En el municipio de Chiriguaná, 200 familias fueron desplazadas por guerrilleros y paramilitares de una de las parcelaciones titulada por el Incora más grandes del país. Las compras de tierras involucran a varios exfuncionarios públicos y el proceso de restitución sigue en veremos.
“¿Será que me voy a morir sin tener mi pedacito de tierra?”, se pregunta un campesino de 64 años, quien expresa angustia por su estado de salud. Pesa tan sólo 42 kilos y aunque siente que ya es poca la fuerza que tiene, su anhelo es recuperar el predio por el que ha sobrevivido a 24 años en condición de desplazamiento. Pese a las dificultades, sacó adelante a tres hijos, a quienes espera dejarles el único patrimonio en el que invirtió sus años más productivos. “Cuánto tormento he pasado en esta vida y aún no tengo la tierra”, se lamenta.
El labriego se refiere a su terruño en la vereda Pacho Prieto, municipio de Chiriguaná, en el centro de Cesar. Un anuncio difundido en 2012 a través de la televisión sobre el inicio del programa de restitución de tierras a personas despojadas de sus predios en razón del conflicto armado, lo motivó a presentar su solicitud en Valledupar.
Al igual que él, por lo menos otras 50 familias de Pacho Prieto hicieron lo mismo, esperando una solución por la tierra que les prometió el mismo Estado. “Pero todo ha sido esperar, esperar, esperar”, repite.
Pacho Prieto es quizá de las parcelaciones más grandes realizadas por el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) en el país. Allí, según los relatos de los campesinos, se fragmentó un predio de 4.500 hectáreas que se extendía desde Chiriguaná hasta el vecino municipio de Curumaní. Quien alegaba ser el dueño de esas tierras era Amín Malkún Tafache, un ganadero conocido por su amistad con el expresidente Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957).
El periodista Fabio Castillo, en su libro Los jinetes de la cocaína, registra que Malkún fue arrestado en Barranquilla el 11 de marzo de 1980 con un cargamento de Metacualona, sedante de venta ilegal en aquella época; también fue acusado de “una gigantesca estafa contra la Nación, con un subsidio que se pagaba en 1976 a las exportaciones menores colombianas”.
Desde 1986, unas 200 familias impulsadas por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) ingresaron a estas tierras y en 1994 lograron que el Incora comenzara la titulación. Sin embargo, el Frente 41 de las Farc y luego los paramilitares del Frente Resistencia Motilona de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) truncaron los sueños de estos labriegos de cultivar las tierras y tener una mejor calidad de vida. Unos se desplazaron en 1994 y otros en 2001, de forma respectiva.
En medio del desplazamiento, varias personas contactaron a los campesinos para comprarles las tierras, que en algunos casos pasaron a manos de otros compradores. Entre los nombres, los parceleros recuerdan los de Roberto Rosado Ríos, entonces un funcionario de la Caja Agraria, y de los exalcaldes de Chiriguaná Jorge Dagil Benjumea y Wilson Enrique Padilla García.
Poco a poco los cultivos de arroz, yuca, maíz, patilla, ahuyama, melón y habichuela fueron reemplazados por la ganadería extensiva y por extensos sembradíos de palma de aceite, que se nutren de los ríos Pacho Prieto y Anime, las principales fuentes hídricas de la vereda.
Aunque los campesinos presentaron sus solicitudes desde 2012 ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Chiriguaná sólo fue habilitado para adelantar el proceso de estudio de esas reclamaciones en 2015 y hasta hace apenas unos meses fueron llamados a rendir testimonio en los juzgados especializados de Valledupar.
De las 50 solicitudes de reclamación presentadas ante la URT por labriegos de Pacho Prieto, apenas existen dos sentencias de restitución, proferidas por Tribunal de Restitución de Cartagena: la primera, del 27 de septiembre de 2017, y la segunda, del 24 de abril de 2018. En ambas se declaró no probada “la buena fe exenta de culpa” de las personas que supuestamente compraron los predios. (Lea las sentencias aquí)
Al campesino que teme morirse sin recuperar su finca le preocupa la presión que puedan generar aquellos que hoy tienen su predio y se oponen al proceso de restitución. De hecho, ya han ocurrido algunas situaciones que lo inquietan: tuvo que presentar dos veces su solicitud porque la URT extravió el primer registro y hace poco se llevó una sorpresa en un juzgado.
“Algo pasó porque uno de los testigos que declaró primero a favor mío, ahora lo hizo en contra. Yo estoy tranquilo porque estoy diciendo la verdad. Yo no estoy peleando con el que esté en la tierra. Yo estoy es con la ley, que me permite reclamar algo que ni siquiera vendí”, reitera el parcelero, quien al igual que varios más consultados para este reportaje, solicitaron el anonimato por razones de seguridad.
