Se presenta en el País Vasco un documental que esclarece los móviles del profesor y sindicalista Jorge Adolfo Freytter Romero, señala presuntos responsables e invita a trabajar por la reconstrucción de la memoria histórica en la comunidad universitaria de Atlántico. Andrés Celis conversó con su hijo sobre el documental y el estado de la investigación en la justicia. Especial para VerdadAbierta.com.
El pasado 28 de agosto, la Asociación Freytter Elkarte envió una solicitud a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que ese tribunal de justicia transicional evaluara varios elementos relacionados con el caso del profesor Adolfo Freytter Romero, con ocasión del vigésimo segundo aniversario de su asesinato, perpetrado por paramilitares.
Esa Asociación pretende que los magistrados conozcan algunos hallazgos encontrados por los documentalistas durante su investigación, que fueron utilizados para la realización de la pieza audiovisual, los cuales están relacionados con los móviles del asesinato del docente y las dinámicas de violencia política y narcotráfico alrededor de ese crimen, ocurrido el 28 de agosto de 2001.
En respuesta, el órgano transicional le aseguró a la Asociación que ese proceso se encuentra en una fase previa, a la espera de la aceptación o no del sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como compareciente en esa jurisdicción como tercero civil financiador del paramilitarismo.
Por otro lado, en noviembre de 2021, la JEP aceptó el sometimiento del teniente (r) Flover Torres Sánchez, pieza clave para reconstruir las relaciones entre el Gaula del Ejército, el Bloque Norte de las Auc y la clase política tradicional del departamento de Atlántico, lo que podría dar luces en el caso del docente universitario
En el año 2001, Freytter se desempeñaba como profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico; además, fue Vicerrector de Admisiones de esa institución y perteneció a varios sindicatos y cooperativas de profesores, desde donde trabajó por los derechos laborales y el derecho a la salud pública de la comunidad universitaria.
Aunque la justicia ordinaria trató de vincularlo al Frente 19 de la guerrilla de las Farc, sindicándolo de ser el comandante urbano alias ‘Tito’, en enero de 2020 fue la misma Fiscalía General de la Nación la que declaró el crimen como de lesa humanidad.
Para sustentar esa decisión, el ente investigador planteó seis razones, entre ellas, la ejecución de un plan sistemático para acabar con un grupo de profesores de la Universidad del Atlántico que se oponía a la llegada de grupos de extrema derecha a la comunidad universitaria.
La alianza entre agentes de Estado y paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, que fue comandado por Mancuso, para la ejecución del crimen, está probada en los procesos penales seguidos a dos coautores materiales, quienes fueron condenados por los delitos de tortura, desaparición forzada y homicidio: Carlos Romero Cuartas, alias ‘Montería’, desmovilizado del Bloque Norte, y Rafael Mariano Silvera, exagente del Gaula de la Policía. (Leer más en: Estado colombiano reconoció responsabilidad en crímenes contra Jorge Freytter)
De estos mismos expedientes judiciales nace la investigación que da origen al documental “El Caso Freytter”, el cual, según su director y equipo de investigación, es un llamado a la memoria y a la justicia. La cinta explora la lógica detrás de los crímenes de lesa humanidad y los asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales en el país.
Hallazgos
Andrés Celis (AC): ¿Qué elementos de esclarecimiento y novedosos presenta el documental frente al caso?
Jorge Freytter Florián (JFF): Son tres elementos nuevos y esclarecedores sobre el crimen. El primero es que la bodega donde torturaron a mi padre pertenece a Gustavo Rey, un narcotraficante asesinado en Cartagena, y a Enilce López, alias ‘La Gata’. La bodega hacía parte del conglomerado de Uniapuestas, empresa testaferra del paramilitarismo que donó planta a la campaña presidencial de (Álvaro) Uribe y a algunas familias de la clase política tradicional de barranquilla ligadas al paramilitarismo.
Un segundo elemento es el entramado del Gaula Militar y el Gaula de la Policía en el Atlántico que, para mi modo de ver, son actores del conflicto armado por su relación política, económica y militar con las Autodefensas Unidas de Colombia. Yo tengo la certeza que hay un pacto de silencio entre los agentes de Estado y el paramilitarismo para que esto no salga a flote porque salen grandes alfiles.
Y, finalmente, el documental arroja elementos sobre el debate de la reconstrucción de la memoria histórica en las universidades. En las universidades se vivió el conflicto de una manera muy deshumanizante: torturas, persecución, chantajes administrativos, entre otras.
