Desconocimiento de los acuerdos alcanzados en La Habana, escaso compromiso de la empresa privada y temor ante un posible desmovilización que no tenga las garantías del gobierno son algunas de la inquietudes planteadas por organizaciones sociales de doce regiones del país.
Foto del Encuentro Regional de Paz en Tibú, del año pasado. Este 23 de febrero se reunieron más de 100 delegados se organizaciones sociales, sindicatos, mujeres, indígenas y medios de comunicación.
Ante la posibilidad de que se firme en La Habana un acuerdo entre la guerrilla de las Farc y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, son muchas las inquietudes que surgen en aquellos municipios que han sido fuertemente azotados por la violencia. Otros, que cuentan con fuertes organizaciones sociales, tienen propuestas concretas para aterrizar en sus regiones aquello que se consigne en el documento final a través del cual se ponga punto final a la confrontación armada.
El año pasado se organizaron doce Encuentros Regional para la Paz promovidos por la Redprodepaz, la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Red de Iniciativas por la Paz desde la Base y la Organización Pensamiento y Acción Social, apoyados porla Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a través de los cuales se buscaba escuchar directamente a las comunidades y conocer tanto sus inquietudes como sus propuestas sobre este proceso, que pretende ponerle fin a más de 50 años de guerra en el país, cuáles serían sus aportes ante un posible escenario de posconflicto.
Las ideas de unos y otros se pusieron en común este lunes en Bogotá durante el encuentro nacional de los delegados de las 12 regiones que participaron en los Encuentros de Paz, evento al que también asistieron representantes de diversas entidades estatales y de organizaciones internacionales. El propósito era establecer una hoja de ruta que le permita al país prepararse para la aplicación de los acuerdos, si estos son refrendados por los colombianos.
Qué las inquieta a las comunidades
Este año se realizará una segunda fase de los encuentros regionales de paz. Foto: cortesía Chasquis.
“Es importante resaltar que muchas personas no conocían y muchas aún no conocen qué es lo que se está negociando en La Habana y a partir de este desconocimiento se crean imaginarios que no son reales sobre estas negociaciones”, dice Amanda Lucía Camilo, coordinadora en el Putumayo de la Ruta Pacífica de la Mujeres, refiriéndose a la situación de su departamento.
En esta apreciación coinciden líderes sociales del Meta, Caquetá, Tolima y Valle del Cauca consultados por VerdadAbierta.com. Entre ellos es común escuchar la queja por la escaza información que brindan las autoridades locales al respecto, pero también la falta de interés e incredulidad de gran parte de los pobladores en las regiones. Por tal razón, como quedó consignado en un informe sobre los doce encuentros, gran parte de las preguntas de las comunidades están dirigidas a aclarar los tiempos y los alcances de los puntos hasta ahora acordados en la mesa de negociaciones en la isla del Caribe.
Una propuesta de las organizaciones es que se fortalezcan los medios de comunicación comunitarios para que sean éstos los que puedan informar a las comunidades de los corregimientos y las inspecciones del país lo que se está decidiendo en La Habana.
En las zonas donde hay mayor presencia guerrillera, los pobladores se preguntan qué va a pasar en caso de que se produzca una desmovilización masiva. “Sobre todo en las regiones donde hay más frentes de las Farc. La gente ya quiere saber qué va a pasar y quién va a ser el responsable de la reinserción de estas personas que hacen parte de la comunidad”, expone Rodrigo Velaides Nieto, Comité de Cacaoteros ChoCaguán que trabaja desde Cartagena de Chairá, en Caquetá.
La gente también se preguntó en estos encuentros regionales cuál va a ser el papel del gobierno nacional para que la reinserción no quedé únicamente en manos de las comunidades locales; y se interrogó sobre el papel que tendrían las Fuerzas Armadas en escenarios de posconflicto. En regiones como en el Catatumbo y en Arauca, donde hacen presencia otros grupos guerrilleros, las organizaciones no ven posible una paz territorial si estos no se desmovilizan.
Uno de los temas que más genera inquietudes en las regiones es el de la propiedad y el uso de la tierra, ante ello surgieron preguntas como: ¿se va a garantizar la implementación de las zonas de reserva campesina? ¿Cómo se va a implementar la democratización de la tierra a la vez que se beneficia a la minera y la explotación de hidrocarburos? ¿Está dispuesto el gobierno a construir planes efectivos y graduales de sustitución de cultivos?
El comisionado de paz, Sergio Jaramillo, escuchó algunas de las inquietudes de los líderes sociales. Foto: cortesía Chasquis.
“En el caso del Meta, por ejemplo, es urgente resolver quiénes son los tenedores de la tierra y cómo van a darle tierra a quiénes no la tienen, de dónde va a salir esa tierra es una discusión fundamental, sobre todo para los habitantes del Ariari”, afirma Roberto Sanabria García, subdirector del Programa de Desarrollo y Paz del Meta.
Además, en todas las regiones se abordaron los problemas que empresas mineras y petrolíferas causan al modelo de economía campesina. “Debe hablarse abiertamente de la necesidad de un mayor control sobre la explotación de los recursos naturales, es necesario para que los acuerdos que se están firmado sean posibles o sino estamos cerrando un conflicto y abriendo otros sobre el control de los recursos estratégicos”, complementa Wilmar Gómez, integrante del Programa de Desarrollo y Paz del Tolima.
Las comunidades de las doce regiones concluyeron que es necesario crear espacios de dialogo entre las empresas privadas, las comunidades y las autoridades locales. “Ellos son un actor clave en los territorios, no se puede hablar de escenarios de paz si ellos no están involucrados”, asegura Amanda Lucía Camilo de la Ruta Pacífica en el Putumayo.
Los representantes de las organizaciones sociales esperan que sus propuestas no sean simplemente escuchadas, sino que en escenarios de posconflicto les den las herramientas necesarias para que sean ellas las encargadas de ponerlas en práctica. Además, coinciden en que el papel de la Iglesia Católica en todas las regiones es fundamental.
Por último, estos líderes sociales reiteran que son las organizaciones comunitarias las que conocen la complejidad de las regiones, cuya realidad indica que no es homogénea, sino que varía de acuerdo a sus características particulares y al tipo de presión armada que padecen, por lo que advierten que las inquietudes y las demandas son cambiantes, aunque en ellas coincide una petición central: se debe contar con dispositivos de seguridad para continuar en la tarea de aterrizar la paz en los territorios.
