“Nos están asesinando por la resistencia que hacemos y por defender nuestros territorios”, afirma sin vacilaciones Francia Márquez, reconocida lideresa afro que integra el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca (Aconc), una mujer que ha sentido en carne propia los embates de los violentos.

Una de las razones de esos ataques, dice, es la defensa que han hecho del proceso de paz: “Cauca, Valle, Nariño y Chocó fueron los departamentos que le dijeron sí al proceso de paz de manera unánime. Hicimos una apuesta grandísima porque son nuestros territorios los que, desproporcionalmente, han sido los más afectados por el conflicto armado”.

Al ser preguntada si se puede citar su nombre en este reportaje o prefiere mantener en reserva su identidad, con firmeza y desazón, responde: “Sí, ya no tengo problema… Si quiere, ponga mi nombre. Igual uno se tiene que morir una sola vez en la vida”. Y lo dice desde su experiencia forjada en la defensa de su comunidad, el consejo comunitario de La Toma, del municipio de Suárez. Por ello ha sufrido amenazas de muerte e intentos para materializarlas, que la obligaron a salir de la tierra y del río donde creció. (Leer más en: “¿Para qué sirve que me maten?”)

Márquez y otros 15 líderes afrodescendientes lograron esquivar la muerte el 4 de mayo del año pasado. Varias personas irrumpieron en la finca La Trinidad, de la vereda Lomitas, en Santander de Quilichao, disparando y les arrojaron una granada, cuando preparaban una reunión que tendrían días después con funcionarios del gobierno nacional para evaluar varios acuerdos suscritos. (Leer más en: Ser líder social en el suroccidente, una labor de riesgo extremo)

Desgraciadamente, muchos otros líderes sociales y defensores de derechos humanos en Cauca no han logrados esquivar las balas. En las semanas posteriores a la firma del Acuerdo de Paz alcanzado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, el 24 de noviembre de 2016, por lo menos cuatro fueron asesinados, y a partir del año siguiente las muertes se cuentan por decenas.

La respuesta de por qué están matando a los defensores de derechos humanos en Cauca es tan intricada y diversa como la realidad de ese departamento del suroccidente colombiano.

Cauca es un eje articulador que conecta a los departamentos de Valle del Cauca, Tolima, Huila, Caquetá Putumayo y Nariño, por donde atraviesa la cordillera de Los Andes y tiene una extensa costa sobre el océano Pacífico. Esas condiciones geográficas favorecen la movilidad de bandas armadas que, además, buscan lucrarse del narcotráfico y la minería ilegal.

Luego de que las Farc dejaran las armas, hubo unos meses de relativa tranquilidad. Muy pronto, sin embargo, antiguos grupúsculos de personas armadas que se alejaron del proceso de paz y se declararon disidentes comenzaron a disputarle violentamente el dominio de territorios, negocios y rutas, a criminales organizados en facciones que también llegaron a la zona. El Estado no llenó, a la velocidad que demandaba el momento, el vacío de poder que dejaron las antiguas guerrillas cuando dejaron de regular el poder local. No fortaleció las instituciones de policía ni de justicia, ni hizo un esfuerzo efectivo para atender mejor a las necesidades de la gente. Como siempre, la respuesta de Bogotá fue delegar la responsabilidad estatal sólo en hombros de militares.

Así lo consignó en su informe de 2019, Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH): “Los esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado, particularmente de autoridades civiles, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y la Policía, fueron insuficientes, en particular en las zonas rurales. Las cinco 'Zonas Estratégicas de Intervención Integral' establecidas por el Gobierno a través del Decreto 2278 de 2019 fueron creadas para atender este vacío. Sin embargo, el ACNUDH observó que la presencia estatal en estas zonas continúa siendo predominantemente militar y el avance para establecer una mayor presencia de autoridades civiles ha sido lento”.

