Salvatore Mancuso y Edward Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’ le pidieron al Presidente, interlocución política en la discución del proyecto Marco Jurídico para la Paz. Esta no es la primera carta que envían los ex paramilitares extraditados.
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Salvatore Mancuso, desmovilizado, extraditado y ex jefe de los bloques Córdoba, Norte y Catatumbo de las Auc. Foto: Semana. |
En una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, los ex paramilitares Salvatore Mancuso y Edward Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’ pidieron vocería política para discutir y según ellos, aportar desde su experiencia al proyecto de acto legislativo denominado Marco Jurídico para la Paz que busca crear instrumentos de justicia transicional ante un eventual proceso de paz en Colombia.
El comunicado deja en evidencia tres cosas: la primera, la indudable necesidad de los paramilitares de reabrir los canales de diálogo con el gobierno nacional; la segunda, las implicaciones que les va traer el proyecto legislativo en curso; y la tercera, la necesidad de mostrar que el proceso de paz con las autodefensas aún no se ha terminado.
Con el mensaje, los ex jefes paramilitares buscan que el presidente Santos abra canales de comunicación y participación que les fueron cerrados tras la extradición de 14 jefes de las Auc, en mayo de 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
“Alentados por estas afirmaciones y propósitos, respetuosamente solicitamos al señor presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos darle continuidad al Proceso de Paz con las Autodefensas, retomar la interlocución política abruptamente interrumpida por el Gobierno anterior y culminarlo exitosamente, dado que la voluntad, el compromiso y los hechos de paz demostrados por nosotros, son incontrovertibles”, afirman en la carta Mancuso y ‘Vecino ’.
A pesar de lo que dice la carta, los jefes paramilitares han tenido la posibilidad de hablar en el proceso de Justicia y Paz, pero solo algunos lo han hecho y solamente después de que negociaron con la justicia estadounidense. El caso más notorio de falta de colaboración es el de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ quien desde que fue extraditado no ha querido comparecer más con la justicia colombiana.
Sin embargo, otros en cambio han seguido colaborando con la Fiscalía por lo que han sido trasladado a cárceles de Miami y Virginia. Esto se dio luego de que se firmara un acuerdo de cooperación judicial entre el Ministerio de Interior y la Fiscalía de Estados Unidos, que busca que magistrados, jueces y fiscales tengan más acceso a los ‘paras’ extraditados, con lo que se reanudó la colaboración de los paramilitares extraditados con la justicia en el país.
Entre los que reanudaron sus versiones están Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, Diego Ruiz Arroyave, Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’ y
Otro grupo fue transferido al centro de detención de Northern Deck, en Virginia, entre los que se encuentran Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo, Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’, Miguel Ángel Mejía, alias ‘El Mellizo’, José Gregorio Terán y Norberto Quiroga, alias ‘Beto’.
Un segundo tema clave es el análisis que los ex jefes ‘paras’ hacen sobre las implicaciones que pueden desprenderse de la aprobación del Marco Jurídico para la Paz. Pero, ¿en qué puede beneficiarlos?
Según Juan Carlos Palou, experto en justicia transicional de la Fundación Ideas para la Paz, la aplicación de los criterios de priorización y selección, incluidos en el proyecto que discute el Congreso pueden afectar los procesos que se adelantan contra los jefes ex paramilitares en Justicia y Paz.
Los autores del proyecto han dicho que con la priorización y selección de los crímenes cometidos por los grupos armados ilegales se busca que el proceso de justicia transicional sea más ágil y responda más rápido a los intereses de las víctimas. Si el acto legislativo es aprobado, los magistrados y los fiscales podrán dar prioridad a los casos relacionados con ciertos delitos y en los que se vean involucrados los principales jefes de los grupos armados.
El mensaje, con fecha del 30 de abril de 2012, se hizo público la misma semana en la que la Cámara de Representantes debe tomar una decisión sobre el proyecto. Si la iniciativa es aprobada, pasará a discusión al Senado.
Por último, otro objetivo de la carta, según un funcionario del Gobierno consultado por VerdadAbierta.com, es el de señalar que el proceso de Justicia y Paz no ha terminado, y que están interesados en seguir colaborando con sus testimonios. Los jefes ‘paras’ señalan en el texto la importancia de su papel en el esclarecimiento de la verdad y exigen unas reglas claras para continuar en el proceso.
“Necesitamos interlocución continuada que garantice la culminación exitosa de todas las etapas del Proceso de Paz, normas, reglas y leyes claras, seguras y garantistas… consideramos indispensable que para satisfacer intenciones tan loables como las contenidas en el nuevo Marco Legal para la Paz y en el anterior vigente…se habiliten definitivamente los canales de comunicación confiables, eficaces y fluidos que hagan posible que quienes estemos cumpliendo sin mácula las etapas previstas en el Proceso de Paz o los que se avecinan, podamos poner a disposición y aportar al Gobierno, al Congreso, a la Justicia, a los Organismos Multilaterales, al Mundo de la Academia y a Colombia entera toda nuestra experiencia y conocimiento hasta hoy no valorados en debida forma”, dice la carta.
Esta no es la primera vez que ex jefes paramilitares se dirigen a las altas instancias del Estado pidiendo interlocución en debates de proyectos que cursan en el Congreso, relacionados con las víctimas, la desmovilización y en general los mecanismos jurídicos sobre procesos de paz y justicia transicional.
El 10 de junio del 2009, en un carta dirigida también al gobierno, varios jefes paramilitares, recluidos en La Picota y en Itagüí, entre ellos, ´Ramón Isaza’, ‘Diego Vecino’, ‘Guillermo Torres’, y ‘El Águila’, entre otros, le pidieron al gobierno reformar la Ley de Justicia y Paz y propusieron la convocatoria de un ‘Referendo por la Paz’ y una Constituyente.
Un año después, El 6 de septiembre de 2010, varios de los jefes paramilitares recluidos en Itagüí, en un carta dirigida a la ex senadora Piedad Córdoba solicitaron vocería en debates que se avecinaban en el congreso como el de la ley de víctimas y la ley de restitución de tierras.
