En un extenso documento, la Defensoría del Pueblo alertó a las autoridades locales, regionales y nacionales sobre la situación de inseguridad de la capital antioqueña que afecta a diversos sectores sociales y económicos, incluidos migrantes venezolanos asentados en la ciudad.
El dato es preocupante: cerca del 85 por ciento de la ciudad de Medellín está bajo el dominio de unas 140 organizaciones armadas. Pese a las distintas acciones de las autoridades, más de la mitad de ellas han logrado sobrevivir cerca de 40 años, no sólo manteniendo su poder en aquellas comunas que las vieron surgir, sino ampliándolo a otras zonas de la ciudad, así como a diversas regiones del departamento y del país, y a otras latitudes del continente.
Dada la persistente penetración que mantienen estas estructuras criminales, tanto en territorios como en negocios legales e ilegales, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) emitió el pasado 17 de julio la Alerta Temprana Nº 032-2020, de 103 páginas de extensión y firmada por el Defensor del Pueblo, Carlos Negret.
En este documento, conocido por VerdadAbierta.com, se hace una detallada descripción de lo que ha ocurrido en la capital antioqueña desde la década del ochenta con el fin de contextualizar el riesgo actual en 66 barrios de 7 de las 16 comunas, y en 3 de los 5 corregimientos de la ciudad.
Entre los barrios incluidos en la esta Alerta Temprana se destacan Kennedy (Comuna 7); Enciso (Comuna 8); el centro de la ciudad (Comuna 10); La Floresta (Comuna 12); Las Independencias (Comuna 13); Guayabal (Comuna 15); y La Loma de Los Bernal (Comuna 16).
Además, los tres corregimientos alertados comprenden toda la franja montañosa de la zona occidental de la ciudad (San Antonio, Altavista y San Cristóbal), que conecta con el Urabá antioqueño, hacia el norte, y con el departamento de Chocó, hacia el sur.
En riesgo, según los análisis del SAT, se encuentran “niños, niñas, adolescentes y jóvenes que representan casi la mitad de las víctimas de homicidios registradas en los dos últimos años y a la vez son víctimas de la vinculación y utilización de Grupos Armados no Estatales parte del conflicto”.
A ellos se suman líderes y lideresas sociales, así como “personas defensoras de derechos humanos que son víctimas de amenazas y seguimientos”; además de “sectores productivos como el transporte y el comercio, que son constreñidos con extorsiones y amenazados con atentar en contra de su vida e integridad”.
El informe también destaca la “especial vulnerabilidad que afrontan las mujeres, que son víctimas de graves vulneraciones a sus derechos y su dignidad. Preocupan el aumento de homicidios contra ellas y feminicidios, así como de violencia sexual e intrafamiliar, en donde ellas representan el porcentaje mayor de víctimas”, así como “la población migrante venezolana, víctima de amenazas, desplazamiento forzado y homicidios”.
Uno de los datos que llama la atención de esta Alerta Temprana es la trayectoria de buena parte de esas 140 organizaciones criminales, que ronda los 40 años de presencia en los mismos territorios barriales donde surgieron y se posicionaron en sus actividades ilegales.
“A pesar de que las denominaciones y los propósitos de estos cambien, y de verse impactados u obligados a diferentes transformaciones, producto de varias guerras y de las capturas de muchos de sus integrantes, su control subsiste en diversos sectores de la ciudad. La presencia estructural de varios de esos grupos conlleva una base arraigada en barrios o incluso, un soporte de relevo generacional en familias, que tienen más de tres generaciones aportando personas a la ilegalidad”, precisa el documento.
En resumen, según esta agencia estatal, “la persistencia de estas organizaciones en las comunas y corregimientos del municipio de Medellín expone a un gran número de ciudadanos ante violaciones permanentes de derechos humanos o amenazas que mantienen a las comunidades en zozobra y con bastante temor, razón por la cual la denuncia no es la constante, pero sí el silencio y el miedo”.
Uno de los aspectos relevantes de este informe es que para el SAT la persistencia en el tiempo de esos factores “ya dejan de tener un carácter coyuntural y se convierten en causas estructurales”, lo que determina que “la capacidad de expansión y dominio de los Grupos Armados no Estatales parte del conflicto y Grupos Armados de Crimen Organizado es el principal factor de violaciones a los derechos humanos de la población civil de Medellín”.
Medio siglo de violencia
Justamente una de las particularidades de esta nueva Alerta Temprana es el análisis estructural del riesgo que han padecido, durante décadas, miles de ciudadanos. Para explicarlo, el SAT se basa en la trayectoria de los grupos armados ilegales y en las capacidades y vulnerabilidades institucionales, tanto locales, como regionales y nacionales.
