Las relaciones entre la multinacional Chiquita Brands y los paramilitares iban mucho más allá de pagarles una vacuna de seguridad. La empresa llegó a transportar y guardar un lote de armas y municiones de Carlos Castaño.
Una reunión en 1997 entre Carlos Castaño, entonces máximo jefe de las AUC, y el gerente general de Banadex, subsidiaria de la multinacional bananera Chiquita Brands, fue el inicio de una relación criminal que, según la multinacional, le ayudó a proteger la vida de sus trabajadores, pero que para los paramilitares fue determinante en la sanguinaria “pacificación” del Urabá antioqueño y en su expansión por el resto del país.
Desde ese momento y hasta el 4 de febrero 4 de 2004, la bananera hizo un centenar de pagos a los paramilitares, que sumaron más de 1,7 millones de dólares, lo que la convirtió en uno de sus principales financiadores. Además, el 7 de noviembre de 2001, Banadex fue la responsable de descargar y almacenar por cuatro días 3.400 fusiles AK-47 y cuatro millones de cartuchos 7.65 de un sonado caso de desvío de armas de Nicaragua a las AUC. Castaño se referiría al ingreso de este contrabando como su “mejor gol” y como uno de los hechos decisivos para imponerse militarmente. Esto sucedió en la zona aduanera especial que por años controló Banadex y que obtuvo gracias al pago de un soborno a funcionarios de la Dian.
Estos hechos se han confirmado gracias al proceso que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le sigue a la multinacional por una investigación de la Securities and Exchange Commission de ese país, y por un informe de la Organización de los Estados Americanos. Las investigaciones periodísticas de los reporteros Mike Gallagher, en Estados Unidos, e Ignacio Gómez, en Colombia, también han aportado elementos para armar el dossier de corrupción y complicidad entre la bananera y los paramilitares.
La semana pasada la noticia sobre esta financiación ocupó las primeras planas de los medios, tras firmarse un acuerdo por 25 millones de dólares entre Chiquita y el Departamento de Justicia norteamericano, como sanción por dar dinero a las AUC, calificado como grupo terrorista por ese país desde el 10 de septiembre de 2001, un día antes del ataque a la Torres Gemelas. Este acuerdo deberá ser avalado en los próximos días por un juez federal.
Pero más allá de la sanción, el caso de Chiquita inaugura las revelaciones sobre la responsabilidad del sector privado y el alcance del dominio paramilitar en grandes zonas del país. Así como hay una ‘para-política’, este caso revela cómo ha existido un ‘para-empresarismo’. También muestra cómo, pese a las evidencias, las autoridades colombianas han estado poco interesadas en impulsar estos procesos, al contrario de lo que sucede con las autoridades extranjeras.
En el expediente contra la bananera hay detalles insospechados de cómo se hacían los pagos a los paras. El dossier señala cómo un miembro de la junta directiva, cinco altos funcionarios y dos empleados más de Chiquita en la casa matriz en Cincinnati, conocieron o participaron de los desembolsos a las AUC. En Colombia fueron coordinados por un alto funcionario y otro empleado de Banadex y se hicieron hasta 2004, pese a que un año antes un asesor de la empresa había emitido un concepto en el que de forma enfática afirmaba que los pagos se debían suspender y que de continuar, Chiquita debería dejar Colombia. Lo que sucedió en 2004.
Según se demostró, gran parte de los pagos a paramilitares se hizo en Urabá y Santa Marta. Inicialmente se giraron cheques a nombre de la Convivir Papagayo (ver recuadro).
Otros desembolsos se hicieron en efectivo. En algunos casos se giró a través de un sobresueldo que se pagaba a dos de sus funcionarios en Colombia. Estas dos personas se identifican en el expedientecomo los individuos F y G. El misterio es quiénes son y en qué otras actividades ilegales participaron.
En busca de sus identidades, SEMANA habló con el abogado Reinaldo Escobar de la Hoz, quien entre 1997 y 2004 -tiempo en el que se hicieron los pagos a los paras- fue asesor jurídico en unas oportunidades, y representante legal, en otras, de Banadex. El nombre de Escobar aparece en las investigaciones sobre un pago que hizo la bananera a funcionarios de la Dian para lograr que les autorizaran una zona aduanera especial en Turbo, administrada por ellos, por donde despachaban sus productos. Según la prensa gringa, hay una grabación en la que Escobar le explica a un funcionario de Chiquita en Cincinnati que el pago, que en su momento fue por 30.000 dólares, era conveniente porque con el tiempo les ahorraría más de un millón de dólares en gastos aduaneros.
Esta zona franca terminó siendo clave también para los paramilitares, pues por allí ingresaron uno de los cargamentos de armas camufladas en un embarque de pelotas de caucho a bordo del barco Otterloo. Esto fue documentado en un informe de la OEA que dice que “el embarque de armas y municiones fue descargado por una compañía de transporte llamada Banadex S. A.”. En otro aparte se indica que lo sucedido en Turbo fue un misterio. Investigaciones periodísticas basadas en informes internos de la Dian dan cuenta de cómo Banadex utilizó grúas especiales y montacargas de alta capacidad, que no habrían sido necesarios si el contenido eran pelotas de caucho. También narra cómo los nueve contenedores en los quevenían las armas y la munición estuvieron cuatro días en el lugar, esperando los camiones que los llevaron a Carlos Castaño en el Nudo de Paramillo.
