Mientras en la Dirección General aseguran que se trata de medidas de fortalecimiento, los reclamantes, organizaciones no gubernamentales y abogados advierten que esa supresión debilita los procesos de restitución y obedece a presiones políticas y económicas. Líderes de la Iglesia Católica, incluso, hablan de una doble moral del gobierno nacional.
El 93% del territorio del Chocó es étnico. Las comunidades indígenas y afros no comprenden cómo la URT Nacional decidió suprimir la Territorial, cuando el departamento requiere mayor presencia institucional. Foto archivo Semana.Justo cuando la Unidad de Restitución de Tierras Territorial Chocó logró la séptima sentencia de restitución étnica del país y radicó dos demandas más en favor del Resguardo Bochoroma-Bochoromacito y del Consejo Comunitario Asocasan, en Bogotá se decidió que esa territorial no va más. El pasado18 de diciembre el director de la entidad, Ricardo Sabogal, firmó dos resoluciones mediante las cuales la suprimió y ordenó el traslado de sus 12 funcionarios a otras territoriales del país. (Lea Resoluciones 00945 y 00946)
Sabogal firmó las resoluciones pese a las advertencias de la Procuraduría General de la Nación. Un mes antes de la decisión, el Procurador Fernando Carillo le envió una carta al Ministro Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, atendiendo el llamado de organizaciones sociales y líderes de Chocó, que ya estaban preocupados por el rumor del desmonte de la Territorial. El representante del Ministerio Público fue enfático en señalar que tanto el cierre, como la modificación del equipo de trabajo, “podrían generar efectos regresivos en la garantía de los derechos a la restitución de tierras y de derechos territoriales de pueblos étnicos de las áreas atendidas por esa oficina”. (Ver carta de la Procuraduría)
Mientras en Bogotá insisten en que los cambios son producto de un análisis técnico realizado por la Oficina Asesora de Planeación para el “fortalecimiento y reorganización de las direcciones territoriales Antioquia y Chocó”, investigadores, organizaciones sociales y víctimas afirman que la decisión tiene un fin contrario: debilitar los procesos de restitución en el departamento, dados los intereses económicos de terratenientes ganaderos y agroempresarios, así como de compañías mineras. (Lea: Reclamantes de tierra del Bajo Atrato, bajo fuego, pero ¿de quién? y Título minero enreda restitución en consejo comunitario La Larga-Tumaradó)
“El tema fundamental es que Chocó es un gran territorio étnico. Y ahora el poder de decisión de documentar las solicitudes de restitución para presentarlas en demanda ya no está en cabeza de la Oficina Territorial, sino de tres departamentos que históricamente han querido buscar competencia administrativa y usufructo de este territorio”, asegura Juan Pablo Guerrero, investigador del proyecto Gestión de Territorio en el Pacífico, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
Guerrero se refiere a la competencia que tendrán Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca en los procesos de restitución del Chocó, según lo estipuló la Resolución 00945, que eliminó el equipo de profesionales que tenía asiento en Quibdó dedicado al estudio las reclamaciones étnicas y a la atención de las solicitudes individuales de reclamación de tierras en 26 de los 30 municipios que componen el departamento.
En reemplazo de ese equipo, que en el año 2012 llegó a tener 16 profesionales, la resolución precisa que en la capital chocoana sólo funcionará una “oficina de atención al público”, integrada por dos funcionarios que dependerán de la Dirección Territorial Antioquia Oriente, con sede en Medellín. Al reducir la presencia de funcionarios, todos los procesos de reclamación de tierras de las comunidades indígenas y negras serán trasladados a la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE), que opera desde Bogotá.
Fuente: Resolución 00945 del 18 de diciembre de 2017 de la Unidad de Restitución de Tierras.Por su parte, la atención de solicitudes de restitución individual será repartida así: 10 municipios pasan a ser competencia de la recién creada URT Noroccidente, con oficina en Medellín, y los otros 16 municipios a las sedes Pereira y Cali de la URT Valle del Cauca.