Pero las muertes no ocurren solamente porque a Cauca la crucen tantos caminos estratégicos, ni porque el Estado no fortaleció las instituciones de justicia. La violencia también es un intento por doblegar a una sociedad civil particularmente activa en esa región. Los pueblos étnicos luchan por su autonomía y se resisten activamente a la expansión de las drogas ilícitas. Los campesinos reivindican sus derechos a la tierra y al agua. Defensores ambientales intentan frenar megaproyectos energéticos o industriales. Los sindicatos de los ingenios azucareros quieren mejores condiciones laborales. Y el movimiento LGTBI en Popayán y Caloto se manifiesta para que se respete su derecho a la diversidad.

“Cauca es el departamento del país que tiene la mayor fortaleza de movimiento indígena, campesino y afrodescendiente del país”, dice Diana Sánchez, coordinadora del Programa Somos Defensores, que reúne a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que desde 2002 documenta las agresiones contra activistas de derechos humanos. Y explica que los indígenas han liderado la resistencia a grandes empresas de la caña de azúcar y otros terratenientes que se oponen a que se les reconozcan tierras colectivas.

Tatiana Prado, investigadora del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), coincide en que en Cauca hay unos liderazgos más fuertes que en otras regiones del país, pero añade que “como es un territorio tan conflictuado, vulnerable a economías ilícitas y al control de parte de grupos armados, esos liderazgos fuertes quedan expuestos por lo que representan para los actores ilegales”.

La FIP ha venido siguiendo los factores de violencia en el departamento y ha emitido varios informes sobre quiénes han saboteado el proceso de paz que arrancó, luego de que gobierno y Farc firmaran el Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto en noviembre de 2016.

Explica Prado que “en la medida de que hay mayor organización social, mayor visibilidad de organizaciones sociales y liderazgos más fuertes, el cometido de estos grupos armados es atacar a sus líderes para dar un mensaje de quién manda en el territorio y cuáles son las agendas opuestas a su accionar”. Por eso, plantea, que las agresiones a líderes sociales tienen tanto que ver con el intento de control social y territorial de actores ilegales.

En su Alerta Temprana 026-18, del 28 de febrero de 2018, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo advirtió que 337 organizaciones sociales del país se encontraban en riesgo. El departamento de Cauca encabezó el listado con 38 colectivos bajo amenaza; seguido por Bogotá D.C., con 31; Valle del Cauca, con 24; Antioquia, con 22; Cesar, con 19; y Putumayo, con 18. (Leer más en: Una alerta temprana que llegó 282 muertos después)

“En Cauca crecen los cultivos de uso ilícito, hay minería ilegal y se movilizan grupos armados ilegales, pero además hay mayores organizaciones de carácter social con la capacidad de denunciar, de defender el territorio y el medio ambiente”, dice el actual secretario de Gobierno Departamental, Luis Angulo Mosquera, quien en el pasado fue miembro de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, y conoce los riesgos que padecen los defensores de derechos humanos. Explica al darse todo esto en un mismo territorio, el resultado es la lamentable situación actual, de decenas de víctimas civiles.

No se puede decir que la violencia proviene de un único origen. A los líderes los matan, explica el secretario Angulo, porque piden restitución de tierras, porque se oponen a la venta de estupefacientes, porque están sustituyendo cultivos ilícitos, porque enfrentan la minería ilegal que arrasa con los ríos, e incluso, a veces por motivos personales.

No todos los atentados contra los líderes sociales se originan en la ofensiva de actores criminales en defensa sus intereses.

“Aquí hay liderazgos que se oponen a la minería, son silenciados; aquí hay liderazgos que luchan por la tierra, son silenciados; aquí liderazgos que luchan por la defensa del territorio y vivir en él, son silenciados”, dice Miguel Fernández, director del Área de Derechos Humanos del Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), una reconocida organización campesina de Cauca con más de 30 años impulsando la producción agroecológica y la defensa del territorio.