La conclusión es clara: pese a los esfuerzos estatales, Medellín ha estado por cerca de medio siglo bajo una violencia urbana continuada. Si bien ha sufrido mutaciones por diversas razones, entre ellas conflictos entre las mismas organizaciones criminales y acciones en su contra de las autoridades, se ha logrado mantener gracias a la capacidad que tienen los grupos armados ilegales de modificar sus actuaciones y ajustarse a nuevas realidades.
Además de esa flexibilidad criminal, también hay unas características que han permitido la permanencia y reciclaje de la ilegalidad. De acuerdo con el SAT, están asociadas “a la posición geoestratégica de la ciudad, a su tipo de economía con una alta informalidad y propensa al lavado de activos, a la inequidad [y] al narcotráfico”.
Una mirada a las dos últimas décadas del siglo XX arrojan una alta conflictividad urbana, marcada por la respuesta violenta del Cartel de Medellín contra sus competidores y contra el Estado; la persecución a sus integrantes por parte de organizaciones criminales en complicidad con el agentes estatales; las acciones de las guerrillas en sectores marginales a través de sus milicias; la penetración del paramilitarismo; y la pervivencia del narcotráfico en diversas escalas con sus negocios de lavado de activos.
De acuerdo con el SAT, desde los primeros años de la década del ochenta “se comenzó a configurar un modelo de control territorial y poblacional por parte de estos grupos, aunque los actores han podido variar o permanecer en los territorios, este modelo es de evolución constante y se ha convertido en la amenaza estructural para la paz y la tranquilidad de la población civil en la mayoría de los barrios y veredas de Medellín”.
Al referirse a la última década del siglo XX, los investigadores que adelantaron el trabajo de memoria Basta Ya Medellín, difundido en 2017, consignaron que la ciudad y su área metropolitana fueron “el centro geográfico y logístico de este conflicto y se convirtió en objetivo de disputa militar entre organizaciones paramilitares (en algunas de las cuales los narcotraficantes jugaron un papel central) y entre ellas y organizaciones milicianas y guerrilleras”. (Leer más en: Medellín reconstruye su pasado violento y hace memoria de sus resistencias)
El siglo XXI despuntaría con los dramáticos efectos de una violencia desenfrenada que si bien no generaba la cantidad de homicidios de comienzos de la década del noventa, (en 1991 llegó a 6.349 asesinatos), sí continuaba impactando a las comunidades de todos los estratos, dado los ataques indiscriminados de guerrillas urbanas, paramilitares, narcotraficantes y sectores de la Fuerza Pública.
Al analizar el periodo 2001-2018, el SAT de la Defensoría reporta la emisión de por lo menos 15 documentos de advertencia. En esos informes, asegura esta agencia estatal, “el principal escenario de riesgo descrito ha sido la presencia de Grupos Armados no Estatales parte del conflicto y Grupos Armados de Crimen Organizado que mantienen, desde antes del inicio del nuevo milenio, un control efectivo de la ilegalidad en los territorios advertidos, algo que también implica un control intimidante sobre la población civil”.
Cifras del Instituto de Medicina Legal indican que en esos 18 años se perpetraron 23.878 homicidios, en un amplio porcentaje, que supera el 55 por ciento, son atribuibles a la confrontación armada entre milicias guerrilleras, paramilitares, estructuras del crimen organizado, narcotraficantes y agentes del Estado.
¿Pero qué factores inciden para que esa presencia de grupos armados ilegales se mantenga en el tiempo en la ciudad de Medellín y el área metropolitana? Además de las características geográficas del Valle de Aburra, que hacen de sus montañas zonas estratégicas para quienes las dominan por la vía de la coerción armada, y de la manera irregular e informal cómo se han poblado sus laderas, el análisis del SAT evidencia otros factores.
“Hay elementos de carácter estructural, asociados a la posición geoestratégica de la ciudad, a su tipo economía con una alta informalidad y propensa al lavado de activos, a la inequidad, al narcotráfico, entre otros factores de vulnerabilidad, que son precisamente los que han permitido el mantenimiento y reciclaje de Grupos Armados de Crimen Organizado en Medellín”, asegura esta agencia estatal.
Pero las vulneraciones a los derechos humanos van más allá Medellín y los otros nueve municipios del área metropolitana. La capacidad criminal alcanzada por algunas estructuras surgidas en los barrios de la capital antioqueña les ha permitido rebasar las fronteras regionales y nacionales.