Lo anterior no parece estar en sintonía con el compromiso del presidente Juan Manuel Santos de continuar con la construcción de la paz “entregándoles títulos a los campesinos que son los verdaderos dueños de las tierras de las cuales fueron desplazados”, tal como lo expresó el mandatario durante un acto en el que le entregó tierras y recursos a un grupo de familias restituidas del municipio del Valle de San Juan, Tolima, y replicado por la Oficina de Prensa de la URT el pasado 27 de diciembre. (Ver nota de prensa)
Para el padre Jesús Albeiro Parra, de la Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó, la decisión tomada en la capital de la República es equivocada, justo cuando se requiere mayor presencia del Estado. “Una de las reivindicaciones de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras era poner en Chocó institucionalidad. Pero para nadie es un secreto que sobre los territorios que reclaman las comunidades hay intereses de los sectores políticos y del empresariado, como quedó demostrado en Jiguamiandó y Curvaradó. Hay una doble moral del gobierno nacional en esto de la restitución de tierras”, afirma el sacerdote, uno de los mayores conocedores de los problemas que padece este departamento. (Lea: Grupos armados ilegales y ausencia del Estado incendian el sur de Chocó y La barbarie que rodeó la siembra de palma en Chocó)
Los líderes sociales cuestionan la decisión de la URT de reducir su presencia en un departamento donde hay miles de víctimas, el conflicto armado persiste y hay fallas en la atención a víctimas. Las cifras así lo revelan. Durante 2017 el Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad de Víctimas reportó 10.361 personas desplazadas, y el monitor de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) documentó afectaciones sobre 19.569 personas en hechos relacionados con restricciones a la movilidad, desplazamientos masivos y amenazas.
“La decisión que tomó la URT afecta a todos los reclamantes del Chocó. Esto demuestra una incapacidad del Estado para resolver los problemas de la minería ilegal y las presiones de la minería legal. Por ejemplo, sobre nuestro territorio hay adjudicadas 18 concesiones mineras y hay una empresa que insiste en hacer consulta previa a sabiendas que estamos en proceso de restitución”, apunta Américo Mosquera, líder del Consejo Comunitario Cocomopoca, que espera una sentencia de restitución desde el año 2014. (Lea: Demanda de restitución étnica, en medio de la fiebre del oro en el alto Atrato chocoano)
Ante esos cuestionamientos, Alcelis Coneo, directora encargada de la URT, aseguró que la Resolución 00945 obedece a una estrategia de “fortalecimiento” para avanzar en los procesos de restitución en el Chocó y que pese a la supresión de la Territorial la entidad seguirá atendiendo los procesos que ya estaban en curso y radicará nuevas demandas. Para el caso étnico afirmó que la apuesta es llevar a juicio ocho casos nuevos, que comprometen unas 500 mil hectáreas.
La funcionaria reiteró que, contrario a debilitar los procesos de restitución en Chocó, la intervención se basará en un ejercicio articulado entre profesionales de la DAE con sede en Bogotá y funcionarios de otras territoriales, que “se dedicarán de forma exclusiva, unos a casos afros y otros indígenas, permitiendo una mayor celeridad”.
Casos conectados
Ricardo Sabogal, director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, firmó el 18 de diciembre las resoluciones que ordenaron la supresión y el traslado de los funcionarios de la URT del Chocó. Foto archivo Semana.Lo que ocurrió con la Territorial Chocó no es un caso aislado. VerdadAbierta.com ha documentado cómo los procesos de restitución étnica, que involucran proyectos minero-energéticos, se convirtieron en una “piedra en el zapato” para la Dirección en Bogotá. El antecedente fue precisamente la sentencia del Alto Andágueda, la primera decisión que logró la URT Chocó y la primera étnica del país, con 50 mil hectáreas protegidas. (Lea: Benefician a los Emberá-Katíos con primera sentencia de restitución étnica en el país)
Al poco tiempo de que magistrados del Tribunal de Restitución de Antioquia ordenaran a la Agencia Nacional Minera suspender todos los títulos mineros que afectaban el territorio de los Emberá-Katíos, la Subdirección de la URT emitió una circular en la que se precisaron “directrices” sobre la obligatoriedad de que las demandas redactadas por la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) debían ser revisadas por el equipo de Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos e Infraestructura (Amei). (Lea: Las contradicciones de Santos con la restitución)
Mientras Ricardo Sabogal indicó en ese momento que Amei era una forma de blindar las demandas de “inconsistencias”, dada la falta de experticia de los antropólogos en esos temas, varios expertos interpretaron la medida como una estrategia de la Dirección de la URT para evitar que la restitución fuera en contravía de los Proyectos de Interés Nacional (Pine) y de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), dos iniciativas impulsadas desde el Ministerio de Agricultura. (Lea: ¿Para dónde va la restitución de tierras a indígenas y afros?)
“Algo debió hacer bien la Territorial del Chocó para la que la suprimieran”, afirma un abogado que durante 10 años ha trabajado con comunidades indígenas en la región, quien solicitó la reserva de su identidad. Cuando la Ley de Víctimas y Restitución comenzó a funcionar el 1 de enero de 2012 y creó ese año la Territorial en Chocó no alcanzó a imaginarse que el trabajo en este departamento iba a ser muy distinto al de otras regiones del país.
Chocó tiene 4 millones 600 mil hectáreas y de éstas, 4 millones 300 mil son territorios étnicos: 1 millón 074 mil hectáreas pertenecen a 124 resguardos indígenas y 3 millones 300 mil hectáreas a 60 consejos comunitarios. A diferencia de otras territoriales de la URT, en Chocó el equipo tuvo que sortear varias dificultades: la persistencia del conflicto armado, la concertación con las comunidades para poder documentar las afectaciones y la extensión de los territorios.
