En el juicio contra siete políticos de Córdoba y Sucre, la mayoría de ellos aseguró que fueron a ‘Ralito’ por amenazas y presiones de los paramilitares, y que además firmaron un papel en blanco que luego los paras convirtieron en el Pacto de Ralito.
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Víctor Guerra de la Espriella sostuvo que está detenido por haber acompañado a Jorge Feris Chadid a ver a su hermano, el paramilitar alias ’08’. Foto Semana. |
Los siete políticos, acusados por concierto para delinquir tras haber firmado en 2001 el ‘Pacto de Ralito’, aseguraron que fueron presionados para asistir a la cumbre en Ralito, en la que firmaron un polémico documento que planteaba entre otras cosas la ‘refundación de la patria’ de la mano de grupos paramilitares al mando de Salvatore Mancuso.
Actualmente se encuentran en juicio los políticos José Arturo Ospina Vergara, Sigifredo Senior Sotomayor, ex alcalde de Tierralta (Córdoba); Jorge Feris Chadid, ex representante a la Cámara; Víctor Guerra de la Espriella, primo de la ex ministra de comunicaciones, María del Rosario Guerra; Edwin Mussi, ex alcalde de Ovejas (Sucre); Jesús María López Gómez, ex gobernador de Córdoba y Jesús Maria Imbeth Bermúdez, ex representante a la Cámara.
En el juicio, el principal argumento de defensa de los políticos procesados fue que asistieron a la reunión sin saber que allí se acordaría un pacto con los paramilitares, además que al final del encuentro firmaron una hoja en blanco, al que después las Auc le agregarían los diferentes puntos por los que han sido procesados, en los que acordaron apoyar a los paramilitares en el proceso de negociación con el gobierno.
Entre tanto, Jorge Feris Chadid, hermano del ex jefe paramilitar Salomón Feris alias ‘08’, aseguró que asistió a Ralito para reunirse con su hermano a quien no veía desde hace tiempo, y con quien quería tratar temas familiares. Víctor Guerra de La Espriella afirmó que estuvo en Ralito acompañando a Feris : “estuve en Ralito fue de sapo, no más” afirmó Guerra de la Espriella.
En el caso de Edwin Mussi, Sigifredo Senior y Jesús Maria López, su asistencia a Ralito se debió a las presiones de los grupos paramilitares. Según Mussi, los paramilitares lo estaban amenazando por sus presuntas relaciones con la guerrilla y por eso decidió asistir a Ralito.
Mientras que López aseguró que asistió con la excusa de dialogar con quienes estaban amenazando a uno de sus sobrinos. Mientras que Senior aseguró haber sido citado por los paramilitares pero desconociendo de qué se trataba la reunión.
José Maria Imbeth, ex representante a la Cámara, explicó por su parte que estuvo en la reunión de Ralito como parte de un grupo de ‘facilitadores’ del gobierno Pastrana, quienes encabezados por Luís Carlos Ordosgoitia, ex representante a la Cámara por Córdoba y ex director del Instituto Nacional de Concesiones, plantearon en ese momento un proceso de acercamiento con los paramilitares. La investigación contra Ordosgoitia por la firma del ‘Pacto’ fue precluida por la Fiscalía en septiembre de 2008.
Todos los acusados menos Jorge Ospina y Jesús María López, se hicieron presentes desde la semana pasada para defender lo que ellos creen es “un caso infundado de la Fiscalía”.
Entre los testigos que fueron llamados a juicio estaban los nombres de Muriel Benito Rebollo, ex representante a la Cámara condenada por parapolítica y los ex jefes paramilitares Edwin Cobo Tellez alias ‘Diego Vecino’, y Salomón Feris Chadid alias ’08’. Sin embargo, por problemas de agenda y traslado, ninguno de estos testimonios pudo ser recibido.
Ante los problemas para acceder a los testigos, el juicio fue aplazado y se reanudará el próximo 7, 8, 9 y 10 de julio.
Los otros firmantes
En marzo de 2008, cuando fueron llamados a juicio los políticos, otros ocho procesos adelantados por la fiscalía contra políticos firmantes del ‘Pacto’fueron precluidos.
En ese momento, recuperaron su libertad Álvaro Cabrales, ex diputado conservador de Córdoba, Fredy Sánchez, ex representante a la cámara por Córdoba, y Marciano Celedón, ex jefe de planeación de Tierralta.
Junto con ellos, los otros procesos archivados fueron los del periodista Antonio Sánchez, Luis José Álvarez, Rodrigo Antonio Burgos, ex senador conservador; Rodolfo Vargas de Lima, funcionario de la alcaldía de Sincelejo; Germán Tiberio Ortiz, asesor de la alcaldía de San Antero y Luís Felipe Goenaga Rodríguez, funcionario de la alcaldía de Ovejas.
La Fiscalía argumentó en su momento que la preclusión se tomó con base en un concepto de la Corte Suprema de Justicia que señaló que la sola firma del pacto no constituía un delito en sí. “No surge duda, sino certeza de que su asistencia a dicha reunión fue meramente circunstancial o incidental” estableció la Fiscalía.
De igual forma, en agosto de 2008, William Montes, ex senador del Partido Conservador, fue puesto en libertad por un juez del circuito Especializado de Bogotá quien estimó que el político no había incurrido en ninguna conducta delictiva.
No obstante, por la firma del ‘Pacto’, la justicia sí profirió sentencias condenatorias contra “aquellos que se beneficiaron de la firma”. Entre quienes fueron condenados están: Alfonso Campo Escobar, ex representante liberado en febrero pasado luego de cumplir las tres quintas partes de su condena; Miguel de la Espriella, ex representante por Córdoba condenado a 45 meses; el ex senador Juan Manuel López Cabrales, condenado a seis años de prisión; el ex representante Reginaldo Montes, condenado también a seis años; y Eleonora Pineda, ex representante a la Cámara, condenada a siete años.
Otros casos de firmantes del pacto tomaron caminos paralelos. Salvador Arana, ex gobernador de Sucre, es juzgado por su participación en el homicidio del ex alcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo Díaz. En noviembre de 2007, la investigación contra el ex representante José de los Santos Negrete fue precluida por la Corte Suprema de Justicia al no encontrar pruebas sobre el beneficio que éste obtuvo por la firma del Pacto.
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