Por la vía del diálogo pretende superar las dificultades que existen entre uno de sus proyectos de exploración en Putumayo, adjudicado en 2012, y la solicitud de restitución y ampliación del resguardo de Buenavista.
Sentarse en la mesa y hablar de manera sosegada con las autoridades del pueblo Siona para restablecer los canales de comunicación es la intención de la empresa Amerisur Exploración Colombia Limitada para explicarles nuevamente los alcances de su proyecto de exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos y ponerse de acuerdo para reactivar un diálogo suspendido desde mediados de 2015.
Así se lo expresaron dos altos ejecutivos de esta compañía a VerdadAbiera.com tras reaccionar a una investigación sobre el proceso de solicitud de restitución y ampliación del resguardo Buenavista del pueblo Siona que está en el escritorio del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Mocoa y que hasta el momento no ha sido resuelta.
La petición de este pueblo indígena, apoyada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), es que se amplíe el área de su resguardo en 52.029 hectáreas, pues consideran que esa porción de tierra hace parte de su territorio étnico ancestral. En el trabajo de campo que hizo este portal en la zona escuchó de las autoridades nativas las razones de esa petición.
“La ampliación es, más que todo, porque es nuestra esencia de vida… allá, en ese territorio, está nuestra espiritualidad, tenemos que descubrir cosas que nuestros ancestros dejaron allá, como cerámicas, plantaciones de yajé. Para entrar allá, siendo territorio nuestro, tenemos que pedir permiso a nuestros mayores con nuestra espiritualidad. Descubrir lo que hay allá, proteger el territorio, es un legado, una tarea nuestra”. (Leer la investigación en: La larga lucha de los Siona en defensa de su territorio ancestral)
El problema es que buena parte del área solicitada por los Siona del resguardo Buenavista hace parte del Bloque PUT 12, de 55 mil hectáreas mil hectáreas, que comprende áreas de los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguizamo, y se traslapan con parte de las tierras solicitadas en ampliación. Esta porción de selva fue adjudicada a la compañía Amerisur por la Agencia Nacional de Hidrocarburos desde 2012 como parte de los planes de búsqueda de yacimientos petroleros y gasíferos en el departamento del Putumayo.
Las actividades de exploración en esta zona están suspendidas desde agosto de 2018 luego de que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Mocoa dictara medidas cautelares y le ordenara a la empresa petrolera “abstenerse, de manera inmediata, de realizar acciones encaminadas a la ejecución del proyecto sísmica para el Bloque PUT-12”.
Los Siona cuestionan las actividades iniciales de la firma petrolera y advierten que supuestos vertimientos de sus labores de exploración han causado varias afectaciones, entre ellas la contaminación del río Piñuna Blanco, lo que ha derivado en brotes en la piel de los niños y niñas del resguardo.
Pretensiones de Amerisur
“No nos oponemos a las pretensiones del resguardo Buenavista en la ampliación del territorio que le solicitaron al Juez de Restitución de Tierras en Mocoa”, reitera uno de los ejecutivos de la empresa petrolera, quien solicitó omitir su nombre y su cargo, pero que habla con la autorización de sus jefes.
Ellos están a la espera de la decisión del operador judicial. Si el fallo favorece a los Siona, el camino que tomarán, dicen, es el que les señala la ley: “Adelantar los procesos de consulta previa que haya a lugar en el momento que requiera adelantar sus actividades”.
Los procesos de exploración adelantados por Amerisur en el llamado Bloque PUT 12 no han sido de espaldas a las autoridades del pueblo Siona, destacan los altos empleados consultados. “Todo lo hemos revisado con ellos; inclusive, es de conocimiento del mismo resguardo que puede haber posiciones encontradas en temas muy específicos que son los que hemos querido abordar con ellos”.
Todo este asunto surgió tras concretarse una convocatoria hecha por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para adelantar un proceso de adjudicación de áreas de interés en diversas regiones del país para la exploración y producción de hidrocarburos, que se conocen como bloques. De allí se desprendió el contrato del Bloque PUT 12 firmado en 2012 por Amerisur.
