La Corte Interamericana de Derechos Humanos halló responsable al Estado colombiano por la desaparición de doce labriegos en esa zona rural del Carmen de Viboral, Antioquia. Los hechos sucedieron entre junio y diciembre de 1996.
La sentencia proferida por la Corte IDH también obliga al Estado colombiano a construir un monumento simbólico que honre la memoria de las víctimas. Foto: Corporación Jurídica Libertad.“Las desapariciones forzadas ocurridas en la vereda La Esperanza (Carmen de Viboral, Antioquia), son atribuibles al Estado por el apoyo y la aquiescencia que prestaron agentes de la fuerza pública para el actuar del grupo paramilitar Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm), lo que facilitó las incursiones a esta vereda y propició o permitió la comisión de actos contrarios a una obligación internacional, constituyéndose de esta forma el ilícito internacional de desaparición forzada”.
Así quedó consignado en la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que halló responsable al Estado colombiano “por la violación de los derechos de reconocimiento de personalidad jurídica, a la vida, la integridad física y la libertad personal” durante los hechos ocurridos entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996, dejando como saldo trágico la desaparición de 12 campesinos, dos de ellos menores de edad, y la ejecución extrajudicial de uno más.
Luego de analizar las pruebas documentales y testimoniales presentadas por las partes, la CIDH concluyó que en los hechos que se estaban juzgando tuvieron hubo una relación de estrecha colaboración entre las fuerzas militares acantonadas en la base militar de La Piñuela, vereda del municipio de Cocorná, ubicada a pocos kilómetros del lugar de los hechos, y las Acmm, comandadas por el exjefe paramilitar Ramón Isaza.
Para la Corte IDH, el Estado colombiano también violó su obligación constitucional de proteger a esta comunidad, pues se logró comprobar que dos de las 12 víctimas de desaparición forzada denunciaron en junio de 1996, ante las autoridades civiles y de Policía, todo lo que estaba ocurriendo en esa vereda del Oriente antioqueño, sin que ningún funcionario o entidad pública adoptaran las medidas necesarias para su protección y detener la violenta arremetida paramilitar.
Otra de las consideraciones que tuvo en cuenta la CIDH para condenar al Estado colombiano fue el alto grado de impunidad que aún persiste en este caso. Actualmente, en el despacho de la Fiscalía 80 Especializada en Derechos Humanos y DIH reposan dos investigaciones que aún no superan la etapa preliminar (proceso penal 233 y proceso penal 752065). (Leer más en: Desaparecidos de la vereda La Esperanza: ¿20 años de impunidad?)
De otro lado, el Juzgado 108 de Instrucción Penal Militar inició investigación a raíz de denuncia presentada el 26 de junio de 1996 por Helí Gómez Osorio, quien para esa época se desempeñaba como Personero del municipio del Carmen de Viboral y se atrevió a denunciar las primeras desapariciones forzadas ocurridas en la vereda La Esperanza. Esa valiente actitud lo llevó a la muerte. Paramilitares lo asesinaron el 26 de noviembre de ese mismo año. Y de paso, el 8 de septiembre de 1997 el Juez Militar se abstuvo de abrir investigación formal disciplinaria contra los miembros del Ejército implicados en estos hechos. (Leer más en: Dos paramilitares se disputan el asesinato de un personero en Antioquia)
Pese a que durante su comparecencia ante los tribunales de Justicia y Paz, Ramón Isaza y otro grupo de excombatientes de las Acmm confesaron haber participado en este hecho, en el que dijeron además haber contado con la colaboración activa de militares adscritos a la base militar de La Piñuela, la Corte consideró que el derecho a la verdad de las víctimas no ha sido satisfecho a plenitud por cuanto la aceptación por parte de los exparamilitares fue bastante escueta y porque aún no se han emprendido las acciones efectivas para dar con el paradero de las doce personas desaparecidas.
Ejemplo de ello es la no atención aún de una petición hecha desde 2009 por un magistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá que le solicitó a la Fiscalía definir si los homicidios y desapariciones cometidos en la vereda La Esperanza fue una masacre o un genocidio. (Leer más en: ¿Masacre o genocidio en La Esperanza?)
Lo que tampoco avanza son las investigaciones contra los militares implicados en este atroz crimen, pese a la compulsa de copias hecha para este fin específico por parte de la Fiscalía Segunda de Justicia y Paz el 27 de febrero de 2009, tras versión libre de varios postulados de las Acmm a los beneficios de la justicia transicional.
“En razón de todo lo anterior expuesto, la Corte estimó que, además de las violaciones a los derechos reconocidas por el Estado, éste tampoco cumplió con la obligación de garantizar protección a los participantes del proceso, ni cumplió con el derecho a conocer la verdad de los familiares de las víctimas de las desapariciones forzadas, ni tampoco con la obligación de iniciar las investigaciones en la justicia ordinaria luego de la compulsa de copias de la jurisdicción especial de Justicia y Paz”, según consignó la Corte IDH en su decisión.
La Corte también impuso varias obligaciones y medidas que el Estado colombiano debe cumplir en un plazo máximo de un año. Entre ellas se destacan continuar con los procesos judiciales a fin de hallar responsables; diseñar, con carácter urgente, un plan de búsqueda de las doce personas desaparecidas de la vereda La Esperanza; brindar tratamiento médico y psicológico a las víctimas que así lo soliciten; y levantar un monumento que rinda homenaje simbólico a las víctimas.
El Estado colombiano también está en la obligación de realizar un acto público en donde pida perdón, haga referencia a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante este crimen y reconozca su responsabilidad en este hecho, “a fin de reparar el daño causado a las víctimas y de evitar que hechos como los de este caso se repitan”.
