Los avances de este punto se han concentrado en el trámite de decretos y leyes que, aunque han sanado deudas históricas, en su paso por el Congreso se le han colado “micos” que anulan el espíritu con el que los gremios, comunidades y movimientos sociales pretendían irrumpir en el escenario democrático. Y siguen en vilo las garantías de seguridad. Segunda entrega de nuestro especial sobre la implementación del acuerdo de paz con las Farc.
Los acuerdos concernientes a la participación política trascienden a la colectividad de las Farc, pues están pensados para otorgarle representatividad a las víctimas del conflicto, y proteger a las organizaciones sociales en su ejercicio político. Foto: archivo Semana.
Que las Farc puedan participar en política es un hecho. Tras cumplir con la dejación de las armas e iniciar su tránsito a la vida civil y la reincorporación política, la organización insurgente se transformó en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc). Tras obtener el aval de su personería jurídica del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuentan con candidatos a la Presidencia de la República, al Senado y a la Cámara de Representantes, cuyos integrantes podrán ejercer sus funciones al tiempo que se someten a la Jurisdicción Especial para la Paz, como quedó ratificado en la más reciente decisión de la Corte Constitucional.
Si se reduce a ese sólo aspecto, habría que mencionar que se ha cumplido con lo acordado entre las partes. Sin embargo, según el acuerdo Participación Política: apertura democrática para construir la paz el fin último del punto era “fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política”, lo que sentaría los lineamientos para el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político como las organizaciones y movimientos sociales y el robustecimiento de los espacios de participación ciudadana con incidencia efectiva.
Hecho que a la luz de lo implementado es muy poco en lo que se ha avanzado. Según el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, de la Universidad estadounidense de Notre Dame, invitado por el gobierno nacional y las Farc para identificar los avances en la implementación de los acuerdos, un 67 por ciento de las disposiciones contenidas en el punto 2 no han iniciado y tan sólo el 8,9 por ciento se han implementado plenamente.
Según ese informe, “el bajo nivel de implementación en los subtemas relacionados con las garantías de seguridad para los líderes sociales y excombatientes es una tendencia preocupante que podría crear efectos de cascada negativa e impedir la implementación de otros componentes del Acuerdo de Paz. Amenazas a la seguridad de la población excombatiente pone en riesgo el proceso de reincorporación y limita las capacidades de participación en el proceso político democrático”.
A la fecha, lo único aprobado en materia legislativa concierne al Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos de las organizaciones políticas independientes, una deuda de la Constitución Política de 1991; la ampliación del Concejo Nacional de Paz; y la creación del el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y los Consejos Territoriales de Paz; y el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP).
Y hacen trámite en el Congreso, el Acto Legislativo 05 de 2017, que crea las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz; el Acto Legislativo 012 de 2017 “por medio del cual se adopta una reforma política y electoral que permita la apertura democrática para la construcción de una paz estable y duradera”; y el Proyecto de Ley 14 de 2017 para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales. Tres de los pilares fundamentales para la implementación de lo acordado que tras su paso por el Congreso su espíritu fue modificado.
Lo que el Congreso modificó
Según el informe Sobre el Estado Efectivo de la Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, alrededor del 67 por ciento de las disposiciones para su implementación no han iniciado. Foto: archivo Semana.El Acto Legislativo 05 de 2017 “por medio del cual se crean 16 circunscripciones transitorias especiales de Paz para la Cámara de Representantes en los periodos (2018- 2022) y (2022-2026)”, es el soporte constitucional a través del cual se le dará vida a una de las columnas vertebrales del Acuerdo Final, pues es el que les otorga representatividad a las regiones más golpeadas por el conflicto armado, el abandono estatal y otras que tienen problemas sociales profundos.
Se trata de 16 circunscripciones transitorias y de carácter especial que regirán por dos períodos electorales y que abarcarán municipios de 19 departamentos: Cauca, Nariño, Arauca, Antioquia, Norte de Santander, Tolima, Magdalena, Caquetá, Huila, Chocó, Meta, Guaviare, Córdoba, Guajira, Bolívar, Sucre, Valle del Cauca, Putumayo y Cesar.
Los criterios de asignación de los municipios de estos departamentos fueron los mismos empleados por el Decreto 893 de 2017 para escoger los municipios donde se desarrollarán los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Aunque en teoría sólo falta la conciliación de este acto legislativo en la Cámara de Representantes para volver a ser sometido a consideración en la plenaria del Senado y ser aprobado en su totalidad, aún se encuentran algunas diferencias entre los textos aprobados en uno y otro lado.
