Esta es la historia de hacienda despojada por paramilitares en el Cesar y que tuvo entre sus compradores posteriores al cantante Diomedes Díaz. Aunque el Tribunal Superior de Cartagena dictó fallo a favor de los labriegos, la entrega del predio sigue pendiente.
La familia González pensó que su condición de desplazamiento terminaba el pasado 29 de noviembre cuando el Juzgado Primero Civil de Restitución de Tierras de Valledupar oficializara la devolución de la hacienda Las Nubes a sus antiguos dueños, cumpliendo así la sentencia a su favor proferida por la Sala Civil Especializada en Restitución del Tierras del Tribunal Superior de Cartagena.
Sin embargo, esa ilusión se vio frustrada porque la diligencia judicial no cumplió con lo ordenado en el fallo proferido el 27 de julio de este año. “Nos citaron desde las 7:30 de la mañana, la diligencia terminó a las 2:30 de la tarde y el Juez se fue sin entregarnos el predio”, detalló uno de los integrantes de la familia.
Conscientes de que la hacienda Las Nubes estaba habitada por los opositores, la familia González había acordado que les darían un plazo de tres meses, sin cobrarles arriendo, para que pudieran sacar las cosechas de arroz y los animales, y así concretar el sueño de volver a ocupar lo que antes era suyo y dejar atrás la pesadilla del desplazamiento.
Sin embargo, la decisión del Juez de suspender la diligencia de entrega de la hacienda sumió a esta ilusionada familia en la incertidumbre: “Es injusto, tantos años de desplazamiento y los opositores siguen explotando las tierras”, se lamentó uno de los González, quien, además, se quejó de la espera de una nueva diligencia judicial si ya el Tribunal Superior de Cartagena ordenó desde hace cuatro meses restituirlos.
En su fallo, las magistradas concluyeron que los opositores al proceso, Teodora Mercedes Daza de Zequeda, Roberto Luis y Humberto Mario Sierra Gutiérrez, Bancolombia S.A., Hugues de Jesús Pimienta Morales y Eduardo Ustariz Aramendiz, no pudieron probar “la buena fe exenta de culpa”, es decir, no hicieron la debida diligencia en verificar que la tierra había sido comercializada en medio del conflicto; además, se les negó la condición de “segundos ocupantes”, una figura que permite la compensación económica. (Lea la sentencia aquí)
Las Nubes es una hacienda de 363 hectáreas del corregimiento de Badillo, a 30 minutos en carro desde Valledupar, la capital de Cesar. Es uno de los casos de restitución de tierras más sonados en la región: de un lado, porque el primer abogado que acompañó a los González en su reclamación fue asesinado en 2004; y de otro, porque entre los compradores de la finca estuvo el cantante Diomedes Díaz, fallecido el 22 de diciembre de 2013. (Lea: El Cacique de la Junta y el ‘tierrero’ en Las Nubes)
Diligencia suspendida
Sobre lo ocurrido el pasado 29 de noviembre, los González cuentan que ese día llegaron temprano a la sede de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) de Valledupar para movilizarse en bus hacia Las Nubes. Cuando arribaron a la finca, les indicaron que debían esperar afuera mientras el juez Camilo Manrique Serrano realizaba la diligencia. “Pasaron las horas y, al final, nos dejaron esperando y sin respuestas”, dijo un miembro de la familia.
Manrique, por su parte, aseguró que la diligencia estuvo rodeada del “debido proceso y el derecho a la igualdad”, y que decidió suspenderla al “no haber garantías constitucionales”, pues en el predio encontró ocho niños, 60 hectáreas cultivadas con arroz y 300 semovientes.
“Sucede que los solicitantes han olvidado que hay una protección constitucional a los menores de edad, hay una protección de los derechos económicos, políticos y sociales porque el suscrito juez no puede sacar a los callejones, a la carretera Valledupar-San Juan del Cesar, la cantidad de animales semovientes que había en el predio, lo cual constituye vulnerar el derecho constitucional de propiedad”, afirmó el juez Manrique en diálogo con este portal.
Y agregó que “la Unidad de Restitución no solicitó al despacho, si había animales semovientes, que se nombrara un secuestre, en buscar embarcadero, personas para retirar los animales, un predio para apastar y camiones para sacar los animales, no se dijo nada de eso. A los señores solicitantes se les ha olvidado que existe la situación de previsión de transportar animales semovientes por la fiebre aftosa, porque estamos en cuarentena y no sabemos cuándo se levanta esa situación”.
Jorge Enrique Chaves Perdomo, director de la URT Cesar-La Guajira, contradijo ese argumento y explicó que es el Juez quien tiene la responsabilidad de dictar todas las órdenes para que existan condiciones en la entrega de un predio restituido.
“El Juez ha hecho entregas ordenando eso de oficio. Todas las órdenes, las condiciones para restituir un predio, son competencia del Juez. Está en el artículo 91 de la Ley [1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras]. En este caso, nosotros seríamos los ordenados”, apuntó el funcionario, señalando que la institución está presta a brindar todo el apoyo logístico que requiera el despacho para restituir Las Nubes.
Aunque el juez Manrique destacó que a la diligencia asistieron delegados de la Procuraduría, la Personería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la URT y los abogados de las partes, los González se preguntaron por qué, con antelación a la diligencia, no ordenó todas las acciones necesarias para garantizarles la entrega.
“El Tribunal de Cartagena, que fue el que emitió sentencia, debería hacer seguimiento de lo que ocurre con el predio. Sin embargo, el juez comisionado debe ir blindado para el momento de la entrega, sea voluntaria o forzosa. Él tiene los instrumentros legales para devolver el predio”, le explicó a VerdadAbierta.com un funcionario de la rama judicial que pidió el anonimato.