“En términos generales, el objeto del contrato es que exploremos y produzcamos los hidrocarburos, petróleo y gas, del subsuelo en el polígono que nos delimitan sujeto a la normatividad colombiana, incluyendo los procesos de consulta previa”, precisa uno de los ejecutivos, quien agregó que una vez suscribieron el contrato con la ANH, procedieron a solicitar, como suele hacerse en este tipo de proyectos, la certificación de presencia de comunidades indígenas en el área asignada.
“Solicitamos al Ministerio del Interior, a la Dirección de Consulta Previa, que nos certificaran las comunidades en el área. Certificaron a cuatro comunidades: Buenavista (Siona), Bajo Santa Elena (Siona), Santa Cruz de Piñuña Blanco (Siona) y Monaira Jitoma (Murui), que en esa época era una parcialidad indígena”, detalla el vocero de Amerisur.
Una vez recibieron esta certificación, la petrolera inició el proceso de consulta previa con las cuatro comunidades, tal como lo dispone la normatividad vigente en el país, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que regula la ejecución de este tipo de proyectos en territorios indígenas y afros y pretende proteger su integridad cultural, social y económica, así como garantizar el derecho a la participación.
“Específicamente con el resguardo Buenavista se surte un proceso de consulta previa que tiene un proceso de duración mayor a un año, entre otras razones porque en la concertación de la ruta metodológica se previó el respeto a sus mecanismos internos de decisión, ceremonias que incluían el yagé, sus prácticas, sus rituales, de tal forma que se garantizara que fuera un espacio de ellos, se surtió el proceso de consulta previa como lo prevé el convenio de la OIT”, agrega el ejecutivo consultado.
De acuerdo con un cuestionario que complementó esta conversación y que fue remitido a este portal por escrito, entre 2013 y 2014 se adelantaron los procesos de consulta previa con las comunidades certificadas por el Ministerio del Interior. “En el marco del proceso de consulta previa con el Resguardo Buenavista se surtieron todos los protocolos establecidos en el Convenio 169 de la OIT y la Directiva Presidencial No. 10 de 2013. Esta consulta se protocolizó con el acompañamiento del Ministerio del Interior sin acuerdos”, se lee en el documento.
Al respecto uno de los ejecutivos precisó que “en términos generales, la comunidad no estaba de acuerdo con que se incluyeran campamentos para la actividad sísmica dentro del resguardo Buenavista”.
La sísmica, explicó uno de los ejecutivos conocedor del tema técnico, era una de las primeras actividades a ejecutar en desarrollo del contrato del Bloque PUT 12. Esta labor consiste en seleccionar unas áreas específicas y se trazan unas líneas rectas, luego se abren trochas y se hacen un conjunto de perforaciones, que tienen un diámetro de 24 pulgadas y una profundidad que va de los 2 a los 20 metros, en las que se instala una carga de explosivo de corto nivel de energía que solamente debe producir una especie de vibración, la cual es leída por un geófono, una especie de audífonos.
“La perforación con el explosivo es tapada, para que la vibración no se vaya hacia arriba, y genere una onda hacia el subsuelo; esa onda rebota en las diferentes formaciones y lo que dice es que aquí hay una formación geológica que tiene la estructura de fallamiento necesaria para que eventualmente haya hidrocarburos”, precisa el experto, quien aclara que esta labor no tiene impactos ambientales, razón por la cual no se requiere licencia, “sino permisos menores expedidos por las corporaciones autónomas regionales”.
Ante la falta de acuerdos con el pueblo Siona de Buenavista, la compañía petrolera le solicitó a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior que emitiera un concepto sobre la protocolización sin acuerdo y si ello generaba veto a la ejecución de la actividad, en este caso de la sísmica, que en el diseño original de algunas de las líneas sí se traslapaba con el resguardo.
“La Dirección de Consulta Previa conceptúa que tal y como lo prevé la jurisprudencia sobre la materia que la protocolización sin falta de acuerdos no genera poder de veto hacia las comunidades, es decir que la compañía puede continuar con sus actividades”, precisa el vocero de Amerisur.
Si bien el proceso de consulta previa no logró su cometido, las relaciones entre Amerisur y los Siona continuaron y en marzo de 2015 alcanzaron un acuerdo de manera directa, y sin la intervención del Ministerio del Interior, en el que las autoridades del resguardo Buenavista se comprometieron a permitir y a colaborar específicamente con las actividades sísmicas.
