Al Gobierno de Gustavo Petro le quedan menos de 16 meses y la apuesta de negociar simultáneamente con actores armados de diversa naturaleza, una de sus banderas, pareciera no dar los resultados esperados. VerdadAbierta.com hace una radiografía de la situación actual de las mesas de negociación y los retos que tiene para dar un alivio a la violencia en el país.
En el primer logro concreto de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, los miembros del Frente Comuneros del Sur, grupo disidente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se comprometieron el 5 de abril a dejar las armas en los próximos tres meses. Pero las dudas sobre el futuro jurídico del comandante de ese grupo pone en entredicho el avance.
Con la presencia del presidente Petro en un acto celebrado en Pasto, se realizó la destrucción de más de 500 explosivos y se firmaron dos acuerdos: uno para la sustitución de cultivos ilícitos en 5.000 hectáreas y la reincorporación de sus 100 integrantes.
Sin embargo, el 15 de abril de 2024, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’, comandante de los Comuneros del Sur. Las autoridades judiciales de Texas, quienes requirieron a Yepes, afirmaron que era responsable de organizar los envíos de cocaína desde Colombia hacia puntos estratégicos en Centroamérica y México. Queda en manos de Petro si hace efectiva la extradición, lo que podría entorpecer ese logro.
La política de paz del Gobierno ha dejado muchas dudas. En especial porque el proceso con el ELN está suspendido y la violencia en regiones como el Catatumbo y el sur de Bolívar ha dejado miles de víctimas. No es un hecho aislado, en Cauca y Arauca, la situación de orden público también es compleja.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, en un informe publicado el 7 de abril y que abarca el período del 27 de diciembre de 2024 al 26 de marzo de 2025, se detalla que los avances hasta ese momento en los nuevos procesos de diálogo con los grupos armados organizados en Colombia no eran “tangibles”, ni tampoco “sostenibles”.
Por otra parte, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) recoge que el país tiene por lo menos 14 focos de violencia en donde los grupos armados se disputan el territorio. “Aunque los diálogos de paz con los grupos armados han ayudado a reducir la violencia en algunas regiones, se ha intensificado en otras, lo que resalta la necesidad urgente de implementar estrategias integrales de protección”, dice el informe Menos muertos, más afectados: evolución de la violencia contra civiles en Colombia.
En esos intentos de concretar más avances, el pasado 17 de abril el presidente Petro suspendió las operaciones militares ofensivas y es especiales de la Policía Nacional los bloques Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes, que conforman el Estado Mayor de Bloques (EMB), escindido del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Farc. Dicha decisión fue cuestionada porque fue un gesto unilateral del gobierno nacional y porque justo ese mismo día, otros grupos disidentes de las extintas Farc cometieron atentados con explosivos en Huila y Cauca.
Por otro lado, este 21 de abril, el ELN le comunicó al gobierno nacional su voluntad de persistir en los esfuerzos por buscar la paz. “Les proponemos mantener y fortalecer el ejercicio de participación democrática como sociedad, a seguir dinamizando iniciativas que nutran la propuesta de Acuerdo Nacional por las transformaciones, que nos permita salir del camino de la guerra perpetua”, asegura la guerrilla.
Gustavo Petro entregará el poder el 7 de agosto de 2026, por lo que se va quedando sin tiempo para mostrar más resultados en una de sus apuestas: lograr la paz en el país.
¿Qué ha pasado con las disidencias de las Farc?
El centro de estudios InSight Crime detalla que las disidencias de las Farc se fragmentaron ante la política de la Paz Total, por lo que el gobierno nacional sólo ha podido mantener diálogos con el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), una facción que surgió del Estado Mayor Central (EMC), y con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, la cual se separó de la mesa de diálogo con la Segunda Marquetalia.
Camilo González Posso, jefe negociador del gobierno en los diálogos de paz con el EMBF, explica que actualmente se está avanzando en el punto de transformación territorial, enfocado en la adjudicación de tierras, la formalización de reservas campesinas y en los proyectos productivos.
