Después de cinco años del asesinato de Eudaldo Díaz, alcalde de El Roble, Sucre, atribuido a paramilitares presuntamente bajo órdenes del ex gobernador de ese departamento, Salvador Arana, varios testigos claves han sido asesinados y otros han cambiado de versión. Verdad Abierta hizo un completo recuento de la estela de crímenes que han rodeado este caso.
Eudaldo Díaz fue secuestrado el 5 de abril y asesinado el 10 de abril de 2003, justo un mes después de que él mismo denunciara en un consejo de seguridad ante el presidente Álvaro Uribe que había recibido amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares. Por este caso, la Fiscalía acusó al ex gobernador Salvador Arana de ser el autor intelectual del crimen, que fue ejecutado por hombres del desaparecido Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena. Sin embargo, desde que se inició el proceso han ocurrido una serie de hechos que han puesto en riesgo la investigación. Arana actualmente está detenido por este caso y por sus presuntos vínculos con paramilitares en el departamento de Sucre.
A principios de febrero de este año fue asesinada Grey Mercado, esposa de Edelmiro ‘Chino’ Anaya – quien se desempeñaba en el 2003 como escolta del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz-. Anaya es acusado por la Fiscalía de ser uno de los autores del homicidio del alcalde Díaz.
Anaya actualmente es procesado en un juzgado de Sincelejo por el delito de concierto para delinquir después de aceptar pertenecer al Bloque Héroes de los Montes de María, grupo paramilitar dirigido por el desaparecido Rodrigo Mercado Peluffo alias ‘Cadena’, a quién se le atribuye la responsabilidad del asesinato de Edualdo Díaz. Sin embargo, Anaya ha dicho que no participó en el asesinato de su jefe.
Unas semanas antes de la muerte de la esposa de Anaya, a finales de diciembre de 2008, Munir Cadavid, amigo de Eudaldo Díaz, también fue asesinado en Chinú (Córdoba), bajo extrañas circunstancias que aún son investigadas por la Fiscalía.
Cadavid también fue acusado por la Fiscalía de ser cómplice en el crimen, ya que fue una de las personas que convenció a Díaz para que asistiera a una reunión con Arana, y camino al lugar del encuentro fue secuestrado. Presuntamente, Cadavid había señalado al ex gobernador como responsable directo de la muerte de Díaz en una indagatoria ante un fiscal de Derechos Humanos.
Debido a estos últimos hechos y denunciando la supuesta falta de garantías, la defensa de Díaz optó por presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según la familia del asesinado alcalde, alrededor de este caso diez personas (entre testigos, acusados y personas involucradas) han sido asesinadas y al menos dos, por posibles amenazas, han cambiado su versión (ver cuadro).
La lista de amenazados
Juan Pablo Viloría Flórez, ex escolta de Eudaldo Díaz, y quien inicialmente había testificado que vio cómo Arana pagó 120 millones de pesos para que paramilitares asesinaran a su jefe, cambió su versión luego de que en junio de 2005 un hermano suyo fuera secuestrado.
Entonces, Viloria declaró que había sido presionado y había recibido dinero de algunos familiares de Díaz para incriminar a Arana.
No obstante, a pesar de cambiar su testimonio, su hermano fue asesinado tiempo después, por lo cual decidió declarar nuevamente en contra de Arana. Víloria se ratificó en su versión original que Arana había pagado por la muerte de Díaz.
Estando en la cárcel Modelo de Barranquilla, y según sus propias denuncias, fue víctima de un atentando en junio de 2006. ‘Recibió seis puñaladas y varias llamadas días después para que se retractara de todo lo dicho en referencia al pago’. Estos hechos actualmente están siendo investigados por las autoridades.
Otro atentado que se ha presentado en el caso es el de Said Isaac Tatis, cuñado de Arana, y en cuya finca las autoridades creen que los paramilitares mantuvieron secuestrado a Diaz y en donde presuntamente fue asesinado.
Tatis quedó parapléjico tras recibir varios impactos de bala en Sincelejo en septiembre de 2008 y aún no ha dado su versión de los hechos ante las autoridades.
Otro de los testigos silenciados fue Diógenes Mesa Villacob, mesero del restaurante ‘La Becerra’ de Sincelejo quien testificó ante la Fiscalía, después de un atentado en su contra en septiembre de 2005, que había escuchado cómo Said Isaac había planeado con el jefe de sicarios de Cadena, alias ‘El Cocha’, el asesinato de Díaz, tras haber recibido el pago de Arana. Mesa Villacob murió cinco meses después del atentado.