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), una organización internacional independiente con sedes en Londres, Nueva York y Washington, que se dedica a investigar abusos y progresos en materia de derechos humanos por parte de las corporaciones, publicó a comienzos de marzo pasado un informe en el que documentó que 181 defensores de derechos humanos que habían expresado preocupaciones sobre posibles abusos de empresas fueron atacados en los últimos cinco años (2015-2019). Concluyó que Colombia es el segundo país más peligroso para defensores que expresan críticas a corporaciones o empresas, después de Honduras.

Los investigadores del CIEDH encontraron que el 90 por ciento de los ataques a los defensores involucraban a cuatro tipos de actividades económicas: la minería; la producción de hidrocarburos; agricultura y ganadería; y las plantas hidroeléctricas y represas. Dijeron que el más común de los ataques fue el asesinato (71 de los casos).

Los investigadores sostienen que no se trata de culpar a las empresas de estos campos de ser responsables directos de los ataques. “Sin embargo –dicen- las empresas no operan en un vacío. Éstas están conscientes (o deberían estarlo), de que críticos de sus industrias o negocios están en riesgo y deberían trabajar para mitigar o prevenir estos ataques, según los Principios Guías de las Naciones Unidas”.

Desde la Red por la Vida y los Derechos Humanos, de la cual hacen parte el Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), el Consejo Regional Indígena de Cauca (Cric), la Ruta Pacífica de Mujeres y siete organizaciones más del centro y sur del departamento, afirman que en los últimos años los violentos han puesto en su mira a líderes intermedios y no a los principales voceros de sus movimientos.

“Hemos notado que los que aparecen en los listados de asesinatos, son líderes intermedios, que están en el territorio en medio de múltiples intereses”, dice Fernández, de Cima. “No obstante, las investigaciones, las pocas que llegan a aclararse, nos dicen que no los mataron por ser líderes sino por otra cosa. Eso demerita toda la denuncia que hacemos a diario”.

Michel Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, en su más reciente informe, concluyó que “las personas defensoras en mayor riesgo son los líderes y lideresas sociales, que defienden los derechos humanos en zonas rurales, en particular el Acuerdo de Paz, la tierra, los derechos de los pueblos étnicos y el medio ambiente, frente a los intereses de grupos criminales, grupos armados e ilegales, y frente a los intereses de actores estatales y no estales como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder”. (Leer más en: Estado colombiano enfrenta diagnósticos críticos en materia de derechos humanos )

Asimismo, lamentó que entre 2016, año en el que el país transitaba hacia el posconflicto, y el 30 de junio de 2019, “Colombia sigue siendo el país con el mayor índice de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en América Latina”.

Paz con todos, menos con defensores

Conforme avanzaban los diálogos de paz entre los delegados del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y de la guerrilla de las Farc, en La Habana, Cuba, la violencia generalizada por cuenta del conflicto armado mermaba y las agresiones contra defensores de derechos humanos aumentaban en diversas regiones del país.

La organización Somos Defensores identificó como punto de inflexión las reuniones que sostuvieron desde 2014, en la isla del Caribe, seis delegaciones de víctimas con los negociadores de paz. En el segundo semestre de ese año las amenazas aumentaron como no lo habían hecho años atrás, y al año siguiente continuó esa tendencia. El mayor pico de amenazas se había registrado en 2013 con 209, pero en 2014 y en 2015, se profirieron 488 y 539, respectivamente. (Leer más en: 2015: El año menos violento, pero el de más agresiones a defensores de Derechos Humanos)

Encontró esta organización en su informe El cambio, publicado el 2 de marzo de 2016, que frente al año anterior, las amenazas crecieron en un 113% en 2014, sobre todo en el segundo semestre del año: “En ese año el incremento de amenazas se da por el envío, entre septiembre y diciembre de 2014, de 15 amenazas masivas (…) Pero en 2015 lejos de disminuir el fenómeno de amenazas masivas, se incrementó”.

Dentro de esa trágica tendencia general para Colombia, Cauca jugó un papel protagónico. Entre 2014 y el año pasado, de acuerdo con los registros de Somos Defensores, los líderes caucanos fueron los más asesinados. Los defensores antioqueños, hasta 2013, los más golpeados por la violencia, ya no encabezaron más desde entonces la macabra lista.