Tierra lejana
Los reclamantes de Pacho Prieto se duelen de su condición de desplazados y de no recuperar sus predios. “Es como morir en vida”, dice uno de ellos. “Todavía tengo hijos pequeños y quiero volver a mi pedazo de tierra, lo bonito que es criar su gallinita, su cerdo, cultivar la yuca y preparar el queso. Lo importante es la comida, porque la plata se gasta en nada y hasta uno corre peligro. Lo que nosotros sabemos es sembrar”.
Y cultivar la tierra fue el objetivo que, en 1986, condujo a por lo menos 200 familias a entrar a Pacho Prieto. La comunidad recuerda que Sabas Rabelo, un campesino de la región, se dio a la tarea de averiguar si estas eran baldías, es decir, de la Nación, y al saber que el ganadero Malkún Tafache no tenía cómo acreditar la propiedad sobre las 4.500 hectáreas, los campesinos solicitaron la titulación al Incora.
“Fue una época difícil, nos mandaron la policía y nos metieron presos varias veces”, señala uno de los solicitantes, dado que se les consideró invasores de propiedad privada.
Pese a los desalojos, los campesinos resistieron, pero entre 1990 y 1992 la presión continuó. “El señor Malkún se trajo unos indígenas de La Guajira, que llegaron a caballo, eso fue como una película del oeste, el desastre más grande. Quemaron los ranchos y cultivos, y en los enfrentamientos hubo varios muertos. Por esa violencia, mi mujer me dejó después de diez años de amores. Quedé solo con mis hijos, casi me vuelvo loco. Aunque salí un tiempo para la casa de mi mamá, volví a la parcela esperando la titulación”, cuenta uno de los parceleros.
Pero la situación empeoró. El Frente 41 de las Farc llegó a Chiriguaná, amenazando la tranquilidad y la titulación de los campesinos. Por la parcelación pasa un tramo del oleducto Caño Limón-Coveñas y la guerrilla comenzó a succionar dos de las válvulas instaladas allí, además de mantener su paso hacia la Serranía del Perijá.
El 20 de mayo de 1994 el antiguo Incora logró concretar con el ganadero Melkún la compra de 1.788 hectáreas, por lo que recibió 975 millones de pesos. Sobre las restantes 2.712 hectáreas no hubo una clara demostración de la propiedad por parte del supuesto dueño.
Una vez realizada la transacción, el Incora parceló la hacienda, adjudicó títulos sobre 200 predios de entre 27 y 32 hectáreas a los campesinos, con la restricción de que no podían venderlas en 15 años y la exigencia de pagar un crédito por 9 millones de pesos, en compensación al valor de la tierra.
Pero lo que parecía la concreción de un sueño y el logro de una lucha campesina se tornó en pesadilla. “Varios nos desplazamos ese mismo año por la presión de la guerrilla. Allá llegó un funcionario Roberto Rosado Ríos, empleado de la Caja Agraria y nos dio 4 millones 700 mil pesos por las 32 hectáreas. Ahora la finca la tienen familiares de Jorge Dagil Benjumea, exalcalde de Chiriguaná”, relata uno de los parceleros.
El desespero de los campesinos fue tal que, por ejemplo, uno recibió un millón 800 mil pesos en contraprestación por el arriendo de un pasto y el pago de un alambrado que le puso a su predio. “Me desplacé en junio de 1994, recuerdo mucho porque mi hijo nació en mayo. Sé que en diciembre entregaron unos títulos, pero no alcancé. Me tocó trabajar de pueblo en el pueblo para sostener a mis hijos”, cuenta un campesino.
Otro grupo de parceleros se desplazó cuando las Farc levantaron un campamento en la vereda Los Martínez, colindante con Pacho Prieto, y comenzaron los combates con el Ejército. Algunos buscaron refugio en el casco urbano de Chiriguaná, otros viajaron hasta Valledupar y unos más pidieron el auxilio de familiares en otros municipios.
Correría en notarías
La situación se agravó en 1996, cuando paramilitares bajo la sigla de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) llegaron al Cesar supuestamente a disputarle el control de la región a la guerrilla de las Farc. Cinco años después, se agruparían bajo el Frente Resistencia Motilona de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Los campesinos recuerdan que las Auc llegaron a Pacho Prieto a comienzos de la década del dos mil y se instalaron en un punto conocido como El Piñón, que hace parte de la hacienda La Siria, de propiedad de Amín Malkún Tafache y vecina a la parcelación titulada por el Incorda.