Mientras que el Senado con respecto al artículo transitorio segundo, que habla de la conformación de las circunscripciones, excluía a las cabeceras municipales de los municipios que superaran los 50 mil ciudadanos aptos para votar, para evitar que zonas urbanas más pobladas elijan a los representantes de las circunscripciones, el texto final de la Cámara de Representantes excluye a todas las cabeceras municipales de las 16 circunscripciones sin importar el número de ciudadanos en condiciones para votar.
Hecho que para la Misión de Observación Electoral (MOE) puede ser problemático, pues según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en los municipios donde se están excluyendo los puestos urbanos el 44 por ciento de la población habita en la cabecera municipal y el 61 por ciento está inscrito en los puesto de las cabeceras, por lo que “habilitar sólo los puestos de votación de las zonas rurales excluiría del derecho al voto a grandes porciones de población rural, la cual hace parte de los sujetos hacia quienes están dirigidas las circunscripciones. Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que el 90,4 por ciento de los municipios de las Circunscripciones son de sexta categoría”, afirma el informe emitido por la MOE ante el cuarto debate en la cámara.
El proyecto de ley estatutaria número 03 de 2017 de Senado y número 06 de 2017 de Cámara: “Por medio de la cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las agrupaciones políticas independientes”, que tiene en cuenta gran parte de los mecanismos de protección para líderes y lideresas de organizaciones sociales aún se encuentra bajo control de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Foto: Álvaro Tavera, revista Semana. Otra de las modificaciones del texto original y que tuvo varios desencuentros fue el artículo transitorio quinto, que habla sobre las condiciones para ser candidato a las circunscripciones. En un principio deberían ser habitantes del territorio o desplazados de éste, pero al final se decidió por ampliar dicha caracterización a que los candidatos fueran víctimas del conflicto armado en cualquiera de sus modalidades, que hayan habitado el territorio y que en caso de encontrarse en condición de desplazamiento, su estado tiene que certificarlo la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y deben encontrarse en proceso de retorno para hacer de ese territorio su lugar de habitación.
A pesar de los avances a paso lento, para algunos sectores el principal problema que puede atentar contra lo acordado radica en una supuesta revictimización a la Unión Patriótica (UP), ya que según Andrés Gil, vocero de la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra (ACVC) y actual candidato a la circunscripción del sur de Bolívar, el hecho de pretender prohibir las candidaturas de quienes hayan sido candidatos de partidos que perdieron la personería jurídica es un desconocimiento a la historia del conflicto: “La UP no perdió su personería, sino que le fue arrasada a sangre y fuego, configurándose como un movimiento víctima de un cruel genocidio sin antecedentes en la historia reciente de la humanidad. De quedar así la proposición, se volvería a victimizar al partido político”, agregó, esperando que la solicitud elaborada por la representante de Voces de Paz y fórmula vicepresidencial del partido Farc, Imelda Daza, ante la Comisión de Conciliadores de la Cámara de Representantes, pueda revertir la situación.
Para Gil, a pesar de los inconvenientes, el hecho de que esté tan cerca la aprobación de este acto que fortalece el carácter central de las víctimas en los acuerdos, es una oportunidad para sanear la democracia colombiana: “La dirigencia política, los medios de comunicación, los gobernantes, las instituciones, deben superar el temor a la democracia participativa. No hace bien a la democracia habilitar espacios de participación y, cuando los ciudadanos se deciden a utilizarlos, estigmatizarlos”.
Del mismo modo, otro elemento que ha generado preocupación pero que trasciende el ámbito legislativo, es el tema de la seguridad y las garantías para el ejercicio de la política en los territorios de las circunscripciones. De acuerdo a Jaime Caycedo, Secretario General del Partido Comunista Colombiano (PCC), y parte de la terna de expertos, académicos e integrantes de organizaciones sociales que participan en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, algunos de los recientes asesinatos a líderes y lideresas sociales se están dando en los territorios donde van a operar estas circunscripciones.