Escobar dijo a SEMANA que pese a que aún lleva algunos casos de la bananera, la vocería la tiene un funcionario de Cincinnati. Según Escobar, es “totalmente inexacto y una mentira absoluta”, vincularlo con hechos de corrupción de Banadex o las relaciones de esta empresa con los paramilitares. SEMANA sólo obtuvo como respuesta de los voceros de Chiquita Brands un comunicado de prensa.
Cojea, pero…
En el documento de acuerdo entre la bananera y el Departamento de Justicia, la multinacional reconoce también pagos al ELN y a las Farc entre 1989 y 1997. Esta referencia da a entender que esa clase de contribuciones era frecuente en la zona y que con seguridad Chiquita no fue la única que incurrió en ellas. Pero hay suficientes evidencias de que esta empresa fue mucho más allá en su relación con los paramilitares.
En muchas partes del país, los empresarios aducen que por años, ante la debilidad del Estado, se vieron forzados a pagar ‘vacunas’ al grupo armado ilegal que controlaba la zona. Este argumento termina siendo muy similar al de los políticos que aseguran que su relación con los paramilitares fue algo que les tocó. Sin embargo, en uno y en otro caso el argumento queda cojo al comprobarse que muchos otros políticos y empresarios, al contrario, buscaron ponerse siempre del lado de las instituciones. Por ejemplo, en el país muchas empresas con gran capacidad financiera cedieron parte de sus terrenos para que en ellos se instalaran estaciones de Policía o guarniciones militares. En otra palabras, Chiquita tenía otras alternativas distintas a aliarse con los delincuentes. Pero no lo hizo, y ello tuvo un impacto estremecedor en Urabá y la zona bananera de Santa Marta.
Durante el período en que Chiquita financió a las AUC, este grupo cometió miles de asesinatos en la zona, y muchas de sus víctimas fueron trabajadores bananeros a los que supuestamente la multinacional buscaba defender. De otro lado, la empresa también perdió. No sólo tuvo que abandonar su rentable operación en Colombia y tendrá que pagar una cuantiosa multa, sino que le será muy difícil quitar la mancha de sangre de su marca.
No deja de ser decepcionante que en este caso la justicia haya actuado en un país extranjero. Aquí sólo se quedaron la violencia y la corrupción.
Pese a que la bananera aceptó su culpa desde 2004, en Colombia no hay procesos contra Chiquita, Banadex o sus directivos en esa época. Ni por financiación de grupos paramilitares, ni por el soborno pagado para obtener la operación del puerto, ni por el cargamento de armas que ayudaron a entrar por él. Incluso parece que en algunas entidades, como en el DAS, lo que se buscó fue entorpecer las investigaciones que podrían relacionar a esta empresa (ver recuadro). Al final de la semana, la Fiscalía pidió información a las autoridades gringas sobre el caso. Por su parte, la Comisión de Reparación también revisaba si es viable que el Estado colombiano busque parte del dinero que Chiquita va a pagar allá, con el fin de destinarlo a las víctimas. Es fácil predecir que el caso de Chiquita es apenas el primero de su tipo. En el exterior, organizaciones de derechos humanos adelantan campañas, por ejemplo contra Coca-Cola o la Drummond, por su supuesta colaboración con los paramilitares en procesos que no están resueltos. Pero es un secreto a voces que no solo algunas multinacionales financiaron a estos grupos. Muchas empresas colombianas también lo hicieron. Es posible que Chiquita Brands sea solo el primer capítulo del ‘paraempresarismo’.
La huella en el Urabá
Desde 1997 hasta 2004, época en la que Chiquita financió a los paramilitares, este grupo generó en el Urabá antioqueño cerca de 60.000 desplazados. Y en sus enfrentamientos con la guerrilla murieron 3.778 personas, entre los que se encuentran 432 víctimas de las 62 masacres, según el observatorio del programa presidencial de los derechos humanos y el DIH.
En 1997, año en el que se consolidó el movimiento paramilitar, se presentaron 2.482 acciones armadas de los paramilitares. Y desde esta región salieron los aviones llenos de paras que cruzaron el país para cometer la masacre de Mapiripán en Meta.
Entre las masacres más recordadas de esta época están la de Urabá, en enero de 1998, donde un grupo paramilitar quemó con ácido a 11 campesinos para hacerlos confesar que eran guerrilleros, y luego los asesinó.
Un año después, a punta de asesinatos, las autodefensas lucharon por lograr un reconocimiento político del gobierno; en los primeros meses del año se produjeron varios ataques con un resultado de 46 muertos, en la masacres de Mutatá asesinaron 10 civiles en Pavarandó, Antioquia, y en la de San José de Apartadó, a 15 campesinos que pertenecían a la comunidad de paz en Urabá.
Entre 2000 y 2001 Apartadó se convirtió en el municipio con mayor número de desplazados de Colombia, y aún durante el primer semestre de 2004 la violencia continuó, con un aumento considerable de los homicidios en la región.
