En camino hacia los comicios electorales legislativos y presidenciales del próximo año, y con las Farc constituidas como partido político, aún no se conocen los cerca de 700 proyectos que estaban presupuestados ejecutar como parte de la segunda fase de implementación de los acuerdos de paz. Además, se teme que el dinero estimado sea insuficiente.
Además del PMI es necesaria la reforma a la Ley 152 de 1994, para poder garantizar los recursos en los dos siguientes PND. Foto: archivo Semana.
Para el pasado mes de abril El Plan Marco para la Implementación de los Acuerdos debía estar listo. Cinco meses después son pocas las luces sobre lo que suponía ser una de las columnas vertebrales de la implementación y sólo hasta junio se conoció un borrador del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Según el Acuerdo Final firmado entre el gobierno nacional y el grupo alzado en armas, el Plan Marco debe ser realizado por la Comisión de Seguimiento, Impulso, y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), con base en el borrador realizado por el DNP, y una vez aprobado se debería integrar, a forma de “capítulo especial”, en los siguientes planes nacionales de desarrollo de los próximos dos gobiernos (2018-2022) y (2022-2026).
¿Por qué es importante este Plan Marco? De acuerdo con lo pactado, este documento debe contener los objetivos, propósitos, metas, prioridades, indicadores y medidas, así como las políticas necesarias para implementar el Acuerdo Final; también incluiría la priorización y el cronograma de su implementación, los responsables de su ejecución y las fuentes de financiación.
Pero todo está en el papel. Además del retraso generalizado, el camino que debe sortear este Plan Marco para su ejecución no es fácil. Luego de la aprobación del documento, por parte de la CSIVI, se necesita un documento CONPES que lo respalde y la reforma a la Ley 152 de 1994 (Ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo), que permitirá incluir por dos períodos presidenciales un capítulo dedicado a la implementación de la paz. Sin embargo, a la fecha, el gobierno nacional no ha presentado la propuesta ante el Congreso de la República.
De no darse esa reforma, el Plan Marco sería un documento sin peso vinculante para las próximas administraciones, es decir, quedaría a potestad del presidente de turno incluir o no en su respectivo Plan Nacional de Desarrollo la implementación delos acuerdos.
A pesar de que las Farc ya están constituidas como partido político aún no se conoce el PMI. Foto: Daniel Reina, revista Semana.A ello se suma la inconformidad que han planteado voceros de las organizaciones como el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), integrantes de la Comisión Étnica, quienes han asegurado que a pesar de que el Acuerdo Final para la terminación del conflicto incluyó el enfoque étnico, en el Plan Marco entrará de manera somera y sin los estudios necesarios para su ejecución, lo que reduce sus posibilidades de asignación de recursos. (Leer más: Acuerdo con las Farc tiene capítulo étnico)
“Así como pasó con el Acuerdo, los indígenas y los negros vamos a resultar entrando al Plan Marco a empujones, a último momento, y no por voluntad política del gobierno”, aseguró Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC. (Leer más:: En rojo,saldo del gobierno nacional por reparación de indígenas y afros)
Otra de las inquietudes planteadas tanto por las comunidades como por los voceros de las Farc en la CSIVI, es el presupuesto designado para la implementación. A juicio de unos y otros las cifras planteadas dentro del borrador del DNP son insuficientes para cubrir las necesidades de lo acordado.
“Lo que vemos es que hablan de unos recursos que, desde nuestra perspectiva son bastantes limitados, no sólo para nosotros sino desde otras instituciones gubernamentales paradójicamente, inclusive desde los gremios. También hay estudios que hablan de una cuantía muy superior a los recursos de los que está hablando el gobierno nacional”, afirmó Diego Carrero, coordinador del equipo del Plan Marco en la CSIVI.
¿Paz desfinanciada?
Desde la CSIVI-Farc han expresado sus dudas con respecto a la cantidad de recursos que figuran en el MFMP para la implementación de los acuerdos. Foto: CSIVI-Farc.Las cifras del capítulo dedicado a la financiación de la implementación del acuerdo, contenidas dentro del Marco Fiscal a Mediano Plazo de 2017, estipulan un presupuesto de 129.5 billones de pesos para los próximos 15 años, es decir, más o menos, 8.5 billones de pesos por año, lo que se traduce en un 0,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual. (Ver MFMP)
De los cinco puntos que tiene en cuenta el documento como parte de la implementación, el más cuantioso sería el de la Reforma Rural Integral, de 110.6 billones de pesos, mientras que el menos costoso es el de víctimas de 4.3 billones de pesos. Según el Marco Fiscal, los recursos vendrán de varias fuentes: por un lado, las donaciones internacionales y de personas particulares; y, por otro, del Plan General de Participaciones y el Plan General de Regalías.