El 26 de diciembre de 2017, el entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, celebró que, al cerrarse ese periodo de doce meses, luego de la firma de la paz, el país tuviera la tasa de homicidios más baja en los últimos 40 años.

Pero los defensores y las defensoras de derechos humanos, no tenían tanto para celebrar. De acuerdo con Somos Defensores, 2017 batió el récord histórico: 108 fueron asesinados en todo el país.

El SAT de la Defensoría del Pueblo ofrece tres hipótesis para explicar por qué la contradicción: reconfiguración del conflicto tras la salida de las Farc; condiciones básicas de la región para la explotación de rentas ilícitas; y la consecuente exacerbación de riesgos por la implementación del Acuerdo de Paz.

“El Acuerdo de Paz, particularmente la implementación del Punto 4 sobre sustitución de cultivos, el Punto 1 sobre Reforma Rural Integral y los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), le dan a los líderes sociales y defensores de derechos humanos un papel preponderante de interlocución con el territorio y con las instituciones. Nosotros encontramos que ese papel, sin el acompañamiento de unas medidas, de unas garantías de seguridad para el ejercicio de la defensa de derechos humanos, los expone porque los visibiliza de manera profunda en el territorio”, indica Mateo Gómez, director del SAT.

Y agrega: “Definitivamente, en territorios que tienen características como las de Cauca, los líderes sociales y los defensores de derechos humanos se vuelven de alguna manera las principales personas que amenazan el statu quo que quieren preservar los grupos armados ilegales. Desde 2017, a partir de esos elementos, venimos afirmando que el escenario de riesgo se ha agravado”.

Esa visión del SAT es compartida por Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac). Este investigador también considera que la violencia contra el activismo social aumentó tras la firma del Acuerdo Final y explica así esa ola de muerte y agresiones: “Paradójicamente se da una especie de dividendo de paz hacia la criminalidad”.

“En muchas regiones donde las Farc ejercían formas de autoridad violenta, no había mayores niveles de actividad criminal porque otras organizaciones no podían entrar a disputarlas. Pero al desaparecer ese autoritarismo violento o el poder que ejercía, hay una especie de boom o bonanza criminal”, dice.

En su análisis también incluye la violencia contra los excombatientes de las Farc que dejaron las armas, porque son actores que, al igual que los líderes sociales o defensores de derechos humanos, están haciendo política: “Después de los procesos de reincorporación, siempre hay un proceso de venganzas y retaliaciones muy complejo, porque tienen muchos orígenes, que se terminan resolviendo de manera violenta. Sólo una completa investigación criminal podrá definir esas causas”.

El relator Forst también expuso su visión sobre el desangre social de Cauca: “Por un lado, la desmovilización de las FARC-EP no conllevó la movilización y presencia estatal integral en las zonas antes bajo su control, lo que permitió la reorganización del poder a manos de grupos armados ilegales y grupos criminales en torno a economías ilícitas, ante la inacción y/o ausencia del Estado”.

Ese relato de la ONU afirma que “las personas defensoras que se oponen al control de estos grupos o a sus intereses defendiendo los derechos humanos y los acuerdos de paz, y en particular la sustitución de cultivos de coca, se han convertido en el blanco de los ataques. Lamentablemente, en este difícil contexto carecen de la protección efectiva del Estado”

Además, en su informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, reiteró que “retraso y falta de determinación política y de designación de fondos suficientes para la implementación del Acuerdo de Paz, que prioriza, entre otros, el desmantelamiento de estos grupos y la presencia integral del Estado, es sin duda una de las causas estructurales clave que mantienen la situación de riesgo de los defensores”.

Violentados por ejercer su autoridad

Las comunidades étnicas, en especial del norte de Cauca, han padecido con fuerza los embates de los violentos por cuenta de ejercer su gobierno propio e impedir que grupos armados y economías ilegales crezcan en sus territorios ancestrales.

