Una sentencia de restitución devela cómo paramilitares del Frente Resistencia Motilona despojaron bienes sobre esta vía nacional en jurisdicción del municipio de Pailitas, Cesar, recurriendo al asesinato de varios miembros de una familia y del notario del pueblo, quien se resistió a ser cómplice del grupo armado ilegal.
En Pailitas, paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) apelaron a la violencia para despojar bienes sobre la Troncal del Oriente en su estrategia por apropiarse de estaciones de gasolina y controlar esta estratégica vía que conecta al departamento con el centro y norte del país. El proceso de Justicia y Paz ya había arrojado las primeras pistas sobre dicha práctica, pero ahora se conocen más detalles gracias a una sentencia del Tribunal de Restitución de Cartagena.
La decisión documenta cómo paramilitares del Frente Resistencia Motilona se ensañaron contra la familia Cianci Galvis para arrebatarles el predio Santa Clara y la estación de gasolina La Gabriela, que funcionaba allí. El grupo armado ilegal asesinó a cinco integrantes de esta familia, a un empleado de la estación de servicio, y al entonces Notario Único de Pailitas, quien se negó a hacer la sucesión y el traspaso del predio. (Leer más en: El notario que prefirió morir antes de ‘torcerse’)
A continuación, VerdadAbierta.com expone una línea de tiempo, basada en la sentencia del Tribunal de Restitución de Cartagena.
En la decisión, las magistradas Laura Elena Cantillo Araújo, Martha Patricia Campo Valero y Ada Lallemand Abramuch concluyeron que quienes se opusieron a la restitución de Santa Clara no pudieron probar “la buena fe exenta de culpa”; indicaron que la venta ocurrió en medio de la violencia paramilitar, a sabiendas de los crímenes cometidos contra los Cianci; y encontraron inconsistencias en las declaraciones de los opositores. (Lea la sentencia)
El Tribunal no encontró sólido el testimonio de Trino Remolina Pita, uno de compradores iniciales de 50, de las 54 hectáreas de Santa Clara, quien aseguró que en 2006 fue presionado por los paramilitares para conformar la sociedad Centro de Servicio La Gabriela Ltda. Las magistradas cuestionaron por qué Remolina no denunció tal situación, incluso después de la desmovilización colectiva de las Auc pactada con el entonces gobierno nacional, proceso que se hizo de manera gradual entre noviembre de 2003 y agosto de 2006.
El fallo advierte que en dicha sociedad participó Abimael Bastos Contreras, otro de los compradores iniciales de Santa Clara, quien fue condenado en septiembre de 2013 por el delito de concierto para delinquir agravado en concurso con desplazamiento forzado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado en Descongestión de Valledupar. Tal decisión fue confirmada en abril de 2014 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, que ratificó que Bastos Contreras hizo parte Bloque Norte de las Auc.
Las magistradas ordenaron la restitución de las 54 hectáreas a los Cianci, declarando nulas todas las transacciones que se hicieron sobre estas tierras. Además, le solicitaron a la Fiscalía investigar la desaparición forzada de José Aldo Cianci, ocurrida en 1997, y la violencia perpetrada contra varias de las mujeres de esta familia.
Eje de la disputa
Pailitas está en el centro del Cesar y durante 30 años el conflicto armado desplazó de allí a 17.960 personas, según el Registro Único de Víctimas. El grupo de contexto de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) Cesar-Guajira documentó que la Troncal de Oriente fue disputada durante estos años por guerrillas y los paramilitares. La vía comunica al Cesar con ciudades como Santa Marta, Ciénaga, Bucaramanga, Tunja y Bogotá, clave en la comercialización de mercancías; además, conecta el sur de Bolívar con el Catatumbo y la Serranía del Perijá, usadas para el tráfico de clorhidrato de cocaína hacia Venezuela.
La demanda de restitución narra cómo la Troncal fue epicentro de retenes ilegales, quema de vehículos y secuestros cometidos por el Frente Camilo Torres del Eln y el Frente 41 de las Farc durante más de dos décadas. La familia Cianci Galvis fue víctima de esa violencia guerrillera cuando comenzaron a extorsionarlos por la producción de la gasolinera y de la finca que dedicaban al cultivo de alimentos y la ganadería. Por negarse a pagar la ‘vacuna’ cobrada por los insurgentes asesinaron el 13 de enero de 1993 a Emmanuel Filiberto Cianci Galvis, administrador del predio Santa Clara.
