En Magdalena, donde la tierra siempre la han tenido pocos, la violencia paramilitar, con funcionarios cómplices, empeoró la inequidad. Hoy, apenas 1749 personas se han atrevido a exigir que les devuelvan las fincas que les robaron porque saben que esa osadía puede costarles sangre.
La historia de la distribución de la tierra en Magdalena podría ser el más claro ejemplo del pulso que por décadas han mantenido los ganaderos con los campesinos. Magdalena dedica el 80 por ciento de sus tierras útiles para la actividad agropecuaria a la ganadería. Del millón seiscientos mil hectáreas hábiles que tiene este departamento del Caribe, en solo un poco más de 186 mil se desarrollan actividades agrícolas, por lo general en fincas pequeñas y medianas. Las grandes haciendas se dedican casi todas a la ganadería, al banano (desde Fundación hasta Santa Marta) y a cultivos agroindustriales, como la palma aceitera y los maderables, como la teca.
Durante varias décadas, el conflicto por la tierra en la Costa Caribe fue entre terratenientes y campesinos por el control de las haciendas ganaderas, según ha documentado el académico Alejandro Reyes, experto en asuntos agrarios. Al principio, fueron los campesinos los que ayudaron a que esas haciendas crecieran ya que las arrendaban para cultivar sus productos a cambio de sembrar pastos. Pero este panorama cambió cuando el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) impulsó una reforma agraria. Los terratenientes se asustaron y expulsaron a los campesinos antes de que reclamaran los pedazos de sus haciendas que habían trabajado y donde habían vivido por varias generaciones.
Para defender su política, Lleras auspició la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Ésta entusiasmó a los campesinos del país, y sobre todo a los costeños. Se organizaron y salieron a exigir “la tierra para el que la trabaja”, entrando a las fincas al son de sus cantos. Los terratenientes acudieron a la fuerza pública para sacarlos. “Aunque las invasiones de haciendas, legalizadas por la reforma agraria en alguna proporción, lograron reasentar a una pequeña parte de los campesinos movilizados, la resolución del gran conflicto por la distribución del latifundio costeño continúa aplazándose”, escribió Reyes en su libro Guerreros y Campesinos.
Esto fue palpable en el caso de Magdalena. Un informe de 2008 que presentó la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado a la Corte Constitucional, afirma que entre 1970 y 2003 el 84 por ciento de las adjudicaciones en Magdalena fueron baldíos “en su mayoría de regular calidad, alejados de las posibilidades de comercialización y con casi nada de infraestructura productiva”.
Reyes identificó en Magdalena dos tipos de conflictos por la tierra. El primero se dio en las tierras valiosas donde se desarrollaron las grandes plantaciones del banano, al norte del departamento. El otro se dio porque la apropiación indebida de tierras para expandir haciendas ganaderas a costa de las ciénagas, dejó sin sustento a muchos campesinos que cultivaban estacionalmente en suelos cenagosos, ricos en nutrientes, que quedaban al descubierto en el verano.
Guerrillas, autodefensas y tierra
Las condiciones de inequidad en la distribución de la tierra del Magdalena se agravaron cuando el conflicto se tornó violento. Las Farc llegaron a Magdalena entre 1982 y 1983 y comenzaron a extorsionar a ganaderos, empresarios bananeros y agricultores de la Sierra Nevada. Cuando no pagaban, los secuestraban para obligarlos a cumplir con sus cuotas mensuales a la guerrilla.
La solución para muchos terratenientes victimizados por la guerrilla –varios de los cuales eran narcotraficantes y ya habían conformado ejércitos privados a la zona– fue respaldar a grupos paramilitares para proteger sus tierras, y en algunos casos, sus negocios ilícitos. Según las investigaciones de Reyes, entre 1980 y 1985, los narcotraficantes compraron tierras en 14 municipios del Magdalena. Por eso era de esperarse que el primer grupo paramilitar que apareciera en la Sierra Nevada, fuera de un narcotraficante llamado Hernán Giraldo, quien llegó a controlar los cultivos de marihuana y luego de coca en la zona. La suyas se llamaron Autodefensas del Mamey, las mismas que una década después, adoptaron el nombre de Resistencia Tayrona de las Auc.
‘El Patrón’ –como todos conocían a Giraldo—se ganó el apoyo de grandes hacendados que detentaban el poder político en el Magdalena por la protección que les brindaba frente al acoso de las Farc y de la otra guerrilla que llegó a la región, el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Los dueños de pequeñas parcelas en la Sierra, también le pagaban cuotas mensuales de protección a Giraldo, en parte porque él invertía el dinero en mejoras sociales (dotar escuelas, por ejemplo) y en parte por el miedo que infundía.