“Hemos logrado entrar a los territorios por medio de un diálogo muy directo con los líderes y con las organizaciones sociales. Hemos hablado con más de 20.000 líderes en todo este proceso de propuestas territoriales”, dice. González Posso asegura que el cese al fuego ha servido para disminuir violencia contra la población y ha ofrecido un ambiente favorable a la participación de las bases sociales y a la construcción de iniciativas de bienestar y desarrollo.
VerdadAbierta.com conoció que en la mesa con el Estado Mayor de los Bloques se están priorizando las zonas de Yarí, Caquetá; el Sur de Meta y San José de Guaviare; el corredor entre el Nudo de Paramillo y la Serranía de San Lucas; y Tibú – Catatumbo. En estas zonas se están planeando 19 proyectos e inversión social.
Con respecto al Catatumbo, en donde estalló una guerra entre el ELN y el EMBF, González Posso aseguró que actualmente “las cosas se están regularizando porque todavía el tema del desplazamiento, las confrontaciones es importante. Está muy desarticulado todo, pero estamos tratando de ver cómo retomamos”.
Por otro lado, en la mesa de diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (conformada por Comandos de la Frontera en Putumayo y por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico en Nariño), se lograron avances en el cuarto ciclo de la negociación que terminó el 10 de abril en La Hormiga, Putumayo. El principal de ellos es un acuerdo para la sustitución de cultivos de uso ilícito de 30.000 hectáreas de hoja de coca (15.000 en Putumayo y 15.000 en Nariño).
“Esos proyectos pilotos deben estar liderados por el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito”, dice Armando Novoa, jefe de la delegación del gobierno en la mesa de diálogos con este grupo. “Ya se han avanzado algunas reuniones preliminares con representantes de las comunidades”.
En febrero de 2025, la mesa pasó por un momento de incertidumbre luego de que Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, uno de los máximos jefes de la organización, fuera capturado en un evento de la negociación. Para Kyle Johnson, cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses (CORE), el tema del sometimiento a la justicia es un factor clave en las negociaciones.
“El tema jurídico es como un elefante en la sala. Y es difícil ver en este momento cómo se va a resolver. En parte porque se negocia con las personas que más necesitan del marco jurídico. Súmale a eso la posible extradición de ‘Araña’ que, dependiendo lo que pasa ahí, puede ser un golpe para los intentos de paz porque si el gobierno no es capaz de proteger jurídicamente a la gente que se sienta en la mesa, nadie va a querer sentarse en la mesa. Así es sencillo”, asegura el investigador.
Según Novoa, los próximos pasos en la mesa de diálogo estarán guiados por las tres subcomisiones que están trabajando en acuerdos parciales alrededor del tema de justicia, seguridad en los territorios y transformaciones territoriales. “Esas subcomisiones tienen que seguir trabajando porque deben presentar unos resultados concretos que serían un acuerdo programático definitivo para la ronda que vamos a hacer en el mes de mayo”, afirma.
El difícil camino con las AGC
En febrero de 2025, el gobierno nacional anunció el inicio de la fase privada de la mesa de diálogo con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocido como el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia. Sin embargo, el poderoso grupo armado cuestionó la voluntad y la coherencia del gobierno nacional y del Ejército, y aseguraron que no existen las condiciones mínimas para una mesa de diálogo formal.
Según la FIP, las AGC son el grupo armado más grande de Colombia con seis bloques, 36 frentes y 7.551 integrantes que operan en 15 departamentos y 278 municipios.
Y se sigue expandiendo. “Ha ajustado su estrategia, intensificado el reclutamiento, fortalecido su control social e incorporado exmiembros de las (Farc), el ELN y militares retirados como instructores, comandantes e integrantes de fuerzas de choque, aprovechando su experiencia criminal. Además, ha reforzado su red de corrupción dentro de la Fuerza Pública para evitar operativos, comprar información y detectar informantes”, según la publicación La negociación con el Clan del Golfo entre el garrote y zanahoria del centro de pensamiento.