Las complejas alteraciones del orden público en buena parte del Putumayo impidieron que la petrolera iniciara labores en el Bloque PUT 12. Pero surgiría otra dificultad: meses después de ese logro, según Amerisur, los Siona rompieron relaciones y desconocieron los acuerdos.
“Entendíamos nosotros que después de suscribir el acta de acuerdo existía un buen relacionamiento; sin embargo, no hubo comunicación directa por parte de ellos anunciándonos inconformidades sobre lo que había ocurrido en el proceso de consulta previa y el acta posterior, sino que empezamos a recibir denuncias públicas que ellos le enviaban a las autoridades y reclamaciones sobre presuntos hostigamientos por parte de la compañía”, precisa el vocero de la empresa petrolera.
De acuerdo con la versión entregada por los ejecutivos, la compañía, en su momento, no debatió el tema con las comunidades “porque su posición nunca había sido de confrontación”, y esperaban una nueva oportunidad para restablecer las relaciones, pero hasta el momento los canales de diálogo están cerrados.
Medidas cautelares
Tras esperar casi tres años, y dado el respiro en la situación de orden público que trajo consigo el Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 con la extinta guerrilla de las Farc, Amerisur comenzó a trabajar nuevamente en proyectar las actividades de sísmica, pero por fuera del territorio que abarca el actual resguardo Buenavista, dado que sobre esas áreas no había veto algo.
No obstante, la situación comenzaría a complicárseles cuando el 14 de julio de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino en el asunto y decretó medidas cautelares de salvaguarda territorial en favor de “las autoridades y miembros de los resguardos Gonzaya (Buenavista) y Po Piyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco) del pueblo Indígena Siona”.
A ello se sumaría la decisión del Juzgado Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa, tomada el 21 de agosto de ese mismo año, de dictar medidas cautelares sobre el área solicitada en ampliación por los Siona y le ordenó a la empresa petrolera “abstenerse, de manera inmediata, de realizar acciones encaminadas a la ejecución del proyecto sísmica para el bloque PUT-12”.
“Desafortunadamente para el Estado y también para nosotros se han venido confundiendo dos medidas cautelares”, se lamenta uno de los ejecutivos de Amerisur. Desde su perspectiva, el sentido de la medida cautelar emanada de la CIDH apunta a ordenarle al Estado garantizar la subsistencia de los resguardos Buenavista y Santa Cruz de Piñuña Blanco.
“Son medidas en materia de protección física. ¿Y de dónde se deriva esta medida? Del Auto 04 de la Corte Constitucional que, en general, declara a muchas comunidades indígenas en peligro de extinción por culpa del conflicto armado. Pero ni el Auto 04 ni la medida cautelar de la CIDH hace mención a las afectaciones generadas por una compañía o las compañías, específicamente hacen referencia al conflicto armado”, resalta el vocero de Amerisur.
Si bien hay un concepto de territorio distinto para la comunidad indígena y para la petrolera, uno de los ejecutivos insiste en que no se oponen a la solicitud presentada por los Siona: “Hemos estado siempre abiertos a discutir los eventuales impactos que para ellos pudieran generar nuestras operaciones, tal como lo hicimos en el marco del proceso de consulta previa”.
Desde hace ya más de un año las actividades en el área de ampliación del resguardo se encuentran suspendidas por órdenes judiciales. Por el momento, Amerisur está a la espera de la decisión del Juzgado Especializado en Restitución de Tierras. Mientras ello ocurre, los ejecutivos consultados plantean que es importante reactivar el relacionamiento con las autoridades Siona: “Si bien no nos oponemos a sus pretensiones, no nos han dado la oportunidad de restablecer esa comunicación”.
A finales de 2018, representantes de Amerisur coordinaron una reunión en Mocoa con funcionarios de entidades estatales del orden nacional, regional y local con el fin de encontrar un canal de mediación. De acuerdo con los ejecutivos consultados, “en esa reunión reiteraron (los Siona) que el resguardo no tenía ninguna intención de sentarse con nosotros bajo ninguna circunstancia”. A su juicio, “ha sido una posición bastante radical y lo que hemos venido expresando es queremos lograr sentarnos en la mesa con ellos, y poder mantener el buen relacionamiento que, en términos generales, hemos tenido con las comunidades”.
