Mario Uribe Escobar: la caída de un cacique

Mario Uribe fue la mano derecha del ex presidente Uribe desde que éste comenzó en la política. Ahora tendrá que pasar siete años en la cárcel por aliarse con paramilitares. Perfil. 

El exsenador Mario Escobar fue presidente de Colombia Democrática, partido que tiene a varios de sus integrados investigados o condenados por ‘parapolítica’. / FOTO ARCHIVO SEMANA -Mario Uribe y el escándalo de la parapolítica (Semana) -Lo que tiene a Mario Uribe de nuevo tras las rejas –Mario Uribe acepta que se reunió con Mancuso pero que no hizo pactos con ‘paras’ – Acusación de la Corte contra Mario Uribe – Procuraduría pide a la Fiscalía llevar a juicio a Mario Uribe – ‘Pantera’ salpica a Mario Uribe y al general Montoya – Caso de MarioUribe vuelve a la Corte Suprema – ‘Ayudé a elegir a Mario Uribe’ (El Espectador) – Corte Suprema de Justicia se queda con caso de Mario Uribe (Semana) – Acusación de la Corte contra Mario Uribe

La sentencia contra Mario Uribe Escobar le pone punto final a una carrera política de más de 30 años en Antioquia. Atrás quedan sus gestas políticas que lo llevaron a convertirse en un gran elector y un senador poderoso. Ahora por disposición de la Corte Suprema de Justicia tendrá que pagar 90 meses de cárcel por concierto para delinquir.

La Corte Suprema lo encontró culpable de aliarse con paramilitares y le ordenó el pago 6500 salarios mensuales mínimos vigentes (mas de 3 mil 500 millones de pesos) tras haber considerado que existen varias evidencias que comprueban que usó el apoyo de grupos ilegales para beneficiarse políticamente y al hacerlo, le causó daño al bien público de la seguridad. (Ver sentencia).

Precisamente, a partir de las declaraciones de Mancuso y de los votos que Uribe obtuvo en Córdoba en 2002, el Alto Tribunal consideró que “Mario Uribe Escobar se concertó con un grupo armado al margen de la ley y que no recibió apoyos sin contraprestación”.

La sentencia agrega además que: “la reunión de Salvatore Mancuso y Mario Uribe en la Hacienda La Capilla (en 2002) no fue después de elecciones, sino antes y que por eso era necesario referirse a acuerdos políticos”, razón por la cual es condenado por el delito de concierto para promover grupos armados.

La Sala Penal concluyó que “el análisis conjunto de las pruebas permite concluir que las declaraciones de Salvatore Mancuso y de Eleonora Pineda, apreciadas históricamente, permiten asumir que Mario Uribe Escobar sí hizo pactos con la organización armada al margen de la ley”.

De cacique a parapolítico 

Nacido en el municipio de Andes, Suroeste de Antioquia, el 12 de agosto de 1949, se vinculó desde joven a la rama judicial como juez civil gracias al título de abogado de la Universidad de Antioquia. Ejerció este cargo en Salgar, un poblado vecino a su tierra natal, y en Medellín, entre 1973 y 1975. No obstante, lo que le atraía realmente era la política y en representación del Partido Liberal resultó elegido concejal de su pueblo en 1976, cargo que ejerció hasta 1982.

Aspiró luego a la Asamblea de Antioquia, y fue diputado desde 1982 hasta 1985, año en el cual sus aspiraciones se vieron fortalecidas pues se unió a una disidencia del liberalismo conocida como Sector Democrático que fundó su primo segundo, Álvaro Uribe Vélez, cuando era concejal de Medellín.

La sociedad política conformada por Uribe Escobar y Uribe Vélez fue tan exitosa electoralmente que al año siguiente se presentaron a las elecciones del Congreso, el primero como candidato a la Cámara de Representantes y el segundo al Senado. Ambos fueron elegidos y en las elecciones siguientes, en 1990, fueron reelegidos.