Dramática ha sido la situación del pueblo Nasa, compuesto por 21 cabildos indígenas. La violencia es tal que, en su informe sobre el año pasado, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró con preocupación que entre enero y noviembre de 2019, fueron asesinados 66 integrantes de esa etnia, incluyendo 13 autoridades tradicionales y otros líderes. Esa cifra significó un aumento del 52 por ciento comparada con los casos de 2018.

Al respecto, Jhoe Nilson Sauca, coordinador del Área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), sostiene que los golpean por poner en práctica la autonomía y gobierno propio que les reconoció la Constitución Política de 1991: “Regular a través de resoluciones del gobierno propio; es decir, teniendo una Guardia Indígena haciendo control, para que no se permita la siembra de cultivos (de uso ilícito) y otras dinámicas que puedan generar desarmonías”.

Explica Sauca que la violencia no sólo afecta a las personas víctimas, sino que es estructural. “Está dirigida a las estructuras representativas y eso desfortalece mucho la organización; también lo espiritual porque hay una sabiduría y conocimiento ancestral que se trata de conservar y proteger como pueblos indígenas”.

Edwin Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), también llama la atención sobre los asesinatos de 'foráneos' cometidos al interior de los resguardos indígenas. En total fueron 39 durante 2019.

“Desde la perspectiva cultural indígena es muy complicado decir que en territorios sagrados o en donde las comunidades han pregonado que deben estar libres de toda muerte, desarmonía y desequilibrio, se dieron asesinatos. Los mayores dicen que eso deja sucio y causa enfermedad: la muerte causada en territorio causa desarmonía”, dice Capaz. (Leer más en: La zozobra sin fin de los Nasa)

Los indígenas Nasa cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Cautelares; con llamados urgentes al Estado del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo; con reconocimientos nacionales e internaciones de ser territorios de paz y convivencia y con protección legal como territorios autónomos.

“En donde se supone que deben ser lugares de garantías, se está asesinando indígenas”, reclama el coordinador del Tejido de Defensa de la Vida de la Acin. “Es una tragedia humanitaria, un retroceso de derechos humanos en el norte de Cauca y una contravención a todo lo que se había aspirado en contexto de paz. Las comunidades del departamento conocemos la guerra desde hace mucho tiempo, y con esos miedos, dolores y estigmatizaciones, todos le apostamos a la paz”.

El pueblo afro comparte el sentimiento. “Aquí hemos hecho muchas acciones en defensa del territorio como un espacio de vida”, dice Francia Márquez, la connotada lideresa afro del norte de Cauca. “Como mujeres negras de la región asumimos esa bandera, de ver a los territorios como un espacio de vida que es lo único que tenemos para nuestros hijos, ante un Estado que abandona a las comunidades, que es racista y excluyente”.

Márquez reivindica el derecho de los pueblos étnicos y campesinos a vivir en paz: “No tenemos por qué seguir sometidos a una barbarie, que todavía sigue cobrando vidas y que sobre todo nosotros, los campesinos, negros e indígenas somos los que hemos puesto los muertos, porque la guerra se ha dado con nuestros jóvenes que no tienen oportunidades y cuya única opción es integrar grupos armados, sean institucionales o no”.

El Estado piensa la minería como un interés general para la Nación, reflexiona Márquez, y al privilegiar ese desarrollo, expulsa a las comunidades de sus territorios, cuando ni siquiera ha sido capaz de garantizarles sus necesidades básicas de supervivencia. Ella los llama los múltiples despojos, no sólo les quitan la tierra, sino que les imponen un modelo de desarrollo que los lleva a perderla.

Impunidad y estigmatización

La impunidad de los crímenes contra defensores de derechos humanos contribuye a que se sigan repitiendo. La lideresa afro Francia Márquez lo califica como un premio para los victimarios. “La justicia evade su responsabilidad frente a identificar quiénes son los que mandan a asesinarnos. Sobre los autores intelectuales nunca recibimos respuestas: queremos saber quién nos manda a matar. Sobre eso hay total impunidad y termina siendo un premio para los victimarios”.