Por su parte, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa jurídicamente a las víctimas de Las Nubes, solicitará al despacho la actuación de todas las instituciones que se requieran para hacer efectiva la restitución.
Jhenifer Mojica, subdirectora en Litigio Estratégico en Restitución de Tierras de la CCJ, indicó que también presentará denuncias por “fraude a decisión judicial y daño en bien ajeno” contra varios de los opositores, al encontrar que estos desarrollaron nuevos sembradíos de arroz y dañaron una de las viviendas de la finca.
De momento, los González esperan una pronta entrega del predio. Sin embargo, el Ministerio Público solicitó cuatro meses de plazo para que los opositores recojan el arroz y los animales. Y el juez Manrique, por su parte, precisó que está pendiente de definir la nueva fecha, teniendo en cuenta la agenda de los tres despachos especializados de Valledupar; el volumen de trabajo, que incluye procesos de restitución, acciones de tutela, incidentes de desacato de tutela e inspecciones judiciales; y la próxima vacancia judicial de fin de año.
Puja por la hacienda
La historia de Las Nubes se remonta a 1974, cuando Beltrán Manuel Hinojosa Arias adquirió la finca mediante una sentencia del Juzgado Primero Civil de Valledupar, que consideró que tenía derecho al predio por habitarlo de manera continua por varios años.
Según detalla el fallo del Tribunal Superior de Cartagena, Beltrán Manuel murió el 6 de diciembre de 1991 y como no tuvo hijos, sus herederos son los hijos y nietos de su hermana María Fernanda. Ellos, nueve familias que comparten los apellidos González Hinojosa, quisieron explotar la hacienda de 363 de hectáreas, pero a los pocos años comenzaron los problemas.
En la decisión de restitución se lee que Nelson Escalona Martínez, quien convivió los últimos días con Beltrán Manuel, modificó la partida de bautismo de su viejo amigo, adicionándole el “Martínez” para acreditar parentesco. Tras su muerte, el 12 de septiembre de 1995, sus herederos comenzaron un proceso de sucesión para reclamar Las Nubes como propia. Desde ese momento, comenzó un conficto que enfrentó a los González Hinojosa con los descendientes de Escalona Martínez.
Los Escalona comenzaron por interponer desalojo policivo, que fue frenado con una acción de tutela del abogado Rodolfo Proenza Fuentes, contratado por los González. Al conflicto se sumó Pedro Daza Araújo, quien aseguraba que el difunto Nelson Escalona le había arrendado la tierra.
El conflicto familiar se agudizó en 1998 con la llegada a la región de grupos paramilitares bajo el mando de David Hernández Rojas, alias ‘39’, oficial del Ejército Nacional quien fue dado de baja de las fuerzas militares por el asesinato, en marzo de 1999, de Alex Lopera, exviceministro de la Juventud en el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994), y luego se convirtió en el jefe del Frente Mártires del Cesar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Desde ese año, Joaquín José González Hinojosa, sobrino de Beltrán Manuel, envió decenas de cartas a diversas entidades del Estado advirtiendo que su familia estaba en riesgo de ser despojada, pero no tuvo mayores respuestas.
En 2003, los paramilitares los citaron a una reunión en la que Leonardo Sánchez Barbosa, alias ‘El Paisa’, subalterno de ‘39’, les propuso a las dos familias que se dividieran la finca. Los González se negaron y su abogado, Proenza Fuentes, dijo que denunciaría lo ocurrido ante las autoridades.
El 19 de marzo de 2004 el abogado Proenza Fuentes fue asesinado por paramilitares. En versiones libres ante la Unidad de Justicia y Paz, alias ‘El Paisa’ y Geiber Fuentes Montaño, alias ‘El Ruso’, confesaron que alias ‘39’ dio la orden de matarlo por el pleito de Las Nubes.
A los pocos días de ese crimen, ‘El Paisa’ amenazó a los González y los conminó a abandonar la hacienda. Una vez desplazados, el predio pasó de mano en mano. Inicialmente, le fue entregado a Federico Saad, un presunto testaferro de alias ‘39’.
Cuando el jefe paramilitar murió en un combate en octubre de 2004, el predio fue comprado por Rosario Arregocés de Escalona; luego la adquirió Pedro Daza Araújo, quien, en 2005, se la vendió al cantante Diomedes Díaz y éste, en 2006, lo negoció con Teodora Mercedes Daza de Zequeda, hija de Pedro y esposa de Nelson Zequeda, quien fue por un tiempo fue mánager del ‘Cacique de la Junta’, como se conoce popularmente al artista vallenato.
En 2007, Teodora Daza permitió el desarrollo de una servidumbre para facilitar una interconexión eléctrica a favor de Eduardo José Ustariz. Y entre 2011 y 2012 realizó varias divisiones de la hacienda, celebrando compraventas con Humberto Mario y Roberto Luis Sierra Gutiérrez, y con la empresa Corgranos S.A. Algunos de estos lotes fueron hipotecados con Bancolombia y uno de ellos fue comprado en 2013 por Hugues de Jesús Pimienta Morales.
Toda esta cadena de ventas fue documentada y presentada en la demanda de restitución, cuando el caso de Las Nubes entró a juicio en 2015. En todas las compras, las magistradas del Tribunal de Cartagena no encontraron “la buena fe exenta de culpa”.
Joaquín José González Hinojosa, sobrino de Beltrán Manuel, y quien durante 20 años envió cartas al Estado reclamando la tierra, murió en diciembre de 2016 tras graves afectaciones a su salud. Ahora, quienes les sobreviven a ambos, esperan que el fallo su favor se cumpla y en una próxima diligencia judicial les devuelvan Las Nubes, la finca que les restituyeron, pero que, por varios meses, solo será una decisión de papel.