Para esa época, se abrió paso la Asamblea Constituyente y tras la revocatoria del Congreso y la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, en el llamado a elecciones resultaron elegidos nuevamente. Ya se disputaban el poder a la par con barones electorales de la talla de Bernardo Guerra Serna y de Fabio Valencia Cossio.

Mario Uribe era un político inteligente, apreciado por sus electores y en 1994 llegó con comodidad al Senado. Su aliado, Uribe Vélez llegó a la Gobernación. 

Durante el periodo legislativo de 1994 a 1997, se revivió la extradición de colombianos requeridos por la justicia de otros países, la cual había sido prohibida por la Constitución de 1991. En los debates en el Congreso para modificar la Carta Política, Uribe Escobar fue uno de los legisladores que se opuso a este mecanismo judicial.

En esos años, investigadores judiciales lograron establecer través de interceptaciones telefónicas, posibles relaciones de Uribe Escobar con un narcotraficante del Oriente antioqueño, llamado Pedro Pablo Uribe Henao. En una de esas conversaciones, le preguntó al congresista por el trámite legislativo. Él respondió: “pues se ha hecho mucho esfuerzo por eso Pedro, pero, pero eso parece inatajable”.

Uno de los argumentos de Uribe Escobar era la calidad de la justicia colombiana. Así quedó expuesto en un artículo publicado por el diario El Tiempo el 9 de mayo de 1997: “Tenemos una Fiscalía verraca, una Corte Suprema de Justicia de altísima calificación; una ley de extinción, un endurecimiento de penas, un Ejército y una Policía actuando. ¿Para qué entregar los colombianos a una justicia politizada? ¿Por qué no creer en lo nuestro y sí en las leyes norteamericanas?”. Pese a tu insistencia, la extradición fue aprobada y entró en vigencia en diciembre de 1997.

Esa pelea perdida no minó su caudal electoral. Al contrario, le sirvió para repetir curul en el Senado en 1998. Además, su poder político le alcanzó para ser Presidente de esa corporación pública entre los años 2000 y 2001. 

Ya para esa época, el Sector Democrático no sólo había tenido Gobernador y Presidente del Senado, sino que, como se lee en la página web del movimiento Colombia Democrática, “avaló y eligió innumerables candidatos a concejos municipales y  alcaldías; a juntas administradoras locales y diputados a las asambleas. Participó también en coalición en varios gobiernos departamentales y municipales de la ciudad de Medellín: tuvo representantes en secretarias de despacho, directores de institutos de todo nivel, embajadores, entre otros cargos”. 

Para las elecciones del 2002, Uribe Escobar se volvió a presentar a las elecciones para Senado. Y esta vez con un aliciente adicional: su pariente y aliado era candidato presidencial. Y ambos ganaron. En esas elecciones, el congresista obtuvo la más alta votación por los movimientos liberales en Antioquia, 107.099 votos, y quedó en la lista de los grandes electores colombianos. Su carrera estaba en su punto más alto. 

Para el año 2003, y por sugerencia de varios congresistas que estaban afiliados al Sector Democrático, le solicitaron al Consejo Nacional Electoral registrarse con el nombre de Colombia Democrática, lo cual posibilitaba la elección en todo el país de concejales, diputados, alcaldes, gobernadores y representantes de juntas administradoras locales. En 2004, Uribe Escobar fue su primer presidente. 

En el 2006 fue reelegido nuevamente como senador, esta vez con una votación de 66.407 votos, y Uribe Vélez fue reelegido Presidente de la República. El apoyo de Uribe Escobar fue vital para sacar adelante la reforma constitucional que permitió en el país la reelección presidencial.

La parapolítica

La alta votación de Mario Uribe en 2002 comenzó a despertar sospechas entre los investigadores académicos que primero denunciaron votaciones atípicas en zonas donde los paramilitares habían intimidado a candidatos y a votantes, e imponían su régimen de terror. Además informes periodísticos dieron cuenta de una finca que Uribe le había vendido al ‘Tuso’ Sierra, pariente político suyo de Andes, y quien después fue buscado por narcotraficante. 