No obstante, entidades como Fedesarrollo han presentado informes donde manifiestan que los rubros contenidos dentro del Marco Fiscal son insuficientes para la implementación de lo acordado. Así quedó consignado dentro del texto: “Acuerdo de Paz: Reforma Rural, Cultivos Ilícitos, Comunidades y Costo Fiscal” de febrero de este año. (Ver reporte)
Diferentes organizaciones de víctimas expresaron sus inquietudes con respecto a los recursos destinados al punto 5 en el MFMP. Foto: archivo Semana.El reporte analiza los costos del punto 1 (reforma rural integral) y del punto 4 (sustitución de cultivos de uso ilícito) pactados en con las Farc. En el documento se lee que “al sumar los resultados del costeo de los puntos 1 y 4 se obtiene un costo total de 148.3 billones, equivalente a un costo promedio anual de 9,9 billones o 1,14% del PIB estimado para 2016”. El estimado de Fedesarrollo es muy superior a lo estipulado por el Marco Fiscal para la totalidad de los cinco puntos, la diferencia supera fácilmente los 20 billones de pesos.
El informe “Dividendos, Beneficios y Costos del Proceso de Paz de Colombia”, realizado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), también asume que los costos serán mucho mayores a los establecidos por el Marco Fiscal. Según este análisis, la implementación del punto referido a la reforma agraria integral necesitaría de por lo menos un 0,12 por ciento del PIB por año en los siguientes cuatro gobiernos, una cifra muy superior a los 0,6 por ciento calculada en el Marco Fiscal. (Ver Informe).
Las cifras han sido puestas entre dicho por representantes de diversas organizaciones sociales, quienes han cuestionado el hecho, más allá del reducido presupuesto, de que sólo están encaminadas a suplir los requerimientos de las Farc; así, por ejemplo, lo consideró Luis Alejandro Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc): “Vemos con alguna preocupación que se está dando un enfoque a la implementación muy centrado a las Farc para responder a sus los requerimientos, dejando de lado la opinión y los derechos de comunidades como los campesinos. Realmente yo creo que así como interesa el monto, hay que interesarse por la forma en cómo se va a administrar eso, los destinatarios finales, y si va a llegar a las víctimas. Hasta el momento se ve que el enfoque está siendo otro”.
Víctimas, temerosas
El punto 1 del acuerdo de paz será el que contará con mayores recursos en la implementación, no obstante de acuerdo a varios estudios de difernetes gremios esos recursos puede que sean limitados. Foto: archivo Semana.Son varias las organizaciones y asociaciones de víctimas que han cuestionado si de verdad ellas están en el centro de lo pactado con las Farc, como lo han afirmado desde hace varios años el gobierno nacional y los insurgentes. El bajo presupuesto estimado puede limitar el desarrollo de toda laimplementación de los acuerdos, entre ellos el sistema de justicia transicional, es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entre otras.
“Nos parece supremamente preocupante que para la columna vertebral del acuerdo, es decir las víctimas, se proyecte tan poco presupuesto, eso puede significar entonces que todos los crímenes, y violaciones de derechos humanos relacionados con el conflicto armado, con la violencia política, no va a contar con los recursos suficientes y, por tanto, significa una afrenta frente a la garantía de los derechos de las víctimas”, afirmó Soraya Gutiérrez, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
Otro de los puntos problemáticos, para estas organizaciones, radica en la naturaleza de los recursos, que si bien es claro que vendrán del Sistema General de Participaciones y de Regalías, no hacen parte de un esfuerzo del Ejecutivo por captar nuevos rubros, sino un proceso de reasignación para las 16 subregiones donde entrarán a regir los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que pretenden atender los 170 municipios más afectados por la confrontación armada.
En los Montes de María, la líder de víctimas Soraya Bayuelo, quien trabaja desde hace más de 23 años en esta región golpeada duramente por la guerra, sostuvo que se ha recortado el presupuesto para el ejercicio de memoria y reparación colectiva por parte de algunas entidades del Estado, cuando debería ser lo contrario, según lo acordado en La Habana.
Con la temporada electoral a la vuelta de la esquina, y la demora a la hora de tramitar las reformas necesarias, tornan oscuro el panorama del PMI. Foto: archivo Semana.“Yo he estado con las comunidades haciendo las reparaciones simbólicas, haciendo el acompañamiento psicosocial desde el arte y hay estancias del Estado que han recortado los presupuestos, entonces no entendemos cómo los fondos para la paz no pueden ser invertidos en la reparación y construcción de la memoria”, afirmó esta líder, representante del colectivo de Comunicaciones de Montes de María Línea 21.
Sumado a ello, una de las quejas reiteradas de campesinos, indígenas, afros y otras colectividades es la ausencia de una caracterización legal y normativa de las asociaciones de víctimas, lo cual podría generar inconvenientes a la hora de participar en instancias decisivas para la implementación.
“A esta hora hay un vacío legal, normativo, de regulación de las asociaciones campesinas, esto se lo hemos venido planteando al gobierno desde hace dos años en el sentido de que había que definir esa normatividad para que las organizaciones estén con toda la legalidad del caso y poder intervenir en el proceso. Y eso nos preocupa porque si no se tiene legalidad, por falta de la normativa, seguramente después nos vamos a encontrar que las comunidades campesinas no podrán participar en ninguno de los programas”, afirmó el representante de la Anuc.
Así las cosas, tras los requerimientos que han hecho las organizaciones de víctimas, las comunidades indígenas y afrodescendientes, el Plan Marco para la Implementación de los Acuerdos sea evaluado una vez más por la CSIVI, con el fin de discutirlo de nuevo, incorporar las conclusiones y ahí sí empezar el trámite legislativo en el Congreso, donde tambiénse camina dando un paso adelante y dos atrás.
