La edificación donde funcionó la clínica de ‘Cuco’ Vanoy, hoy está en ruinas y es muy difícil que se obtengan recursos para las víctimas. Además, el lote es del Municipio y no de los paramilitares.
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| Estado actual de la Clínica San Martín. Poco es lo que queda de la moderna sede hospitalaria. Foto: VerdadAbierta.com |
En ruinas, sin fondos que permitan su recuperación y sin que nadie haya demostrado interés en adquirir o arrendar el lote donde se construyó, se encuentra lo que, en el pasado, fue una moderna clínica construida en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, que fue construida con dineros del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y de la mafia del Norte del Valle, y que le fue entregada al Gobierno nacional como aporte a la reparación de las víctimas.
“Era la mejor clínica que había en el Bajo Cauca”, recuerda Rosa Marín, una vecina del barrio donde está la edificación derruida. “Pero fue cerrada en el 2006, cuando se desmovilizó el señor ‘Cuco Vanoy’ y su gente. Era tan buena que hubo médicos de Estados Unidos que operaron gratis a la gente”.
Amparo Ramírez coincide con Rosa y agrega que en esa clínica, conocida como San Martín, atendieron a todos los afiliados a la Saludcoop: “Lo sé porque tengo carné de esa Eps y ahí consultaba cada vez que me enfermaba. Era una clínica muy buena, cada ocho días llegaban varios especialistas. No había punto de comparación con el hospital municipal, esta clínica era un lujo”.
Si bien en Tarazá y en el Bajo Cauca se sabía que la Clínica San Martín había sido construida por orden y con recursos de ‘Cuco Vanoy’, su administración dependía de la Sociedad Médica del Bajo Cauca S.A., constituida mediante escritura pública N. 258 del 23 de julio de 2004 en la Notaría Única del municipio de Tarazá. Su representante legal fue José Arnoldo Rodríguez Muñoz, quien fue asesinado el 16 de marzo de 2006.
Ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, alias ‘Cuco Vanoy’, reconoció en noviembre de 2007 que el narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’, líder del Cartel del Norte del Valle y actualmente detenido en una cárcel de Estados Unidos, le regaló al Bloque Mineros 200 millones de pesos para la construcción de la Clínica San Martín.
La próspera situación de la Clínica San Martín cambió cuando la comandancia del Bloque Mineros de las Auc decidió acogerse a los acuerdos del 2003 suscritos en Santa Fe de Ralito, Córdoba, entre el estado mayor de la organización paramilitar y el Gobierno nacional. Siguiendo el plan de desmovilizaciones colectivas, esta estructura, compuesta por 2.790 hombres y mujeres, y liderada por Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, dejó sus armas el 20 de enero de 2006.
Una vez se dio el proceso de dejación de armas, la clínica funcionó por un año más, pero luego fue cerrada y todos sus servicios suspendidos. Por iniciativa de diversos sectores sociales locales, se gestionó el traslado del hospital local a esta edificación, pero las autoridades no aceptaron la propuesta y prefirieron dejar cerrado el centro asistencial.
“La Alcaldía pagó celadores por un tiempo, pero después los retiró”, cuenta Rosa. “Cuando eso se quedó sin vigilancia, los mismos desmovilizados vinieron y se llevaron todo lo de valor. Así fue que comenzó la destrucción de ese edificio, que era tan bonito”. Detrás de los ex miembros del Bloque Mineros llegaron otras personas y comenzaron a romper los muros para llevarse las varillas, los adobes y todo el material que se podía vender o reutilizar. Del otrora edificio moderno ya no quedan sino sus cimientes y uno que otro muro en pie.
En esas circunstancias, la Clínica San Martín le fue entregada al Fondo de Reparación para la Víctimas, de acuerdo con el Acta de Secuestro, suscrita el 5 de marzo de 2010. En este documento se reconoce que la edificación está en ruinas y en completo abandono.
“Desde el momento de la recepción dicho bien fue entregado a la Sociedad de Activos Especiales para que adelantase las labores de administración y comercialización del bien”, explica Jorge Eduardo Valderrama Beltrán, Subdirector Técnico de Atención a Víctimas de la Violencia, de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.
Fue así como ese mismo día, las ruinas de la Clínica San Martín quedaron en poder de la firma Unión Temporal Gasa para su administración. Son tres las funciones que este tipo de compañías inmobiliarias asumen cada vez que reciben un bien en estas circunstancias: administrar el inmueble, es decir, conservarlo y volverlo productivo; sanearlo administrativamente, o sea identificar las deudas como impuestos y servicios públicos; y comercializarlo.