Desde comienzos de la década del noventa el conflicto armado estaba dando un giro. Varios ganaderos y hacendados buscaron el apoyo de las autoridades militares y conformaron grupos de autodefensas campesinas para frenar el accionar de las guerrillas. Así lo confesó Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’, exjefe paramilitar de las Autodefensas del Sur del Cesar, más conocidas durante la desmovilización como Frente Héctor Julio Peinado del Bloque Norte de las Auc. (Leer más en: ‘Paras’ contaron cómo se crearon las Autodefensas del Sur del Cesar)
Según la investigación de la Fiscalía 34 de la Unidad de Justicia y Paz, el Frente Héctor Julio Peinado se puso a disposición de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, promotores de las Auc, en la expansión del paramilitarismo. El grupo de ‘Juancho Prada’ ayudó entonces a asentar los Bloques Central Bolívar, Catatumbo y Norte, este último en cabeza de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
Y Pailitas fue uno de los municipios para ese fin. En 1994, allí funcionaron dos ‘escuelas’ de entrenamiento paramilitar a cargo de Luis Antonio Ramírez, alias ‘El Flaco’. Estos centros dispararon el número de paramilitares en el pueblo, quienes delinquieron bajo órdenes de varios ‘jefes’ antes de que en 2001 apareciera el llamado Frente Resistencia Motilona.
Estos fueron Martín Velasco Galvis, alias ‘Jimmy Velasco’; Faver de Jesús Hatehortúa, alias ‘Julio Palizada’; y Wilson Poveda, alias ‘Rafa’. Estos se convirtieron en los nuevos victimarios de la familia Cianci Galvis, que se negó a suministrarle gasolina a los vehículos del grupo armado ilegal, así como a pagar sus extorsiones. Por estas razones el 18 de septiembre de 1997 fue retenido y desaparecido José Aldo Cianci Galvis. Un año después un hermano del jefe paramilitar ‘Jimmy Velasco’ intentó abusar sexualmente de una de las niñas de la familia, que para entonces tenía 14 años.
La tragedia no paró allí. Asesinados los hermanos Emmanuel y José Aldo, el primero por la guerrilla y el segundo por los paramilitares, la estación de servicio pasó a ser administrada por Olman y Vicente Cianci Galvis. Alias ‘Julio Palizada’ los amenazó de nuevo, exigiéndoles combustible para el grupo paramilitar. Ante la la negativa, ambos fueron asesinados en la estación de servicio el 16 de febrero de 1999.
Un mes más tarde, el 12 de marzo de 1999, Edilma Amaya de Cianci, viuda de Olman, fue asesinada por paramilitares en su casa. Uno de sus hijos, Allende Cianci Amaya, asumió la administración de la estación, “pero el 15 de febrero del año 2000 fue también asesinado por hombres pertenecientes al grupo paramilitar de las Auc”, narra la sentencia. Los crímenes produjeron el desplazamiento de la familia.
En 2001, ‘Jorge 40’ ordenó reagrupar los paramilitares que delinquían desde varias haciendas ganaderas de la región bajo el rótulo de Frente Resistencia Motilona, delegando como jefe a Jefferson Enrique Martínez, alias ‘Omega’. Para entonces, en Pailitas ya funcionaban otros dos ‘escuelas’ paramilitares, La Guarumera y El Silencio, a cargo de Javier Urango, alias ‘Chely’. Según detalla la sentencia, el grupo de ‘Omega’ asesinó ese año a Wilmar, un empleado de la estación de servicio, y obligó a los Cianci a vender el predio Santa Clara.
Cadena de ventas
Sobre cómo ocurrió la venta de Santa Clara hay dos versiones. Mientras lo Cianci contaron que los paramilitares los obligaron a vender después de atentar sistemáticamente contra su familia; los opositores, algunos de ellos compradores iniciales, dijeron que la familia ofreció las tierras a través de un comisionista y que encontraron en ello una buena oportunidad de inversión. Los últimos que adquirieron partes del predio, también opositores, dijeron desconocer el pasado violento de las tierras o tener relación con Abimael Bastos, condenado por vínculos con las Auc.