La Corte Suprema comenzó a investigar su caso, con el de otras decenas de políticos en lo que el país ha conocido como la parapolítica. La apertura de investigación al senador, causó gran revuelo en la Presidencia, pues su gran aliado político se sintió atacado personalmente. Muchos analistas han señalado que las grandes tensiones entre el presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia se originaron en la decisión de esta última de investigar y detener a Mario Uribe.

En las investigaciones de los magistrados, escucharon el testimonio de un ex paramilitar llamado Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’, quien declaró desde Quebec, Canadá, donde se encuentra exiliado, que Uribe Escobar se reunió dos veces con varios paramilitares, la primera vez a finales de 1998 en Sahagún, Córdoba, y al año siguiente en Caucasia, Antioquia. Según este testigo, en esas reuniones se discutió la compra de tierras a bajo precio. En la acusación que la Corte hizo a Uribe, consideró que estos hechos no pudieron ser comprobados, pues no se pudo verificar que en efecto la finca La Alemania en San Marcos, Sucre, que dijo ‘Pitirri’ que Uribe quería comprar a costa incluso de desplazar a su dueño, había sido adquirida por él. Por eso no lo acusó de los posibles delitos asociados. Sin embargo, sí dijo la Corte que  el testimonio de ‘Pitirri’ era consistente, y contribuía a darle veracidad a las acusaciones, pues describía cuál era el ambiente y el modo de operar entre políticos y paramilitares en el que se habría dado el concierto para delinquir. 

Los testimonios de alias ‘Pitirri’ se sumaron los del jefe paramilitar Salvare Mancuso, quien en varias oportunidades hizo referencia a los acercamientos con Uribe Escobar. La primera de ellas fue el 15 de mayo de 2007, cuando compareció en Medellín ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. Allí declaró que el entonces candidato al Senado lo buscó para que le ayudara a conseguir votos en zonas de influencia de las Auc en Córdoba y Sucre. De acuerdo con este ex comandante, en dos encuentros estuvo la ex representante a la Cámara Eleonora Pineda, quien fue condenada por sus nexos con el paramilitarismo.

En una segunda cita judicial, Mancuso corroboró esa versión en septiembre de 2010, durante la etapa de juicio cuando desde una cárcel de Estados Unidos, el ex jefe del Bloque Norte, ratificó el apoyo político de la organización paramilitar a la campaña de Uribe Escobar en 2002. Según este ex jefe paramilitar, después de una supuesta reunión con el cacique político, le ordenó a sus subalternos que apoyaran esa candidatura en sus territorios de influencia armada.

La reunión entre el político y Mancuso, en la cual estuvo presente Pineda, se realizó en la finca La Capilla, en Tierralta, Córdoba. En ese encuentro, se habló de un acuerdo político entre ella y Mario Uribe Escobar para obtener votos en este departamento. 

Después de la reunión, Mancuso aseguró que se comunicó con sus jefes militares y con líderes políticos de municipios como Puerto Libertador, Planeta Rica y Montelíbano para que “en nombre de las autodefensas” apoyaran la candidatura de Uribe al Senado: “Yo avalé ese acuerdo tácitamente, llamé al comandante del Alto San Jorge y le dije que fuera a apoyar a Mario Uribe en esos municipios”. 

Según Mancuso, al principio iba a apoyar el ex senador Miguel de la Espriella, también condenado por sus nexos con las Auc, como fórmula de Eleonora Pineda al Congreso, pero luego de la reunión de Tierralta  “cambió de opinión” y prefirió ayudar a Uribe Escobar.

El proceso judicial en contra de Uribe Escobar comenzó en noviembre de 2006, cuando La Corte Suprema de Justicia escuchó los testimonios del ex paramilitar e inició una investigación en contra del ex congresista. Cuando la Corte ordenó su vinculación al proceso, Uribe renunció a su curul, pues con la jurisprudencia que estaba vigente en el momento, al renunciar evitaba que fuese la Corte la que lo investigara y juzgara y su caso pasaba a ser investigado por un fiscal y juzgado por un juez.