La investigación ‘Y refundaron la patria’ de la Corporación Nuevo Arco Iris señala que en Magdalena las familiasde tradición han concentrado el poder económico y político con base en la propiedad formal o de hecho, de grandes haciendas. Este poder se afianzó, ” luego de que dichas familias se aliaran con extranjeros que los indujeron a utilizar las tierras con fines ilegales, como el contrabando de café en los años cincuenta, la bonanza marimbera y el contrabando de licor y tabaco en los sesenta y por último, el narcotráfico en los años noventa”, explica el informe.
Según Giraldo, en versiones libres ante Justicia y Paz, él fue amigo personal de Edgardo Vives Campo, jefe del clan de los Vives, que falleció en 2007. Vives Campo fue gobernador de Magdalena, alcalde de Santa Marta, senador y estuvo preso por irregularidades en el manejo de dineros públicos.
Analistas regionales consultados por VerdadAbierta.com afirman que la creación de ejércitos particulares al servicio de terratenientes y empresarios, como el que lideró Giraldo, ha sido una vieja costumbre en Magdalena. “Mi suegra tiene 82 años y relata historias de grupos armados al servicio de los gamonales de los pueblos matando a los campesinos, corriendo las cercas de sus fincas, echando buldócer y baleando en la calle al que se portaba mal”, dice una líder de derechos humanos en Santa Marta. “Aquí (Magdalena) por un gramo de tierra caen muertos”, agregó.
En la Sierra Nevada también hicieron presencia las Autodefensas de Palmor, de Adán Rojas y sus hijos. Estas nacieron en los años ochenta con el respaldo de las autodefensas de Puerto Boyacá, que fueron financiadas por Gonzalo Rodríguez Gacha, integrante del Cartel de Medellín. Lo contradictorio, es que en la región se habla que el grupo de El Palmor se conformó por petición de narcotraficantes del Valle –los enemigos del cartel de Medellín al que pertenecía Rodríguez Gacha–. Una fuente asegura que de todos modos las Farc le ganaron la guerra a Rojas y éste tuvo que pedir auxilio a Giraldo. La versión de Rojas es diferente (ver entrevista a Adán Rojas).
En 2002 las Auc –bajo el mando de Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’– arremetieron contra Giraldo para disputarle a sangre y fuego no solo esta zona del Magdalena si no para dominar la vida política y económica de todo el departamento.
En el centro y sur de Magdalena ocurrió algo parecido. Allí había surgido otro líder de autodefensas conocido como ‘Chepe Barrera’ (José María Barrera Ortiz), que al igual que Giraldo se tomó la ley en sus manos y, a la vez que ofrecía protección a los ganaderos de la ‘vacuna’ y del secuestro guerrillero, mataba a cualquiera que le resultara incómodo en sus planes de dominio, acusándolo de auxiliador de la subversión. Barrera, como Giraldo, sucumbióbajo el dominio de ‘Jorge 40’.
Según reportes del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, las Auc se metieron al Magdalena para apropiarse de rutas del narcotráfico, y también para hacerse a otros negocios del rico departamento como el contrabando y la venta ilegal de gasolina, además de la apropiación de tierras ricas en carbón que luego podían vender a las grandes empresas.
Conseguir lo que se proponían exigía desplazar forzadamente a centenares de miles de personas. Incluso los herederos del paramilitarismo, después de la desmovilización oficial de ’40’ en marzo de 2006, siguieron forzando a las familias magdalenenses a huir para salvar sus vidas. Entre 1997 y agosto de 2010 fueron desplazados de sus lugares de origen 227.270 campesinos en ese departamento según los datos oficiales, que son los más conservadores.
Los municipios con mayor número de personas expulsadas fueron Fundación, Santa Marta, Ciénaga, Pivijay y Zona Bananera, los cuales, a su vez, también están en la lista de los 20 municipios con mayor índice de desplazamiento forzado en Colombia. En 2001, por ejemplo, Fundación, en la vertiente occidental de la Sierra Nevada, ocupó el primer lugar en el país con 11.811 desplazados y en 2002 fue Santa Marta, con 19.731.
El año más crítico fue 2002, cuando de los campos del Magdalena salieron corriendo 38.417 personas. La política de expulsar a los campesinos para debilitar a la guerrilla, realmente no fue efectiva. Al contrario, a mayor violencia paramilitar, mayores los crímenes de la guerrilla. Ese mismo año de 2002, en el departamento hubo un récord de 177 secuestros, la mayoría a manos de las guerrillas.