Más retractaciones
En la lista de traspieces de este proceso, uno de los más complejos y reveladores es el de Sadys Ríos, ex conductor del jefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo alias ‘Cadena’. Ríos declaró en cinco audiencias en contra de Arana, asegurando que presenció desde el momento en que se planeó el crimen hasta que Díaz fue secuestrado. Incluso presentó una carta ante la Fiscalía, en la que revelaba amenazas en su contra hechas por mensajeros de Arana.
Pocos meses después, Ríos cambió su versión y hasta hoy sigue acusando a la familia Díaz por supuestamente presionarlo y sobornarlo.
Sin embargo, hace seis meses, en agosto de 2008, Ríos, a través de una carta (ver documento) en la que relató la forma como había sido contactado en la cárcel La Picota de Bogotá por Salomón Feris Chadid alias ‘08’ – hermano del ex representante a la Cámara Jorge Luis Feris, firmante del pacto de Ralito- quien lo amenazó y después le ofreció dinero para que se retractara de todo lo dicho contra Arana.
La Fiscalía actualmente adelanta una investigación en contra de alias ‘08’ por los hechos narrados en la carta de Ríos.
A pesar de la existencia de la carta y de la denuncia hecha por Ríos, en noviembre de 2008 volvió a cambiar su versión de los hechos.
Según Ríos, detrás de sus acusaciones contra Arana se encontraba la familia Díaz, a quienes acusó de haberlo presionado y ofrecido dinero para que acusara al ex gobernador. También acusó al senador Gustavo Petro y a sus asesores de ejercer presiones constantes ofreciéndole a cambio asilo internacional.
Ríos aseguró que Juan David Díaz, hijo de Eudaldo Díaz, hizo delante suyo en 2005 o 2006, una llamada telefónica al alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, “que fue quien autorizó los tiquetes con Petro” para que Juan David se desplazara a Bogotá.
La familia Díaz ha rechazado estas acusaciones. “La carta y el cambió de versión de Ríos hablan por sí solo… El patrón de conducta del caso ha sido el de amenazar testigos que declaran contra Arana, sobretodo ahora que él esta preso, y el caso de Ríos claramente no es la excepción… el caso de Juan Pablo Viloria es una referencia clara de la influencia de ciertas personas sobre los testigos y sus declaraciones…” le dijo a Verdad Abierta Juan David Díaz, hijo del alcalde asesinado.
Otras pruebas claves contra Arana y otros políticos han sido entregadas por Jairo Castillo ‘alias ‘Pitirri’. El testimonio de ‘Pitirri’, ex guardaespaldas de Joaquín García –y actualmente asilado en Canadá-, sirvió para inculpar a Arana por el homicidio de Díaz y otros delitos.
Su testimonio, junto a otros, fueron omitidos en 2003 por el entonces fiscal general Luis Camilo Osorio, quien desvirtúo la calidad de los testigos y apeló a los buenos antecedentes de Arana para no incluir los testimonios.
No obstante, las pruebas directas que relacionaban a Arana, los testimonios fueron retomados como base para este y otros casos. Las declaraciones de alias ‘Pitirri’ también fueron usadas para vincular a otros políticos como Álvaro García, Eric Morris y Mario Uribe, por sus supuestas relaciones con los grupos paramilitares de la región, y su responsabilidad –en el caso de Morris y García- en crímenes como el asesinato de la fiscal Yolanda Paternina, denunciante acérrima de la estructura criminal en el departamento de Sucre.
Ante estos problemas, la falta de garantías, la demora del proceso y la complejidad del caso (ver recuento del caso), Rafael Barrios, representante de la parte civil y miembro de la Comisión Colombiana de Juristas, resolvió en enero pasado presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Según Barrios, el Estado colombiano podría ser finalmente demandado puesto que después de cinco años de ocurrido el crimen, no se han tomado decisiones respecto a los responsables, y testigos y cómplices claves para el caso, han sido o asesinados o amenazados.
La Fiscalía planea usar como prueba en contra de Arana testimonios como el de Emiro Correa Viveros alias ‘Convivir’, desmovilizado del Bloque ‘Montes de María’ quien rindió versión libre a principios de febrero en la que se refirió a la ayuda que obtuvieron de estos grupos paramilitares de políticos como Salvador Arana, Álvaro García y Jorge Anaya.
La próxima audiencia del juicio contra Arana se celebrará el 5 y 6 de marzo, en la que se finalizará la etapa probatoria del proceso y, con todo lo que ha ocurrido, el reto que tiene la justicia es esclarecer el crimen y los hechos turbios que han rodeado el proceso, y condenar a los responsables del asesinato de Díaz para que este no quede en la impunidad.
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