Los campesinos que reclaman una antigua hacienda en el sur de Bolívar no han tenido paz desde que el Gobierno les dio la razón. Denuncian agresiones por parte de la empresa opositora al proceso que adelanta el Incoder.
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La agilidad en la titulación de los predios baldíos a los campesinos en esta zona del sur de Bolívar depende ahora del Consejo de Estado. Foto archivo Semana –Los campesinos se quedan con Las Pavas –“Queremos que la Fiscalía nos escuche”: víctima de Las Pavas –En Las Pavas sí hay víctimas –Corte Constitucional ordena restituir la finca Las Pavas a desplazados |
La tensión en la antigua hacienda Las Pavas, ubicada en el municipio de San Martín de Loba, en el sur de Bolívar, no cesa. Esta vez los campesinos -que esperan la titulación de 1.300 hectáreas de baldíos que reclaman desde hace dos décadas- vieron cómo un grupo de vigilantes les quemaron los ranchos que habían tratado de levantar para vivir mientras el Incoder les titula las parcelas.
Los hechos ocurrieron este martes 23 de abril de 2013 pero la situación empeoró el miércoles 24, en horas de la mañana, cuando los mismos vigilantes dispararon contra el tractor que la comunidad utilizaba para llevar las hojas con las que repararían los ranchos.
La denuncia la hizo el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, después que los campesinos llamaron de emergencia para contar los hechos recientes. (Lea aquí el comunicado).
Sin embargo, según varios integrantes de la comunidad, las agresiones se incrementaron desde septiembre de 2012 cuando el Incoder confirmó que dentro de la antigua hacienda había 1.300 hectáreas de baldíos, y que después de agotar todos los procesos administrativos, titularía a los campesinos por ser los reclamantes originarios.
Varias fuentes le dijeron a VerdadAbierta.com que las agresiones son provocadas presuntamente por la empresa de vigilancia de Aportes San Isidro S.A., la firma de palma de aceite que ha dado batalla jurídica por no perder las tierras, pese a que el instituto de tierras confirmó no sólo los baldíos sino que decretó la extinción de dominio sobre las tierras que la compañía alegaba eran de su propiedad.
En la región, varias personas, quienes pidieron la protección de su identidad por razones de seguridad, contaron que, desde entonces, en varias oportunidades sus ranchos han sido quemados, la destrucción de sus cultivos de pancoger, el corte de las cercas, el sacrificio de animales y el robo de las herramientas de trabajo. Estas acciones han sido denunciadas ante el Ministerio Público, la fuerza pública y la Unidad de Protección.
La reclamación de las 123 familias data de los años noventas, después de que el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incora- se contradijo en sus decisiones y nunca tituló a los campesinos. Luego la comunidad sufrió dos desplazamientos, y más tarde tuvo que esperar que el gobierno volviera los ojos al sur de Bolívar hasta que el Ministerio de Agricultura, con la aprobación de la Ley de Víctimas, ordenó dar prioridad al caso de Las Pavas.
En 2011, el caso llegó a la Corte Constitucional que ordenó la restitución de los predios. Un año después, el Incoder confirmó la existencia de baldíos, por lo que al final la justicia y el gobierno le dieron la razón a las víctimas.
Pero pese a estas decisiones, los campesinos no han podido ser titulados por el Incoder. Jhenifer Mojica, subgerente de tierras de esta entidad, explicó que el instituto de tierras ya terminó todos los procesos de clarificación de baldíos y de extinción de Las Pavas, pero que la titulación a los campesinos dependerá si el Consejo de Estado acepta o no la acción de revisión -sobre estas decisiones-presentada por Aportes San Isidro S.A. Mojica indicó que el Incoder tiene documentadas las denuncias realizadas por la comunidad y que según los registros, las tensiones se han concentrado principalmente sobre Las Pavas, Peñaloza y Si Dios quiere, los predios a los que se les decretó la extinción de dominio.
¿Cuál es la historia de Las Pavas?
