Aunque la Fiscalía tenga argumentos para solicitar la exclusión de 354 paramilitares de los beneficios de Justicia y Paz, la última decisión está manos de los magistrados.
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| La Fiscalía pedirá la exclusión de 354 paramilitares del proceso de Justicia y Paz. Foto: Semana. |
El fiscal General, Eduardo Montealegre, anunció que pedirá la expulsión de 354 desmovilizados postulados a la Ley de Justicia y Paz, pues según investigaciones de la entidad la mayoría de estos ex paramilitares continuó delinquiendo.
Ocho de los ex ‘paras’ fueron comandantes de las Auc: Rubén Giraldo, alias ‘Raúl’; Rubén Francisco Arrieta, ‘Ñato’, del bloque Tayrona; Rafael Armando Forero, ‘Zarco’; Johny Delgado, ‘Caicedo’, del bloque Cundinamarca; John Jairo Palomeque; Ómar Carmona Tamayo y Nelson Bejarano, del bloque Puerto Boyacá, y Hiller de Jesús Paniagua, alias ‘Fiera’, del bloque Sur Putumayo.
De ser expulsados los ex paramilitares pasarían de cumplir una condena entre los 5 a 8 años a una pena de hasta 60 años. Sin embargo, para que esta exclusión sea efectiva el fiscal encargado del grupo paramilitar en el que delinquió el desmovilizado debe presentar una solicitud formal ante el magistrado de Justicia y Paz que lleva el caso.
La Fiscalía, según la recien sancionada reforma a la Ley de Justicia y Paz, debe probar que el postulado continúo delinquiendo o que no tiene voluntad de reparar a las víctimas ni colaborar en la reconstrucción de la verdad.
Una vez el magistrado reciba la solicitud, citará a una audiencia donde el fiscal encargado del bloque expondrá los argumentos ante el postulado, su abogado, el representante de la Procuraduría y los abogados de las víctimas. Dependiendo de la dificultad del caso, se programará una audiencia para dar a conocer la decisión. Este proceso puede tardar varios meses.
Si el magistrado decide excluir al paramilitar de los beneficios de Justicia y Paz, se compulsarán copias a la justicia ordinaria para que investigue los hechos. En caso de que existan procesos previos, se reactivarán de manera inmediata.
El vicefiscal general, Jorge Perdomo, había anunciado el pasado 18 de septiembre, durante un debate de control político, que tuvo lugar en la Comisión Primera del Senado, que 15 ex paramilitares podrían salir del programa de Justicia y Paz debido a su participación en el denominado ‘cartel de los falsos testigos’.
Hasta el momento la mayoría de expulsados de Justicia y Paz, son ex paramilitares asesinados. El único jefe de alto rango que ha sido excluido fue Ovidio Isaza, alias ‘Roque’, hijo del Ramón Isaza, cabeza de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, que continúo delinquiendo.
El caso de ‘El Cabezón’, uno de los más sonados
Armando Lugo, alias ‘El Cabezón’, uno de los pocos postulados del Bloque Calima que tuvo la función de entablar nexos con miembros de la Fuerza Pública y políticos de Cauca y Valle del Cauca, está en la cuerda floja y podría quedar por fuera del proceso de Justicia y Paz.
Para el pasado 29 de noviembre estaba programada la audiencia en la que la Fiscalía le pediría a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que lo excluyeran del proceso de justicia transicional porque no cumple los requisitos de elegibilidad. Dicha audiencia fue aplazada a raíz del reciente paro judicial.
La Fiscalía tiene indicios de que Lugo continuó delinquiendo después de la desmovilización del Bloque Calima, ocurrida en diciembre de 2004, lo cual es una causal para su expulsión. Cuando los paramilitares entregaron las armas ‘El Cabezón’ estaba en la cárcel, pero a mediados de 2010 fue postulado al proceso de Justicia y Paz y empezó a rendir versiones libres.
Estando en prisión, el exparamilitar fue denunciado en diferentes ocasiones por dos congresistas que lo señalaron de extorsionarlos para no incriminarlos con sus testimonios ante las autoridades. El primer caso ocurrió en 2007, cuando Luis Fernando Velasco, el senador caucano del Partido Liberal, lo demandó porque el exparamilitar le exigió dinero para no involucrarlo con unos asesinatos. Del hecho quedaron registradas grabaciones.
El segundo caso ocurrió en julio de 2010, cuando Dilian Francisca Toro, senadora del Partido de La U, lo denunció porque supuestamente le exigió 200 millones de pesos para no delatarla ante la Corte Suprema de Justicia. En sus versiones libres ante Justicia y Paz, Lugo declaró que la senadora y su esposo supuestamente le pidieron a los paramilitares que asesinaran a algunas personas. En su defensa, el exparamilitar ha dicho que cayó en trampas de los dos legisladores.
Además de estas denuncias, otro hecho que tiene contra las cuerdas a Lugo y sus testimonios, son las recientes declaraciones del exjefe paramilitar del Bloque Calima, Éver Veloza, alias ‘HH’. En sus versiones libres desde Estados Unidos, el extraditado jefe paramilitar desmintió a su exsubalterno sobre las sindicaciones que hizo contra la senadora Toro. También negó las declaraciones que hizo Lugo sobre sus supuestas reuniones con el exsenador Juan Carlos Martínez para el envío de drogas ilícitas por el puerto de Buenaventura.
Sin embargo, el extraditado jefe paramilitar le ha dado validez a las declaraciones que ‘El Cabezón’ ha hecho sobre miembros de la Fuerza Pública, a quienes señaló en sus versiones libres como colaboradores del Bloque Calima. Lugo ha mencionado a varios oficiales del Ejército y de la Policía, quienes supuestamente no persiguieron a los paramilitares, les brindaron apoyo, les permitieron transitar libremente por sus territorios y les vendieron material de guerra.
El pasado 4 de diciembre la Fiscalía General solicitó en Popayán audiencia para formularle imputación y solicitar medida de aseguramiento a Lugo por su “presunta responsabilidad en los delitos de falso testimonio y fraude procesal”. El próximo año los magistrados de Justicia y Paz tendrán que definir su situación de en la justicia transicional.
De ser expulsado del sistema de Justicia y Paz, los testimonios de ‘El Cabezón’ quedarían debilitados en los procesos que la justicia ordinaria le tiene abiertos a los funcionarios que ha salpicado. ¿Será Lugo un mitómano cuyas declaraciones no deben ser tenidas en cuenta? ¿Será un delincuente que intentó lucrarse de la guerra con mentiras y extorsiones pero conserva verdades? ¿Será un resentido que quiere dañar la hoja de vida de oficiales de la Fuerza Pública? ¿O será la víctima de unos poderosos que no quieren que se sepan ciertas verdades?
Sólo el tiempo y la justicia determinarán su suerte. Aunque sus intentos de extorsión le restan credibilidad y extienden sobre él un gran manto de duda, eso no implica que todas sus confesiones sean mentiras. Por eso está en la cuerda floja de los tribunales.