De acuerdo con una comunicación enviada a VerdadAbierta.com por esta firma inmobiliaria, “U.T. Gasa no tiene responsabilidad alguna en el deterior del inmueble pues como se manifiesta en el acta y en esta comunicación, al recibo del mismo ya se encontraba en ruinas y no existe destinación alguna de fondos que permitan su recuperación y ninguna persona ha demostrado interés en arrendar dicho predio”.
Tales dificultades, que vienen de tiempo atrás, tienen inquietos a los vecinos, en particular a la comunidad académica de la sección primaria de la Institución Educativa Antonio Roldán, que queda a pocos pasos de la ruinas y carece de malla de cerramiento, lo que implica que los estudiantes utilizan la edificación como lugar de juego, generando riesgos para su seguridad.
“En este momento las ruinas nos afectan, claro. La escuela es la única de las que quedan oficiales del Municipio que no le han hecho ninguna intervención locativa, no la han encerrado, y tenemos que estar pendientes de los alumnos, que no se vayan para allá a jugar en horas de descanso”, cuenta el docente Félix Correa.
El educador alerta sobre uno de los problemas que tiene esa edificación en ruinas: “está siendo visitada por gente que consume sustancias psicoactivas, es una guarida, y en la noche sirve hasta para motel. Nosotros estamos muy pendientes de que los niños no se vayan para allá, pero nos queda muy difícil, es muy complejo controlar 400 niños y niñas que estudian aquí”. Lo mejor, según Correa, es que acaben de tumbar la edificación, regalen los materiales y se desarrolle algún proyecto de vivienda en el lote.
Oscuro negocio
Definir el futuro de lo que queda de la clínica no es la única preocupación que asalta a los pobladores de Tarazá. También los inquieta el pasado de esa construcción, la cual al parecer tiene vicios de corrupción y hasta el momento no han sido dados a la luz pública.
VerdadAbierta.com le siguió la pista a los documentos que soportan el proceso de compra del lote donde se construyó el moderno centro médico y encontró algunos asuntos que al parecer comprometen a funcionarios de la administración local de años anteriores con el Bloque Mineros de las Auc.
Uno de los hallazgos más relevantes es que el Municipio de Tarazá era el propietario del lote donde los paramilitares construyeron la clínica. De acuerdo con varios documentos, el terreno, de cuatro hectáreas más 2.000 metros, fue adquirido para construir una sección de la llamada Avenida Circunvalar.
La municipalidad pagó 119 millones 700 mil pesos por ese lote, según consta en la reserva presupuestal N. 2128, la orden de pago N. 2990 y en el comprobante de egreso N. 2965. Los tres documentos tienen la misma fecha: 31 de diciembre de 2003. El beneficiario del pago fue León Alberto Agudelo Alzate, quien aparece como el vendedor del terreno. Las autorizaciones fueron rubricadas por el entonces alcalde Miguel Ángel Gómez García, quien terminaba su gestión ese mismo día.
Gómez García se postuló nuevamente para el cargo de Alcalde y ganó las elecciones para el periodo 2007 y 2010, pero diversos señalamientos en su contra realizados por alias ‘Cuco Vanoy’ llevaron la Fiscalía a dictar orden de captura en su contra y a detenerlo el 12 de noviembre de 2008, para procesarlo por los delitos de concierto para delinquir, amenaza y constreñimiento.
Otro aspecto que resalta al observar el contrato de promesa de compraventa registrado ante la Notaría Única del Circuito de Cáceres el 17 de octubre de 2003, es que el lote adquirido por el Municipio de Taraza hacía parte de un lote de mayor extensión perteneciente a la hacienda El Topacio, actualmente en extinción de dominio y que fue de propiedad de alias ‘Cuco Vanoy’.
Lo que nadie entiende es cómo ese lote llegó a manos de los paramilitares del Bloque Mineros si, según informes de policía judicial, no hay documentos que demuestren que el Municipio vendió el lote una vez tuvo posesión de él. De acuerdo con la escritura N. 394 de la Notaría Única de Taraza, registrada el 29 de septiembre de 2004, la Alcaldía aún es propietaria del terreno.
La documentación conocida por VerdadAbierta.com estaría indicando que la clínica entregada por alias ‘Cuco Vanoy’ se construyó sobre terrenos públicos, lo que complica aún más la situación de ese bien, contribuyendo a que quede inutilizado para efectos de reparar a las víctimas. La justicia tendrá entonces la última palabra.