Una tragedia en la memoria
Luego de cumplir con los ocho años de reclusión contemplados en Justicia y Paz, Ramón Isaza, considerado máximo responsable, recuperó su libertad. Foto: archivo Semana.¿Y qué fue lo que sucedió en la vereda La Esperanza hace ya 21 años? Todo comenzó el 21 de junio de 1996. Ese día, hombres fuertemente armados y vestidos de civil llegaron hasta la tienda comunitaria de la vereda, de donde se llevaron a la fuerza a Aníbal de Jesús Castaño Gallego y a Óscar Hemel Zuluaga. Tan sólo 24 horas después, encapuchados que portaban armas largas ingresaron a una de las viviendas del pueblo, donde se llevaron a los jóvenes Juan Crisóstomo y Miguel Ancízar Cardona. Aún no se sabe nada sobre sus paraderos o la suerte que corrieron.
En aquel entonces, el principal corredor vial del país, la Autopista Medellín-Bogotá, así como los pueblos presentes a lado y lado, terminaron convertidos en un teatro de guerra por cuenta de los continuos retenes ilegales protagonizados por la guerrilla del Eln y las Farc, muchos de los cuales terminaron con secuestros masivos. Para confrontar la amenaza guerrillera, el Ejército creó, el 1 de agosto de 1994, la Fuerza de Tarea Águila, adscrita a la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín mientras que, al mismo tiempo, las Acmm avanzaron desde el municipio de Puerto Triunfo hasta Cocorná. (Leer más en: La batalla entre ‘paras’ y guerrilla por la Autopista Medellín – Bogotá)
Según relataron familiares de los desaparecidos ante los estrados de la Corte IDH, las agresiones contra los habitantes de la vereda La Esperanza fueron justificadas bajo el pretexto de atacar un bastión de la insurgencia. “Eso era un atropello constante por parte del Ejército, que siempre decía que nosotros éramos los guerrilleros”, señala Flor Gallego Hernández, quien aún espera noticias de su hermano Juan Carlos Gallego Hernández, desaparecido por los paramilitares la tarde del 7 de julio de 1996.
De acuerdo con el relato de hechos, pocos minutos después de culminada una reunión llevada a cabo en la capilla de la vereda, Juan Carlos fue abordado por varios hombres que se movilizaban en una camioneta, quienes lo obligaron a subir al carro y partieron con rumbo desconocido. Días antes, recuerda Flor, uniformados de la Fuerza de Tarea Águila lo habían acusado de guerrillero. La tragedia golpearía dos veces a los pobladores del pueblo la tarde de ese 7 de julio: los hombres de la camioneta regresaron pocas horas después para llevarse a la fuerza a Jaime Alonso Mejía Quintero.
Las incursiones de los paramilitares y de miembros de la Fuerza de Tarea Águila continuaron durante ese segundo semestre de 1996. El 7 de julio fue retenido por hombres que se movilizaban en un vehículo Javier Giraldo; el 9 de julio hombres que portaban armas largas y cortas sacaron de sus viviendas, en diferentes circunstancias, a Hernando de Jesús Castaño, Octavio de Jesús Gallego y Orlando de Jesús Muñoz; mientras que el 27 de diciembre de ese mismo año, un piquete de hombres vestidos de civil, pero fuertemente armados ingresaron a los domicilios de Andrés Gallego Castaño y Leónidas Cardona Gallego y se los llevaron.
Sus familiares aún esperan noticias de su paradero o la suerte que corrieron. “En Justicia y Paz las versiones fueron muy contradictorias. Primero, Ramón Isaza dijo que se trataba de guerrilleros que habían detenido y ajusticiado; después, que los habían matado y tirado al río Samaná; luego dijeron que estaban en una fosa común. Nosotros seguimos esperando la verdad”, declara Cémida Cardona, quien aún espera saber la suerte de su hermano Leónidas.
Acto de reparación
Aún es incierto el paradero y la suerte de los 12 campesinos desaparecidos. Las declaraciones de los desmovilizados de las Acmm no arrojaron luces al respecto. Foto: archivo Semana.Para los familiares de los labriegos desaparecidos en la vereda La Esperanza, la decisión de la Corte IDH constituye “un verdadero acto de reparación y un logro para nosotros que después de todos estos años, de todo lo que hemos sufrido, se reconozca la responsabilidad del Estado”, tal como lo afirma Flor Gallego. Al respecto, la Corte valoró los testimonios aportados por las víctimas de esta vereda, quienes participaron en varias sesiones realizadas en San José de Costa Rica.
Este órgano de justicia internacional también tuvo en cuenta los testimonios entregados por los postulados de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) a los tribunales de Justicia y Paz, quienes señalaron en repetidas ocasiones que los operativos paramilitares contaron con apoyo tanto de la Policía como del Ejército, con quienes intercambiaban información constantemente e, incluso, dividían funciones, “para que los paramilitares pudieran hacer lo que los uniformados no podían”.
Los habitantes de La Esperanza esperan, además, que la sentencia impulse el proceso de reparación colectiva para esta comunidad. “Ya son más de tres años desde que fuimos aceptados como sujetos de reparación colectiva y estamos tratando de implementar este plan y es muy poco en lo que se ha avanzado. Prácticamente estamos en nada”, afirma Claudia Castaño, hija de Hernando de Jesús Castaño.
Aunque la decisión de la Corte IDH contempla el pago de unas indemnizaciones para los sobrevivientes de las 12 personas desaparecidas, para víctimas de este atroz crimen como Flor Gallego este esfuerzo es “por algo que va mucho más allá de la plata. Eso sirve, porque muchas víctimas quedaron muy mal económicamente, pero aquí lo que queremos es la verdad: que los responsables paguen y que nos digan dónde están nuestros seres queridos. En eso no vamos a descansar hasta encontrarlos”.