Sin embargo, fueron las confesiones de Jovannis Manuel Lobo, alias ‘Bachiller’; Jaime Luis Granados, alias ‘Chacal’; y Wilson Poveda, alias ‘Rafa’, desmovilizados del Frente Resistencia Motilona, las que encendieron las ‘alertas’ sobre el despojo en Pailitas. Los exparamilitares le confesaron a la Fiscalía 34 de Justicia y Paz que buscaron complicidad con las notarías, realizaron ventas forzadas y cometieron asesinatos en sitios estratégicos para apropiarse de por lo menos 40 bienes, entre fincas y estaciones de servicio. (Leer más en: El ‘patio’ de ‘Jorge 40’)
En 2002, Héctor Miranda Quimbaya, notario Único de Pailitas, fue asesinado el 18 de octubre después negarse a registrar la sucesión y la compraventa del predio Santa Clara. El funcionario no quiso participar en los planes del Frente Resistencia Motilona, que buscó apoderarse de todas las estaciones de gasolina de la Troncal de Oriente, desde Aguachica hasta el Cruce de Chiriguaná, pasando por cinco municipios del Cesar. Miranda ya había expresado su rechazo de “colaborar” con los paramilitares, cuando ‘Jorge 40’ citó a los notarios de la región a una reunión en Sabanas de San Ángel, Magdalena.
Pero el asesinato del Notario no paró la transferencia del predio. En abril y julio de 2003 la Notaria Encargada Única de Pailitas registró la sucesión y división de Santa Clara, en tres predios: “Hermanos Remolina Martínez HRM, a nombre de Trino Remolina Pita [50 hectáreas]; Hotel Pare y Descanse, a nombre de Ruth Mary Rodríguez [9.741 metros cuadrados]; y Estación de Servicios La Gabriela, a nombre de Abimabel Bastos Contreras [2 hectáreas]; sobre los cuales han realizado diversos actos o negocios jurídicos”.
La Unidad de Restitución documentó que en 2006 Trino Remolina y Abimael Bastos, junto a Lewis Luis López y Edinson Gómez Cifuentes, crearon la sociedad Centro de Servicios La Gabriela Ltda., cediendo su participación en mayo de 2007 a Jorge Arturo Romo, quien también se presentó como opositor en el proceso de restitución.
Trino Remolina le aseguró a las magistradas que fueron los paramilitares quienes los obligaron a conformar tal sociedad: “Resaltó el opositor que esta situación era de común ocurrencia para aquella época, cuando los grupos al margen de la Ley exigían un comportamiento en aquellas personas que, por su notable comportamiento dentro de la comunidad, dado su proporcionado nivel social y buen nivel económico, los obligaban a participar de sociedades para tratar de legalizar bienes en los cuales tenían su interés inusitado por sus componentes rentísticos”, indica la sentencia.
Sin embargo, el Tribunal no encontró asidero en tal explicación: “se ciernen importantes dudas que le restan fuerza demostrativa y es que llama la atención de la Sala, que a pesar de que el opositor afirma que suscribió la escritura de venta obligado y que posteriormente también fue coaccionando por los grupos de autodefensa para suscribir otros documentos, entre ellos, la conformación de una sociedad comercial, en primer lugar nunca denunció tales acontecimientos”, señalan las magistradas, que tampoco encontraron sólidas las explicaciones de los otros opositores.
El despojo de La Gabriela se suma al de otras estaciones mencionadas en una sentencia de agosto de 2016, también del Tribunal de Restitución de Cartagena: “Nótese que los postulados en sus declaraciones de Justicia y Paz coinciden en afirmar que entre sus actividades delictivas estaba la de obligar a los propietarios de fincas, bombas de gasolina, establecimientos de comercio a hacer entrega de sus bienes o despojarlos de los mismos, los que luego eran puestos en manos de comandantes y de sus grupos familiares como sucedió con la bomba de gasolina La Gabriela, la estación de servicio El Bosque , la estación de servicio El Burro”. (Lea página 57 de la sentencia)
Al 30 de junio de 2017, la URT Territorial Cesar-Guajira había recibido 243 solicitudes de restitución en Pailitas; de ellas, 40 fueron presentadas en demanda ante los jueces especializados; y hasta el momento sólo se han proferido dos sentencias, que en este caso, esclarecen el despojo sobre la Troncal de Oriente y hacen justicia con el drama vivido por la familia Cianci.