Luego se supo que, según dijo el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cesar Julio Valencia Copete, denunciara en una entrevista realizada por la periodista Cecilia Orozco y publicada por el diario El Espectador el 13 de enero de 2008, elmismo día que la Corte llamó a indagatoria a Mario Uribe, el Presidente de la República se comunicación telefónicamente con Valencia desde la ciudad de Nueva York para exigirle explicaciones por la decisión judicial que afectaba a su primo. El  entonces presidente Uribe entabló luego una querella judicial contra el magistrado, pues según él, no era cierto que él hubiese llamado a preguntar por la suerte de su primo.

Tres colegas de Mario Uribe de los cuatro que tenía Colombia Democrática en el Congreso también ameritaron investigaciones de la justicia por posible vinculación con la parapolítica.

El caso pasó a la Fiscalía y luego de retomar la investigación de la Corte, Ramiro Marín, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, emitió orden de captura el 22 de abril de 2008, motivada por las investigaciones contra Uribe Escobar por el delito de concierto para delinquir. En un comunicado del ente investigador se precisó el alcance de la decisión: “es investigado por una reunión que sostuvo con el ex cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso antes de las elecciones del 10 de marzo de 2002 y con Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’, en noviembre de 1998″. 

Desesperado Uribe solicitó asilo en la embajada de Costa Rica en Bogotá con el fin de esquivar la orden de captura. El gobierno de ese país le negó la petición y ese mismo día y fue escoltado por decenas de miembros de la Fuerza Pública fue conducido a la cárcel La Picota. 

El mismo día de la captura, el Presidente de la República, dijo en un comunicado de prensa que “La medida de aseguramiento contra el senador Mario Uribe me duele. Y asumo este dolor con patriotismo, sin mengua en el cumplimiento de mis responsabilidades, con el interés único de proteger las instituciones, protección que además depende de los titulares de las otras ramas del poder público”.En

El caso sin embargo dio un giro inesperado en favor de Mario Uribe y el 19 de agosto de 2008,  el entonces Vicefiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, ordenó su ex carcelación  alegando que no había suficientes evidencias en su contra para mantenerlo privado de la libertad. “Se encontró que la prueba para dictar la medida de aseguramiento no era suficiente, sin perjuicio de que si hay otras pruebas posteriores la decisión sea otra”, explicó el funcionario. Pese a esa decisión, el ex Senador siguió vinculado al proceso.

Como fue desautorizado en forma explícita por el Vicefiscal, y el Fiscal Mario Iguarán guardó silencio, el fiscal Marín renunció a su cargo. En carta al Fiscal General de la Nación dijo:  “Aspiro a que en el futuro se llame la atención sobre los peligros que entraña la manipulación del contenido de las decisiones con fines poco ortodoxos, lo cual no constituye crítica, en cambio sí llena de oprobio la autonomía ética y funcional de los fiscales”. 

La Corte Suprema luego cambió la jurisprudencia y retomó el caso de Mario Uribe, y el de otros ex congresistas. Pronto volvió  a emitir una orden de captura contra Uribe Escobar, la cual se hizo efectiva en Medellín el 24 de febrero de 2010.

Durante la etapa de juicio, entre julio de 2010 y febrero de 2011, el ex senador negó cualquier tipo de vínculo con grupos paramilitares que delinquieron en el norte del país y aseguró que no hizo ningún tipo de acuerdo ni con paramilitares del Bloque Norte de las AUC ni con la ex congresista Eleonora Pineda.

No obstante, admitió haberse reunido en una ocasión con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, a mediados de 2002, con posterioridad a las elecciones de Congreso y meses antes a las elecciones para Presidente. El ex senador señaló que la reunión se dio cerca de Montería y de manera “sorpresiva”, por iniciativa de Eleonora Pineda.

Según Uribe Escobar, en esa reunión, el ex jefe paramilitar le manifestó la intención que tenía de “utilizarlo” por sus vínculos familiares como enlace frente al entonces candidato a la Presidencia de la República, Álvaro Uribe Vélez. El ex congresista dijo que le respondió al ex paramilitar “de manera cortés”, rechazando su propuesta.  

