En el primer trimestre de 2024 solicitaron refugio un 88% más de colombianos que en los primeros tres meses del año anterior. Más de 2.000 habitantes de Nariño y Putumayo, principalmente, cruzaron la frontera en ese periodo.
La familia de Sara* no sabe en dónde está. Y ella lo prefiere así.
Prefiere que no sepan que huyó del país luego de que unos hombres de las disidencias de las Farc la interceptaron en su moto, la cuestionaron por el trabajo que realizaba con comunidades afro, y le dieron cinco días para desaparecer de allí.
Primero Sara fue a un municipio vecino, pero ahí también la encontraron. “Se me acercó un tipo en una moto y me dijo: ‘No te queremos ni en la zona rural’”, recuerda. Y le advirtió que si no se iba, tendrían que “proceder”.
Sin pensarlo mucho, Sara, de 26 años, compró un pasaje en bus hasta la frontera entre Colombia y Ecuador, y de ahí a la capital del vecino país, Quito, en dónde ya empezó los trámites para solicitar el estatus de refugiada. Mientras tanto, vende bananos en los semáforos. “Aunque no tengo plata en el bolsillo puedo empezar de nuevo,” dice.
Sara es una de un número creciente de colombianos que, ante la escalada de violencia, que incluye amenazas, homicidios y extorsiones, ha tenido que cruzar la frontera para salvar sus vidas.
La agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) dice que el incremento significativo de solicitantes de asilo colombianos empezó hace año y medio. En 2023, casi 5.300 colombianos hicieron solicitud formal para ser reconocidos como refugiados: un alza del 23% sobre el año anterior y la cifra anual más alta desde 2015.
Y los números siguen en aumento. Sólo en el primer trimestre de 2024, 2.031 colombianos se registraron como solicitantes de asilo en Ecuador, equivalente al 10% de las personas registradas como desplazadas internamente en toda Colombia en el mismo período, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Las solicitudes en Ecuador en los primeros tres meses representan casi el 40% de las de todo el año pasado, dice Federico Agusti, representante del Acnur en Ecuador. “Así que la tendencia continúa creciendo”, precisa. Destaca que en marzo de 2024 se reportó el número más alto de solicitudes en un mes desde hace seis años, con 889.
La Comisión de la Verdad calculó que más de 1 millón de colombianos se exiliaron a causa del conflicto armado y Ecuador fue uno de los principales países adonde huyeron. Sólo en el 2009, más de 30 mil colombianos solicitaron refugio en el país vecino.
Pero el Ecuador de hoy no es el remanso de paz que alguna vez fue. Ha vivido recientemente su propia ola de violencia que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar el país en conflicto armado interno. En cinco años la tasa de homicidios se multiplicó por ocho hasta que, en 2023, tuvo la tasa más alta de toda América Latina, con 44,5 por cada 100.000 habitantes, según InSight Crime, un centro de estudio sobre violencia y crimen organizado.
En comparación, Colombia tuvo una tasa de 25,7 en el 2023. Esa violencia ha llevado a los propios ecuatorianos a salir de su país, principalmente hacia Estados Unidos.
El hecho de que los colombianos estén huyendo hacia Ecuador, en números crecientes, a pesar de la compleja situación que atraviesa, “demuestra la enorme necesidad de salir”, dice Agusti.
Milton*, de 37 años, dice sentirse más seguro allá que en Colombia, en donde se desplazó internamente tres veces por recibir amenazas relacionadas con su trabajo como líder campesino que intentaba apoyar la sustitución de cultivos de coca bajo el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
Los actores armados en la zona donde vivía en Nariño declararon que “aquí nadie va a cambiar cultivos”, recuerda Milton. “Con todo y eso hubo gente que nos paramos en la raya. Empezaron a amenazarnos de muerte y a lo último empezaron a perseguirnos para matarnos”.
Milton salió hacia Ecuador en marzo de 2024, luego de sobrevivir un atentado en contra de su vida. Un mes después, su esposa, hijos y un hermano se unieron a él en la capital ecuatoriana.
Agusti, de Acnur, dice que es significativo que hoy muchos colombianos están llegando con la familia. “Indica a priori que la situación está mucho más cruda y que ya no es algo temporal. Se trasladan con la familia con intenciones de no regresar”, apunta.
Ese es el caso de Milton. “A Colombia no vuelvo jamás”, declara. “Si toca comer tierra aquí, lo hago”.
Esos movimientos transfronterizos reflejan la delicada situación de violencia que viven. Organizaciones humanitarias señalan que muchas personas huyen de amenazas y atentados en su contra, sobre todo en Putumayo y los municipios bajos de Nariño, el departamento de mayor desplazamiento forzado en 2023.
En Putumayo se desató una ola de violencia en agosto de 2023 cuando empezaron enfrentamientos entre los Comandos de la Frontera, que forma parte de la llamada Segunda Marquetalia, y el Frente Carolina Ramirez del Estado Mayor Central, por el control de las economías ilícitas y del departamento. Ambos grupos surgieron como disidencias de la extinta guerrilla Farc tras su dejación de armas.
En octubre y noviembre el número de amenazas hacia campesinos y líderes sociales aumentó y empezó a circular una lista en el departamento de personas que los grupos armados decían que iban a eliminar.
“Eso hace también que muchos colombianos busquen refugio en el país vecino más cerca”, dice Alexander Sánchez, de la Red de Derechos Humanos de Putumayo.
Jackie* llevaba varios años colaborando con organizaciones de derechos humanos en Putumayo. En noviembre del 2023 hombres de los Comandos de la Frontera le dijeron que, si quería quedarse en su vereda, debía dejar de trabajar con esos grupos humanitarios.
“’Necesitamos que se retire de derechos humanos porque esos… hijos de la madre se la pasan inventando cosas, calumniándonos a nosotros. O te retiras de la (organización) o te retiras de la zona’”, recuerda que le dijeron.
Pero antes de que pudiera reaccionar ante la amenaza, un grupo armado asesinó a su hermana que era presidenta de la Junta de Acción Comunal. Jackie y su familia salieron hacia la cabecera municipal, pero allí sintió que aún corría riesgo cuando vio que un escolta del jefe de las disidencias de la zona, rondaba la casa adonde se había refugiado.
“Tomamos un taxi a la frontera y llegamos a Lago Agrio”, dice Jackie desde Quito en donde lleva seis meses con su compañero sentimental y los cinco hijos que tienen, esperando ser reconocida como refugiada. Con eso Jackie tiene esperanzas de que puedan estabilizarse, aunque lo ve complicado tanto por la situación de seguridad como por la dificultad que tienen personas de nacionalidad colombiana en conseguir trabajo formal.
“Mi futuro acá es incierto” dice. “Vivir en Ecuador es muy difícil. Es duro, duro, duro”.
A pesar de las dificultades, esa es la única opción para miles de colombianos, pues su país, que se suponía estaría transitando hacia una fase de posconflicto, ahora es una grave amenaza para quienes habitan el campo.
*Nombres cambiados por razones de seguridad.