En diferentes espacios la Fiscalía General de la Nación ha explicado que ya esclareció el 55 por ciento de los 323 asesinatos a defensores de derechos humanos y líderes sociales que documentó la Oficina de la ACNUDH entre 2016 y 2019 en todo el país. Sostiene además que, de los 549 casos registrados por organizaciones de derechos humanos, ha conseguido el 44,6 por ciento de esclarecimiento de la siguiente manera: “75 casos cuentan con sentencia condenatoria, 84 casos están en etapa de juicio, 31 casos en etapa de imputación de cargos, 53 casos en indagación con orden y 2 casos precluidos”. Esas cifras fueron presentadas por el Estado colombiano el pasado mes de marzo como respuesta al informe del relator Forst.

Para tener claridad sobre la situación de Cauca, este portal envió un derecho de petición al Ente Investigador preguntado por el estado procesal y la identificación de los presuntos de responsables de los asesinatos de 105 líderes sociales de ese departamento ocurridos entre 2016 y 2019.

Hasta el cierre de esta investigación no se recibió respuesta alguna. Sin embargo, el pasado 3 de abril, en una sesión virtual de la Comisión de Paz del Senado de la República a raíz de la cuarentena por la pandemia del Covid-19, señaló que quienes más los asesinan son, en su orden, disidencias de las Farc, el Clan del Golfo (denominación con la que el gobierno nacional identifica a las Agc), el Eln y el Epl.

La vicefiscal General de la Nación, Marta Mancera, indicó que, basados en los registros de Naciones Unidas, entre 2016 y el primer viernes de abril de este año, fueron asesinados 360 defensores de derechos humanos y responsabilizó de 116 de esas muertes a dichos grupos armados ilegales: “Los registros que tenemos es que en 2016 fueron asesinados 61 líderes sociales; en 2017, 81; en 2018, 104; en 2019, 105 y en lo que va de 2020, nueve homicidios”. Y agregó que hasta la fecha hay 53 sentencias condenatorias a nivel nacional, contradiciendo la información con la que el Estado colombiano controvirtió el informe de la Oficina de la ACNUDH.

Hay logros, sí, pero diversas organizaciones consideran que el número de sentencias condenatorias es demasiado bajo aún, y es ahí donde realmente se establecen las responsabilidades penales. (Leer más en: Sabor agridulce dejan resultados de la Fiscalía en materia de líderes sociales)

Además, aducen que no hay esclarecimiento en la mayor parte de los casos de los autores intelectuales de los asesinatos, como lo advirtió la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en su más reciente informe. En 2019, esa Oficina había encontrado que “el alto número de casos asignados a cada fiscal y la escasa policía judicial a su disposición dificultan el desarrollo de investigaciones eficaces y expeditas, incrementando la probabilidad de que haya impunidad. En el Cauca, por ejemplo, la carga de casos por fiscal ascendería en promedio a 600”.

Otro factor que no contribuye a la protección de los defensores de derechos humanos es que las autoridades con frecuencia los estigmatizan. “Si usted vive en Argelia y es asesinado ahí, van a decir que estaba permeado por el narcotráfico”, dice Fernández, de Cima, la reconocida organización campesina del Macizo Colombiano. “Esa es la respuesta que tienden a darnos. Hay una estigmatización que promueve la impunidad, y ésta conlleva a que haya más violencia. Esa puede ser una de las respuestas al por qué de tantos muertos en Cauca”.