AC: ¿Bajó qué elementos se soportan estas aseveraciones? ¿Tienen cómo probarlo?
JFF: Tras un trabajo riguroso de investigación en cabeza del periodista Julián Martínez, donde se recopilaron testimonios de personas que habitaron la bodega, se cruzaron fuentes secundarias y archivos para esclarecer el crimen de mi padre. Un trabajo de análisis de expedientes judiciales y fuentes que no se pueden revelar. Nos dimos a la tarea de hacer la parte judicial, analizamos expediente por expediente, analizamos hecho por hecho cronológico hasta que llegamos a la bodega. De allí la investigación de los demás casos de profesores asesinados nos lleva a concluir que el Gaula es un actor del conflicto y como tal debe haber una investigación judicial que priorice los crímenes que cometieron.
AC: ¿Qué elementos del documental desmienten lo hasta ahora dicho por la Justicia ordinaria?
JFF: El Estado sigue manteniendo la tesis de que a mi padre lo asesinaron por pertenecer a la insurgencia, cuando era un sindicalista. Su trabajo sindical en la Universidad del Atlántico está comprobado. Lo que querían hacer era aniquilar el movimiento sindical en Barranquilla, el cual era la barrera contra la privatización de la Universidad para que los fondos que destinaban el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación no fueran robados por estos sectores políticos. Mi papá tenía un posicionamiento crítico y sin rodeos contra la corrupción que había en la Universidad, lo cual no era bienvenido por algunos estamentos de derecha del Estado.
AC: El documental muestra el municipio de Guacamayal, donde se crio su padre y tierra donde el paramilitarismo arrasó con el movimiento comunal para instaurarse en la década del 90. ¿Qué significó para usted estar allí?
JFF: Hay una anécdota impresionante de un compañero de él del movimiento estudiantil, quien comenta que mi padre siendo estudiante le planteó investigar el pliego de cargos de los sindicalistas de las bananeras. Ellos volvieron a Guacamayal a mirar qué ocurría en la zona. Obvio, todo articulado desde entonces al trabajo de los sindicatos en la bananera. Guacamayal es un municipio donde los grupos paramilitares tuvieron el control político y territorial. También pasa el tren que viene de El Cerrejón. No hay agua, luz, pero la línea del tren muy bien cuidada. Una zona de plantación de banano de empresas estadounidenses.
Sobre el caso
AC: El 30 de enero de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibe el caso y en julio de 2013 es declarada su admisibilidad mediante el Informe 3813. Cinco años después, el 7 de marzo de 2018, ustedes como familiares y víctimas buscan una solución amistosa con el Estado colombiano. ¿Por qué buscaron una solución amistosa cuando se sabe que hubo complicidad entre agentes de Estado y paramilitares para asesinar a su padre?
JFF: Fue una decisión muy bien analizada por nosotros y por el equipo de abogados del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. En este tipo de casos no todas las personas de la familia asumen las cosas por igual. Nosotros vimos que era un mecanismo importante que el Estado cumpliera, nosotros necesitábamos hechos reales, no otros 20 años esperando una sentencia. Yo creo que hemos logrado cosas interesantes que nos hayan desmarcado de exigirle al Estado su responsabilidad, no solamente es Mancuso el que debe responder, es el Estado el que debe decir por qué le dio las armas a este comandante paramilitar para que matara estudiantes, profesores y líderes sindicales.
Nosotros no somos de una familia de clase alta. Somos de clase obrera y modesta en la región Caribe colombiana, a pulso somos lo que somos. Mi padre fue hijo de una mujer ama de casa y un padre obrero. Necesitábamos el hecho de reconocimiento por parte del Estado, aunque sea un asunto de maquillaje para ellos, para nosotros era una necesidad por la dignidad de mi padre.
AC: En la solución amistosa firmada entre ustedes familiares víctimas y el Estado se contemplan más de siete medidas de satisfacción, entre ellas el Acto de reconocimiento de responsabilidades por parte del Estado realizado el 24 de septiembre de 2020 ¿Cuáles otras se han cumplido?
JFF: Se establecieron varias medidas. La que más le costó al Estado fue el reconocimiento del caso como crimen de lesa humanidad, lo cual ahora los obliga a dar resultados exactos sobre los móviles del asesinato hasta llegar a los máximos responsables. Segundo, un acompañamiento psicosocial a la familia que, a nuestro modo de ver es muy vago, no ha sido un proceso continuo. Nos dejó la sensación que fue por salir del paso. Las afectaciones no nos la van a resolver en seis meses porque ellos los digan.