El despojo paramilitar
Después de una minuciosa investigación, la Superintendencia de Notariado y Registro encontró que en Magdalena, como en muchas partes del país, a la gente le robaron la tierra después de haberla desalojado a la fuerza o la obligaron a vender a precios insignificantes. Pero la modalidad de despojo más frecuente –según lo descubrió la Superintendencia en ese departamento– no fue esta, sino la de usar las entidades del Estado para quitarle las fincas a los campesinos y dejarlas legalmente escrituradas a manos de los expoliadores.
Chibolo fue el epicentro de este tipo de robo que protagonizó el temido ‘Jorge 40’. Los paramilitares sabían que en esta región del centro de Magdalena, el Incora había adjudicado tierras a unos campesinos y que otros no tenían títulos de las tierras donde vivían y en las que trabajaban de toda la vida. Así que luego de amenazar y asesinar a algunos líderes de las comunidades para infundir terror, los obligaron a dejar sus fincas.
El Incora luego constataba el abandono, sostenía que no había habido causa justificada para haber dejado los predios adjudicados y revocaba los títulos, saltándose los pasos legales, como convocar a un comité de tierras, avisarles a los beneficiarios, etc. Libres de dueños, estas mismas tierras eran adjudicadas a terceros, los cuales, en muchos casos, eran paramilitares desmovilizados, sus familiares, sus testaferros o políticos de la región.
Una prueba de lo que sucedió es la serie de 56 cartas que campesinos despojados le escribieron a ‘Jorge 40’ un año antes de que éste se desmovilizara. Le pedían –algunos le rogaban– que les devolviera sus tierras. “Con mi acostumbrado respeto me dirijo a usted con el fin se sirva a autorizar a quien corresponda se me haga devolución de las tierras ubicadas… en el municipio de San Ángel (centro de Magdalena)… de estas tierras fui desalojada hace 4 años y de ella depende el sustento de mi familia”, dice una carta cuyo contenido se repite casi idéntico en las demás. Varias mencionan a César Augusto, ‘El Tuto’, Castro Pacheco, hermano de un congresista de la época, pues les prometió pagarles sus fincas y después de que se las entregaran, les incumplió.
En el mejor de los casos, obligaron a los campesinos a malvender. “Negociamos con su vida”, era la amenaza. Muchos se resistieron y muchos también fueron desaparecidos. “El que no salía de su parcela ahí quedaba enterrado”, dice un líder de desplazados en Santa Marta.
Según cifras de la Unidad de tierras, hoy, tras dos años de la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, las solicitudes de restitución en Magdalena se concentran en dos municipios, aunque hay registradas en 26 de los 30 que tiene el departamento. Ciénaga encabeza la lista con 326 solicitudes y le sigue Chibolo. Allí, en este municipio que fue centro de operaciones de ’40’, fueron despojados 5.041 campesinos, la tercera parte de sus habitantes. Solamente 285 personas han presentado solicitudes de restitución por sus fincas que sumadas alcanzan las 14.495 hectáreas. En total, Magdalena registra 1.749 solicitudes de restitución que suman 86.572 hectáreas.
El número de adjudicaciones de parcelas a campesinos que después reversó el Incora también es revelador. Según lo constató VerdadAbierta.com, de 352 títulos que les había entregado el Incora a los campesinos del Magdalena entre 1996 y 2003, revocó luego 214, la mayoría (132) en 2003, cuando ya los paramilitares estaban conversando con el gobierno sobre su desmovilización. Ariguaní (hoy Sabanas de San Ángel) y Chibolo son los municipios en los que se registran el mayor número de revocatorias. Le siguen Pivijay, Tenerife y Pueblo Nuevo, todos municipios de influencia de ’40’.
Hoy se sabe que estos municipios del centro de Magdalena fueron estratégicos para los paramilitares porque les permitía moverse con rapidez a otros departamentos del Caribe, bien fuera para sacar la cocaína al mar, meter las armas o huir después de haber cometido una masacre. Controlar el centro del Magdalena también les permitió montar un frente que vigilara el ferrocarril que llevaba parte del carbón del Cesar al puerto de embarque en Ciénaga o en Santa Marta, y que era constantemente saboteado por la guerrilla. Esta vigilancia se prestó para que decenas de personas de la región fueran asesinadas. También podían desde esas sabanas proteger el oleoducto Caño Limón-Coveñas, pero de paso, el destierro fue pan de cada día, algo que hoy el Gobierno intenta deshacer.
La ofensiva violenta de los paramilitares en el Magdalena favoreció, en últimas, a que la tierra se concentrara aún más en manos de unos pocos grandes propietarios. Según lo documentó la Corporación Arco Iris con cifras de la Contraloría y el Ministerio de Agricultura, luego del despojo, vino la compra de tierras para la ganadería extensiva y los cultivos permanentes de banano y palma.