El acto legislativo 05 de 2017: “Por medio del cual se crean 16 circunscripciones transitorias especiales de Paz para la Cámara de Representantes en los periodos 2018- 2022 y 2022-2026”, sólo le falta la conciliación en la Cámara de Representantes para quedar aprobado después de muchos ires y venires, no obstante el contenido de éstas fue reformado durante su paso por el legislativo. Foto: Álvaro Tavera, revista Semana. “Nosotros hemos estado siguiendo un mapa de riesgos en el plano territorial, que tiene dos elementos a tomar en cuenta desde ahora mismo. Primero, que han coincidido varias de las muertes, de los crímenes sobre dirigentes populares, sobre luchadores sociales, sobre activistas indígenas o afro, o de la izquierda, del PCC, de Marcha o de la UP, en regiones donde podrían ser postulados como candidatos. Y segundo, hay una coincidencia de estas zonas de riesgo electoral en términos de fraude, e intervención, a raíz de la influencia paramilitar”, afirmó Caycedo.
Hay que recordar que el acto legislativo prohíbe expresamente la participación del nuevo partido de las Farc y de los desmovilizados de cualquier otro grupo armado ilegal en las candidaturas por estas circunscripciones, ya que “los miembros de los grupos armados al margen de la ley y sus redes de apoyo, que en cualquier época hayan suscrito un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional y/o se hayan desmovilizado de manera individual, no podrán presentarse como candidatos a las circunscripciones transitorias especiales de paz”, reza el documento.
Pese al tránsito de las reformas y otras disposiciones de ley, la deuda histórica de las garantías de seguridad para el ejercicio de la política no se ha podido materializar en le territorios y, por el contrario, cada día el panorama se presenta más turbio en región por la disputa entre grupos armados ilegales por las economías ilegales y el control de los territorios que antes ocupaban las Farc.
Sistema, en el papel
El artículo 2 de la Ley 895 de 2017 establece que el SISEP tiene como objetivo “contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución”.
Para este fin, el sistema quedó regido por cuatro elementos para su funcionamiento: la adecuación normativa e institucional; la prevención, que comprende el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) y los mecanismos preventivos de seguridad con enfoque territorial y de género; la protección, que abarca el programa de Protección Integral a los integrantes de La Farc y un programa de protección para organizaciones políticas declaradas en oposición, entre otros; y por último la evaluación y seguimiento que se realizará mediante un Sistema de Planeación, Información y Monitoreo Interinstitucional y una Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección.
Pese a su consolidada estructura, su implementación ha sido ineficiente e ineficaz en los territorios. A la fecha, según la organización no gubernamental Somos Defensores, desde la firma del Acuerdo Final hasta el pasado 27 de octubre, fueron asesinados 89 líderes sociales y se han presentado situaciones de riesgo como la del pasado 5 de octubre en Tumaco, en donde perdieron la vida seis campesinos que se oponían a un operativo de erradicación de cultivos de coca. Esa situación en el puerto nariñense pone de presente que el SISEP no ha actuado con diligencia. (Leer más: Tumaco, atrapado entre sustitución y erradicación de cultivos ilícitos)
Haga clic en los círculos para conocer la información de cada caso. Fuente: Somos Defensores.
Para Jaime Caicedo, integrante de la Comisión Nacional de Garantías, las situaciones críticas que han ocurrido en los últimos meses, revelan la realidad con la que la Comisión reacciona a dichos sucesos. A su juicio, no se ha podido cumplir en lo mínimo con las garantías de seguridad y de no repetición que contempla tanto el decreto como la Ley.
“Hay varios temas que están fallando, como la creación de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, está igualmente muy débil de todo aquello que se habló de un pacto político para sacar las armas de la política, tampoco es clara la relación que hay entre las garantías de seguridad y la política antidrogas del gobierno, este año ha habido 79 choques, todo eso con base en una política que no es la del Acuerdo Final”, señaló.
Además, cuestiona que, a la falta de operatividad de las instancias creadas por el SISEP, se suma “una situación donde el gobierno, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa tratan de maquillar las cifras de activistas sociales y defensores de la paz que han sido asesinados, y el gobierno se ampara en las cifras que dice homologar con la ONU para demostrar que son muchos menos los casos que reportan las distintas ONG”.
Líderes sociales y víctimas consideran que el artículo 17 del SISEP, concerniente al SAT, es uno de los que requiere mayor diligencia para ejecutar en los 160 municipios priorizados. No obstante, se está a la espera que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior resuelvan la autonomía del Sistema de Alertas Tempranas para que este pueda operar de manera descentralizada. Una petición que es de vieja data en el país y que hasta ahora ha tenido trabas de orden institucional para poderse ejecutar.