“No pacté nada con Mancuso. Nunca celebré acuerdos de ninguna índole. La reunión fue inesperada… después de oírle su discurso, simplemente respondí de manera cortes que no era posible y que sin embargo en una situación tan difícil la paz era un objetivo plausible. De hecho, Salvatore dice expresamente que nunca hice gestión para ellos ni que él jamás pidió un voto para mí”, reiteró Uribe Escobar ante los magistrados de la Corte.

Otro de los motivos que Uribe Escobar expuso para justificar su reunión con Mancuso fue que estaba adelantando gestiones de paz. Sin embargo, durante la etapa de juicio, el ex Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, aseveró que el ex congresista nunca recibió la autorización del gobierno para negociar y hacer contactos con grupos al margen de la ley. 

Pese a la insistencia en negar su inocencia, la sentencia contra el ex senador antioqueño confirmó que Mario Uribe y los paramilitares se aliaron para lograr el poder político, tal y como se había precisado en la resolución de acusación emitida por el Alto Tribunal en febrero de 2010.  (Ver acusación de la Corte Suprema de Justicia contra Mario Uribe).

En ese momento, la Sala Penal estableció que “la alusión a la manera como operó el aparato paramilitar en sus orígenes, permite explicar mediante una visión de conjunto, la razón de ser de la gravedad del injusto que se atribuye al doctor Uribe Escobar, al pactar con Salvatore Mancuso, líder de esas fuerzas ilegales, la promoción de grupos armados al margen de la ley que inicialmente fueron concebidos como un medio de presión sobre pueblos enteros, pero que luego pretendieron asumir la condición de “actores” políticos, con el respaldo y auspicio de quienes ostentaban la condición de representantes del Estado”. 

La acusación de la Corte se centró en los resultados atípicos que tuvo Mario Uribe en Sahagún, Montelíbano, Planeta Rica y Chinú.

El análisis de las votaciones hecho en ese momento para 1998, 2002 y 2006 puso en evidencia el hecho de “cómo puede alguien (refiriéndose a Mario Uribe), quien quiera que sea, que no es de la región y que tiene una vinculación de otra especie más que política, obtener unos niveles de votación como nunca los había tenido y luego volver a sus cauces normales sin mayor explicación”.

En Montelíbano, Uribe obtuvo en 1998 sólo ocho votos. En 2002 sacó 4.087 votos y en 2006, con 13 votos, volvió a sus niveles normales. O sea que en las elecciones de 2002 aumentó su caudal electoral 510 veces. Este comportamiento “atípico” se reproduce en los otros municipios, que para la época tenían una fuerte presencia paramilitar, con aumentos de votaciones entre 42 por ciento y 1200 por ciento.

Aunque Mario Uribe explicó el aumento de sus votaciones gracias a alianzas con políticos locales como Otto Bula y Mariano Cura Demoya, la Corte condenó el hecho que en las elecciones parlamentarias de 2006 tales resultados no se reprodujeron.

Para el Alto Tribunal, Uribe además tenía que saber que aliándose con Eleonora Pineda en la región de San Jorge se estaba juntado con alguien que tenía notorios nexos con Salvatore Mancuso. Según la Corte “no es improbable que Eleonora Pineda haya celebrado un compromiso electoral con Mario Uribe y que el mismo (compromiso) lo haya avalado Salvatore Mancuso”.

La Corte añadió que Eleonora Pineda, como aliada de los ‘paras’, también tuvo resultados extraños en los municipios donde Mario Uribe aumentó de forma atípica su caudal electoral, lo que permite demostrar un acuerdo entre Mancuso y los dos políticos.

De esta manera está llegando a su fin la carrera de esta figura política antioqueña, un ambicioso abogado que de juez civil municipal pasó a ser uno de los mayores electores del país. La Corte le prohibió ejercer funciones públicas por 7 años y medio, tiempo igual al de su condena. Los atajos que tomó para subir rápido en política, le dejan ahora una lección amarga.