La primera vez que los paramilitares los citaron a ese lugar, obligaron la asistencia no sólo de los habitantes de Pacho Prieto sino de las veredas Los Martínez y Madre Vieja. Los campesinos afirman que las muertes que vinieron fueron decenas, pues las Auc conviertieron varios de los predios en sitios de secuestro y tortura. En 2001 fueron asesinados los parceleros Roque Ramos y Sebastían García, generando el segundo desplazamiento masivo de la comunidad y la posterior venta de las fincas.
“Yo tenía 60 animales y sacaba 120 litros de leche todos los días. Tenía mis gallinas, sembraba yuca y arroz. Cuando mataron a Roque y Sebastián me desplacé. Corté el arrocito y me fui, dejé eso abandonado, estuve en Bosconia y luego en La Jagua. Comencé a vender los animales, uno cada mes, para poder pagar lo del arriendo hasta que me quedé sin nada”, cuenta un reclamante.
Otro de los labriegos, que también se desplazó tras el asesinato de los parceleros, cuenta que a Pacho Prieto llegó el entonces alcalde Wilson Enrique Padilla García. “Decía que a él le dolía que estuvieran matando campesinos, que le vendieran esas tierras. Él compró como unas 12 fincas en Pacho Prieto. Él hizo una compraventa a su gusto que no pude leer y me llevó a la Notaría de Curumaní para que firmara. Me entregó 10 millones de pesos por las 24 hectáreas. Ahora en el proceso de restitución me vine a enterar que el exalcalde le vendió mi finca a un médico conocido del Cesar”, asegura uno de los campesinos.
Los pocos campesinos que se quedaron en Pacho Prieto padecieron la crueldad de Jeferson Enrique Martínez López, alias ‘Omega’, uno de los paramilitares del Frente Resistencia Motilona, quien estuvo en la región entre los años 2001 y 2004. La comunidad cuenta que en las parcelas abandonadas los paramilitares sembraron maíz y arroz, y a quienes decidieron resistir permaneciendo en sus predios los comenzaron a extorsionarlos, exigiéndoles pagos de a 50 mil pesos por cada bulto de comida. (Lea: El ‘patio’ de ‘Jorge 40’)
Las compras de tierras continuaron y fueron registradas en diversas notarías, pese a la restricción de venta de 15 años establecida por el Incora. Familias desplazadas, desesperadas por la condiciones en que sobrevivían en los cascos urbanos, intentaron retornar. Pero su regreso se quedó en eso, en un intento.
“Llegó una señora, Nelsy María Mozo Ortiz a decirme que vendiera. Le dije que no. Luego un comandante paramilitar, alias ‘Marcos’, me preguntó que porqué no había vendido. Por miedo acepté, pero me dio 20 millones cuando mi finca como mínimo valía 300 millones. Me llevó a la notaría de Bosconia, pero el notario se negó a registrar, explicando que era un predio del Incora. Sin embargo, la señora me llevó a Valledupar y allá le dieron un papel. Cuando regresamos a Bosconia, hablaban de silencio administrativo, y el notario accedió a registrar”, relata un reclamante.
En 2006, el Frente Resistencia Motilona se desmovilizó como uno de los 15 brazos del Bloque Norte de las Auc bajo los acuerdos logrados con el entonces gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2006/2006-2010). Los campesinos relatan que no intentaron volver ese año, porque varios desmovilizados continuaban en la parcelación, algunos dedicados al hurto del crudo del oleducto que pasa por Pacho Prieto, así como por las haciendas Sin Pensar y Barahona.
Una vez entró en vigencia la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011) el 1 de enero de 2012, por lo menos 50 parceleros que se consideran despojados de sus tierras en razón del conflicto armado presentaron sus solicitudes de reclamación en el transcurso de ese año ante la URT, pero esta entidad solo comenzó a documentar sus casos en el 2015, cuando obtuvo el aval de seguridad.
“Nosotros volvimos a las parcelas en 2015 solo para la medición de las tierras, acompañados por la Unidad. Algunas de las tierras están explotadas en ganadería y otras en palma de aceite”, explica uno de los campesinos.
En tres años son ellos quienes han tenido que estar llamando a preguntar por el avance de su proceso y hace un par de meses les informaron que los juzgados especializados en restitución de Valledupar requerían sus testimonios.
“Yo estuve leyendo una cartilla que dice que cuando el caso llega al juez no deben pasar más de cuatro meses. Nos han dicho que ya esperamos lo más; que ahora esperemos lo menos, porque eso lo resuelven los magistrados de Cartagena”, agrega otro campesino.
A otro de los solicitantes se le quiebra la voz al preguntarle sobre el sueño de la restitución: “Yo he trabajado vendiendo verdura, en construcción. Con todo lo que me fregué me salió una hernia en la columna y dejé de trabajar. Pero a ver, mi aspiración es que me den la tierra, para irme para allá porque soy del monte. Hemos pasado mucha necesidad, nosotros dejamos la vida ahí”.