Cuestionamientos ambientales
Con respecto a las constantes quejas del pueblo Siona sobre los padecimientos ambientales que sufren niños y niñas por cuenta de la contaminación de fuentes hídricas, particularmente del río Piñuña Blnaco, los voceros de Amerisur plantearon que esa discusión se deriva de la actividad en el Bloque Platanillo, en jurisdicción del municipio de Puerto Asís, que está en fase de explotación y cuyas áreas de operaciones están por fuera del resguardo Buenavista.
“Aclaramos que en el Bloque Platanillo no hacemos vertimientos en fuentes hídricas”, dice uno de los ejecutivos consultados. “Su argumento (el de los Siona) es que los vertimientos que nosotros hacemos de las plataformas terminan llegando eventualmente al resguardo Buenavista por cuenta del río”.
Quienes hablan a nombre de la firma petrolera reiteran que esa situación la han explicado ampliamente y ha sido verificada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en sus visitas de seguimiento. En la conversación con ellos lo destacan: “Nosotros no hacemos vertimientos porque no tenemos permiso de vertimientos, no lo hacemos; tenemos otros mecanismos de disposición de las aguas que genera la operación”.
Su versión fue reiterada por escrito. “Las operaciones de explotación se realizan en el Contrato de Exploración y Producción Bloque Platanillo [y] se ejecutan en el marco de una Licencia Ambiental y permisos otorgados por las autoridades ambientales”.
Adicional a eso, indicaron en sus respuestas que “como ha sido informado reiteradamente a terceros y ha sido confirmado por las autoridades competentes, la Compañía no realiza disposición de aguas residuales en fuentes hídricas en el marco de sus operaciones. Como prueba de lo anterior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ha emitido conceptos y respondido derechos de petición presentados por el Resguardo Buenavista y otras comunidades locales, donde confirma que la Compañía no realiza disposición de residuos en fuentes hídricas”.
En la conversación sostenida con este portal anotan que “hay otro tipo de actividades, como la minería ilegal, que se hace en el río Piñuna Blanco, y otras actividades, de otra naturaleza, que son las que terminan afectando estas fuentes hídricas”.
Controversia interétnica
La empresa petrolera también ha sido cuestionada por su participación en un proceso de conciliación entre los pueblos Siona y Nasa también por un asunto de tierras. Resulta que en el área solicitada en ampliación y restitución por los Siona habita una comunidad Nasa, que llegó allí hace varias décadas huyendo del conflicto armado en el departamento del Cauca.
A comienzos de este año hubo un principio de acuerdo: los Siona cederían seis mil hectáreas de su territorio a los Nasa, siempre y cuando estos no incluyeran áreas sagradas. Este planteamiento fue expuesto ante el Juzgado Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa, como parte del proceso de solicitud de los Siona durante una audiencia celebrada el pasado 21 de marzo.
Pero esa diligencia judicial estuvo agitada por cuenta de la presencia de representantes de la petrolera Amerisur, quienes fueron convocados por el Juzgado. La decisión fue cuestionada por las autoridades indígenas, quienes consideraron que ellos nada tenían que ver en la resolución de la controversia interétnica. (Leer más en: Indígenas logran principio de acuerdo en lío de restitución de tierras en Putumayo)
Al respecto, los voceros de la petrolera consultados exponen que fueron citados por el Juzgado y su asistencia a la audiencia tenía dos propósitos: de un lado, aclarar que no se oponían al proceso de ampliación de resguardo; y de otro, expresar la necesidad de restablecer la comunicación con las autoridades del resguardo Buenavista.
Por el momento, los ejecutivos de Amerisur confirman que están evaluando los siguientes pasos en este proceso, sujetos, claro está, a la decisión que tome el Juzgado Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa. Y al resumir la situación, concluyen que la compañía petrolera está ante “un choque de políticas públicas”: de un lado, la política de restitución de tierras y, de otro, la política en materia de hidrocarburos.