Gómez, director del SAT, considera que la estigmatización puede ser entendida por los grupos armados como una carta en blanco para atentar contra quienes se oponen a ellos: “Es un fenómeno silencioso de violencia, que le abre a los actores armados unos atajos sencillos para ejercer violencia en los territorios. Entonces, la estigmatización de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, particularmente en Cauca, potencia el riesgo para ellos”

Los informes que produce la Defensoría del Pueblo reflejan la falta de acciones efectivas para mitigar los riesgos de los líderes sociales. Al cruzar las fechas de las alertas del SAT y los asesinatos que ocurrieron después su emisión, se encuentra que 69 perdieron la vida a pesar de que las alarmas estaban encendidas. Es decir, potencialmente existió la posibilidad de salvar a dos terceras partes de las víctimas documentadas en esta investigación y, con ella, permitir que los procesos de diversas organizaciones y comunidades no se vieran afectados.(Leer más en: Cuatro años de advertencias)

Quizás uno de los casos más conocidos por la opinión pública es el de la masacre de Suárez, en la que fueron asesinados la candidata a la Alcaldía Municipal por el Partido Liberal y cuatro líderes sociales más. El 15 de agosto del año pasado la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 033-19 y 18 días después se consumó esa tragedia.

En el proceso de la implementación del Acuerdo de Paz, el entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) expidió el Decreto 2124 en diciembre de 2017, con el cual reformó la manera en la que se emiten las Alertas Tempranas y dejó esa facultad bajo la discreción de la Defensoría del Pueblo. De ese modo, se están emitiendo en mayor cantidad y con mayor frecuencia que antes.

Por lo anterior, Gómez refiere que el mandato de su entidad no los debe enfrascar en debates con las autoridades sobre si existe riesgo o si los factores estructurales son otros. Y reconoce que algunas veces sí atienden los llamados del SAT, en especial la Fuerza Pública, que documenta las acciones desplegadas a partir de su emisión.

“También echamos de menos una respuesta igual de sistemática de las entidades que tienen a su cargo la oferta social del Estado que, a nuestro juicio, en departamentos como Cauca, donde tenemos un escenario estructural de violencia, son las que deben ser predominantes. Me refiero, por ejemplo, a las acciones que puedan desplegar el ICBF, el SENA, las agencias de Tierras y Renovación del Territorio, y todas las relacionadas con el Acuerdo de Paz”, plantea Gómez.

A su juicio, “el éxito del SAT es el de poder impactar en la prevención material de hechos de violencia. Hasta el día de hoy, lamentablemente, los hechos nos dicen que no hemos podido hacerlo, lo que no significa que las alertas no hayan sido oportunas y precisas, pero este es un Sistema que tiene que funcionar con un esfuerzo de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio del Interior y de todas las instituciones que son objeto de recomendación en las Alertas Tempranas”.

Gómez reitera que “estamos afrontando el gran reto de la construcción de paz, que es llegar a los territorios no solamente con una oferta de defensa y de política de seguridad, sino particular y especialmente, de una oferta social del Estado: alternativas para la vida, la educación, la salud, la vivienda en territorios donde el Estado nunca ha podido llegar”.

Mientras tanto, la violencia contra líderes sociales en Cauca sigue vigente. De acuerdo con registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), doce más fueron asesinados entre el 1 de enero y el 16 de febrero de este año. Y al revisar las cifras de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, se encuentran ocho homicidios de líderes sociales entre enero y febrero. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales: difieren las cifras, coinciden los contextos)

A ese complejo panorama se suma el incremento de la violencia a nivel nacional en medio de la cuarentena por la pandemia del Covid-19. En el primer trimestre de este año, Somos Defensores verificó 36 de 62 asesinatos de líderes sociales reportados en el país, Naciones Unidas verificó 14 de 42 registrados e Indepaz documentó 72. Las alertas permanecen encendidas para proteger a los defensores de derechos humanos.

Nota de la redacción: VerdadAbierta.com contactó a la Alta Consejería para los Derechos Humanos, al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección para conocer sus diagnósticos y los planes que tienen revertir la ola de violencia contra los líderes sociales de Cauca, pero hasta el cierre de este reportaje no recibió respuesta alguna. Estamos prestos a publicarlas cuando las suministren.