegos en 2003 y 2006 cuando fueron desplazados por paramilitares del Bloque Central Bolívar y decidió precluir la investigación sobre el desplazamiento de estas personas. (Lea la decisión de la fiscal de Cartagena aquí)
La funcionaria asegura que, analizando solo el caso de 2009, en esa zona ningún campesino fue desplazado y que por ende no hay víctimas.
Lo insólito de esta decisión es que se tomó contando a penas con la declaración de un campesino que se retractó de su versión original del desplazamiento y con la versión de un intermediario entre la empresa palmera que hoy tiene la propiedad de las tierras y Jesús Emilio Escobar, dueño original de los predios. La fiscal llegó a la apresurada conclusión de que no hubo desplazamiento, que los campesinos reclamantes deben ser investigados por guerrilleros, y los más inaudito, que es necesario esclarecer quién es un intelectual “llamado ‘Francisco’ o ‘Pacho’”. No sabía la señora fiscal que el ‘Pacho’ que nombra en las versiones el intermediario de la empresa, es el hoy líder de los Jesuitas, Francisco de Roux.
La decisión de la fiscal Martínezterminó volviéndose un escándalo nacional porque fue respaldada públicamente por la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales. Sin embargo, la controversia nace porque el dictamen se basa en un solo testimonio, el del campesino Pedro Moreno, miembro de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, Asocab, quien en 2009 había denunciado el desplazamiento de esas familias pero que ahora, dos años después, se retracta afirmando que todo hacía parte de un montaje.
Lo sospechoso es que Moreno, quien hoy trabaja para una palmicultora, no se echó para atrás cuando lo indagó la fiscal, sino que por voluntad propia acudió a la notaría única del municipio de El Peñón, en el centro de Bolívar, y a través de una declaración testificó lo siguiente: “Me siento arrepentido de haber denunciado a esas 131 (sic) familias como desplazadas de la finca Las Pavas, cuando eso era una farsa, guardé silencio durante muchos años, pero no resistí el temor y la mentira, pidiendo perdón porque incurrí en un falso testimonio, que nunca hubo ese desplazamiento como tampoco hubo ese asentamiento en la finca”.
La fiscal de Cartagena también le da credibilidad a Rafael de Jesús Cárcamo García, quien fue intermediario de la venta de Las Pavas al grupo Daabon, dueño de una empresa palmicultura. Cárcamo señaló a varios campesinos y al mismo padre Francisco de Roux de guerrilleros. Por eso la funcionaria ordenó abrir investigaciones por el delito de rebelión contra ellos.
Además, según informó la abogada del Programa de Desarrollo y Paz, Jiseth Estrada, es que cuando los campesinos y ella misma intentaron participar de la investigación judicial, la fiscal les negó ese derecho y solo tuvo en cuenta la versión de otros tres labriegos a quienes descalificó en el proceso.
“Dentro de las presentes diligencias encontramos memorial suscrito por la doctora Estrada obrando como apoderada de Asocab para que a sus miembros se les tenga como víctimas dentro de esta encuesta criminal, pero es el caso que es improcedente su petición si tenemos en cuenta que nos encontramos ante la etapa de indagación y solo se ejerce dicha postulación ante el juez de conocimiento”.
Por otra parte, lo que afirmó Cárcamo y que fue apoyado por las fiscales, va en contravía de años de denuncias e investigaciones sobre este caso del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y de la Clínica de Juristas de la Universidad Javeriana.
Martínez intenta desmentir el hecho documentado y comprobado por los mismos testimonios de los paramilitares que afirman que el Bloque Central Bolívar nació en Sur de Bolívar e intimidó con armas a los campesinos que tenían sus cultivos en Las Pavas en dos ocasiones en 2003 y en 2006. Hay más de cien campesinos que así lo atestiguan.
Dice la fiscal: “Se le investigará por su relación y vínculos con las guerrillas colombianas en especial al señor Etni Torres Moreno quien en sus reuniones asistía vestido de uniforme camuflado… de la misma manera se indagará quien es ese (sic) intelectual llamado Francisco conocido dentro de los miembros de Asocab como ‘Pacho’ según informaciones de Cárcamo García, en el mismo sentido al profesor Eliud (sic) Alvear Cumplido si tenemos en cuenta que existen señalamientos de sus vínculos con la guerrilla”.
Además asegura que “ninguna de las familias del corregimiento de Buenos Aires han sido objeto de actos violentos como producto del conflicto armado en esta zona, que haya permitido el trasteo o desplazamiento de sus respectivas residencias”.
