Un magistrado de Justicia y Paz solicitó una reunión con la Fiscalía y el Ministerio Público para analizar la situación que vive la justicia en Antioquia.
El asesinato del investigador Jaime Henao Arteaga, ocurrido el lunes 16 de mayo, prendió de nuevo las alarmas entre los funcionarios judiciales y representantes de víctimas de Medellín.
Un magistrado de Justicia y Paz interrumpió por varios minutos la audiencia de control de legalidad contra el exjefe paramilitar alias ‘H.H.’, para solicitar una reunión con la Fiscalía y el Ministerio Público “para que elaboremos un informe que ponga en conocimiento a las autoridades de la situación, y actúen”, dijo.
Henao Arteaga era el coordinador de la Unidad de Lucha contra las Bandas Criminales, Bacrim, en Antioquia, y llegó a este cargo por su conocimiento sobre grupos armados ilegales en la región. Antes había trabajado en la Unidad de Justicia y Paz en Medellín, donde había investigado sobre los bloques paramilitares que delinquieron en el Urabá antioqueño.
Fue el investigador que desempolvó el Informe 050 de diciembre de 1996, un documento clave elaborado por funcionarios del CTI de la época, que advirtió sobre la estructura y financiación del paramilitarismo en el Urabá, y que sirvió para documentar los orígenes del Bloque Bananero. Tras 22 años de trabajo en la Fiscalía, había llegado al nivel 7, el máximo grado que logra un investigador en la institución.
Para la justicia, el asesinato de Henao no es aislado. “La situación es preocupante. Estos hechos se tienen que visibilizar para que no sigan sucediendo. Ya no queremos más minutos de silencio en honor a las personas que con valentía han luchado por la verdad y la justicia del país”, dijo un investigador.
El 24 de marzo de 2011 el magistrado de Justicia y Paz también había interrumpido la audiencia y pidió un minuto trasel asesinato de David de Jesús Góez Rodríguez, ocurrido en Necoclí. Góez, de 70 años, era uno de los líderes del proceso de reclamación vinculado a la Asociación Tierra y Vida, que agrupa a cientos de familias que buscan la restitución de tierras en esa región del país, expropiadas de manera ilegal y forzada por grupos paramilitares.
Los defensores de los desmovilizados también han expresado su preocupación. A principios de mayo de 2011 el abogado Rubén Darío Hincapié renunció a la defensa del exjefe paramilitar Raúl Emilio Hasbún alias ‘Pedro Bonito’, al considerar que no “habían garantías”. Un día antes, en Bello, había sido asesinado el abogado Edquir José López, el anterior defensor de alias ‘Pedro Bonito’.
Unos días después siete exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), recluidos en el patio número uno de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, le enviaron una carta al Presidente de la República denunciando que se habían quedado sin abogados. Sus defensores también renunciaron argumentando falta de condiciones de seguridad para defenderlos.