Es el día en que en algunos de los municipios de mayor afectación por el conflicto armado no cuentan con una oficina regional de la Defensoría del Pueblo. Sólo el mes pasado y a raíz de la alarmante ola de violencia que padece Tumaco desde hace más de un año, se creó una dependencia en terreno.
Otra de las grandes críticas de las organizaciones sociales es sobre el alcance de los informes elaborados por el SAT. Si bien son oportunos y se emiten para prevenir el daño a las comunidades, no tienen las respuestas adecuadas de las instituciones para atender los casos, que con el tiempo se han convertido en problemas que afectan a las comunidades en riesgo y a la población civil en su conjunto, como quedó reseñado un informe del SAT del pasado mes de marzo. (Leer más: Por lo menos 310 organizaciones están en situación de riesgo en todo el país)
Las Circunscripciones Transitorias de Paz fueron pensadas para otorgarle representatividad a las regiones más golpeadas por el conflicto armado y el abandono estatal, por esta razón algunas voces críticas del proceso afirman que serán de influencia de las Farc. Foto: Daniel Reina Romero, revista Semana.Ahora bien, otro de los puntos críticos se concentra en el programa de Protección Integral a los integrantes de la Farc, que a la fecha no ha transcendido más allá de la incorporación de los excombatientes al cuerpo de escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según cifras de la comisión de Derechos Humanos del partido político Farc, más de 30 exmiembros del desaparecido grupo armado han sido asesinados en lo que va corrido de la implementación. Hecho que el abogado Camilo Fagua, integrante de la comisión, califica como una falta de voluntad política del Estado.
“El gobierno comete un graso error al querer mostrar que la reincorporación sociopolítica y las garantías de participación política son distintas, una cosa tiene que ver con la otra. Si un excombatiente no tiene el acceso a la tierra, a los proyectos productivos y a la bancarización, muy difícilmente va a poder participar en política. Entonces no es sólo evitar que los asesinen sino garantizar, en su conjunto, su regreso a la vida civil”, puntualizó.
El temor que han manifestado organizaciones sociales como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la Ruta Pacífica de las Mujeres es que la violencia se siga recrudeciendo contra los líderes sociales, no sólo por parte de los actores armados ilegales, sino también por los agentes del Estado como el Ejército y la Policía, que en un periodo en el que la movilización social se va a radicalizar, pueden actuar en contra de las manifestaciones que acostumbran a hacer las organizaciones.
Preocupación que se aumenta al haber quedado en vilo la elaboración de la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, donde uno de sus últimos capítulos tenía énfasis en las garantías para la protesta social.
La ley que no fue
En manos de la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo de Paz (CSIVI) y del gobierno nacional quedó el documento de 55 páginas que elaboró la Comisión Nacional de Diálogo, encargada de redactar las recomendaciones para la elaboración de la Ley Estatutaria de Garantías para la participación de la ciudadanía, de organizaciones y movimientos sociales y para la movilización y la protesta social, y que a menos de 12 días para la finalización del periodo legislativo de Fast Track, ni siquiera dio luces de quererse presentar.
A juicio de Óscar Londoño, integrante de Juventud Rebelde, y participante de la construcción del articulado, el gobierno rechazó de tajo la propuesta elaborada por las organizaciones sociales al no estar de acuerdo con lo contenido dentro del texto, donde se discutían ejes centrales como las consultas populares, el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y la participación directa de los movimientos dentro de la elaboración de políticas públicas.
“El gobierno se quedó con las relatorías presentadas en los foros regionales y el foro nacional que se realizó con el Cinep. No se tuvo en cuenta el documento elaborado por los 23 representantes escogidos en ese espacio participativo”, comentó Londoño. Quien asegura que el contenido de lo que actualmente discute el gobierno y la CSIVI tiene propuestas como restringir las consultas populares y eliminar el reconocimiento vinculante de las propuestas de los movimientos sociales de cara a la construcción de políticas públicas.
A la luz del articulado normativo y las distintas realidades que se viven en los territorios, la participación policía sigue dependiendo de las garantías reales que se ofrezcan por parte de las instituciones para que las comunidades puedan participar en espacios democráticos sin el temor de ser señalados, perseguidos o estigmatizados. Es una realidad que no ha cambiado en el país desde hace décadas y que está en mora de dar un vuelco para poder hablar de inclusión territorial participativa.