En 1983 Jesús Emilio Escobar compró varios terrenos que el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, hoy Incoder, les había adjudicado a campesinos. Se trataba de los predios Si Dios Quiere, No te canses, Las Pavas y Peñaloza, ubicados en los corregimientos Playitas y Papayal, del municipio de San Martín de Loba, en el sur de Bolívar.
En 1997, Escobar abandonó los predios y 123 familias que vivían en la vereda Buenos Aires empezaron a asentarse en estas tierras, explotándolas con cultivos agrícolas. Se organizaron y se agruparon en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, Asocab.
Según denunciaron a las autoridades, en 2003 un grupo de paramilitares que tenía una base en el corregimiento de Papayal amenazó a las 123 familias campesinas que no tuvieron otra opción que salir de las tierras y abandonar los cultivos. Cuando los ‘paras’ salieron de la zona, las familias retornaron a Las Pavas.
En 2006, los campesinos le solicitaron al Incoder la extinción de dominio de Las Pavas por abandono. En junio de ese mismo año el Incoder confirmó que esa tierra era explotada desde hacía seis añospor 116 campesinos por lo cual dio inicio al proceso solicitado por los campesinos.
Sin embargo, según los campesinos, en el momento en el que Escobar se enteró del proceso, decidió retornar al predio junto a un grupo armado que por segunda vez los amenazó y los expulsó de las tierras.
Luego de lograr el desalojo, en marzo de 2007, Escobar fue hasta la Notaría 9 de Barranquilla y allí registró una compraventa de estas tierras a C.I. Tequendama S.A. y a Aportes San Isidro S.A., la primera filial del polémico grupo Daabon, de propiedad de la familia Dávila Abondano, y la segunda de propiedad de José Macías, quien al final le compró 50% a Daabon. La tierra sumó 1.717 hectáreas y fue negociada por mil millones de pesos.
En 2008 los campesinos denunciaron el desplazamiento forzado y ese mismo año el Incoder dictó una resolución para reabrir el proceso de extinción de dominio. Las empresas presentaron una querella por ocupación y la policía ordenó el desalojo de los campesinos. Pese a la tutela que interpusieron las familias, en 2009 la empresa logró que las familias no permanecieran allí. Es decir, que fueron desalojadas a la fuerza por la Policía.
En 2010 el Incoder reabrió la investigación y en una inspección el Incoder encontró cultivos de palma. Desde ese momento, el Incoder comenzó una investigación contra los empresarios por violación a las normas ambientales porque supuestamente secaron los ríos por los sembradíos.
Después de hacer una visita, en mayo de 2011 el Ministerio de Ambiente emitió un concepto sobre el uso ambiental del predio Las Pavas y encontró que: “el desarrollo de cultivos extensivos de palma de aceite en el predio ha generado impactos sobre el medio ambiente y la biodiversidad, tanto en el área directa como en el área de influencia, y por lo tanto un deterioro a los ecosistemas”, informó el Incoder en un boletín. (Lea el comunicado aquí).
Ese mismo mes la Corte Constitucional se pronunció a favor de la comunidad campesina, ordenando al Ministerio y al Gobierno velar por la restitución de estos predios. El proceso lo asumió el Incoder que en julio de 2012 emitió un informe después de una visita de campo, alertando sobre el cultivo de palma que desarrollaba la empresa Aportes San Isidro.
En septiembre de 2012, el Incoder concluyó que 10 de los 11 predios que integran Las Pavas -1.338 hectáreas- son terrenos baldíos, es decir, de la Nación y que por tanto pueden ser tituladas a los campesinos que son los legítimos reclamantes. La batalla jurídica se había concentrado hasta el momento en que no se sabía de quién eran los predios. Dos meses después, en noviembre de 2012, el Incoder terminó los procesos de extinción de dominio sobre los predios Pavas, Si Dios Quiere y Peñaloza, es decir de otras 1.290 hectáreas. Según las cuentas oficiales del instituto de tierras, el Incoder recuperará 2.600 hectáreas de la antigua hacienda.