“En Medellín, varias de estas estructuras no reducen su radio de acción y su incidencia al ámbito local”, asevera el SAT. “A nivel regional estas estructuras se vienen expandiendo a otros municipios con el ánimo de ampliar sus rentas ilegales; lo propio hacen con algunos negocios trasnacionales ilegales en donde han tenido reconocimiento en varios países de América y Europa, por lo que el análisis de riesgo, en términos territoriales, debe trascender el Valle de Aburrá”.
Además, la ciudad y la región también cobraron protagonismo entre carteles extranjeros del narcotráfico, especialmente algunos provenientes de México, que decidieron hacer presencia en la ciudad y en zonas de producción cocalera, exacerbando confrontaciones violentas entre rivales y competidores. (Leer más en: ‘Narcos’ mexicanos en Colombia: lo que se especula y lo que se sabe)
El balance que hace el SAT sobre el periodo 2001-2018 es crítico, en razón a las numerosas violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, y en relación con los aprendizajes criminales que adquirieron las distintas estructuras armadas ilegales que operan en la ciudad.
De acuerdo con esta agencia del Ministerio Público, “estos grupos han aprendido sus tácticas de control y sus repertorios de violencia de la larga lista de organizaciones armadas predecesoras en los anteriores ciclos de violencia que han azotado a la ciudad en más de cuatro décadas”.
En la lista de predecesores están las organizaciones armadas de izquierda, las llamadas ‘oficinas de cobro’, estructuras del narcotráfico y grupos paramilitares, que han operado en los últimos 40 años en la ciudad y el área metropolitana. Todas ellas ocasionaron graves afectaciones a las comunidades y, de acuerdo con el SAT, con sus nuevos aprendizajes, mantienen esa tendencia.
Conflictos recientes
Luego de analizar el periodo 2001-2018, el SAT se concentra en exponer las vulneraciones a los derechos humanos sucedidos entre 2018 y 2020, focalizando su mirada en la zona occidental de la ciudad, donde se han registrado intensas disputas por el territorio, ocasionando homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados masivos. (Leer más en: Defensoría alerta sobre riesgos de vulneración de derechos humanos en suroccidente de Medellín)
Cifras contrastadas del SAT con el Sistema Integrado para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de Medellín y la Policía Nacional arrojan que entre 2018 y 2019 ocurrieron 12 conflictos armados en la ciudad, 9 de ellos en la zona occidental, afectando la vida cotidiana de los habitantes de algunos sectores de las comunas 5 (Castilla); 6 (Doce de Octubre); 7 (Robledo); La América (12); San Javier (13); Guayabal (15); y Belén (16); así como buena parte del corregimiento Altavista. (Leer más en: Corregimiento Altavista, montaña con múltiples conflictos)
¿Y por qué la violencia de los últimos dos años se concentra en comunas y corregimientos del occidente de la ciudad? Según la Defensoría del Pueblo, “hay una hay una relación directa entre conflictos armados entre estructuras locales en el occidente de la ciudad, por ser zonas de interés de rutas internacionales del narcotráfico”.
Para demostrar esa afirmación, el SAT explica que el clorhidrato de cocaína que se produce en los entables construidos en zonas montañosas del Norte de Antioquia, con destino a los mercados internacionales, es transportado “por el noroccidente del Valle de Aburrá, ingresando por Barbosa, Girardota y Bello, continúa la ruta por el corregimiento de San Cristóbal, las comunas 6 – Doce de Octubre, 13 – San Javier y 7 – Robledo”.
Con la droga en estas zonas de la ciudad, se abren dos posibilidades, de ahí la ubicación estratégica del occidente de la capital antioqueña: de un lado, la ruta puede continuar por el noroccidente de la ciudad, siguiendo la vía al mar que conduce al Urabá y llegar al océano Atlántico; y de otro, cruzar los corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado, hacia el suroccidente, pasar por el suroeste del departamento y continuar hasta el departamento de Chocó, con el fin de alcanzar los puertos naturales del océano Pacífico.
En el occidente de la ciudad convergen diversos grupos armados ilegales, algunos de los cuales tienen una larga tradición de criminalidad, arraigada en los barrios, y otras que son de reciente aparición y cuyas pretensiones de dominas áreas urbanas y rurales chocan con aquellas que llevan décadas allí.
A la cabeza están, según el SAT, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo’; y el ‘Cuerpo Colegiado de la Oficina’, lo que antes se conocía como ‘la Oficina de Envigado’; en los niveles más bajos hay por lo menos 138 organizaciones criminales que poseen distintas capacidades organizativas y armadas, así como limitada presencia territorial.
Esta agencia estatal reitera que las distintas redes de grupos armados ilegales que se han conformado en la ciudad son las responsables de “un amplio repertorio de violencia [que] atemoriza a las comunidades de influencia con la vulneración permanente a los derechos humanos”.