Presión por las metas
La URT Chocó documentó las afectaciones territoriales del Alto Andágueda, favorecida con la primera sentencia de restitución étnica del país. El falló levantó ‘ampollas’ al ordenar la suspensión de los títulos mineros concedidos sobre territorio indígena. Foto suministrada URT.Representantes de varias organizaciones no gubernamentales que conocieron de cerca el trabajo de la Territorial Chocó aseguran que la amenaza de “cierre” venía de tiempo atrás, pero disminuyó en 2014 cuando la URT Chocó logró la sentencia del Alto Andágueda, disparando las cifras de hectáreas restituidas en el país.
El trasfondo de esto es la presión por el cumplimiento de metas que se les ha impuesto a los funcionarios de la URT, situación que ha sido cuestionada por líderes reclamantes de tierras en otras regiones del país, como Cesar, donde las comunidades advierten que los procesos son fraccionados en función del indicador que les exigen a los abogados de la entidad. (Lea: La fallida restitución en el Cesar)
Desde Bogotá comenzaron a exigir resultados sobre las reclamaciones individuales a la URT Chocó cuando el 93 por ciento del departamento es un territorio étnico y el otro 7 por ciento no contaba con el aval de seguridad del Ministerio de Defensa para el desarrollo del trabajo en campo, razón por la cual no venían siendo microfocalizadas, tarea previa requerida para iniciar los estudios de las solicitudes de restitución.
El tema fue reseñado en la carta que el Procurador Carrillo le envió al Ministro de Agricultura. En ella indica que “de acuerdo con las cifras de la propia URT, a mayo de 2017 se habían presentado 2.121 solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente-RTDAF en el departamento del Chocó. El 91% de dichas solicitudes no ha surtido trámite administrativo porque los predios se ubican en zonas no microfocalizadas”.
Durante 2017, la URT Chocó trabajó con apenas cinco abogados, porque no se le asignaron recursos para contratar más personal. En Quibdó pensaron que esto cambiaría cuando el 30 de agosto del año pasado el Juzgado Primero Civil de Restitución de Quibdó dictó medidas cautelares a favor de 26 resguardos indígenas y 15 consejos comunitarios en los municipios del Alto, Medio y Bajo Baudó chocoano. (Lea medida cautelar)
Esas medidas de protección implicaban que la URT Chocó tenía por delante la tarea de caracterizar las demandas de otras 41 comunidades étnicas, víctimas de la “desposesión ilegal”, causa por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano de la violación al derecho a la propiedad colectiva de las comunidades étnicas. (Lea: Estado no protegió a comunidades durante Operación Génesis)
Sin embargo, tres meses después de aquella sentencia, Ricardo Sabogal decidió suprimir la URT Chocó y ordenar el traslado de sus funcionarios y de los expedientes, medida que aún genera desconcierto sobre todo porque esa Territorial atendió los casos que permitieron la protección de un millón 600 mil hectáreas, de las 3 millones que tienen medidas cautelares en el país; la restitución de 57 mil hectáreas, de las 233 mil hectáreas restituidas en todo el territorio nacional, y cuando había logrado radicar las demandas de otras cinco comunidades étnicas, que piden la protección de 164 mil hectáreas.
Cuando VerdadAbierta.com le preguntó a la directora (e) Alcelis Coneo, si la decisión en realidad fue producto de presiones políticas y económicas, o de órdenes del Ministerio de Agricultura o de la Presidencia de la República, fue enfática en su respuesta: “Eso es absurdo. La restitución sólo obedece al interés de que llegue justicia al territorio a favor de las víctimas. No hay orientación ni grupo político que nos dé indicaciones para restituir”.
Pese a las explicaciones de la funcionaria, en el departamento de Chocó insisten en advertir que la decisión tomada en Bogotá no sólo atenta contra la restitución individual y colectiva, sino que también afecta la construcción de la verdad de lo ocurrido allí con el despojo de tierras.
La investigación de los contextos que rodearon este fenómeno, producidos por calificados funcionarios de la URT; así como las medidas cautelares y las detalladas sentencias de los jueces especializados en restitución, han contribuido a develar las dinámicas económicas lícitas e ilícitas que provocaron el robo de propiedades individuales y colectivas, así como la identificación de sus responsables y beneficiarios, entre ellos intermediarios, comisionistas, bananeros, ganaderos, madereros y palmicultores, varios de los cuales habrían financiado el paramilitarismo, un delito considerado por la Fiscalía como de lesa humanidad.(Lea: Las empresas que podrían responder ante el Tribunal de paz y Financiación de grupos paramilitares es un crimen de lesa humanidad)