En marzo de 2024, el gobierno nacional retomó los bomabrdeos contra las AGC luego de que este grupo emboscó al Ejército en zona rural del municipio de Segovia, Antioquia, que dejó cuatro militares muertos.
Según Elizabeth Dickinson, analista senior de International Crisis Group, “la dificultad más importante de la política de Paz Total, ha sido encontrar un modelo de desescalamiento del conflicto que es cada vez más fragmentado, más enfocado en lo económico. Además, de encontrar un modelo que tenga también al mismo tiempo presión militar para asegurar que los grupos lleguen a la mesa de buena fé”.
La paz urbana: Quibdó, Buenaventura y Medellín
En Buenaventura, los diálogos del gobierno entre los Shottas y los Espartanos no están suspendidos, pero tampoco pasan por su mejor momento. Después de la ruptura de la tregua en febrero de 2025, la violencia aumentó y en lo que va del año se han registrado más de 50 asesinatos atribuibles a la disputa por control entre los dos grupos. Para hacerle frente a esto, hace dos meses los Shottas le propusieron al gobierno nacional un cese al fuego unilateral.
Para Dickinson, la violencia es lo que más afecta las negociaciones. “Por un lado socava la legitimidad de los procesos frente a la población civil que está más afectada por el conflicto. Y por otro lado, los enfrentamientos entre grupos armados han distraído un poco el foco de la mesa”.
Reconociendo que ha habido algunos resultados positivos del proceso, la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, invitó al gobierno nacional a un Consejo de Seguridad Regional ampliado en Buenaventura para dialogar sobre la continuidad del plan piloto de paz en esa ciudad y con el despliegue de la fuerza pública en todos los barrios y comunas.
Por otro lado, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) suspendieron los diálogos con el gobierno en abril de 2025, tras un operativo militar en su contra.
Mientras que en Medellín, las estructuras criminales del Valle de Aburrá se comprometieron a extender por tres meses más el compromiso de dejar de extorsionar en 45 barrios. Este gesto de voluntad de paz arrancó el 19 de diciembre y el pasado 21 de marzo anunciaron la ampliación hasta el 21 de junio. (Leer más en: ¿Verdad sin delación? El dilema del proceso de Paz Total urbana en Medellín)
Para Johnson, uno de los principales retos y conflictos de la política de Paz Total actualmente es el poco tiempo que le queda al gobierno de Gustavo Petro y la necesidad de que los procesos actuales tengan la firmeza para que el próximo gobierno los continúe.
“En el mejor de los casos es buscar la continuidad de los procesos en el siguiente gobierno porque probablemente no vas a lograr un acuerdo final con todos”, dice. “En todos estos meses algo clave es tener un plan para decirle al gobierno entrante, asumiendo que es de oposición, que hay un plan rescatable y hay un camino. Porque si llegas con algo sin definir, es mucho más fácil que lo boten a la basura”.
El investigador añade que es importante buscar y asegurar socios locales con peso político que puedan defender las metas y lo logrado en las diferentes mesas de negociaciones en su conjunto. “Yo no creo que suficiente gente de Bogotá vaya a defender la Paz Total frente a un próximo gobierno, pero los gobernadores, alcaldes, sociedad civil, local y regional, sí pueden ser socios importantes para que las mesas sigan”, concluye Johnson.
A pesar de que la Paz Total dio sus primeros frutos con el Frente Comuneros del Sur en Nariño, el panorama no parece alentador con las bandas criminales, ni con las AGC. Con las disidencias, podría llegarse a algunos acuerdos, pero el gobierno se jugará sus últimas cartas en los próximos meses, con unas agitadas elecciones en el camino.
* Foto de portada: David Sañudo Pazos – Gobierno de Colombia