Durante el periodo analizado por el SAT (2018-2020), se han registrado 1.410 homicidios; de ellos, 634 ocurrieron en 2018; 591 en 2019; y 185 en el primer semestre de este año, caracterizado por la expansión del virus COVID-19, que ha mantenido a la ciudadanía bajo estrictos controles de movilidad desde el 20 de marzo, por disposición de las autoridades.
En el tema del desplazamiento intraurbano, 2018 fue el año que más cifras registra, con 1.187 familias. En 2019 padecieron el desarraigo 996 hogares. En sus declaraciones, la mayoría de las víctimas argumentó que recibieron amenazas directas y en menor cantidad por temores al grupo armado ilegal que dominaba el sector donde vivían.
Y en 2020, ni la expansión del letal virus ha detenido este flagelo. Según cifras del Sistema de Información de la Personería de Medellín, por lo menos 1.146 personas, entre hombres, mujeres y niños, debieron abandonar sus lugares de residencia entre el 1 de enero y el 30 de junio, huyendo de las organizaciones criminales.
Generar confianza
El SAT plantea en su nueva Alerta Temprana sobre Medellín 28 recomendaciones, destinadas a diversas entidades del orden local, regional y nacional, para frenar el impacto de las organizaciones criminales en las comunidades y contener las violaciones a los derechos humanos.
No obstante, asevera que hay dos factores estructurales de vulnerabilidad de los habitantes de la capital antioqueña, especialmente de quienes viven en zonas de alta confrontación armada, que permiten el accionar de los grupos criminales: el miedo y la desconfianza.
“La comunidad tiene miedo de los actores ilegales porque conocen la capacidad que tienen de cumplir sus amenazas violentas, muchas personas conocen la trayectoria criminal de cada ilegal que vive en el barrio”, asevera el SAT en su análisis.
Y sobre la desconfianza, expone que no hay tranquilidad del ciudadano ante el Estado y por ello no denuncia: “La razón es una desconfianza en la Fuerza Pública y los organismos de justicia, aduciendo que están infiltrados, tanto porque así se lo dicen los ilegales como por los operativos que eventualmente escuchan en los medios”.
Para esta agencia del Ministerio Público es claro que “si no se cierra la brecha de desconfianza entre la comunidad y la institucionalidad oficial va a ser muy difícil acabar con los promotores de la violencia en la ciudad”. A su juicio, “es en esta perspectiva, la de acabar la corrupción y la de ganar confianza con la ciudadanía, en donde se deben reforzar los programas y las campañas cívicas”.
También les hace un llamado a las entidades estatales, sobre todo a las que tienen la seguridad bajo su responsabilidad, para que focalicen sus actividades en la “desarticulación efectiva de todos los eslabones que comprenden el accionar de estos grupos y, con ello, incidir en una prevención urgente capaz de mitigar y disuadir la continua vulneración a los derechos de los/as habitantes de Medellín”.
Asimismo, cuestiona la estrategia de realizar capturas masivas y de aquellos que son denominados “objetivos de alto valor”, que no son otros que supuestos jefes de grupos armados ilegales de distinto nivel: “A pesar del alto número registrado en los últimos años, no ha logrado impactar en el desmantelamiento efectivo de estas organizaciones armadas ilegales que, por demás, cuentan con una importante capacidad de recomposición y reacomodo a fin de dar continuidad a sus mecanismos de control de la ilegalidad”.
Siguiendo el enfoque de la Alerta Temprana, el SAT plantea que las respuestas de distintas entidades del Estado sólo “han apuntado a atender el escenario coyuntural y contingente y no así el estructural, razón por la cual, después de casi medio siglo, la problemática sigue siendo la misma, a pesar de los picos y disminuciones de las confrontaciones violentas o de las mutaciones que vayan teniendo los Grupos Armados no Estatales parte del conflicto”.
Por ello, esta dependencia de la Defensoría sugiere que el Estado, en su conjunto, “debe atacar de forma estructural e integral todas estas características que tienen las organizaciones ilegales en la actualidad, y que se fundamentan en lo que han heredado de sus antecesores”; por tanto, su respuesta “no se puede restringir a capturas o a acciones reactivas de contingencia; por el contrario”.
Paralelo a todo ello, el SAT propone un mayor “despliegue efectivo de la oferta institucional para la plena vigencia del Estado Social de Derecho en las comunas, barrios y corregimientos focalizados en riesgo. Solo así se pueden realizar acciones asertivas que rompan con la reproducción de los ciclos de violencia y el afincamiento de estas organizaciones en el territorio”.
Ilustraciones: Juan David Restrepo Ortiz