La fiscal Martínez concluye, después de entrevistar a una decena de personas, que los campesinos nunca han tenido la calidad de desplazados, “como tampoco han recibido ayudas humanitarias de las que han recibido los directivos de Asocab” y para coronar su argumento asegura que la finca Las Pavas “nunca quedó abandonada por su antiguo dueño Jesús Emilio Escobar Fernández porque cuando la guerrilla le robó mil quinientas cabezas de ganado … lo que hizo fue dejar a su administrador y demás trabajadores.”
Esta parte de la decisión de la Fiscal lo que pretende demostrar es que los campesinos invadieron una tierra que no estaba abandonada, principal argumento que dio la Corte Constitucional para ordenar al Incoder iniciar de nuevo el proceso de extinción de domino por abandono. Además que nunca habitaron las tierras como insiste el campesino que se retractó.
Con todos estos antecedentes, la Fiscal general salió a defender públicamente la decisión de su funcionaria y decretar tajantemente que en Las Pavas no hubo víctimas de desplazamiento ni del conflicto armado, afirmación paradójica si se tiene en cuenta que esta finca se encuentra en una de las zonas más violentas del país como lo es el Magdalena Medio.
Estas afirmaciones provocaron la reacción las organizaciones nacionales e internacionales que han acompañado las solicitudes de los campesinos que reclamaban la titulación de Las Pavas, tierra que habían trabajado durante años.
El director del Incoder, Juan Manuel Ospina, le dijo a VerdadAbierta.com que, independiente de este ruido que se ha creado alrededor de si hubo o no desplazamiento en Las Pavas ellos seguirán con el proceso de extinción de dominio del predio y la titulación a los campesinos que piden la propiedad sobre la finca.
Las víctimas
Pero contrario a lo que sostiene la Fiscalía, 122 familias campesinas y las organizaciones sociales que las han acompañado, incluyendo el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y abogados de la Clínica de Juristas de la Universidad Javeriana, aseguran que en Las Pavas sí hay familias víctimas de la violencia, que el desplazamiento fue real y que por tanto, los predios deben ser adjudicados a las familias que los reclaman y que tienen un litigio con empresas palmeras por la titularidad de esas tierras.
Para las organizaciones las afirmaciones de la Fiscalía contradicen a lo que se ha documentado que en esta zona delinquió el Bloque Central Bolívar, el grupo paramilitar de Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’ y que precisamente fue allí donde crearon sus primeras bases de autodefensas en el sur de de este departamento. (Lea: Los tentáculos del Bloque Central Bolívar).
Los abogados de las víctimas aseguran que en el corregimiento de Papayal, en San Martín de Loba, donde está la finca de las Pavas, los paramilitares instalaron una base.
El abogado de la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana y apoderado de las víctimas de Las Pavas, Roberto Vidal, le dijo a VerdadAbierta.com que la retractación del campesino Moreno “puede ser una estrategia para frenar las restituciones de tierras a las víctimas de la violencia”.
“No se puede afirmar que no hubo presencia de paramilitares en la zona, lo cual contradice todo el trabajo que ha hecho Justicia y Paz hasta el momento… Tenemos información que certifica que hubo un hecho de desplazamiento conocido públicamente por toda la región del sur de Bolívar. Los ex jefes paramilitares han confesado hasta el cansancio que tenían un completo control de la zona”, agregó Vidal.
José Augusto Páez, asesor regional de paz del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, dijo que es insólito que la Fiscalía diga que no hubo conflicto en esta región del país. “Cuando hicimos trabajo comunitario en la zona, fuimos testigos de cómo los grupos armados ilegales quemaron caseríos enteros. Nosotros no lo leímos en informes, sino que lo vivimos”, dijo Páez.
Mientras la Fiscalía insiste en que el caso de Las Pavas es un montaje y el ministro del Interior, Germán Vargas, asegura a la radio “que se están prefabricando víctimas del desplazamiento para interponerrecursos y reclamar millonarias indemnizaciones al Estado”, las organizaciones de víctimas y organismos internacionales expresaron preocupación por la postura del Gobierno.
El abogado Vidal dijo que las declaraciones de la Fiscal General ponen en duda la actuación y la credibilidad de las organizaciones más importantes del país.
“Se equivocaron entonces todas las autoridades del Ejecutivo y del legislativo: la Corte Constitucional, la Procuraduría, el Incoder, la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana, el Plan de Desarrollo del Magdalena Medio, las Embajadas Británica y Suiza y las ong extranjeras. Según la fiscal, creamos una enorme maquinación para engañar y defraudar a todo el Estado. Eso nos produce mucha preocupación”, agregó Vidal.
Los campesinos, que reclaman más de mil hectáreas de tierras, aseguran que detrás de esta revelación hay un interés de deslegitimar los reclamos de los campesinos que han explotado esas tierras durante más de 15 años.
Una persona que trabaja en la región le dijo a VerdadAbierta.com que las empresas palmeras han ido contratado en sus cultivos a varias de las víctimas de Las Pavas y que con esta investigación que abrió la Fiscalía nadie se va a atrever a reclamar tierras en el país porque los pueden acusar de estar inventando los hechos que padecieron.