Pusimos en marcha una beca para algún estudiante de la región Caribe, que ahora está abierta para que los estudiantes se postulen y accedan a la educación superior. También se están dando unas capacitaciones por parte del Estado en el Gaula sobre la responsabilidad que tuvieron en el crimen. Ahora mismo toda la familia está por fuera y quienes somos los hijos tenemos acceso a educación superior.
Una medida que nos generó muchas dificultades fue la de la memoria histórica, la cual era crear un busto de mi padre dentro de la Universidad del Atlántico; sin embargo, la Universidad se opuso a esto argumentando la autonomía universitaria. Finalmente, el busto quedó en la Casa de la Memoria de Barranquilla.
AC: A partir de lo descrito, ¿cuál es el balance del cumplimiento e implementación de las medidas?
JFF: Es insuficiente, no hay una satisfacción completa. Primero la investigación no ha llegado hasta los autores intelectuales del crimen de mi padre y no solamente de él sino de los demás en contra de los profesores universitarios en la Universidad del Atlántico. Hay una burocratización del Estado que no permite la aplicación de las medidas que agota a las víctimas, hay una revictimización.
A partir de 2013 hasta este año el Estado ha ido cumpliendo poco a poco las medidas. Sin embargo, se le ha dado visibilidad al caso, la CIDH ha estado pendiente y el equipo técnico de soluciones amistosas han sido muy efectivos.
AC: En noviembre de 2021, la JEP aceptó el sometimiento ante ella del teniente (r) Flover Torres Sánchez. ¿Cuál es la importancia del testimonio del teniente? ¿Por qué las victimas presionaron tanto por su comparecencia ante ese tribunal?
JFF: Es importante por la cadena de mando que hubo entre el Gaula y el Bloque Norte de las Auc. A nosotros nos interesa saber qué políticos dieron beneplácito para cometer estos crímenes, qué rectores de universidades y decanos conocían de los planes sicariales. También se debe esclarecer el entramado entre empresarios como ‘La Gata’ (Enilce López) y los paramilitares.
El teniente tiene que explicar por qué el Gaula se mete en la campaña contrainsurgente en Barranquilla. Aunque sabemos que estos agentes dan versiones amañadas, nosotros queremos no al sicario sino a quienes pensaron, financiaron y pusieron la logística para cometer estos crímenes. Dudo que Flover hable por todas las presiones que tiene encima del narcoparamilitarismo.
AC: El patrón común de los asesinatos en contra de sindicalistas fue sicariato y asesinatos selectivos luego de previos perfilamientos. Sin embargo, en el caso de su padre hubo secuestro, desaparición forzada y tortura. ¿Por qué la sevicia y los tratos crueles?
JFF: A mi padre lo aborda un escuadrón paramilitar con armadas de alta operatividad en una zona que le llaman la Ciudadela Universitaria, espacio donde pasan unidades de Policía o lo que llaman ahora Cuadrante. Además, había un carro Spring que no ha sido investigado. Recorren con él toda la ciudad, lo meten a la bodega, lo torturan mediante el método de la bolsa para asfixiarlo.
Según los mismos testimonios de los ‘paras’, nunca hubo una confesión por parte de la víctima, quienes llaman al Gaula para que lo recogieran. No lo dejaron vivo porque mi padre los reconoce a todos, le pegan un tiro en la cabeza y tiran el cuerpo en el kilómetro 12 de la vía que conduce de Barranquilla a Ciénaga. Tiran el cuerpo para que en materia judicial, el caso perteneciera a otra jurisdicción. Sabían que mi papá conocía todo de ellos, las relaciones con los ‘paras’, la corrupción y los negocios con la plata de la educación. Por eso lo torturaron.
AC: Como familiares y víctimas, ¿qué esperarían del caso en la JEP?
JFF: Lo que esperamos es que la JEP abra un macrocaso sobre el tema de Universidades y conflicto armado, lo cual permitiría tener un análisis contextual de todos los crímenes en contra de sindicalistas y estudiantes. También esperamos que la JEP aborde de manera real el entramado entre Fuerza Pública y paramilitarismo, les hemos dicho que tomen el caso de mi padre como un solo caso. Están todos los elementos pertinentes para ello.
Finalmente, la investigación y el documental invitan a que autoridades judiciales y el estamento respondan varias inquietudes, entre ellas el porqué de la existencia de un centro de tortura a escasas cuadras de la sede de la Segunda División del Ejército. ¿Por qué no se han desclasificados los archivos de inteligencia militar en Barranquilla? ¿Hubo otros centros de tortura?
