La ley recibe críticas de la derecha y de la izquierda. Para unos, llevará al país a la ruina y para otros, les están poniendo ‘conejo’ a las víctimas. Por Revista Semana
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| Las discusiones en el Congreso estuvieron relacionadas con los conceptos de definición de víctimas y conflicto armado. / Foto archivo Semana |
Desde la derecha
» No hay conflicto
Miembros del uribismo dicen que el reconocimiento del conflicto armado que hace la ley significa darle a la guerrilla tratamiento político y abrirle el camino para que consiga el estatus de beligerancia. Lo que hay en el país es terrorismo, dicen ellos.
» Que excluyan a los militares
El columnista Ernesto Yamhure critica que no se hayan excluido los delitos de los militares. “Es muy preocupante poner a la fuerza pública al mismo nivel de los terroristas”, sostiene. Por su parte, el analista Rafael Nieto señala que en estos casos las indemnizaciones deben ser producto de un proceso judicial y no administrativo.
» El Estado se puede quebrar
Algunos critican que la ley haya sido aprobada sin que exista un cálculo del costo de su implementación. Se quejan de que además de las indemnizaciones, existen rubros por procesos judiciales, publicidad, programas sociales y hasta un museo. “La ley, de entrada, ahonda el déficit fiscal. Los fondos de la salud, la justicia y la seguridad terminarán en los programas para las víctimas por orden de los jueces”, dice el analista Rafael Nieto.
» Crea inseguridad jurídica
Otra crítica de los uribistas es que el procedimiento para restituir tierras puede terminar siendo arbitrario porque los actuales tenedores podrían ser expropiados de los predios si una víctima, con dos testigos, acredita que fue despojada. Esto puede generar corrupción y extorsión. Por otro lado, también puede disminuir el precio de la tierra, frenar la inversión en el sector agrícola y generar violencia en el campo, dicen los críticos de la ley.
» Habrá colados
El registro de víctimas tampoco escapa a suspicacias. Con cuatro millones de víctimas, el Estado no tiene cómo evitar que se presenten fraudes y falsas víctimas que busquen recibir las indemnizaciones.
» Todo está en la reglamentación
Los temas más controversiales no se legislaron. Hay 21 artículos para reglamentar con temas gruesos como la restitución de tierras, el procedimiento y el monto de las indemnizaciones y el programa de derechos humanos y de memoria.
Desde la izquierda
» No están todos los que son
El senador Jorge Enrique Robledo señala que al establecer la existencia del conflicto armado y excluir la “delincuencia común”, crímenes contra sindicalistas, en los que es difícil probar el conflicto, se quedan por fuera. Sucede igual con las víctimas de bandas criminales y de los ‘falsos positivos’, que podrían asociarse a delitos comunes.
» No hay tantos recursos
Varios miembros de ONG criticaron que la reparación está condicionada a la sostenibilidad fiscal, lo cual puede significar que los recursos no alcancen para todo. Las acciones que emprendan las entidades deben responder al marco fiscal de mediano plazo, con lo que algunos creen que no existirán recursos adicionales para las reparaciones.
» ¿Quién responde?
La ley no reconoce la responsabilidad del Estado. Este es un debate importante, pues para algunas víctimas el reconocimiento es parte de la reparación. “Es un mensaje político. En últimas, el Estado no acepta que dejó de hacer su tarea”, dice Michael Reed, director del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).
» No es reparación
En el concepto de reparación se incluyeron algunos servicios del Estado como la salud y la educación, a los que los colombianos ya tienen derecho. También las ayudas humanitarias que las víctimas ya han recibido. “Es como meterles gato por liebre”, afirma Reed, del ICTJ. Por su parte, Antonio Madariaga cree que “la reparación no es integral”.
» Cierra las puertas
Hay consenso entre muchos críticos en que el contrato de transacción que quedó consignado en la ley es inconstitucional. Es decir, conciliar con el Estado una cifra mayor de indemnización a cambio de renunciar a su derecho de acudir a las vías judiciales no es justo.
» ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas?
El Ministerio de Defensa tendrá una facultad para revisar las reclamaciones, por lo cual Antonio Madariaga, de la Mesa Nacional de Víctimas, advierte que se podrían poner trabas a las reclamaciones de víctimas de militares.
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