Mauricio Valiente, diputado de la Asamblea de Madrid e Integrante de Justicia por Colombia, dijo que el problema real en Colombia en realidad es el de la impunidad y el desplazamiento forzado. “Este caso no debe ser manipulado para estigmatizar a las organizaciones y a las víctimas y deslegitimar el proceso que se ha realizado hasta el momento”, dijo Valiente.
En un comunicado, el sacerdote jesuita Francisco de Roux dijo que en 2009 se firmó un convenio gratuito entre la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio – una obra de la Compañía de Jesús- para realizar un análisis académico, técnico y objetivo sobre la situación jurídica de las tierras en esta región.
“La Compañía de Jesús y la Clínica Jurídica se declaran respetuosos de las actuaciones de la Fiscalía y en general de las instituciones públicas porque defendemos la democracia y el estado social de derecho. No obstante, no puede admitirse que la Compañía de Jesús y la Universidad Javeriana actuaron en este asunto de mala fe o promovidos por intereses ilegítimos. Muy por el contrario comprometidos por los más elevados y genuinos valores y principios éticos”, dijo de Roux.
¿Cuál es la historia de Las Pavas?
En 1983 Jesús Emilio Escobar compró varios terrenos que el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agrararia, Incora, hoy Incoder, les había adjudicado a campesinos. Se trataba de los predios Si Dios Quiere, No te canses, Las Pavas y Peñaloza, ubicados en los corregimientos Playitas y Papayal, del municipio de San Martín de Loba, en el sur de Bolívar.
En 1997, Escobar abandonó los predios y 123 familias que vivían en la vereda Buenos Aires empezaron a asentarse en estas tierras, explotándolas con cultivos agrícolas. Se organizaron y se agruparon en la Asociación de Campesinos de Buenos Aries, Asocab.
Según denunciaron a las autoridades, en 2003 un grupo de paramilitares que tenía una base en el corregimiento de Papayal amenazó a las 123 familias campesinas que no tuvieron otra opción que salir de las tierras y abandonar los cultivos. Cuando los ‘paras’ salieron de la zona, las familias retornaron a Las Pavas.
En 2006, los campesinos le solicitaron al Incoder la extinción de dominio de Las Pavas por abandono. En junio de ese mismo año el Incoder confirmó que esa tierra era explotada desde hacía seis años por 116 campesinos por lo cual dio inicio al proceso solicitado por los campesinos.
Sin embargo, según los campesinos, en el momento en el que Escobar se enteródel proceso, decidió retornar al predio junto a un grupo armado que por segunda vez los amenazó y los expulsó de las tierras.
Luego de lograr el desalojo, en marzo de 2007, Escobar fue hasta la Notaría 9 de Barranquilla y allí registró una compraventa de estas tierras a C.I. Tequendama S.A. y a Aportes San Isidro S.A., la primera filial del polémico grupo Daabon, de propiedad de la familia Dávila Abondano, y la segunda de propiedad de José Macías, quien al final le compró 50% a Daabon. La tierra sumó 1.717 hectáreas y fue negociada por mil millones de pesos.
En 2008 los campesinos denunciaron el desplazamiento forzado y ese mismo año el Incoder dictó una resolución para reabrir el proceso de extinción de dominio. Las empresas presentaron una querella por ocupación y la policía ordenó el desalojo de los campesinos. Pese a la tutela que interpusieron las familias, en 2009 la empresa logró que las familias no permanecieran allí. Es decir, que fueron desalojadas a la fuerza por la Policía.
En 2010 el Incoder reabrió la investigación y en una inspección el Incoder encontró cultivos de palma. Desde ese momento, el Incoder comenzó una investigación contra los empresarios por violación a las normas ambientales porque supuestamente secaron los ríos por los sembradíos. Después de hacer una visita, en mayo de 2011 el Ministerio de Ambiente emitió un concepto sobre el uso ambiental del predio Las Pavas y encontró que: “el desarrollo de cultivos extensivos de palma de aceite en el predio ha generado impactos sobre el medio ambiente y la biodiversidad, tanto en el área directa como en el área de influencia, y por lo tanto un deterioro a los ecosistemas”, informó el Incoder en un boletín. (Lea el comunicado aquí).
Ese mismo mes la Corte Constitucional ordenó reabrir la extinción de dominio que se adelantaba contra el predio Las Pavas por abandono.
De esta forma, la historia documentada de la zona y del caso de Las Pavas contradice las versiones de la fiscal de cartagena que han sido respaldadas por la Fiscal General. Las incoherencias y las acusaciones apresuradas podrían generar un perjuicio irreparable para el proceso adelantado con las víctimas.
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